A dos días del referéndum catalán, militantes ocupan los centros de votación

La Guardia Civil incautó en Barcelona unos 3 millones de papeletas y 6 millones de sobres. La Fiscalía cerró páginas de internet relacionadas con la consulta.
Numerosos catalanes empezaron este viernes a ocupar los puntos de votación designados por el gobierno independentista regional que aseguró tener listo todo el dispositivo electoral a pesar de la oposición de Madrid.
"Yo me quedo a dormir aquí en principio con mi hijo mayor", declaró Gisela Losa, madre de tres alumnos en la escuela Reina Violant de Gracia, un barrio independentista de Barcelona.
"Tenemos 4 o 5 familias como mínimo que vendremos con nuestros hijos (...) mañana seguro que tendremos muchas más", añadió.
Tras cinco años reclamando un plebiscito sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, rechazado férreamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarlo a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
Esta región mediterránea, responsable del 19% del PIB español, se encuentra dividida sobre la secesión, pero más del 70% de sus habitantes desea un referéndum acordado con Madrid.
"En estas horas de vigilia, en estos momentos tan intensos y tan emocionantes, percibimos que eso que hace un tiempo solo era un sueño, ya lo tenemos al alcance", celebró Puigdemont en un multitudinario mitin en Barcelona para cerrar dos semanas de accidentada campaña.
Mientras, decenas de escuelas por toda la región eran ocupadas por los "comités de defensa del referéndum", coordinados desde las redes sociales, para mantener los colegios abiertos hasta el domingo con actividades como picnics, cine al aire fresco, talleres o conciertos.
"La gente vendrá el domingo y votará. Nosotros estamos aquí para garantizar que eso se podrá hacer", explicó por teléfono Oriol Amorós, alto cargo del gobierno, que ocupaba como "vecino" un centro en Barcelona.
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Unos 5,3 millones de ciudadanos están llamados a votar en un total de 2.315 colegios electorales, anunció el portavoz del gobierno regional Jordi Turull en un intento de disipar dudas sobre el dispositivo electoral, dañado por las medidas desplegadas desde Madrid.
La policía incautó abundante material electoral, detuvo a 14 altos cargos implicados en su organización, cerró numerosas webs y registró el departamento del gobierno encargado del recuento de votos.
Además, el organismo de supervisión electoral fue disuelto con sus miembros amenazados por multas de 12.000 euros diarios y hasta el domingo no anunciarán sus reemplazos.
"Lo que suceda el día 1 no será un referéndum", señaló el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, enumerando las numerosas carencias del escrutinio.
La justicia también ordenó el miércoles a la policía cerrar los locales de votación, entre ellos escuelas y centros sanitarios. Esta instrucción pone en la cuerda floja a la policía regional catalana, dependiente del gobierno independentista.
Sus responsables, en un documento interno consultado, mandaron a los agentes avisar a los organizadores de las ocupaciones que deben abandonar el lugar antes del "domingo a las 06H00" y, en caso de desobediencia pasiva, no aplicar la fuerza.
Si ellos no actúan, el gobierno español, que coordina el dispositivo de seguridad, todavía cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados de refuerzo a Cataluña.
Las medidas emprendidas contra el referendo generaron indignadas protestas de todo tipo de sectores: estibadores, bomberos, abogados, sindicatos, estudiantes y campesinos, que hicieron una marcha con cientos de tractores.
Dos expertos de Naciones Unidas advirtieron al gobierno de Rajoy de la necesidad de "garantizar el respeto a derechos fundamentales".
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La reciente crisis económica y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que daba más autonomía a Cataluña hicieron crecer exponencialmente el nacionalismo.
En septiembre de 2015, con un 47,6% de los votos, los independentistas se hicieron con una ajustada mayoría en el parlamento regional que les permitió emprender su proyecto de secesión a pesar de los reproches de la oposición de olvidar a una mayoría de catalanes.
Si bien la última encuesta del gobierno regional de julio daba mayoría a los contrarios a la secesión (49,4% contra 41,1%), los partidos y entidades del no declinaron hacer campaña y piden a sus seguidores abstenerse.
En un mitin del principal partido opositor, Ciudadanos, Dolores Molero y su hermana confesaban que no votarán.
"Ellos van a aprovechar la participación para decir que le apoya la gente", explicó esta secretaria. "Es un callejón sin salida, lo que pretenden es destruir el Estado, España y Cataluña", lamentó.