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Con un sofisticado robot, investigadores de la Contraloría descubrieron la trampa que afectó durante siete años al bolsillo de los más pobres.
Gracias a Designer, programa diseñado para detectar el presunto fraude, se contrastaron facturas con las quejas que llegaban a la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2001 al 2016.
En esa comparación se encontró un faltante de más de $200 mil millones; casi 4.000 millones de pesos embolsillados por mes.
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¿Cómo tuvo lugar este presunto fraude?
Electricaribe recibe cada mes del Ministerio de Minas y Energía un subsidio para los estratos 1, 2 y para barrios subnormales de la Costa Atlántica.
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Ese dinero busca reducir las tarifas de la luz a estos usuarios, pero los dueños de la empresa, según esta investigación, durante seis años nunca trasladaron esos subsidios a las facturas.
Por ejemplo, en esta factura de la luz, un usuario de la costa consumió en energía $27.011, Electricaribe debía restarle a esta factura $16.201 del subsidio a la tarifa y, además, debía restarle $1.978 del subsidio de un fondo de solidaridad. En total son $18.179. A esos valores se les suma otros recargos por conceptos diferentes de energía que suman $12.019, es decir, lo que el usuario debía pagar era $20.851.
Sin embargo, cobró al usuario $22.810 de energía. Y entonces, ¿a dónde fueron a parar los $1.958 de diferencia?
Esta empresa debe dar un aporte a los usuarios como distribución de energía a sus hogares, para este caso Electricaribe debió entregar $10.909 de este aporte, pero como evidencia la factura, lo que realmente entregó fueron $8.950. Es decir, el subsidio se trasladó no para disminuir el valor final que debía pagar el usuario, sino a disminuir el aporte de la empresa.
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En conclusión, el beneficio real para el usuario fue de $20, cuando realmente debía ser de $1.978 pesos por subsidio.
Según Contraloría, los españoles dueños de Electricaribe se habrían embolsillado las siguientes sumas en algunos municipios de la costa:
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En Ponedera, $443 millones; en Villanueva, $411 millones; en Canalete $280 millones, y en Majagual, $868 millones.
El fraude sería millonario y en parte explicaría por qué cientos de habitantes deben pagar facturas absurdas.
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