Juez ordenó devolverle la fortuna al comandante Barbie: ¿cuáles fueron las razones?

Un juez negó la extinción de dominio de 61 bienes a quien fuera considerado uno de los ganaderos más poderosos del Cesar, condenado por promocionar a los paramilitares del Bloque Norte de las AUC. Hugues Manuel Rodríguez, más conocido como el comandante Barbie, no pagó un día de cárcel en Colombia, pero desde la distancia defendió por casi 20 años su emporio económico. La decisión causó preocupación entre las víctimas, pues choca con varios fallos de restitución de tierras y una condena de la justicia ordinaria. ¿Qué pasará en estos casos?

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Hugues Rodríguez, alias el comandante Barbie, es prácticamente desconocido para el país, pero su nombre sigue retumbando entre las víctimas de los paramilitares en el Cesar.
Salió sigilosamente de Colombia en el 2008 rumbo a Estados Unidos a responder en un proceso por narcotráfico en el que estuvo acusado junto a los jefes paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo. Su última aparición en los estrados judiciales colombianos fue en el año 2022, en busca de recuperar su fortuna incautada hace casi 20 años.

En el abultado proceso de extinción de dominio figuran haciendas que suman casi 10.000 hectáreas en el Cesar, algunas con una ubicación estratégica para la extracción de carbón; propiedades ubicadas en los sectores más valorizados de Valledupar, así como lotes para urbanización, apartamentos, casas, en Santa Marta y Bogotá; locales comerciales y siete sociedades.

Los testimonios de exparamilitares, de víctimas y hasta de empresarios coinciden en señalarlo como el principal beneficiario del despojo violento que los paramilitares del Bloque Norte protagonizaron en el Cesar. Pero, en contravía de años de investigaciones, un juez de extinción de dominio ordenó la devolución de todas sus propiedades.

La decisión está firmada por el juez José Ramiro Guzmán Roa, quien afirmó que echa de menos una exposición de las circunstancias de cómo se materializó el supuesto “beneplácito” del grupo armado ilegal a Hugues Rodríguez. Tampoco -dice el fallo- la Fiscalía logró probar un incremento patrimonial injustificado ni que hubiera aprovechado las circunstancias de desplazamiento de decenas de campesinos para enriquecerse.

Una conclusión que para las víctimas es contradictoria e, incluso, alarmante. Así lo manifiesta Paula Villa, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras.

"Sí genera una preocupación que los jueces de la República estén, a través de sus sentencias, desconociendo el contexto y el trabajo que ya se viene haciendo de manera sistemática en el marco de los procesos de despojo y en el marco de la justicia transicional. En sentencias, ya había sido claro que tiene una relación con los grupos paramilitares como testaferro de alias Jorge 40, y, además de esto, ya está establecido que los predios que ha adquirido en la región lo hizo a través de maniobras fraudulentas", dijo Villa.

En el listado de bienes que el juez ordena devolver al comandante Barbie sobresalen tres fincas que ya habían sido entregadas a las víctimas por los jueces de restitución de tierras. En estos fallos queda claro que no se puede demostrar la buena fe de Hugues Manuel Rodríguez en la compra de los predios, pues detrás estaba la presión de los paramilitares.

“Hugues Manuel Rodríguez Fuentes es un empresario y ganadero del departamento del Cesar, que además es propietario de inversiones Rodríguez Fuentes. En las sentencias del Tribunal de Cartagena, en dos sentencias, se ha reconocido que esta empresa despojó a campesinos de los municipios de Chimichagua y Becerril en tres predios”, señaló Paula Villa.

Para el juez, no fue suficiente la única sentencia que Barbie tiene en firme y que lo condenó a 9 años de cárcel por concierto para delinquir como promotor de grupos armados ilegales y falsedad en documento público.

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En esta decisión, se concluye que el comandante Barbie ocupó tierras despojadas que eran protegidas por los paramilitares, entre ellas, la parcela El Toco, uno de los casos más emblemáticos del desplazamiento paramilitar en donde 13 de 80 parceleros fueron asesinados.

El Centro de Memoria Histórica en uno de sus informes también lo señala contundentemente: “Entre 1996 y 2006 se sucedieron las agresiones y las masacres de las estructuras paramilitares que desembocaron en los éxodos forzados y el despojo de parcelas de campesinos. (...) Las parcelaciones de El Platanal y Santa Fe, que terminaron en poder de compañías mineras, y El Toco, de Hugues Rodríguez Fuentes, comandante Barbie, determinador y beneficiario de masacres y homicidios en la Serranía del Perijá”.

Pero, según el Juez de extinción de dominio, el caso de El Toco fue archivado por la misma Fiscalía, pues no encontró ninguna relación de Barbie con los homicidios de este hecho, ni los desplazamientos, ni la extorsión que sufrieron los campesinos que reclamaban la titulación del predio.

Noticias Caracol buscó la decisión de archivo de la Fiscalía y encontró una fechada en el año 2009, mucho antes de que salieran a la luz muchas de las confesiones que hoy señalan la responsabilidad de Barbie. Además, fue firmada por el cuestionado exfiscal Iván Javier Rodríguez Bolaño, quien fue condenado años después por prevaricato en otro proceso y saltó recientemente a la luz pública como el abogado de la poderosa Cielo Gnecco.

Precisamente, algunos miembros del clan Gnecco, en asocio con Barbie, aparecen en la génesis de los paramilitares en el departamento, según declaraciones de exparamilitares. Así también lo cuenta Edward Mattos, hermano del empresario Carlos Mattos, quien busca beneficios en la Jurisdicción Especial de Paz:

“Ellos fueron los que incursionaron y llevaron las AUC, a Mancuso, a Valledupar e hicieron esa gran reunión, los grandes ganaderos, porque yo soy pequeño ganadero (...). Yo me enteré de eso ya en el 2000, 2001, eso fue vox populi que Jorge Gnecco, Hugues Manuel Fuentes, Jorge Luis Oñate, Carlos Mattos Liñán que llevaron a Mancuso”, aseguró Mattos durante una diligencia en esta jurisdicción.

En la decisión del juez de extinción de dominio tampoco aparece ninguna consideración frente a sociedades y fincas que terminaron en manos de las empresas del comandante Barbie en transacciones que tuvieron la intermediación de su socio: Jaime Blanco Maya.

"En casos de Chimichagua, él compró predios que habían sido adquiridos en anterioridad por Jaime Blanco Maya, que es una persona que también ha sido condenada, incluso, por homicidios de sindicalistas de Sintramineroenergética”, explicó Villa.

Blanco Maya fue un contratista de la Drummond que fue condenado a 37 años de cárcel por el asesinato de dos sindicalistas de la multinacional.

¿Cómo una decisión judicial puede pasar por encima de años de investigaciones?

“Estos predios ya no le pertenecen a Inversiones Rodríguez Fuentes porque el proceso de Restitución de Tierras reconoció el despojo que hubo. Es de mencionar que el proceso de extinción de dominio no tiene ninguna competencia sobre el proceso de restitución de tierras. (...) Sin embargo, reitero, el ejercicio de la justicia no es solo un ejercicio de justicia en términos formales, la justicia en Colombia debe también aportar a la verdad, debe aportar a la memoria del país. Resulta preocupante que haya información que no reconozca sentencias de restitución en el marco del contexto y afirmaciones que ya están en las mismas, insistiendo además que hay ya procesos penales fallados en contra del señor Rodríguez Fuentes que debieron haber sido valorados por el juez", señaló la directora jurídica de la Unidad de Restitución, Paula Villa.

Es decir, que los tres predios en los que ya hay sentencia de restitución seguirán en manos de las víctimas. Consultada por Noticias Caracol, la Fiscalía aseguró que la decisión fue apelada y que la devolución que ordenó el juez de las otras 58 propiedades quedará suspendida hasta que se resuelva.

Rodríguez, por su parte, siempre ha sostenido que fue un ganadero, agricultor y comerciante. Y que su papel en el conflicto es el de víctima, ya que la guerrilla asesinó a su hermana. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó que en Colombia no le respetaron las garantías judiciales y que no existieron pruebas sólidas en su sentencia. No obstante, el tribunal interamericano, no admitió la petición.

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