La abogada María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, habló este jueves en Noticias Caracol sobre la investigación del magnicidio. En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de este noticiero, Tarazona aseguró que tiene información de "amenazas antes del atentado", que ocurrió el 7 de junio de 2025 en un evento político en un parque en Bogotá, y que en su poder conserva chats y fotografías que demostrarían cómo se orquestó el ataque que mantuvo al senador hospitalizado durante unos 60 días y por el cual murió el 11 de agosto de 2025. Sin embargo, Tarazona dijo no sentirse segura en Colombia para entregar esa información. De igual forma, fue enfática en el que el gobierno del expresidente Gustavo Petro sabía que iba a ocurrir el atentado contra Uribe Turbay. Denunció que “el esquema de Miguel estaba infiltrado” y que, en ese sentido, el atentado se pudo haber prevenido.
Un año y 23 días han pasado desde la muerte del precandidato y senador. Tarazona afirmó en este diálogo con Noticias Caracol que el magnicidio no fue solo obra de sicarios sino el resultado de una infiltración en su esquema de protección y de una cadena de negligencias con tintes políticos. La viuda sostiene que el atentado fue un "trabajo interno". La prueba reina, dice, reside en la logística del trayecto hacia el Parque del Golfito en Fontibón, donde fue baleado. Miguel Uribe Turbay tenía una hora de retraso en su agenda, comentó Tarazon, por lo que ella considera imposible que los atacantes supieran su hora exacta de salida.
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La viudad denuncia, además, negligencias el día del ataque, pues Miguel, a su juicio, estaba expuesto en un ángulo de 360 grados sin que sus escoltas garantizaran un perímetro básico o bloquearan la parte trasera, desde donde impactaron las balas. Lo más "absurdo" y revelador de la desidia estatal, en palabras de Tarazona, es que durante un año tras el atentado el mismo personal bajo sospecha y denunciado ante la Fiscalía la siguió custodiando a ella y llevando a Alejandro, su hijo, al colegio.
Tarazona reveló poseer un "archivo del miedo" en su celular: chats y fotografías que prueban amenazas reales detectadas dos meses antes del crimen, con rastros que conducen al Caquetá y a figuras de la Segunda Marquetalia como 'Iván Márquez', 'Kendry' y 'El Zarco', este último con circular roja de Interpol. A pesar de la contundencia de estas pruebas, Tarazona se niega a entregarlas a la Fiscalía General de la Nación. "No tengo las garantías para entregar esta información... me da miedo que se filtre", confiesa. Esta reticencia nace de una realidad política, y es el conocimiento previo que el Estado habría tenido sobre el riesgo de Miguel Uribe, tras denuncias de un congresista que alertó sobre supuestos planes contra precandidatos del Centro Democrático sin que se activaran medidas preventivas.
La lucha de Tarazona ha encontrado un respiro en la Corte Constitucional, que ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) pedir disculpas públicas. Este fallo es un golpe a la narrativa de Augusto Rodríguez, director de la UNP, cuya cercanía histórica con el expresidente Gustavo Petro alimenta la sospecha de una gestión parcializada. Rodríguez intentó instalar la versión de que el senador debilitó su propia seguridad, llegando a ridiculizar su agenda del día del atentado al sugerir que se encontraba en un "club social". La realidad, documentada por Tarazona, es que Miguel venía de un almuerzo con magistrados de la Corte y se dirigía a un acto de campaña legítimo. Mientras la víctima enviaba más de 20 cartas pidiendo fortalecer su esquema, la entidad ignoraba los ruegos.
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