El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
La Fiscalía General de la Nación reveló una investigación por un presunto patrón de explotación y violencia sexual contra niñas indígenas de la comunidad Jiw en Puerto Concordia, Meta. De acuerdo con el ente investigador, las víctimas tendrían entre 12 y 15 años y pertenecerían a los resguardos Caño La Sal y Luna Roja. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y 2026.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAPor estos casos fueron capturados Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía, quienes son señalados por las autoridades de estar relacionados con estas conductas.Fiscalía investiga cuatro casos de niñas indígenasLos elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación apuntan, preliminarmente, a cuatro víctimas. Según la Fiscalía, las menores habrían sido inducidas al consumo de sustancias tóxicas y posteriormente sometidas a agresiones sexuales, aprovechando presuntamente su estado de indefensión.El ente investigador señaló que las condiciones de vulnerabilidad de las niñas estarían relacionadas con situaciones de desplazamiento, dificultades socioeconómicas y barreras territoriales que afectan a integrantes de la comunidad Jiw. La investigación busca establecer además si existen otras víctimas y determinar la responsabilidad individual de las personas señaladas.Dos menores fueron encontradas durante los operativosLas capturas se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes inmuebles de Puerto Concordia.Durante uno de los procedimientos fueron encontradas dos menores de edad indígenas, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el correspondiente proceso de restablecimiento de derechos.Una fiscal de la Seccional Guaviare presentó ante un juez a los cuatro capturados y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los cuatro procesados no aceptaron los cargos. La Fiscalía informó que la investigación continúa con el propósito de establecer si hay otras posibles víctimas y esclarecer completamente los hechos.Delitos sexuales en cifras, durante 2026Según las cifras del Observatorio de Violencia, en lo corrido de 2026 (preliminarmente) ya se han reportado 9.600 casos de presuntos delitos sexuales ante el Instituto de Medicina Legal. El sexo de las víctimas, en su mayoría, es femenino (8.384 casos). Por otro lado, los hombres figuran como víctimas en 1.216 registros. Sobre el grupo etario más afectado, la adolescencia concentra el 45 % de los reportes. El grupo de la infancia le sigue con 22 % de los registros (menores que van de 6 a 11 años).María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Una menor de dos años en Caldas falleció este 20 de septiembre por muerte cerebral. Dos días después, la Fiscalía General de la Nación reveló que la madre y el padrastro de la pequeña fueron judicializados por este hecho. El ente judicial investigó los hechos que presuntamente condujeron al fallecimiento de la niña y reveló los pormenores de este caso.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAY es que la pareja es señalada de haber cometido graves agresiones y maltratos contra la niña de dos años en La Dorada (Caldas). Dichas acciones presuntamente desencadenaron la muerte cerebral de la niña y su posterior fallecimiento. La Fiscalía General de la Nación compiló elemento material probatorio y se refirió a su tesis investigativa.¿Cómo habría fallecido la menor de edad en Caldas?De acuerdo con la investigación del ente judicial, la pareja llegó hasta un centro asistencial con la niña inconsciente el pasado miércoles 16 de septiembre. Allí argumentaron que la menor se había golpeado la cabeza, según lo recopilado por los funcionarios. Debido a su condición de gravedad, la menor de edad fue sometida a una cirugía. Lamentablemente, la infante falleció por muerte cerebral el pasado 20 de septiembre. El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal reportó que la niña también tenía varios hematomas en todo su cuerpo, así como cicatrices por quemaduras y signos de desnutrición.La menor estuvo protegida por el ICBF hasta diciembre de 2025Una vez inició la investigación para averiguar qué habría podido ocurrir con la niña, los funcionarios obtuvieron testimonios y otros elementos materiales probatorios que darían muestra de posibles episodios de violencia intrafamiliar que presuntamente vivió la menor de forma reiterada. Al parecer, sus otros dos hermanitos (cuya edad es desconocida) también habrían sufrido de esta condición de su entorno.Además de eso, la Fiscalía también pudo establecer que la menor fue objeto de intervención previa por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y permaneció bajo protección de esa entidad desde los dos meses hasta diciembre de 2025.Un fiscal de la Seccional Caldas les imputó los cargos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada. Los cargos no fueron aceptados y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.Los menores asesinados en 2026: cifra va en aumento a comparación de 2025De acuerdo con los datos de Medicina Legal, de enero a junio de 2026, 339 menores de edad han sido víctimas de homicidio en Colombia. El grupo etario que más casos registra corresponde al de la primera infancia, cuya edad comprende entre los 0 y 5 años, con 120 registros de asesinatos cometidos. La cifra ha registrado un aumento en comparación con 2025. Y es que en el primer semestre del año pasado había registro de 313 casos, 26 menos que este año.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Fundación Santa Fe de Bogotá entregó en la tarde de este martes 22 de septiembre el primer comunicado oficial sobre el estado de salud del reconocido periodista Yamid Amat Ruiz, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa institución médica.Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con el documento, divulgado a solicitud de la familia, el periodista se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado. “Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario”, indicó la Fundación Santa Fe de Bogotá en el comunicado firmado por Adolfo Llinás Volpe, director médico corporativo de la institución.La información oficial precisa que Yamid Amat permanece bajo atención en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, el comunicado no entrega detalles adicionales sobre la condición que llevó a su hospitalización ni sobre el tratamiento específico que está recibiendo.Esta es la primera información oficial entregada por la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la situación médica de Amat.En el comunicado, la institución también explicó que cualquier nueva información relacionada con la salud del periodista será entregada de acuerdo con la evolución de su condición y contando previamente con la autorización expresa de sus familiares.Yamid Amat, el maestro de los periodistasYamid Amat Ruiz es uno de los periodistas con una amplia trayectoria en los medios de comunicación colombianos. A lo largo de su carrera revolucionó la radio y prensa, donde se ha destacado por sus entrevistas y por su participación en diferentes espacios informativos.El periodista fue el primer director de Noticias Caracol y también fundó y estuvo al frente del noticiero CM&. En radio, es reconocido por haber creado el formato de 6:00 de la mañana a 9:00 de la mañana en Caracol Radio.Su recorrido también incluye el trabajo en prensa escrita. Durante varios años tuvo la columna ‘Juan Sin Miedo’ en el diario El Espacio y realizó entrevistas para El Tiempo, publicaciones en las que consolidó parte de su trayectoria periodística.Nacido en diciembre de 1941, Yamid Amat ha dedicado buena parte de su vida al ejercicio del periodismo y se convirtió en una figura reconocida hoy en día como el maestro de los periodistas en Colombia.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El huracán Polo, que alcanzó en la madrugada de este martes 22 de septiembre la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, se desplaza lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano, y mantiene el pronóstico de lluvias intensas en estados del occidente de ese país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 09:00 hora local, el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Polo presenta vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de hasta 325 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora. El fenómeno alcanzó la máxima categoría después de intensificarse aceleradamente durante las últimas horas. Al mediodía del lunes era todavía un huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que, con la información disponible, no se prevé que Polo impacte directamente en tierra, sino que continúe bordeando las costas del Pacífico, y pidió a la población de Jalisco, Colima y Michoacán mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil ante las lluvias intensas. “Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra”, señaló.La amplia circulación de Polo provocará en las próximas horas lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur, suroeste y costa de Jalisco. También se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero, y de hasta 60 kilómetros por hora en Jalisco y Colima.El huracán generará además oleaje de entre cinco y seis metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y de hasta 2,5 metros en Jalisco. Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.Ante la intensidad del huracán, los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán han suspendido sus clases el 22 y 23 de septiembre. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dispuesto en puntos estratégicos a 1.320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 1 vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y 1 helicóptero.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
No cesan los problemas en el Deportivo Pereira, siendo el motivo, los incumplimientos en los salarios a los jugadores del plantel. Esta fuerte denuncia la realizó en las últimas horas, de este martes 22 de septiembre, la Acolfutpro.Y es que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales no para en sus esfuerzos por hacer cumplir los derechos que tienen los jugadores como trabajadores en los distintos clubes del balompié colombiano. De velar porque se le cumplan sus obligaciones a cabalidad. Así las cosas, desde la Acolfutpro emitieron un nuevo comunicado presentando la realidad económica del elenco 'matecaña', que cada vez se agranda más. En esta oportunidad reveló el adeudamiento de salarios al plantel profesional, correspondientes al pasado mes de agosto. "Una vez más denunciamos los incumplimientos del Deportivo Pereira frente a sus obligaciones laborales con el plantel de futbolistas profesionales. Actualmente ese club, afiliado a la Dimayor, adeuda los salarios correspondientes al mes de agosto, sumado al impago de la liquidación laboral a varios futbolistas que ya finalizaron su contrato", se leyó en primera instancia en el informe divulgado en sus plataformas digitales. A renglón seguido, desde la agremiación le volvieron a solicitar a la Superintendencia de Sociedades para que emita la declaración de liquidación judicial al Pereira, debido a los impago de salarios y liquidaciones, mismas que ya se habían acordado y preestablecido. "Ante esta situación insostenible, reiteramos nuestra solicitud a la Superintendencia de Sociedades para que emita la declaratoria de liquidación judicial. Al estar admitido desde enero en un Acuerdo de Reorganización (Ley 1116 de 2006), el impago de salarios y liquidaciones constituye un incumplimiento grave de sus «obligaciones post acuerdo»", añadieron. Por último, la Acolfutpro sostuvo que el 'grande matecaña' es un equipo que vulnera constantemente los derechos laborales de los futbolistas. "El Pereira es un club inviable que vulnera, abierta y sin pudor, los derechos laborales de los futbolistas profesionales, en una línea de comportamiento basada en la explotación y en el fraude a los principales protagonistas en la industria del FPC", terminaron por decir en el comunicado. ¿Cuándo juega el Deportivo Pereira en la Liga BetPlay II-2026?El calendario del fútbol indica que el siguiente reto del elenco que dirige Arturo Reyes será este sábado 26 de septiembre cuando reciban a Internacional de Bogotá, en cumplimiento de la fecha doce del presente campeonato.
