A seis años del caso Interbolsa: pocos condenados, millones de pérdidas y alto riesgo de impunidad

Aunque algunos de los protagonistas están presos, sus delitos siguen prescribiendo. Radiografía del peor escándalo financiero de los últimos tiempos en Colombia.

Pero, ¿quién es el responsable de esta impunidad? ¿la juez del caso? ¿la fiscal del caso? ¿fue una victoria de hábiles abogados defensores que dilataron todo para favorecer a sus clientes? ¿Hubo exceso de garantías para los procesados?

Esas preguntas rondan este vergonzoso capítulo, que apunta a tener un final que, para muchos, es indignante.

Noticias caracol rearmó, paso a paso, la que prometía ser la investigación estrella de la Fiscalía y un caso ideal para que la justicia colombiana se luciera en el castigo a los protagonistas de la que alguna vez fue calificada como la pirámide estrato seis.

“Colombia es un ejemplo grosero de impunidad, una persona que comete un delito parte de la base de que las probabilidades reales de que llegue a ser condenado son absolutamente ridículas, 1% o 2%”, lo dice Sergio Rodríguez, abogado de un grupo de víctimas del desfalco, gente que puso su plata en Interbolsa para hacerla rendir y obtener unas ganancias.

“Personas que entregaron sus dineros de jubilación, sus ahorros, nosotros hemos visto pasar las historias más dramáticas y los delincuentes tan campantes”, añade el abogado Rodríguez.

Y es que recientemente la juez 33 de conocimiento Carmen Gualteros anunciaba la prescripción de nuevos delitos.

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Desde que estalló el escándalo, el tema se volvió una obsesión para la Fiscalía: encargó a una de sus más avezadas funcionarias, Alexandra Ladino, una fiscal delegada, para que encabezara un equipo entre investigadores, peritos, asesores y otros fiscales.

En seis años, 32 personas fueron vinculadas, actualmente siguen privadas de la libertan 5, y 5 han sido condenadas por allanamiento a cargos.

Entre los delitos más graves que comenzó a investigar la Fiscalía están manipulación fraudulenta, operaciones no autorizadas, administración desleal y concierto para delinquir.

Y los grandes protagonistas también comenzaron a sonar: Rodrigo Jaramillo, el mismo que aparecía en la bolsa de Nueva York en los años dorados de la compañía, resultó salpicado cuando estalló el escándalo en 2012.

Él, su hijo Tomás, y sus socios Juan Carlos Ortiz, Alessandro Corridori y Víctor Maldonado se convirtieron en el principal objetivo de los investigadores.

Y comenzaron a ‘caer’, todos terminaron presos: uno de ellos, Víctor Maldonado, fue extraditado desde España a donde fue a parar para evadir a la justicia. Seis años después, la mayoría está en libertad, incluyendo al propio Maldonado.

Todos por una figura que se volvió clave en el proceso: vencimiento de términos, que es cuando, valga la redundancia, se vence el tiempo en el que la justicia puede investigar a una persona por la presunta comisión de determinado delito.

“Con la dilación del proceso, las víctimas en este caso no van a ver realmente que se haga justicia”, asegura Gloria Valencia, periodista económica que ha escrito dos libros sobre el caso Interbosa.

Para ella, la justicia no cumplió con su objetivo: ni se castigó a los responsables, ni se reparó a las víctimas.

Constantes aplazamientos de audiencias, solicitud de pruebas, petición de nulidades, renuncia de abogados fueron solo algunas de las marañas que terminaron ahogando el proceso y derrumbando la investigación.

“Las personas que cometieron esto, muchas no devolvieron el dinero, pasó el tiempo, estuvieron en estos procesos, se dilataron y finalmente todo el mundo va a quedar en libertad”, añade Valencia.

Distinto piensan los defensores de los señalados. Iván Cancino, abogado de Víctor Maldonado, uno de los más salpicados, y hoy libre por vencimiento de términos, tiene claro que han ganado en franca lid.

“Ejercer las acciones y los recursos de ley es permitido, presentar excusas justificadas es permitido y yo creo que vamos a iniciar una lucha más fuerte de la que llevamos ahora para proteger de los derechos de los abogados y no permitir que se nos siga amenazando y poniéndonos en la picota pública”, sostiene Cancino.

Lo paradójico es que, a pesar de lo complejo del caso, la Fiscalía pudo armar el rompecabezas del escándalo, pero las responsabilidades se fueron diluyendo y las condenas son exiguas frente a la gravedad de los hechos.

Ahora, los dos delitos por los que aún investigan a diez personas son manipulación fraudulenta y administración desleal, que dan una pena máxima de diez años; lo grave es que estos prescriben o se vencen en el 2019 uno y en el 2020 el otro.

Víctimas

Oficialmente son reconocidos 1.200 inversionistas que perdieron todos sus ahorros. Mientras la cifra del descalabro alcanza algo más de un billón y medio de pesos, la cifra recuperada llega a los 68 mil millones de pesos.

Alfonso Manrique, un ingeniero civil que a través su empresa logró invertir algo más de 68 mil millones de pesos en Interbolsa y en el Fondo Premium -uno de los productos de la firma comisionista-, fue la primera víctima que se presentó ante la Fiscalía para denunciar que su plata se había esfumado.

Incluso, terminó dando explicaciones a la justicia porque su firma apareció en muchas de las operaciones fraudulentas de Interbolsa.

Finalmente pudo demostrar que le falsificaron la firma y que, en realidad, era una víctima más de la llamada pirámide estrato seis.

Hoy, seis años después de haber estallado el escándalo, nadie le da razón de su plata.

“Voy a morir con esto porque esto va a ser un tema muy largo”, dice Alfonso Manrique.

Como él, hay 1.999 víctimas más: desde religiosas, hasta exministros, desde empresarios, hasta pensionados, desde empleadas domésticas, hasta inversionistas que querían que sus ahorros rindieran a través del mercado de valores, en la, hasta hace unos años, más prestigiosa y confiable firma comisionista de bolsa del país.

Reparación

Quienes recibieron la totalidad de lo invertido fueron las víctimas del Fondo Premium, uno de los portafolios creados por los cerebros de Interbolsa; la presión de la Superintendencia de Sociedades y del gerente liquidador llevó a los implicados a devolver más de 386 mil millones de pesos a más de mil afectados.

Pero los que invirtieron en Interbolsa, siguen aún esperando y con las manos vacías.

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Entretanto, la Fiscalía y los liquidadores creen que la gran mayoría de los casi un billón y medio de pesos invertidos fueron sacados del país y convertidos en bienes y acciones que quedaron en manos de testaferros.

Si eso es así, la tarea no parece nada fácil para rastrearlos, recuperarlos, traerlos al país y devolverlos a sus verdaderos dueños.

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