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Promesas de bonos, encuestas y servicios gratuitos estarían siendo usadas para engañar a ciudadanos. Denuncias señalan que la entrega de datos personales habría sido clave en estas presuntas modalidades. Según testimonios, algunas promesas terminarían en créditos o tarjetas solicitadas sin consentimiento en entidades financieras. Séptimo Día investigó.La promesa de un mercado que acabó en deudaLa historia comenzó el 25 de septiembre de 2025 en un punto concurrido del norte de Bogotá, específicamente en la calle 76 con carrera Caracas. Magnolia López Rodríguez, de 53 años, quien se desempeña realizando labores de aseo en casas de familia, caminaba por el sector cuando un joven se le acercó con una solicitud aparentemente inofensiva.Según el relato de la mujer, el sujeto le pidió unos minutos de su tiempo para completar un formulario. Magnolia recordó las palabras exactas del encuentro: "Señora, ¿me puede ayudar a llenar una encuesta? No le vi problema".Durante este breve intercambio, el captador le solicitó información básica. La instrucción fue clara: "Dame tu nombre y tu número de celular".El incentivo para entregar estos datos personales fue la participación en un sorteo. Según Magnolia, el joven le planteó una posibilidad que resultaba atractiva para su economía: "Puede ser posible que tú estés entre 100 ganadores de un mercado de $400.000 pesos".Tras entregar sus datos, la mujer continuó con su jornada sin sospechar que este sería el inicio de una afectación económica y psicológica.La ilusión de un premio para el hogarDías después del encuentro en la calle, Magnolia recibió una llamada telefónica de una mujer que le comunicaba una noticia positiva. Se le informó que había resultado favorecida con el bono de mercado prometido. El valor del premio dependía de su estado civil: $400.000 pesos si era casada y $200.000 si era soltera.Ante la noticia, Magnolia contactó a su esposo, Justo Elías Ruiz, quien lleva 18 años trabajando como barrendero en las calles de la capital y se levanta diariamente a las 3 de la mañana para cumplir con su labor.Ella recordó la emoción del momento al hablar con él: "amor, mire que me gané un mercado".La cita para redimir el beneficio fue programada para el 27 de septiembre en el edificio Torre 26, ubicado sobre la avenida El Dorado, en la oficina 803 del octavo piso. La pareja asistió.La promesa de mercado que se convirtió en pesadillaAl llegar a las oficinas de la empresa Travel Spirit SAS, Magnolia y Justo señalan que lugar estaba lleno de gente, con música a todo volumen y asesores vestidos con elegancia que atendían a múltiples personas simultáneamente.En una de las mesas, una asesora comenzó a ofrecerles diversos servicios que iban mucho más allá del bono de mercado inicial. Entre las opciones se mencionaron la unificación de deudas mediante compra de cartera con intereses bajos, planes de estudios en el exterior y viajes.Sin embargo, el punto que captó la atención total de los trabajadores fue la gestión de subsidios y vivienda propia.Magnolia detalló la oferta que recibieron: "Ella nos hablaba que si queríamos obtener un subsidio de vivienda, que ellos tenían entidades, tenían convenios".A pesar de que la pareja manifestó inicialmente que no buscaban créditos ni subsidios adicionales, la dinámica del lugar y la insistencia de los asesores los llevaron a permanecer en la oficina por más de dos horas.Un punto crítico de la reunión ocurrió cuando un asesor solicitó los documentos de identidad y los teléfonos celulares de la pareja bajo el argumento de verificar su calificación en el sistema financiero. Magnolia relató el procedimiento: "Él le pidió el celular a mi esposo y le dijo que lo abriera, porque mi esposo tiene un pin y se fue con eso como unos 20 minutos".Durante este tiempo, según la denuncia, se realizaron gestiones digitales que la pareja no comprendía ni había autorizado explícitamente. Justo Elías, un hombre alejado de las herramientas tecnológicas, explicó la respuesta que recibió posteriormente por parte de la entidad bancaria involucrada: "Ellos me dijeron que era por app y yo le digo, yo no sé nada de eso".La investigación sugiere que se utilizó el reconocimiento facial de las víctimas a través de sus propios dispositivos para activar productos crediticios. En medio de la confusión y la presión del ambiente, a Justo Elías se le presentó un contrato de afiliación a Travel Spirit por un valor de $4.500.000 pesos.El documento fue firmado y sellado con su huella dactilar, aunque Justo afirma que no entendió el compromiso financiero que estaba adquiriendo.El descubrimiento de la millonaria deudaTras la reunión, la pareja se retiró con el contrato y un bono físico. Su alegría inicial fue documentada por Magnolia. No obstante, la satisfacción terminó cuando intentaron usar el bono en un supermercado y descubrieron que su valor real no era de $400.000 pesos, sino de apenas $10.000 pesos.La situación se tornó más grave días después, cuando Justo Elías comenzó a recibir notificaciones de cobro del Banco Davivienda por una tarjeta de crédito que él asegura nunca haber solicitado.El banco informó que el 27 de septiembre, fecha de la cita en la oficina 803, se había gestionado una tarjeta digital y se había utilizado la totalidad del cupo de $4.500.000 pesos. Al ser consultado sobre si dio su aval para este movimiento, Justo fue tajante: "No, señor, en ningún momento".Para una pareja cuyos ingresos escasamente alcanzan para la alimentación diaria, esta deuda representa una carga insostenible. Justo Elías expresó su angustia frente a la obligación bancaria: "Si uno no tiene a veces para comer menos para pagar una deuda de esas".La frustración del trabajador se resume en una frase que cuestiona de lo sucedido: "Toda la vida uno trabajando honestamente para que otro venga y lo robe a uno de esa manera".Acciones legales y desaparición de la empresaAnte la evidencia del compromiso financiero no deseado, Magnolia López regresó al edificio Torre 26 para buscar respuestas. Sin embargo, se encontró con que la oficina 803 estaba vacía y le informaron que la empresa Travel Spirit se había marchado sin dejar rastro.Ante esta situación, Magnolia instauró una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. El representante legal de Travel Spirit para la fecha de los hechos era Ángel Santiago Ramírez Salazar, quien también figura en los registros de otras empresas señaladas por modalidades similares.Magnolia López concluyó su testimonio con una reflexión sobre el impacto emocional que esta situación le ha causado: "Tristemente me llevé a mi esposo y hoy en día el que tiene el problema más grande es mi esposo porque es el que tiene que pagar un dinero que nunca sacamos".La pareja espera que las autoridades avancen en las investigaciones para esclarecer cómo se procesaron estos créditos sin su consentimiento informado.

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El encargado de Departamento de Estado para América Latina manifestó que hay un contacto permanente con las autoridades en Colombia.