Tres días después de terminado el plenario del PCCh, día en el que emitió un vago comunicado que despistó a los observadores, la agencia Xinhua desveló finalmente las ambiciosas reformas.
En el caso de la abolición de los campos de trabajo (conocidos en China como "laogai") y la reducción de la pena de muerte, el documento del PCCh asegura que son pasos adelante para "mejorar la protección de los derechos humanos" y también los sistemas de corrección, castigo y reinserción de delincuentes.
Además, el país "trabajará para prohibir la obtención de confesiones mediante la tortura y el abuso físico" y se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten evidencias obtenidas ilegalmente.
En un país donde muchos abogados suelen ser perseguidos por su defensa de los derechos humanos, el PCCh señala que los letrados "jugarán un importante papel en la protección de los derechos legales y los intereses de los ciudadanos" y sus derechos a la práctica legal "serán protegidos".
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han criticado durante décadas al Gobierno chino por la imposición de trabajos forzados (en muchas ocasiones sin sentencia judicial), el extendido uso de la pena de muerte (también en delitos no violentos) o los abusos en la política del hijo único (abortos y esterilizaciones forzosas).
China es el país del mundo donde más ejecuciones se dictan (unas 3 mil anuales según Amnistía Internacional, aunque el Gobierno chino no ofrece datos oficiales al respecto por considerarlas secreto de Estado).
En lo que respecta a la ley del hijo único, iniciada a finales de los setenta y principios de los ochenta para frenar la superpoblación de China, el Partido Comunista promete que el país relajará esa política "autorizando a tener dos hijos" si uno de los cónyuges no tiene hermanos, lo que podría afectar a millones de parejas.
En todo caso el país mantendrá "la política básica de planificación familiar", señala el comunicado, que también habla de ajustes graduales en esa la polémica ley del "hijo único".
Otro aspecto muy criticado al régimen comunista de China, la censura (especialmente en internet), no parece sin embargo que experimentará grandes cambios, ya que el comunicado anuncia "un fortalecimiento de la política de control de la opinión pública y las campañas contra los crímenes en la red".
No menos importantes son las reformas económicas que augura en su documento definitivo el PCCh, donde se promete ampliar la entrada de capital privado en su sector bancario y construir un sistema de seguridad social "más imparcial y sostenible" que aumente "gradualmente" la edad de jubilación.
El Partido asegura que permitirá la creación de bancos "pequeños y medianos" de "capital privado cualificado", si bien no especifica si esto incluye también capital extranjero, de momento sólo representado en China por grandes entidades financieras y bajo un alto coste de apertura de las sucursales.
Por otro lado, con el fin de impulsar la urbanización del país, el documento subraya que China "acelerará la reforma del sistema del hukou", que desde la época maoísta restringe el movimiento de la población rural a las grandes ciudades chinas.
El "hukou", una especie de carné de ciudadano urbano que solo se da a los nacidos en grandes poblaciones (y que impide a los campesinos que emigran el acceso a servicios de educación o sanitarios) fue introducido por Mao Zedong en 1958 para evitar un masivo éxodo rural y aún se mantiene en vigor, pese a las muchas llamadas a que sea abolido.
Para "ayudar a los campesinos a convertirse en ciudadanos urbanos", se pondrán en marcha "requisitos razonables" para los residentes rurales que quieran obtener el "hukou" en las ciudades, aunque se controlará "estrictamente", añade, el tamaño de la población en las grandes metrópolis.
Updated: noviembre 15, 2013 01:43 p. m.