Carmen Quinteros, la militar que fue arrestada por pedir permiso para amamantar

En un caso que conmociona a Paraguay, la teniente de fragata hizo la solicitud tras terminar su licencia pero le fue negada. Ella no se quedó con los brazos cruzados.

Hace tres años, Carmen Quinteros Giménez solo quería que le dieran permiso para alimentar a su bebé, luego de que terminara su licencia de maternidad. Se refería a las guardias de 24 horas cada tres días que tienen que hacer los militares de su rango. Argumentó que su bebé la necesitaba. Sus superiores se lo negaron y la justicia militar también.

Por eso, ella recurrió a la justicia civil e hizo la petición ante un juez, quien le dio la razón. Pero sus superiores la enviaron entonces a un cargo en el que debía tener turnos de 32 horas.

Pidió entonces ya no solo la licencia sino salas de lactancia en los cuarteles. Los militares la acusaron por “su tono imperativo” para pedir las cosas y fue acusada de “falta contra la disciplina militar”. Por ello la Corte Suprema la condenó a 45 días de arresto, que podrá cumplir en su domicilio.

El caso causó tal malestar en el país que el Gobierno tuvo que intervenir.

Leyes militares de la dictadura

El Gobierno paraguayo presentará al Congreso un proyecto que reconoce que el personal femenino de las Fuerzas Armadas no podrá someterse a ningún proceso disciplinario mientras dure su embarazo y su periodo de lactancia.

El proyecto se denominará "Ley Quinteros", en alusión a la teniente Carmen Quinteros, a quien la semana pasada la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la sentencia de arresto domiciliario por falta a la disciplina militar, al entender que la nota que presentó a sus superiores para pedir permiso para amamantar a su hijo estaba escrita en "términos imperativos".

El anteproyecto, presentando hoy y que consta de más de 500 artículos, renovará la normativa militar, que data de la dictadura, y tendrá también un enfoque de género, al incluir leyes pensadas para la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas.

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, reconoció ante los medios que el problema de fondo es que las leyes militares, vigentes desde los años 80, fueron "dictadas mucho antes de la nueva Constitución Nacional" de 1992 y agregó que tampoco contemplan "la figura de la mujer en las Fuerzas Armadas".

"Con este anteproyecto de ley, el personal femenino no podrá ser sometido a ningún procedimiento disciplinario mientras dure su gravidez o lactancia, respetando los derechos del niño y de la madre, así como establece la Constitución Nacional en su Artículo 4", explicó Velázquez.

Además, ofrecerá un "sistema garantista" para dejar atrás el "sistema inquisitivo actual" y permitir que el proceso cuente con un fiscal militar, que investigue el caso, y un juez penal militar que se encargue de resolver.

Velázquez estuvo acompañado en su conferencia de prensa por las senadoras oficialistas Lilian Samaniego, Blanca Ovelar y Mirta Gusinky, que se comprometieron a agilizar el tratamiento de este proyecto en el Congreso.

Samaniego insistió en que las leyes castrenses vigentes están pensadas "para los varones", por lo que es preciso adecuarlas al "siglo XXI con el respeto a los derechos humanos de las mujeres que trabajan" en el Ejército.

También coincidió en esta idea su compañera de bancada, Blanca Ovelar, que puntualizó que no se pueden tratar las cuestiones que afectan a las mujeres, como el embarazo o la lactancia, "con los mismos criterios que con los varones".

Este proyecto de ley fue bautizado por la senadora Mirta Gusinky como "Ley Quinteros", en alusión a la teniente sancionada.

"Ella es el símbolo que hace que todos nos pongamos a estudiar con mucha seriedad esta modificación", agregó Gusinky.

La presentación de este proyecto de ley no modificará la situación de la teniente Quinteros, que sigue condenada a cumplir el arresto, aunque todavía no se le aplicó.

El vicepresidente sostuvo hoy que el Gobierno está buscando una "figura jurídica" para poder indultar a la militar y evitar así el dictamen de la CSJ y de la justicia castrense.

"Estamos con el problema de que para que el Poder Ejecutivo pueda indultar a alguien, tiene que cumplir el 50 % de la pena. Estamos buscando la figura jurídica para tratar de que esta señora no cumpla el arresto", manifestó Velázquez.

El vicepresidente también consideró "un error" que la defensa de Quinteros acudiera a la Sala Penal y consideró más adecuado haber apelado a la "inconstitucionalidad" de la situación, ya que la Constitución paraguaya reconoce "los derechos del niño", pero esa no fue la vía de los abogados de Quinteros.

La teniente no descarta elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).