El 'salvavidas' que tienen los miles de migrantes regularizados en riesgo de deportación en EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles que los miles de venezolanos que perderán el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden solicitar asilo en el país norteamericano, lo que resultaría en una suerte de salvavidas para estas personas, que temen ser expulsadas de ese país. Así lo expresó el jefe de la diplomacia estadounidense el día después de que el Tribunal Supremo avaló el plan del presidente, Donald Trump, de revocar el TPS de 350.000 venezolanos, que serán aptos para la deportación. "Ahora, las personas que han recibido el TPS solicitarán el proceso de asilo. Y creo que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles", declaró Rubio durante una audiencia en la Cámara de Representantes.

Rubio, que como senador fue un gran defensor del TPS y muy crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, acusó sin embargo a la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) de haber entregado ese amparo de forma generalizada sin revisar adecuadamente los antecedentes de los beneficiarios. El secretario de Estado dijo que "por supuesto" que la mayoría de venezolanos con TPS no son criminales, pero apuntó que algunos sí lo son: "Si mil de ellos lo son, tenemos un gran problema".

La decisión del Gobierno de Trump de acabar con el TPS ha sido criticada por los demócratas, defensores de los migrantes y la comunidad venezolana en Estados Unidos, que afirma que los que sean deportados a Venezuela sufrirán un grave peligro.

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El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno de los nacionales a sus países de origen.

¿Qué respondió Venezuela?

El autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió este martes la decisión del Tribunal Supremo que dio luz verde para revocar el programa que concede un estatus legal temporal, un hecho que el líder chavista tachó de "delito". "Rechazo y repudio el intento criminal de quitarle el TPS (Estatus de Protección Temporal) a los migrantes", dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder del chavismo acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; a la congresista republicana María Elvira Salazar y a lo que considera "toda la mafia de Miami" de pedir la revocación para los venezolanos del TPS. "Migrar no es delito, quitar el TPS sí es delito, porque es un derecho que ellos tienen, migrar es una necesidad humana", expresó Maduro, quien considera que los venezolanos en Estados Unidos "se fueron con el sueño americano y terminaron en la tragedia americana".

Según el gobernante, quien autoproclamó su tercera reelección en medio de cuestionamientos de la comunidad internacional, el TPS "era una protección mínima que tenían" los venezolanos y que fue otorgada "para atraer migrantes" del país suramericano a Estados Unidos, donde, dijo, a unos les fue "muy mal y a otros les fue mal". De igual forma, llamó a hacer "grande" a Venezuela para "que todos esos migrantes que tuvieron que irse por la guerra económica y por la guerra también de las redes sociales, que les hicieron creer que iban para el paraíso", retornen "más temprano que tarde" a una nación "recuperada, próspera y fuerte" y que "más nunca migre nadie en este país".

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De cualquier forma, el fallo supone un duro golpe para los cientos de miles de ciudadanos del país latinoamericano que perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa. “La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, dijo este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal. "El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones", señaló el abogado.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*con información de EFE