Colombianos han denunciado agobiantes situaciones con sus arrendatarios que terminan, en muchas ocasiones, siendo protagonistas de casos mortales. En esta recopilación de casos de Séptimo Día, vea historias estremecedoras desatadas tras solicitar pagos oportunos o sencillamente una convivencia pacífica.“Uno arrienda para beneficiarse y resulta que termina siendo el perjudicado”, así resumen varios arrendatarios la pesadilla en la que se les ha convertido alquilar sus casas o apartamentos en Colombia. Mientras en algunos casos los inquilinos son incumplidos para hacer los pagos del arriendo y hasta dejan de pagar durante años, en otros hay quienes cruzan barreras, agreden a los propietarios, se convierten en enemigos bajo el mismo techo y terminan siendo acusados por homicidio.Los afectados por deudores morosos se sienten desprotegidos y sin herramientas eficaces, pues ley 820 de 2003 en Colombia exige un proceso judicial para desalojar a un inquilino, incluso si no paga, lo que puede tardar años. Pero en otros casos, más allá de lo económico son varias vidas las que han estado en riesgo.Séptimo Día conoció en 2024 casos en los que inquilinos han matado a los propietarios de viviendas que decidieron alquilar habitaciones dentro de su casa con el fin de obtener ingresos extra. Entre ellos, se cuentan Marta Cecilia, en Medellín; María Victoria, en Cali y Lina, en Cundinamarca.Mujer asesinada en MedellínMarta Cecilia Puerta, de 68 años, fue brutalmente asesinada por Lilia Salcedo, una mujer llanera que llevaba más de dos años viviendo como inquilina en la misma casa.Un día las autoridades descubrieron el cuerpo de Marta con signos de violencia en la cocina y envuelto en bolsas. Por ello, durante la investigación el cuarto de Lilia Salcedo fue inspeccionado. “Los colchones, todo estaba manchado de sangre y todo estaba mojado, eso fue que ella le boleó cepillo”, aseguró el esposo de la víctima.Aparentemente, la mujer no tenía un perfil criminal. Sin embargo, Álvaro se percató de otro detalle que alertó a las autoridades: “Empezó muy cumplida con el arriendo y ya a lo último llevaba tres meses sin pagar”, afirmó. Por ello, la familia de la víctima y la comunidad la señalaron de lo ocurrido.De acuerdo con la investigación, el móvil aparente fue evitar pagar el arriendo.Inquilino asesino en CaliEn Cali, Valle de Cauca, en febrero de 2024 María Victoria Loaiza fue brutalmente asesinada por su arrendatario frente a su hijo Freddy, de 27 años y quien también resultó gravemente herido. La mujer recibió más de 20 heridas con un cuchillo y su hijo, un joven con parálisis cerebral, la vio morir a manos de un inquilino llamado Alejandro Trullo Salas.Freddy recibió más de 20 heridas con arma cortopunzante, fue hospitalizado 11 días en UCI, y quedó con afectaciones permanentes en su voz y condición física. El joven dice que quisiera borrar ese día de su mente, devolver el tiempo y no haber confiado en un extraño. "Un error grave, un error que no me voy a perdonar nunca”, añadió.Entre tanto, el agresor fue retenido por la comunidad y, posteriormente, judicializado.Vecino obsesionadoEl 30 de diciembre del año 2023, Lina Gamboa, de 36 años, llegó hasta el hospital Santa Matilde, de Madrid, Cundinamarca, con heridas de alta gravedad en el cuello. Aunque sobrevivió, quedó con secuelas físicas y neurológicas.Como en los casos mencionados anteriormente, en el de Lina su atacante también era un inquilino bajo el mismo techo: Jair Antonio Orjuela, quien llevaba tres meses como arrendador y, según las denuncias, había desarrollado una obsesión enfermiza con ella.Aunque fue capturado el mismo día, Jair fue dejado en libertad dos días después, lo que generó temor y frustración en la víctima y su familia.La investigación de Séptimo Día reveló que los agresores suelen ganarse la confianza de sus víctimas que, por necesidad económica y falta de verificación de antecedentes, terminan abriéndole las puertas de su casa a un sinnúmero de peligros.
Leidy Johanna Soto, madre de cuatro hijos, desapareció misteriosamente en Cali, Valle del Cauca, el 22 de mayo de 2019. Días después, su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición flotando en el río Cauca, cerca de Chinchiná, Caldas. Desde entonces, las autoridades emprendieron una intensa búsqueda para dar con el responsable de este atroz crimen. El Rastro reconstruyó el caso. La mujer de 34 años salió de su casa y nunca regresó. "Los niños me llamaron como a las 11 y me dijeron: 'mi mamá nos dejó encerrados, nos preparó el desayuno, cogió las llaves y dijo que ya venía'", recordó Rubiela Muñoz, mamá de la víctima.El día de su desaparición, Leidy dejó a sus hijos solos en casa con la promesa de que regresaría pronto. Incluso, le dijo a su madre que antes del mediodía pasaría a verla para ayudarla a sacar unas citas médicas.Tiempo después, uno de sus hijos llamó a su abuela al ver que su madre no volvía. Fue entonces cuando la familia se alertó, pues Leidy no respondía el celular, y todos coincidían en que no era habitual que se ausentara sin avisar, mucho menos dejando a sus hijos solos. "Ella nunca desaparecía ni dejaba solos a sus hijos. Cuando me avisaron, todo fue un caos", contó Angélica Montero, tía de Leidy.¿Qué pasó con Leidy Johanna Soto?Las autoridades iniciaron la búsqueda de Leidy y, para ello, no solo recopilaron testimonios de vecinos, sino que también comenzaron a interrogar a su círculo más cercano. Uno de los primeros en ser contactados fue John Alexander, su expareja y padre de sus cuatro hijos, con quien compartió casi 18 años de relación.La relación comenzó a deteriorarse después de que Leidy se sometiera a una cirugía bariátrica. Con el cambio físico, ella empezó a recuperar su confianza y autoestima, lo que, según su familia, desencadenó una serie de episodios de celos por parte de John. La situación se volvió insostenible y, en 2017, Leidy decidió separarse de él.Sospechosos en la desapariciónTras la desaparición, John Alexander aseguró que hacía mucho tiempo no tenía contacto con Leidy y sugirió a la Policía que investigaran a su nueva pareja. Esta afirmación sorprendió a la familia, que no tenía conocimiento de que Leidy tenía un nuevo romance.Yesid López Medina, de 30 años, era la nueva pareja de Leidy, con quien llevaba cuatro meses de relación y estaba planeando mudarse con él. Desde el inicio de la investigación, las autoridades notaron que Yesid participaba activamente en la búsqueda, lo que en un principio no despertó sospechas.Desde entonces, tanto la expareja de Leidy como su nuevo novio se convirtieron en los principales sospechosos de su desaparición. Sin embargo, Yesid López declaró que siempre le resultó extraño que Leidy no lo presentara oficialmente a su familia. "Ella nunca me llevaba a la casa de su mamá y yo me preguntaba: '¿si soy su pareja, por qué me deja en la esquina?'”, relató y aseguró que Leidy le confesó que no hacía pública la relación por miedo a la reacción de John Alexander, su expareja."La tiraron al río”Una semana después de la desaparición, la hermana de Leidy recibió un mensaje anónimo que confirmaba lo peor: "A su hermana la mataron y la tiraron al río Cauca", se leía en el texto.Al día siguiente, un pescador alertó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en el río Cauca. Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible identificarla de inmediato. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se solicitó la presencia de familiares de personas desaparecidas. Fue entonces cuando Diego, hermano de Leidy, confirmó que se trataba de ella. "Son imágenes que uno quisiera borrar de la cabeza. Tenía la misma ropa con la que había salido de la casa, un anillo y era de ella. Ya la habíamos encontrado".Taxi fue clave en la investigaciónUna testigo del barrio Naranjos le informó a las autoridades que el día de la desaparición vio a Leidy discutiendo con un taxista. La descripción física del hombre coincidía con la de John Alexander, su expareja. Al avanzar en la investigación, los agentes descubrieron que él había comenzado a trabajar como taxista utilizando una identidad falsa.En su declaración, Yesid López aseguró que, días antes de la muerte de Leidy, su exesposo había comenzado a comportarse de forma extraña. Incluso relató que en una ocasión un taxi intentó atropellarlo. “Ella me dijo: ‘Ese es Alexander’”, declaró Yesid.Ante esta versión, la Policía decidió rastrear el vehículo, que fue hallado abandonado en un taller mecánico. Tras realizar las pruebas forenses correspondientes, encontraron rastros de sangre en el interior, lo que reforzaba la hipótesis de que John Alexander estaba detrás del crimen.“El carro fue revisado para ver si tenía alguna falla. La persona que lo trajo no se identificó. Normalmente, el carro venía sucio y olía mal, pero ese día estaba limpio por dentro y por fuera, y olía bien. Recién lavado”, aseguró Angélica Villota, propietaria del taller. Esta fue justamente la pista que las autoridades siguieron y, al revisar el vehículo con elementos especiales, encontraron en él residuos de sangre, por lo que la expareja de Leidy fue identificada como responsable e iniciaron su búsqueda. Condena del responsablePara ese momento, John Alexander se escondía en una zona rural de Corinto, Cauca, un área de difícil acceso por la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, tras la interceptación de una llamada, el 15 de octubre de 2019 (cinco meses después del homicidio de Leidy) fue capturado y señalado como el responsable de este atroz crimen.En enero de 2020, aceptó la responsabilidad de los hechos y fue condenado a 35 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio. “Espero que se arrepienta, le pida perdón a Dios y a sus hijos porque hizo un daño muy grande”, dijo una familiar de la víctima.
Lo que debía ser una jornada de aprendizaje y celebración un mes antes de su graduación terminó en una tragedia que marcó para siempre la vida de decenas de familias. El 5 de octubre de 2024, un grupo de estudiantes de la Corporación Educativa Nacional CEN, en Bogotá, realizó una salida pedagógica hacia la zona rural de Bojacá, en Cundinamarca. Lo que nadie imaginaba era que ese viaje terminaría en un accidente fatal que dejó cinco estudiantes muertos, 21 heridos y una serie de interrogantes sobre la responsabilidad institucional y la cobertura del seguro estudiantil. Séptimo Día investigó.María José Romero, María Alejandra Blanco, Isabel Natalia Franco y Paula Andrea Londoño compartían no solo una amistad muy cercana, sino también la pasión por su carrera de auxiliares de veterinaria. A solo un mes de graduarse, salieron de la sede de la Corporación CEN en Barrios Unidos, Bogotá, rumbo a Bojacá.A las 7:00 a.m. comenzó el recorrido. A las 8:50 a.m., en la vía entre La Mesa y Mosquera, los estudiantes notaron que algo no andaba bien. El bus iba a alta velocidad, y algunos alertaron al conductor. “Empezó a oler a quemado y ya fue cuando en la siguiente curva nos volcamos”, relató una de las sobrevivientes.El vehículo se volcó por el lado izquierdo, se arrastró diez metros y chocó con un muro de contención. El patrullero Brian Acosta, de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, fue el primero en llegar: “Había muchas personas con muchos traumatismos en diferentes partes del cuerpo y nos informaban que se encontraban otras sin vida”.Falla mecánica, hipótesis del siniestroSegún el coronel Jonathan Sandoval, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, la causa del siniestro fue una falla mecánica, “al parecer en los frenos”. La empresa de transporte Trans City Tour, responsable del bus, se abstuvo de dar declaraciones a Séptimo Día tras consultar por lo sucedido: “Nos abstenemos de emitir cualquier tipo de declaración reiterando que los hechos mencionados son objeto de investigación”.Mientras las ambulancias trasladaban a los heridos, la noticia del accidente se propagaba rápidamente en redes sociales y medios de comunicación nacionales. Algunos padres se enteraron por llamadas inesperadas. “A las 12 del día recibí una llamada que nunca uno quiere recibir”, contó una madre. Otro padre relató: “Llamé, para sorpresa mía me contestó un teniente de la Policía, me dijo ‘encontré el celular de ella en el piso, la buseta se accidentó’”.Ambos corrieron al Hospital de Mosquera con la esperanza de encontrar a sus hijas con vida. No fue así. Ellas estaban entre las víctimas fatales que dejó el siniestro.Dura realidad de los sobrevivientes del accidenteMaría José, de 23 años, sobrevivió, pero quedó cuadripléjica. Su vida cambió para siempre. Como ella, otros estudiantes enfrentan secuelas físicas y emocionales graves, pero el dolor no terminó con el accidente. Las familias denuncian que el seguro estudiantil no respondió como ellos esperaban.“Todavía hay muchos vacíos, no sé a quién le compete responder, desde que llegamos a Bogotá fue por la EPS, los gastos aparte siempre han sido de nuestro bolsillo, de la ayuda de la familia”, relató una madre de los sobrevivientes.La IPS CAFAM, donde fue atendida María José, confirmó que la atención fue asumida por la EPS, no por el seguro estudiantil.¿Qué pasó con el seguro estudiantil?Los padres esperaban que la póliza contratada por la Corporación CEN cubriera los gastos médicos y funerarios. Sin embargo, según sus denuncias, esto no fue así.Los padres de familia señalan errores por parte de la institución educativa.“Ha sido dificultoso porque se supone que mi póliza no tiene validez en ningún lado y no entiendo por qué”, dijo una estudiante.El abogado César Fuentes, representante de una de las víctimas, explicó: “No podían acceder a las coberturas de ese seguro porque no tenía vigencia para el hecho dañoso. La atención se realizó en principio a través de la póliza SOAT expedida por la aseguradora La Previsora, ellos fueron los que atendieron todo el tema de gastos y posteriormente, una vez se agota esa cobertura, se inicia la atención a través de la EPS”.El drama que viven familias de las víctimasUna de las familias afectadas relató que tuvo que hacer una colecta para cubrir los gastos funerarios. Un mes de la trágica partida de su hija recibieron por parte de Seguros de Vida del Estado el valor de la indemnización por su muerte, todos, según dicen, gracias a un trámite que ellos mismos gestionaron.Las familias coinciden en que no hubo claridad sobre la activación de la póliza. Al consultar en la página web de la aseguradora, descubrieron que los carnés del seguro aparecían como vigentes solo cuatro días después del accidente.La respuesta de la institución educativaDiana Puche, rectora de la Corporación Educativa Nacional CEN, reconoció ante Séptimo Día: “Ha sido un error, en el momento no podría llegar a establecer en esos momentos de quién puede llegar a ser el error”.Según documentos enviados por la rectora, la póliza sí estaba vigente y cubría para el momento del accidente a las víctimas y fue contratada con Seguros de Vida del Estado. Asegura que la institución gestionó su activación por diferentes canales. Sin embargo, las familias insisten en que nunca contaron con esa cobertura activa.“No sé qué pasó en relación a por qué en la base pública apareció una información diferente a la consignada, en estos momentos la verdad que me entero por ti, entonces la verdad no me he equivocado ni nosotros”, afirmó la rectora.Séptimo Día también consultó a Seguros de Vida del Estado. La compañía no accedió a una entrevista, pero respondió mediante un comunicado: “Por respeto a la confidencialidad de la información nos resulta improcedente pronunciarnos pública y específicamente sobre trámites individuales”.Finalmente, y a pesar de las denuncias, la corporación CEN insiste en que las denunciantes ya recibieron respuesta a la reclamación y que las personas que no han obtenido cobertura son por falta de los requisitos exigidos por la aseguradora, pero nunca por la no activación o ausencia de la póliza. Sin embargo, las familias siguen exigiendo respuestas claras para cada uno de sus casos.
En Colombia, cada vez más personas tienen mascotas en sus hogares y son consideradas un integrante importante de la familia. Por esta razón, su salud se convierte en una prioridad para sus cuidadores. No obstante, Séptimo Día conoció las denuncias de colombianos que aseguran que un falso veterinario atendió a sus mascotas y, en los peores casos, estas perdieron la vida.Denuncias contra falso veterinarioVarias familias en Cali y Bogotá se declararon destrozadas por la crueldad a la que fueron sometidas sus mascotas por falsos profesionales.En 2021, Alexander Peláez sintió un vínculo inigualable con Thor, un pastor alemán que se convirtió en parte fundamental de su vida. “Cualquier mascota trae mucha alegría y, estando en soledad, con el animal se genera una interacción muy fuerte”, aseguró.En medio del confinamiento por la pandemia, la salud de Thor empeoró inesperadamente. Angustiado, su cuidador buscó en internet una veterinaria que pudiera atender de urgencia al animal.“Me dijo que se llamaba Miguel Ángel Parrado, que era indispensable para poder dar un diagnóstico tomar una ecografía y el diagnóstico que dio es que el cachorro había tragado un cuerpo extraño. Me dijo que era necesario hacer una cirugía”, reveló.Aunque la cirugía preocupaba a Alexander, creía que era lo necesario para que su cachorro de ocho meses se recuperara. El pago por el procedimiento fue de 850 mil pesos. “Yo tenía fe y confianza de que estaba tratando con un profesional veterinario”, dijo.(Lea también: Ojo con los falsos veterinarios: este hombre perjudicó mascotas de varios colombianos)Al percatarse de que “no había ningún cuerpo extraño”, el veterinario señaló que se trataba de un coágulo de sangre. Al día siguiente, el cachorro se encontraba en malas condiciones. Alexander mencionó que realizó reiteradas llamadas al doctor con el fin de que este respondiera por los hechos, pero no contestó. Thor falleció en su casa en horas de la tarde.En medio de un inmenso dolor, Alexander tenía claro que su perro murió como resultado de la operación que, según su testimonio, el veterinario hizo sin ningún protocolo. “Si no se realiza el procedimiento de la manera en que se realizó el animalito no hubiera perdido la vida”, insistió.Alexander decidió interponer una denuncia contra Miguel Ángel Parrado por los delitos de estafa y maltrato animal. La Fiscalía reveló que este no era el primer caso de denuncia contra el señalado falso veterinario.Una mujer también denunció a este sujeto luego de que le suministrara cuatro medicamentos a su perrito Anuel, un yorkie de apenas seis meses. La dueña de la mascota afirmó que, casi de manera inmediata, la salud de su perro empeoró luego de este procedimiento. “Empieza a temblar, saltar, vomitar; le miro su carita y la lengua sale por un lado de su hocico y los ojos los tenía desorbitados”.De inmediato, la mujer buscó a otro veterinario para que revisara a su perro, ya que Miguel Ángel indicó que no regresaría al lugar para revisar al cachorro, pese a que el estado de salud de Anuel era complicado.Gracias a la pronta atención de otro veterinario, lograron salvar al cachorro, que había sufrido una gripe y no un glaucoma como el falso veterinario había indicado.(Lea también: Justicia para Luna: hombre fue judicializado por abusar de una perra)La respuesta del señaladoSéptimo Día descubrió que Miguel Ángel Parrado no solo estaba denunciado por las familias que aseguraron que atendió a sus mascotas, afectándolas o, en el peor de los casos, provocando su muerte, sino que también tenía una denuncia por suplantación de identidad.Tras las denuncias, las autoridades realizaron en marzo de 2024 un allanamiento en la veterinaria Vertebrata, en Cali, durante el cual Miguel Ángel fue señalado y capturado por el delito de falsedad en documento. Sin embargo, ese mismo día fue dejado en libertad.Un equipo periodístico de Séptimo Día llegó a las instalaciones donde Miguel Ángel seguía operando como veterinario para conocer su versión sobre los hechos. El hombre aseguró que estaba trabajando ahí “porque soy el propietario de la clínica”.Agresiones al equipo de Séptimo DíaAnte las preguntas de la periodista de Séptimo Día, Miguel Ángel, bastante alterado, decidió responder de manera negativa y tanto él como sus colaboradores atacaron al equipo de este programa.En las imágenes se puede ver al veterinario empujando y agrediendo al equipo periodístico. Asimismo, los periodistas quedaron atrapados dentro de la veterinaria en contra de su voluntad, mientras los trabajadores exigían el material grabado.(Lea también: Hombre fue capturado tras arrojar a pitbull desde edificio, pero quedó en libertad bajo supervisión)Gracias al llamado de los vecinos de la zona a las autoridades, el equipo de Séptimo Día logró salir del lugar. Al día siguiente, tras un allanamiento, la Policía aseguró que se encontraron varias irregularidades. “Se incautaron medicamentos vencidos y en mal estado. Este establecimiento no tiene autorización para prestar servicios de salud animal”, mencionaron, y por esta razón cerraron el este sitio.Pese a que Séptimo Día intentó buscar de nuevo a Miguel Ángel para que diera su versión de los hechos, este no aceptó.Para muchos colombianos, el engaño de falsos veterinarios se ha incrementado debido a la falta de seguimiento, vigilancia de las autoridades y a la ausencia de acciones contra estos trabajadores."Secuestro simple" “Nos encerraron, eso fue tipificado por la Fiscalía como un secuestro simple, porque no me dejaban salir. Luego dicen que nos dejan salir si les entregamos el material que habíamos grabado y ahí yo me asusto mucho porque el material grabado es tu soporte para todo, no solo para la investigación, sino para el proceso que se venía. Nos habían secuestrado y yo cómo iba a demostrar eso. Cuando llegó la policía yo les dije que me abrieran la puerta porque estaba contra mi voluntad y eso era un secuestro simple. Nos dejan salir, el tipo se esconde", recordó la periodista Laura Hincapié en el pódcast Presunta Pola.Vea el capítulo completo de Séptimo Día aquí:
Se conoció la identidad de los cuatro miembros de una familia en el municipio de Aguazul, Casanare, que fueron hallado sin vida al interior de una vivienda en zona rural de esta zona del país el pasado 27 de julio de 2025. Uno de los propietarios de la finca se comunicó con las autoridades y dijo que encontró a su mayordomo, la esposa y los dos hijos de la pareja sin vida.Cuando las autoridades llegaron hasta el lugar se encontraron con los cuerpos sin vida en una de las habitaciones del lugar. Las víctimas tenían 2 años, 8 años, 24 años y 46 años.¿Quiénes eran los miembros de la familia hallada muerta?Los cuatro fallecidos fueron identificados como Andrea Alejandra Samacá Rodríguez, de 24 años; su pareja Rafael Estrada Granados, de 46; y sus dos hijos, Evelyn Dayana Estrada Samacá, de 5 años, y Damián Alejandro Estrada Samacá, de 2 años y 8 meses. Ninguna de las cuatro víctimas mortales presentaba heridas ni signos de violencia. La habitación en donde fueron encontrados estaba ordenada y no había rastro de algún tipo de pelea o alteración al orden dentro del sitio.Hasta el momento, una de las hipótesis del crimen es que la pareja, luego de una discusión, consumió una sustancia tóxica y también se la suministraron a los menores de edad. Las autoridades confirmaron que dentro del lugar se encontraron rastros de dicha sustancia. Una fuente le dijo al diario El Tiempo que dentro de la habitación "había un olor a insecticida o algo parecido y uno de los cadáveres presentaba una espuma cerca de la boca".Sin embargo, esta hipótesis continúa siendo investigada por las autoridades. Hasta ahora, no hay evidencias sobre una tercera persona que haya cometido el crimen.¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?En Colombia, denunciar la violencia intrafamiliar es un paso fundamental para proteger a las víctimas y activar rutas de atención integral. Este tipo de violencia incluye maltrato físico, psicológico, verbal, económico o social dentro del núcleo familiar, y puede ser denunciado por la víctima, un testigo o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. Las denuncias pueden presentarse en las Comisarías de Familia, que son el primer punto de contacto para emitir medidas de protección y brindar orientación jurídica. También se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, a través de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), o a los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF). En casos urgentes, se puede llamar a la Línea 123, o a líneas especializadas como la 141 del ICBF, la 1455 para orientación jurídica, o la Línea Calma (01 8000 423 614), dirigida a hombres que buscan evitar ejercer violencia.Además de la denuncia, es crucial buscar apoyo psicológico. Las víctimas pueden acceder a atención gratuita a través de las Comisarías de Familia, el ICBF, hospitales públicos y organizaciones no gubernamentales. Estos servicios ofrecen acompañamiento emocional, terapia individual o familiar, y orientación para la reconstrucción del proyecto de vida.Buscar ayuda no solo protege a la víctima, sino que también contribuye a romper el ciclo de violencia. Hablar, denunciar y recibir apoyo son actos de valentía que pueden salvar vidas.(Lea también: Las dos hipótesis sobre crimen de comerciante asesinado en un local de Piedecuesta, Santander)CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La Fiscalía General de la Nación confirmó que este martes se encontró una fosa común en zona rural de Calamar, en Guaviare, con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos. El hallazgo se originó luego de una denuncia que mencionaba que las personas encontradas muertas habían sido citadas por parte del frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las Farc, que delinquen en esa región, por lo que se decidió activar mecanismos de búsqueda urgente el pasado mes de abril. De acuerdo con el reconocimiento preliminar de los familiares, se trata de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. La indagación de la Fiscalía permitió establecer que el 4 abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y, tres días después, también fueron llamadas las seis personas restantes, con el fin de ser “interrogadas” sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial.Días después, las ocho personas habrían sido trasladadas a un predio abandonado. Según la investigación, los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula del Eln en la región.Noticia en desarrollo...
Un vuelo de la empresa Japan Airlines tuvo una emergencia mientras cubría la ruta Shanghái, China, con destino a Tokio, capital de Japón. Los miembros de la tripulación hicieron descender las máscaras de oxígeno al precipitarse por los aires cayendo casi 26.000 pies.El hecho ocurrió el lunes 30 de junio en un avión que opera bajo un acuerdo de código compartido entre Japan Airlines y su filial de bajo costo, Spring Japan. Había 191 pasajeros y tripulantes a bordo del avión cuando este sufrió un problema mecánico. La aeronave descendió rápidamente desde aproximadamente 36.000 pies a poco menos de 10.500 pies en 10 minutos.El vuelo, identificado como el JL8696/IJ004, salió del Aeropuerto de Shanghai Pudong en China con destino al Aeropuerto de Tokio Narita en Japón. Los pasajeros temían que el avión se estrellara cuando se liberaron las máscaras de oxígeno.Debido al rápido descenso de la aeronave el cambio de presión podía provocar que las personas a bordo perdieran el conocimiento, por esta razón descendieron las máscaras de oxígeno."Escuché un estruendo sordo y la máscara de oxígeno se cayó en cuestión de segundos. La azafata lloró y gritó que me pusiera la máscara de oxígeno, diciendo que el avión tenía una avería", declaró un pasajero a la agencia de noticias AP. “De repente, todas las máscaras de oxígeno se abrieron mientras dormía”, dijo otro.La carta de despedida ante el terrorOtro pasajero dijo estar a punto de llorar mientras escribía su testamento y anotaba los detalles de su seguro. Además de los números PIN de su tarjeta bancaria. Durante el descenso se activó una alerta que indicaba una anomalía en el sistema de presurización de la aeronave, según informó AP, citando al Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón y a otras autoridades.Por la emergencia no se reportaron personas heridas. El avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Kansai en Osaka, Japón. A los pasajeros se les ofreció una compensación de transporte de 15.000 yenes (93 dólares) y se les proporcionó una noche de alojamiento.Spring Japan publicó un aviso en su sitio web oficial, anunciando la cancelación de varios vuelos debido a ajustes en la capacidad operativa. Los vuelos cancelados incluyen vuelos de ida y vuelta entre Tokio y Shanghái programados para el martes y el miércoles. La misma ruta que cubría el avión de la emergencia.La aerolínea indicó que los pasajeros afectados por las cancelaciones podían optar por una nueva reserva gratuita a cualquier vuelo disponible dentro de la misma ruta operada por la aerolínea dentro de los 30 días posteriores a la fecha original del vuelo, o solicitar un reembolso completo dentro del mismo período de 30 días.Accidente de Air IndiaEl pasado 12 de junio se conoció del mortal accidente aéreo ocurrido en la ciudad de Ahmedabad, en India. El accidente dejó cientos de fallecidos y varios heridos. Entre las víctimas estuvieron todos los tripulantes de la aeronave con excepción de un tripulante que milagrosamente se salvó.Varias personas en tierra fallecieron debido al impacto del avión, que llevaba alrededor de cinco minutos en el aire antes de impactar contra el suelo. El Boeing 787-8 Dreamliner estalló en una bola de fuego cuando se estrelló momentos después del despegue, y los testigos informaron haber visto cuerpos gravemente quemados y restos dispersos.Tras el accidente aéreo, las autoridades indias pidieron a Air India revisar su flota Dreamliner, compuesta por 33 aeronaves. La Autoridad de Aviación Civil de la India (DGCA) informó que los primeros 24 aviones pesquisados no presentaban problemas técnicos. Agregó que Air India canceló en los últimos seis días, desde el momento del accidente, al menos 66 vuelos de Boeing 787.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El Gobierno de centroderecha de Portugal ha decidido emprender una reforma migratoria que, de ser ratificada por el Parlamento, transformará de manera significativa los caminos para acceder a la residencia y a la nacionalidad en ese país. Las medidas, aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros, suponen un cambio de enfoque respecto a las políticas que hasta ahora facilitaban la llegada y asentamiento de personas extranjeras, especialmente provenientes de países que no integran la Unión Europea, incluidos los colombianos. Con dicha propuesta legislativa, se busca frenar el flujo migratorio con una serie de restricciones que elevan las exigencias para regularizar la situación migratoria y para obtener la ciudadanía. La iniciativa incluye la modificación de cuatro marcos normativos clave, entre ellos, la Ley de Nacionalidad y la Ley de Extranjería.Fin de la ciudadanía por derechoEntre los aspectos más polémicos de la reforma se encuentra la eliminación del principio de 'ciudadanía por derecho' para hijos de migrantes nacidos en territorio portugués. En adelante, si la reforma es aprobada, para que un niño nacido en Portugal de padres extranjeros, por ejemplo, colombianos, acceda a la nacionalidad, será necesario que al menos uno de los progenitores haya vivido legalmente en Portugal durante un mínimo de tres años. Además, los padres deberán manifestar formalmente su deseo de que el menor obtenga la ciudadanía, lo que pone fin al carácter casi automático de este beneficio.Asimismo, también se busca incrementar los tiempos mínimos de residencia exigidos para solicitar la nacionalidad. En lugar de los cinco años actuales, los nacionales de países de habla portuguesa deberán acreditar una permanencia legal de al menos siete años. Para los ciudadanos de otras naciones, el período requerido sube a diez años, y este conteo solo comenzará una vez se haya obtenido el permiso oficial de residencia. Es decir que, en el caso de los colombianos el tiempo mínimo para poder tramitar la nacionalidad portuguesa sería de 10 años. Junto a estos requisitos, se suma ahora una evaluación de competencias que busca garantizar que el solicitante tenga un nivel adecuado de conocimiento del idioma, la cultura nacional, y el funcionamiento del sistema democrático portugués. Aunque no se han dado detalles precisos sobre cómo se validarán estos saberes, el portavoz del Ministro de Estado de Portugal, António Leitão Amaro, manifestó en una rueda de prensa que será una condición indispensable.Cambios en la reagrupación familiar Otra de las transformaciones profundas previstas tiene que ver con los procesos de reunificación familiar. Si se aprueban las nuevas normas, quienes deseen traer a sus familiares deberán haber residido legalmente en el país por al menos dos años. Además, se limita la posibilidad de iniciar este trámite desde dentro del territorio portugués únicamente a los menores de edad."Otros (casos de) miembros de la familia que no sean menores de edad sólo podrán ser analizados y aplicarse el reglamento familiar si se encuentran fuera del territorio nacional", subrayó el portavoz del Gobierno. De igual forma, se les exigiría a los interesados que cumplan con una serie de requisitos estrictos como: demostrar que se cuenta con medios económicos suficientes, una vivienda adecuada, y que no se depende de ayudas sociales del Estado.Angélica Yelithssa Morales C*Con información de EFE
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York retiró los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. El hombre también enfrenta cargos en Chicago de los que se declarará culpable el próximo miércoles 9 de julio.Guzmán López, detenido en una prisión en Chicago, informó a la Fiscalía federal de Nueva York que se declarará culpable en esa jurisdicción, tras lo cual Nueva York cerró su caso.“Deseo declararme culpable del cargo imputado, consentir a la disposición del caso en el Distrito Norte de Illinois en el que estoy detenido y renunciar al juicio en el distrito arriba mencionado”, dice en el documento, dirigido a la Corte de Distrito Sur de Nueva York, con fecha del 30 de junio.Se desconocen los detalles del acuerdo mediante el cual evita un juicio que pudo haberlo enfrentado a cadena perpetua a cambio de aceptar cooperar con las autoridades estadounidenses. No obstante, previo a la declaración de 'El Ratón', como se le conoce, 17 miembros de su familia llegaron a EE. UU. hace un mes, entre ellos su madre, Griselda López, y su esposa.Guzmán López, de 34 años, fue extraditado al país norteamericano en septiembre de 2023 por su participación en el Cartel de Sinaloa que cofundó su padre, quien cumple cadena perpetua en este país con Ismael 'El Mayo' Zambada, que también enfrenta cargos en Nueva York, donde está preso.El hijo de 'El Chapo' se declaró inocente en primera instancia de las acusaciones de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.Así fue capturado Ovidio GuzmánEra uno de los narcotraficantes más buscados por Washington por su participación en el tráfico de fentanilo y las autoridades de México lo arrestaron en enero de 2023, en medio de un violento operativo que dejó 29 muertos.'El Ratón' ya había sido detenido en 2019 en un hecho que se conoció como el "culiacanazo", un operativo fallido del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el que las autoridades lo capturaron, pero después lo liberaron por actos de terror del crimen organizado en Culiacán.El entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que “con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”, en respuesta a la incertidumbre por el paradero del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.Ahora, ya extraditado en Estados Unidos, el mexicano dio un giro para optar por declararse culpable y hay una audiencia en Chicago el próximo miércoles 9 de julio para presentar al juez de su caso los términos del acuerdo de culpabilidad con el que evita definitivamente el juicio.Está pendiente aún que su hermano Joaquín Guzmán López negocie por separado otro acuerdo de culpabilidad similar, también en Chicago.Joaquín llegó a EE. UU. en un vuelo privado con Zambada, uno de los narcos más esquivos de México. Aunque las circunstancias que rodearon ese vuelo nunca se aclararon del todo, parece que Joaquín entregó a Zambada como parte de su acuerdo con la Fiscalía.Agencia EFE
