Las perlas de la indagatoria del exsenador Ciro Ramírez

La almendra del expediente que hoy tiene en prisión al exsenador Ciro Ramírez Cortés se origina en el convenio el 670 de 2021, firmado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío Proyecta por un valor de $48.660 millones. El objetivo del convenio era desarrollar obras de infraestructura vial y superación de la pobreza en municipios del Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el verdadero dueño de ese convenio era Ciro Ramírez.

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“Mi misión ha sido siempre buscar soluciones a las comunidades y pedir audiencias en las diferentes entidades sin el ánimo de enriquecerme o buscar contratos. Voy a demostrar mi inocencia porque es un convenio del que no tengo nada que ver”, dijo Ramírez en la diligencia.

Pero antes de conocer los detalles de la indagatoria del exsenador, que está llena de perlas, es necesario conocer a los protagonistas de esta historia para que nadie se pierda. Empezando por el propio excongresista y su asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo, Katherine Rivera Bohórquez, su principal enlace con el DPS y con los demás señalados de esta organización ilegal.

Después aparece en esta trama Pierre García Jacquier, entonces subdirector de Proyectos del DPS, quien, según la Fiscalía, direccionó el convenio para entregárselo a Proyecta. Proyecta estaba gerenciada por Pablo César Herrera y su asesor Alejandro Noreña Castro.

Noreña Castro era aliado político de Ciro Ramirez y solía decirle “jefe”. Hoy Herrera y Noreña son los principales acusadores de Ciro Ramírez.

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Ahora bien, dentro de ese convenio, Proyecta les entregó al menos 13 contratos a dos personas: Anderson González González y Raúl Cardozo Ordóñez, quienes según la Corte apoyaron políticamente a Ciro Ramírez y financiaron parte de su campaña al Senado. Incluso le habrían pagado al excongresista y a Pierre García una coima de $1.000 millones.

De acuerdo con las evidencias, Ciro Ramírez copió el modelo de corrupción del senador Mario Castaño Pérez, condenado por el llamado caso de las marionetas. Castaño, fallecido en noviembre pasado en prisión, también obtuvo en 2021 un convenio en el DPS por más de $22 mil millones que fue firmado con Proyecta. Es decir, el mismo modus operandi que en el caso de Ramírez.

“Jamás he tenido la mínima investigación por un contrato, un convenio o absolutamente nada, nunca”, insistió el exsenador.

En su indagatoria ante el magistrado Marco Antonio Rueda el excongresista negó haber gestionado el convenio 670 y solo reconoció que le hizo un favor a Pablo Herrera y Alejandro Noreña sacándoles una cita en el DPS para que se reunieran con sus directivas porque, según le dijeron, necesitaban destrabar el convenio que estaban ejecutando y que le pertenecía al senador Mario Castaño. Una explicación que resultó inverosímil para la Corte.

“Disculpe, senador, no entiendo, ¿para qué destrabar (el convenio) si ya estaba suscrito? ¿Por qué acudir a usted y no a quien lo había gestionado, tramitado y obtenido que era el senador Mario Alberto Castaño? No lo entiendo”, le preguntó a Ramírez el magistrado Marco Antonio Rueda. “En los convenios que se firman con una entidad territorial y el DPS siempre había mil problemas”, respondió Ramírez.

Muchas preguntas del magistrado no fueron contestadas de forma satisfactoria por el exsenador. Incluso el jurista tuvo que llamarle la atención varias veces con el fin de que fuera preciso. Por ejemplo, en relación con un encuentro que tuvo en su momento con Pablo Herrera en la sede de Proyecta en Armenia.

“No, senador, la pregunta es concreta, desde luego usted no la ha negado, la pregunta es en el sentido de que esa visita no fue casual como usted lo ha presentado. Yo le voy a pedir que nos concretemos a ello, sino no vamos a terminar esta diligencia”, sostuvo Rueda.

El magistrado Rueda fue incisivo en sus preguntas sobre una reunión en el DPS ocurrida el 13 de octubre de 2021, un mes antes de la suscripción del convenio por más de $48 mil millones. A esa cita, gestionada por Ciro Ramírez, también asistieron el entonces subdirector del DPS Pierre García y los funcionarios de Proyecta Pablo Herrera y Alejandro Noreña. El exsenador, sin embargo, no fue concreto en su respuesta.

“Senador, lo entiendo perfectamente, pero es que no me responde la pregunta, ¿para qué un senador de la República va a que reciban a alguien en una entidad del orden nacional? No lo entiendo, es la pregunta, deme el motivo por el cual acude un senador de la República a una entrevista en la que solamente tenía interés el señor Pablo César Herrera”, le dijo el jurista. El exsenador respondió: “Pablo llevaba buscando al DPS un sinnúmero de veces antes, pero resulta que ningún directivo lo estaba atendiendo, yo asumo que me utilizan para llegar a algún directivo, para que lo escuchen a él”. “¿Era necesario que acudiera usted para que el señor Pierre los recibiera?”, insistió Rueda. “A veces es necesario, honorable magistrado, que uno esté para que atiendan a veces a las personas”.

A propósito de Pierre García, contra quien la Fiscalía ya radicó escrito de acusación, Ciro Ramírez reveló un detalle que no parece menor a la luz de lo que se sabe hoy: dijo que se conoció con Pierre hace muchos años en la cárcel La Picota, a donde ambos iban a visitar a sus padres, los entonces congresistas Ciro Ramírez Pinzón y Carlos García Orjuela, quienes estaban detenidos por la parapolítica.

Poco después la diligencia tuvo un momento tenso. Ocurrió cuando el exsenador Ramírez dijo que no tenía nada que ver con el convenio que le achacaban y que así lo había declarado, incluso, uno de los testigos estelares en su contra, Pablo Herrera. El magistrado Rueda lo interpeló con vehemencia: “Pablo dice todo lo contrario, en la declaración rendida ante la Corte indica que el señor Pierre García en su momento le dijo que los contratos producto del convenio interadministrativo 670 de 2021 eran suyos y que le iba a dar instrucciones acerca de las personas a quienes usted tenía interés en que se direccionaran los contratos. Eso es lo que dice Pablo César, no lo que usted está manifestando ante la Corte. Pero bueno, ya dio su versión al respecto, pero sí quiero ponerle de presente que lo que dice la prueba, lo que le estoy interrogando es con base en lo que manifiesta el señor Pablo César, yo no estoy falseando la prueba porque si no el señor defensor sería el primero habilitado para objetar la pregunta”.

Ante esa constancia, Ramírez solo se limitó a decir: “Ni más faltaba, honorable magistrado, ni más faltaba”.

A Ramírez se le mostraron decenas de chats entre él y varios protagonistas del caso en donde se hablaba de reuniones urgentes en los días previos y posteriores a la suscripción del convenio, los detalles del negocio y hasta los ingresos al DPS de su mano derecha, Katherine Rivera. En la indagatoria, el magistrado Rueda hizo énfasis en las coincidencias aparentemente inexplicables de este caso.

“Me refiero a la coincidencia del ingreso de Katherine Rivera Bohórquez el 11 de noviembre, el día anterior a la suscripción del convenio, que se hizo al filo de la medianoche del 12 de noviembre, ¿a qué ingresa ella? Y la coincidencia el día anterior a la suscripción del convenio interadministrativo 670 respecto del cual aparecen esas interacciones entre usted y Alejandro Noreña. ¿Cómo lo explica?”.

El magistrado Rueda siguió enumerando muchos más hechos sospechosos.

“¿Y es otra coincidencia también que la señora Katherine Rivera Bohórquez, la asistente de su UTL, haya ingresado en la misma fecha con Pablo César Herrera el 24 de enero de 2022?”. Ramírez contestó: “No, no, no sé cómo llamarlo al encuentro o a la coincidencia o a que los dos hayan visitado el mismo día el DPS.

En las miles de conversaciones de chat en poder de la Corte aparece una muy delicada en donde quedó al descubierto que medio centenar de congresistas o sus emisarios rondaron las instalaciones del DPS en los días previos a que empezara a regir la Ley de Garantías que restringía la contratación en época preelectoral. La Corte le leyó a Ciro Ramírez el cruce de mensajes que hubo el 10 de noviembre de 2021 entre Alejandro Noreña y el contratista Anderson González.

Preguntado por la Corte por este chat, Ciro Ramírez reconoció crudamente que eso era usual en el DPS.

“El mismo chat lo dice, que había más de 50 senadores esos días, por lo que comenzaba la ley de garantías. Entonces es normal que los que hemos venido acompañando alcaldes pues estuviéramos muy pendientes de que pudiéramos ayudar. Lo dice Alejandro Noreña, que fueron más de 50 senadores. O sea, es lo normal”, dijo Ramírez. El magistrado le contestó: “Perdone, le interrumpo, no nos interesan los otros 49 congresistas de la República”, en referencia claramente a que el procesado en este caso era él.

No es todo. Ciro Ramírez aceptó que el 5 de octubre de 2022 visitó en la cárcel a Pablo Herrera, principal testigo en contra suya. Según dijo, lo hizo por razones humanitarias pues le habían dicho que estaba siendo víctima de acoso sexual en La Picota y quería denunciar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En ese momento ya el escándalo rondaba a Ciro Ramírez.

Tras escuchar esa versión, el magistrado Rueda le dijo lo siguiente: “Y esa gestión que hace usted como senador de la República la hace también en una línea de tiempo que coincide con la fecha en la cual él (Pablo Herrera) empieza a declarar en la Fiscalía contra usted. Demasiadas coincidencias, señor senador”. A lo que Ramírez contestó: “Sería absolutamente ilógico que si la persona está hablando en contra mía yo vaya a la cárcel a solicitarle que no hable de mí dejando todos los registros posibles habidos y por haber”.

La Sala de Instrucción de la Corte también documentó que esta presunta organización delictiva hizo sacar al supervisor de los contratos en el DPS Óscar Rodríguez Suarez. ¿La razón? El funcionario estaba advirtiendo múltiples irregularidades en la ejecución de los mismos. Pierre García, señalado cómplice del exsenador, fue el que apartó de esa vigilancia al supervisor.

La Corte reseñó este episodio así: “Fue removido de esa función porque de él se tenía la percepción que su comportamiento era, en términos coloquiales, 'fregar y fregar', a tal punto que se le visualizaba como un obstáculo para la ejecución del negocio jurídico”.

El 11 de abril pasado, en un documento de 343 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte acusó a Ciro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

“Está demostrado que el congresista Ramírez Cortés, en la condición de servidor público y prevalido de ella, ideó, urdió, organizó y dirigió un entramado criminal (...) En ese designio individual y mezquino habría asumido el compromiso de direccionar los trámites de selección en Proyecta (...) El aforado, al parecer, accedió a promesas remuneratorias, pero también a utilidades en el ámbito del rédito político y electoral. Todo en el contexto de la actividad proselitista inmediatamente precedente a las elecciones legislativas programadas para el 2022”.

Y añadió: “Fue a partir de la suscripción del negocio jurídico, acaecida el 12 de noviembre de 2021, al filo del inicio de la prohibición contenida en la Ley de Garantías Electorales, que inició la materialización del propósito de los concertados (...) Luego de efectuados los trámites contractuales resultaron adjudicatarias las personas jurídicas o naturales a quienes el senador Ramírez Cortés indicó que se debían beneficiar”.

A pesar de estas pruebas, Ciro Ramírez insiste en que tiene tranquilidad en el alma, que es ajeno a estos hechos, que esto es un complot de unos delincuentes que lo enlodaron para salir de prisión y que así terminará por probarlo. Pero no parece fácil.