Emotivo regreso de una familia a casa que inquilinos no querían entregar: denunciaron en Séptimo Día

La recuperación de propiedad en Bogotá por parte de Héctor Rubiano Torres, un campesino de 76 años, desató una ola de solidaridad ciudadana y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el presunto uso inescrupuloso de la figura legal de demanda de pertenencia. Después de años de batallas legales y angustia, el propietario pudo cruzar la puerta de su vivienda en Bogotá que le había sido arrebatada por una pareja de inquilinos que buscaba la titularidad del inmueble.Héctor Rubiano no pudo contener las lágrimas al cruzar la puerta de la casa que compró con sacrificio en 1984. Su historia, que fue contada en Séptimo Día el pasado 9 de noviembre de 2025, conmovió a la comunidad, lo que resultó en un giro decisivo para la familia Rubiano.Decenas de vecinos se congregaron frente a la residencia en el barrio Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá y protestaron contra los inquilinos, Armando Alaguna y María Leonilde Lozano. Gracias a esta presión colectiva y la unión ciudadana, la pareja fue desalojada y Héctor recuperó físicamente su propiedad.Los hechos quedaron registrados en videos e imágenes difundidos en TikTok por el periodista Juan Carlos Villani, quien realizó la investigación de Séptimo Día. En las grabaciones se ve a varias personas exigiendo a los arrendatarios que devolvieran la vivienda a sus legítimos propietarios.Uno de los videos captura la emotiva reacción del hombre al ingresar nuevamente a su casa. Visiblemente conmovido, recorre cada habitación mientras intenta asimilar el momento; luego se arrodilla y rompe en llanto, agradecido.El origen de la disputa por la propiedadHéctor Rubiano Torres es originario de Turmequé, Boyacá, y ha trabajado como agricultor toda su vida. En 1984, compró la casa de dos pisos en Bogotá con sus ahorros y el dinero de la venta de unas tierras, por un costo de 2.300.000 pesos.Según Héctor, desde la compra, la casa quedó a su nombre, lo cual consta en la escritura y el certificado de tradición. Aseguró tener sus documentos y testigos: "Tengo mis escrituras, certificado de libertad. Yo soy el dueño y tengo testigos a quien se la compré y fue trabajo de todo el esfuerzo de mi vida”.Debido a que residía en su finca en Turmequé, Héctor puso la casa en arriendo. En 2009, llegó un hombre identificado como Armando Alaguna, quien lo contactó para alquilar la vivienda. El contrato de arrendamiento se firmó el 31 de agosto de 2009, por un valor de $800.000 pesos. Alaguna se fue a vivir a la casa con su pareja, María Leonilde Lozano, y sus dos hijos.Inicialmente, la relación era cordial, con pagos puntuales y en efectivo, y el contrato se renovaba automáticamente cada año. Por consideración, Héctor no subió el valor del alquiler, que en 2016 seguía siendo de $800 mil. Liseth y Maribel Rubiano, las hijas de Héctor, se mudaron a un apartamento que su padre acondicionó en el tercer piso de la casa en 2017 para que estudiaran la universidad. Héctor consideró esto una forma de mantener la posesión, diciendo: "Qué mejor para mí que estaban mis hijas representando ahí la posesión".Liseth recordó que al principio la convivencia era buena, pues los inquilinos eran "muy respetuosos, muy tiernos, o sea, eso nos invitaban hasta los asados que hacían".La pesadilla legal y el intento de despojoPara comienzos de 2022, las hermanas Rubiano, que ya habían terminado sus estudios, seguían viviendo en el tercer piso. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores alarmantes. Liseth contó: "Mi papá le llegaban rumores de que ellos estaban diciendo que la casa era de ellos y que ellos se querían quedar con la casa".Aunque Héctor habló con sus inquilinos, quienes le dijeron: "No tranquilo don Héctor, que cuando usted nos pida nosotros le vamos a dar", ese mismo año dejaron de pagar el arriendo.Ante las solicitudes de desalojo, los inquilinos se negaron. Liseth relató que: "Cuando yo fui y acompañé a mi papá, le dijeron que no le iban a dar la casa y que iban a vender lo que sea con tal de tener la casa de mi papá”. El conflicto se agravó el 7 de mayo de ese año, cuando las hermanas Rubiano no pudieron ingresar a su vivienda."Fuimos a abrir la puerta y la llave no servía. Gritamos para que nos abrieran y la señora Leonilde sacó la cabeza y dijo '¿Ustedes quiénes son?'", mencionó Liseth.Héctor Rubiano instauró una demanda de restitución de inmueble contra Armando Alaguna a comienzos de 2023, debido también al subarriendo de un local comercial sin autorización y a las remodelaciones realizadas.La respuesta de los inquilinos llegó en marzo de 2025, cuando María Leonilde interpuso un proceso declarativo de pertenencia de inmueble por prescripción extraordinaria. Esta figura busca quedarse con la propiedad del señor Rubiano, aduciendo haber poseído el bien como "dueño y señor" por un tiempo determinado.El abogado de Héctor, Mario Leonel Colmenares, afirmó que la inquilina manifestaba: “Que ella lleva 30 años al frente del bien inmueble, donde ejerce ánimo de dueña y señora del mismo”.Para la prescripción extraordinaria en el Código Civil colombiano, el demandante debe demostrar la posesión durante 10 años y actos de dominio, tales como pago de impuestos, mantenimiento y mejoras. Sin embargo, esta figura, diseñada para regular la posesión de bienes, está siendo utilizada de manera, según denuncias, "inescrupulosa para que personas busquen adueñarse de propiedades que no compraron".¿Qué dijeron los inquilinos?Durante la investigación de Séptimo Día, el periodista Juan Carlos Villani buscó a la pareja el 10 de octubre de 2025. Armando Alaguna fue evasivo al ser cuestionado sobre la demanda de su esposa y negó haber comprado la casa.Al preguntarle sobre el contrato de arrendamiento firmado en 2009, respondió: "No sé. Esos son contratos. Están demandados con los contratos porque los contratos son chimbos".Alaguna también se refirió a las hijas de Héctor Rubiano con comentarios despectivos: "Le digo una cosa, ese señor conmigo fue bien, pero las hijas son unas pecuecas”. También afirmó que “no me da remordimiento. ¿No le da remordimiento a la gente que lo calumnia uno?”. Por otro lado, María Leonilde Lozano se negó a responder sobre el motivo de la demandaAntes de la presión social que culminó en el desalojo, Héctor Rubiano se encontraba en una situación crítica. Para poder pagar los abogados, tuvo que vender la finca en Turmequé donde vivía y deberá entregarla en diciembre.A pesar de la recuperación física del inmueble, el pleito legal se mantiene. Actualmente, el proceso de restitución de inmueble que interpuso Héctor Rubiano se encuentra suspendido mientras se resuelve la demanda de pertenencia de María Leonilde. Un juez de la República tendrá que decidir.La familia Rubiano solo espera que la justicia investigue "bien al fondo para que se vea la verdad" en el caso.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.

Emotivo regreso de una familia a casa que inquilinos no querían entregar: denunciaron en Séptimo Día

Un intento de desalojo terminó en un acto de solidaridad: en Bogotá, la comunidad se unió para que la familia Rubiano recuperara la vivienda que sus inquilinos pretendían quedarse. Séptimo Día conoció los detalles del caso.

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