Contraloría General de la República

Familias en Santander han denunciado presuntos maltratos y torturas a pacientes con discapacidad cognitiva en la IPS Elogios. Según afirman, exempleados del centro habrían entregado evidencias contundentes que respaldan estas acusaciones. Séptimo Día investigó el caso, conoció los testimonios de los familiares y obtuvo la respuesta del establecimiento.“Tristeza porque es un hijo, es un ser humano, una persona que tiene una discapacidad, pero no es culpa suya”, mencionó Julio Velandia, padre de una paciente de la IPS Elogios.Julio Velandia aseguró que su hijo, quien actualmente tiene 27 años, habría sufrido estos presuntos maltratos durante más de 10 años en la IPS Elogios. Sin embargo, fue hacia finales de 2024 cuando el padre comenzó a sospechar que algo no andaba bien en ese lugar.“Después de pasar el fin de semana, a veces él me decía ‘ir al colegio no’, y eso me llamó la atención”, relató a Séptimo Día.Según su testimonio, en julio de 2024 recibió un mensaje en su celular que alertaba sobre posibles agresiones a su hijo. “Me mandaron un video en el que él aparecía dormido y amarrado a la cama. Esas imágenes me conmovieron profundamente. Al ver eso, tomé la decisión inmediata de retirarlo del lugar”, explicó.Al igual que Julio Velandia, otros padres de familia también han denunciado los presuntos maltratos sufridos por sus hijos con discapacidad cognitiva en la institución, y exigen respuestas y justicia por lo ocurrido.“Esas imágenes son muy fuertes. Ese tipo de trato puede causarles traumas o incluso provocar que broncoaspiren. Los dejan sin movilidad y lo hacen para demostrar que ellos no tienen la razón”, afirmó una exempleada del lugar, a quien no se le reveló su identidad por seguridad.Otras denunciasMónica Patricia Camacho, madre de Javier Mauricio Franco Camacho, uno de los pacientes afectados, compartió su dolorosa experiencia. "Me dio mucha tristeza. Nunca me imaginé que fuera ser así maltratado y todo el tiempo, porque fue todo el tiempo que lo estuvieron maltratando a él", relató Mónica. Según ella, su hijo era inmovilizado desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente.Esta mujer aseguró que en 2012 conoció la IPS Elogios a través de Salud Total. Esta institución, representada legalmente por Amparo Durán, prometía avances significativos en el tratamiento de Javier. "A veces lo veía bien, a veces lo veía delgado y yo le preguntaba a él y me decía, 'me castigan a veces porque yo me como tal cosa o porque hago tal daño'", contó Mónica.En diciembre de 2024, una persona anónima se puso en contacto con Mónica para hacerle una advertencia alarmante: a través de fotografías y videos, le mostraron los presuntos maltratos que su hijo estaría sufriendo dentro de la institución."Eso ya es una tortura. Eso ya no es un castigo. Yo creo que no duraba un día, yo creo que él duraba ahí más de dos, tres días porque en las fotos se ve la espalda supremamente maltratada, quemada", relató.Por otro lado, María Luz Rodríguez, madre de Jaime Ricardo Carrasquilla, un joven de 30 años, denunció que su hijo fue víctima de maltratos durante los meses que permaneció en la IPS Elogios. “La cara de angustia que tiene él en los videos, es rogándoles que le den comida. Eso para nosotros fue terrible”, afirmó María Luz.A la mujer le informaron que en la IPS Elogios su hijo recibiría terapia psicológica, de lenguaje y otros tratamientos adecuados para su condición. Sin embargo, esa expectativa cambió drásticamente cuando una exempleada del lugar se puso en contacto con ella y le mostró evidencias de lo que realmente ocurría dentro de la institución con los pacientes.“Esa no es la manera de tratar a una persona con discapacidad; ellos son seres humanos, son como niños. Para mí, eso es agresión, maltrato y tortura. En todas las fotos se ve claramente a unos muchachos que los están torturando”, denunció.Luego de eso, decidió retirar de inmediato a su hijo Jaime y aseguró que se arrepiente profundamente de haberlo ingresado a ese lugar.Respuesta de la IPSEl equipo de Séptimo Día intentó comunicarse con las personas señaladas por los presuntos maltratos y torturas dentro de la institución, pero ninguna de ellas respondió ni brindó declaraciones.Rodrigo Prada, abogado de Amparo Durán, se pronunció al respecto. “¿Para usted esto está bien? Es que no tiene que parecerme bien a mí; quien debe considerarlo apropiado es el personal médico. No es un tema de percepción”, dijo.Asimismo, el secretario de Salud en Santander reveló que, hace menos de tres años, las autoridades detectaron irregularidades en la IPS Elogios. “Se le realizó una visita de inspección, vigilancia y control, en la que este prestador no cumplía con algunos estándares relacionados con las hojas de vida del personal. En este momento, la institución se encuentra en un proceso que debe seguir su curso”, aseguró.Cabe resaltar que la Policía de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía, adelantó una investigación que culminó con la captura de siete personas, entre ellas Amparo Durán, por el presunto delito de tortura agravada. Sin embargo, el proceso no prosperó, ya que el juez determinó que habían errores en los procedimientos, declaró las capturas ilegales y dejó en libertad a todos los implicados.Las autoridades serán las encargadas de determinar si se cometieron o no delitos. Mientras avanza el proceso judicial, las familias afectadas exigen justicia y garantías de no repetición. Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de una supervisión más rigurosa del Estado a las instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

Contraloría General de la República

Noticias Caracol conoció un informe de la Contraloría sobre la más reciente auditoría financiera hecha por esta entidad a este organismo que administra los recursos de la Rama Judicial e investiga a sus funcionarios.

La denuncia fue hecha por la Contraloría, que también reveló que 1.669 ciudadanos fueron inmunizados sin estar dentro de la población priorizada. Otro escándalo.

El ente declaró responsabilidades fiscales por 2,9 billones de pesos en el caso considerado como el mayor detrimento patrimonial en la historia del país.

La decisión va en contra de siete miembros de la junta directiva de la compañía, así como de cinco exfuncionarios y cuatro contratistas.

Según la Contraloría, casi 200 personas aparecen inoculadas en menos de diez días. Además, siguen casos de ‘colados’.

Era un conjunto de apartamentos, para 400 familias, que fueron abandonados a la intemperie. Contraloría estima en $12 mil millones el detrimento.

El organismo de control advierte que se identificaron más de mil colados en la vacunación contra el COVID-19.

Contraloría investiga la desaparición de dosis en Antioquia, Quindío, Huila, Risaralda, Sincelejo y Valle del Cauca, así como otras denuncias relacionadas con la vacunación.

Una visita a la capital de Putumayo, afectada por una avalancha en marzo de 2017, no arrojó buenos resultados para el ente de control.

El órgano de control emitió un informe en el que desnuda nuevas presuntas irregularidades en 22 entes territoriales.