Diego García entregó plata a cambio de contratos en Panamá, República Dominicana, Ecuador y Brasil. Ahora busca beneficios a cambio de delación plena.
Durante 19 años, García fue ejecutivo de confianza del conglomerado español Canal Isabel II. Según el juez Eloy Velasco, de la Real Audiencia, cuando presidió Inassa, empresa controlante de la Triple A de Barranquilla, fue el encargado de pagar sobornos a políticos locales.
Sin embargo, los tentáculos de la red de corrupción se extendieron a otras naciones según los investigadores.
Hoy, García se resiste a comparecer ante autoridades colombianas. En una carta del 7 de junio ratificó su negativa a declarar ante investigadores del grupo de soborno transnacional de la Superintendencia de Sociedades.
“No me resisto injustificadamente a dar cumplimiento a su orden emitida, sino que antepongo la constitución nacional y los derechos que allí se consagran en mi favor, como en este caso el de defensa, a guardar silencio y a no autoincriminarme”, comunicó García.
Según Andrés Garzón, experto en derecho procesal, la negativa tiene implicaciones jurídicas.
“Desde el punto de vista del código general del proceso, esa no es una causal de justificación para eximirse de la obligación de asistir a las citas judiciales o administrativas que tenga el Estado".
Allegados a García en Cartagena aseguran que está alistando maletas hacia Europa donde espera conseguir beneficios a cambio de ‘prender el ventilador’.
Updated: junio 14, 2017 03:24 p. m.