Miguel Maza Marquez

La figura de la anticresis, un modelo de negocio jurídico regulado por el artículo 2458 del Código Civil colombiano, ha ganado una popularidad creciente en diversas regiones del país, especialmente en departamentos como Boyacá y Nariño. Conocida también como "empeño" de vivienda, esta modalidad permite que un ciudadano entregue una suma considerable de dinero a cambio del usufructo de un bien inmueble por un tiempo determinado, con la promesa de que el capital será devuelto al finalizar el contrato. No obstante, esta alternativa financiera se ha transformado en una fuente constante de denuncias por su mal uso.Séptimo Día conoció que en el departamento de Boyacá, las autoridades y la comunidad han puesto su atención sobre Nidia Amparo Rincón Ortiz, una mujer que, según registros judiciales, acumula más de 100 procesos en su contra en por lo menos nueve juzgados de Duitama. Los señalamientos apuntan a presuntas irregularidades y engaños sistemáticos bajo el contrato de anticresis.Rogelio Barrera Plazas, un técnico de 71 años, entregó 30 millones de pesos, los ahorros de toda su vida, por un apartamento. El contrato, autenticado en notaría en julio de 2019, establecía que el inmueble estaba libre de deudas o afectaciones legales. Sin embargo, en diciembre de 2022 la situación cambió drásticamente."Cualquier día, llega personal del juzgado tercero civil que a embargar el apartamento. Entonces, a mí me cogen de sorpresa porque, ¿cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de anticresis?", relató.Ante el reclamo, Barrera afirmó que la mujer le dijo que "tranquilo Rogelio que que yo le pongo un abogado que le ayude", pero la ayuda nunca llegó.Otras denuncias contra la señaladaLa investigación evidenció que Nidia Amparo Rincón Ortiz presuntamente utilizó el mismo inmueble para realizar contratos simultáneos con diferentes personas. Diana Janet Labrador, otra de las afectadas, entregó 11 millones de pesos por el mismo apartamento donde ya residía Rogelio. Labrador no tenía conocimiento de que ya existía un contrato previo ni de que el bien tenía una medida cautelar por hipoteca desde febrero de 2021. Una tercera mujer, que optó por el anonimato, también reportó haber firmado un contrato por el mismo lugar.Otros ciudadanos en Duitama describieron situaciones similares. Jason Robles Fonseca, de 40 años, denunció la pérdida de 30 millones de pesos entregados para una vivienda que nunca le fue terminada ni entregada."Tengo perdidos 30 millones de pesos que eran mis ahorros parte de mis cesantías".Por su parte, Astrid Yolanda Escamilla entregó 20 millones de pesos antes de descubrir que la propiedad estaba embargada. "Terrible lo que ella me hizo a mí. Yo me la he encontrado y ella antes pasa y lo mira uno y se ríe", denunció.En la lista de denunciantes también aparecen Elsa Janet Dueñas y María Estela Guarín, quienes en 2020 entregaron 20 millones de pesos cada una por un apartamento que nunca les fue entregado y que, según descubrieron después, había sido ofrecido a ambas con apenas un mes de diferencia.Esto contestó la señaladaSéptimo Día buscó a Nidia Amparo Rincón para preguntarle por los señalamientos. La mujer calificó las acusaciones como “una mentira”. Frente a la existencia de más de 100 procesos judiciales en su contra en los juzgados de Duitama, sostuvo que “todos esos procesos no están activos. Sí, estuvieron, pero ya se arreglaron” y agregó que otros casos se encuentran actualmente en etapa de transacción.Sobre el caso de Rogelio Barrera, admitió que hipotecar un bien ya comprometido en anticresis fue una falta: "Hay que solucionarle a él...". Asimismo, afirmó que para solucionar el caso de otros afectados, ha propuesto la entrega de lotes de terreno. Aunque reconoce que no poseen licencias de construcción: "Nadie le está diciendo que ahí puede construir... son para que los vendan".Luego, expresó un mensaje de arrepentimiento al declarar: "Yo les pido disculpas y que me perdonen si de todas maneras los herí, los engañé". Por su parte, su abogado defensor, Edwin Fernández Acosta, reconoció que Rincón "se equivocó" y calificó los hechos como "errores contractuales" que están intentando solucionar.Denuncias similares por contratos de anticresis en PastoEn Pasto, Nariño, otra mujer identificada como Esmeralda Liliana Villota enfrenta al menos 28 denuncias ante la Fiscalía por delitos como estafa en menor cuantía, falsedad en documento público y abuso de confianza.Ángela Patiño, regente de farmacia, entregó 44 millones de pesos tras años de ahorro con la esperanza de tener una cuota inicial para su casa propia. Relató que "como no me alcanzaba para comprar mi propio apartamento, yo dije: 'No, pues voy a tratar de ahorrar para poder anticresar, luego así tener la cuota inicial'".La mujer terminó viviendo en un apartamento que Villota había alquilado a la familia de Janeth Melo. Cuando la verdadera administradora reclamó el pago del arriendo, Villota respondió: "La señora con toda la frescura dijo: 'No solo a ustedes les debo, a muchas personas. Yo le voy a pagar a usted, doña Janeth. A usted le voy a devolver su dinero'". Hoy, Ángela enfrenta una orden de restitución judicial.El vacío legal de la anticresisLa anticresis es una figura legal regulada por el artículo 2458 del Código Civil colombiano, que permite a un acreedor gozar de los frutos de un bien raíz que se le entrega para pagar una deuda. No obstante, expertos como el abogado Jorge Orlando León y legisladores como el senador Jairo Alberto Castellanos advierten que la falta de actualización de esta norma, que data de hace un siglo, facilita este tipo de abusos. Castellanos señaló: “Seguramente el Congreso tiene que entrar a legislar, porque ya son muchos casos en los cuales gente de bien viene siendo perjudicada". Por ahora, las víctimas en ambas regiones del país esperan justicia y la recuperación de sus ahorros.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.

Miguel Maza Marquez

El exdirector del DAS cumplió 12 años y 3 meses de condena y quedará bajo periodo de prueba por un poco más de 11 años.

El oficial en retiro, quien purga una condena por su participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán, incumplió de manera grave su obligación de hacer aportes significativos de verdad ante la JEP.

Las declaraciones de renta muestran que el exdirector del DAS disminuyó abruptamente su patrimonio justo cuando el Consejo de Estado le ordenó pagar una millonaria indemnización a las personas que estuvieron injustamente encarceladas por el magnicidio de Galán.

El próximo 26 de marzo, el exdirector del DAS entregará su primera versión sobre su participación como miembro de la fuerza pública en estos hechos.