En un contexto marcado por la angustia y el temor, en el municipio de Sipí, Chocó, dos explosiones de minas antipersona en menos de una semana han dejado un saldo de seis personas heridas.Las comunidades y las autoridades locales hacen un llamado urgente en medio de este panorama de violencia. La petición es puntal: iniciar de manera inmediata un desminado humanitario para salvaguardar la vida de los habitantes de la región.Mina antipersonal frustra el sueño de un joven de ser futbolista: duro relato de su mamáJairo Antonio, alcalde del municipio de Sipí, dijo en entrevista con Noticias Caracol que "es triste y lamentable lo que está sucediendo en mi territorio. En menos de ocho días se han presentado dos casos donde dos jóvenes han perdido sus extremidades y hoy la comunidad está en vilo, está en confinamiento, con zozobra y miedo porque no pueden ir a ejercer sus labores al campo".¿Quiénes están sembrando las minas en Sipí?El mandatario señaló que “según los reportes del comandante del Ejército, los que hacen presencia son dos grupos que disputa que disputan el territorio, el ELN y AGC (Clan del Golfo)”.Según un informe revelado por la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo, especialmente en el bajo San Juan, han hecho que estos grupos aumenten la instalación de minas antipersona, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, además del confinamiento y desplazamiento en los territorios.Se recrudece conflicto armado entre ELN y Clan del Golfo en Chocó: "Tenemos hambre y miedo"
En el municipio de Sipí en Chocó, dos explosiones de minas antipersonales en menos de una semana han dejado un saldo de seis personas heridas. Las comunidades y las autoridades locales hacen un llamado urgente en medio de este panorama de violencia para iniciar de manera inmediata un desminado humanitario para salvaguardar la vida de los habitantes de la región.Mina antipersonal frustra el sueño de un joven de ser futbolista: duro relato de su mamáLa presencia de minas antipersonal en zonas rurales de Sipí, Chocó, tienen confinadas a varias comunidades y en riesgo la seguridad alimentaria del municipio.Según la Defensoría del Pueblo, en esta zona aumentó la presencia de estos artefactos. El más reciente caso se presentó en la comunidad de Cañaveral, donde un hombre de 38 años que recogía frutas pisó uno de estos artefactos y quedó gravemente herido.“El joven venía de donde tiene su finquita, finca de borojó, en este momento es el sustento de la familia de él”, afirmó Aida Mena, tía de la víctima.Ante la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. Allí permanece en cuidados intensivos.Según las autoridades, este es el segundo caso que se presenta en menos de una semana. El lunes pasado otra explosión dejó cinco heridos. En la zona hay confinamiento de comunidades por la presencia de explosivos.Ante esta situación, el alcalde de Sipí pidió al Gobierno nacional iniciar un desminado humanitario.“Para que se agilicen todos los protocolos y que se pueda hacer un desminado profundo en toda la zona rural, en todo el municipio de Sipí, para que estos hechos no se sigan repitiendo”, señaló Jairo Murillo, alcalde de Sipí.De otra parte, las autoridades han hecho labores en la zona, “han neutralizado 31 artefactos explosivos improvisados y entre ellos 18 minas antipersonales”, informó el coronel Rafael Maestre, comandante décimo de la Quinta Brigada del Ejército.Según un informe revelado por la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo, especialmente en el Bajo San Juan, han hecho que estos grupos aumenten la instalación de minas antipersonal, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y, además, el confinamiento y el desplazamiento en los territorios.Zozobra en Alto Baudó, Chocó, por combates con Clan del Golfo: hay niños abandonados en comunidades
Comunidades en el sur del Chocó han manifestado que continúan los enfrentamientos entre grupos armados en la zona y que por ello, a pesar de que hay libre movilidad por el río San Juan y sus afluentes, han tenido que estar confinados o han sido desplazados.Por paro armado en Chocó, mininterior advierte al ELN que “un proceso de paz lo valida la sociedad”El consejero de Derechos Humanos del Gobierno Mayor Indígena del Chocó, Luis Ángel Gindrama, denunció que “la disputa que hay en el departamento es impresionante por parte de los grupos al margen de la ley”. A su vez, le hizo un llamado al Gobierno nacional y a las demás instituciones para que, de manera inmediata, “emprendan soluciones urgentes para que atiendan esta crisis humanitaria".Además, este líder denunció que las autoridades del departamento tampoco están garantizando la seguridad para proteger a las comunidades debido a que “la intervención del narcotráfico, narcoparamilitarismo, narcoguerrilla en el Chocó es evidente. La minería de explotación forestal es ilegal en el Chocó y hoy Codechocó (máxima autoridad ambiental en el departamento) no funciona, no controla".Entre tanto, las familias de Noanama, San Miguel y Negría continúan confinadas, pero a esta problemática se suma que 1.200 personas de Sipí llegaron a estos territorios desplazadas, lo que agrava más la situación porque viven en condiciones precarias.Felipe Martínez, el representante del Consejo Comunitario General del San Juan, sostuvo que a pesar de que se pudo llegar a cada una de esas comunidades con ayudas humanitarias, aún no se han podido entregar medicamentos a los desplazados y a aquellos que están confinados.El clamor de los chocoanos al Gobierno nacional es que cese la guerra para que retorne la paz a sus territorios, así lo manifestó la representante a la Cámara por el Chocó Astrid Sánchez: “¡No más hostilidades, no más venganza, no más violencia, no más ataques a la población civil, basta ya!”.La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas también denunció el confinamiento de ocho comunidades en el resguardo Jurubirá, Chorí, en donde el ELN y Clan del Golfo también se disputan el control por el territorio.Y el panorama parece oscurecer aún más, pues tras el levantamiento del paro armado por parte del ELN en el Chocó, autoridades alertan del incremento del reclutamiento infantil y deserción escolar en esta zona del país. Expertos sugieren implementar políticas públicas que frenen este flagelo.“La disputa territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ha generado desplazamiento y confinamientos masivos, reclutamientos de niñas, niños y adolescentes y extorsiones problemáticas medioambientales”, contó el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo.En el transcurso de este año, de acuerdo con datos de la Procuraduría, 58 menores han sido rescatados del reclutamiento.A esto se le suma una dura realidad: según la Secretaría de Educación de Chocó, la deserción escolar, durante el 2022, alcanzó un 54%, lo que representa 6.019 estudiantes en toda la región que dejaron de asistir a sus clases por desplazamiento forzado o reclutamiento.Jorge Marntilla, experto en seguridad y conflicto, asegura que “en este momento no existe una política pública de prevención de reclutamiento forzado, pero, además, esta política debería estar acompañada de fortalecimiento del gobierno propio y fortalecimiento comunitario”.Para los expertos en conflicto de cara a la política de paz total, el Gobierno debe exigir a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario.Chocó exige garantías de seguridad tras levantamiento de paro armado del ELN: "La gente tiene miedo"
Luego de que el ELN levantara el paro armado después de nueve días, líderes sociales le exigen al Gobierno garantías de seguridad para que cientos de desplazados del municipio de Sipí, Chocó, vuelvan a sus territorios. Resolución firmada por presidente Gustavo Petro ordena lenguaje respetuoso con el ELN“Anunciamos que a partir de las 00:00 horas del día 13 de julio de 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región del San Juan”, dijo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado. Unos 25.000 habitantes de ese departamento quedaron confinados por la violencia.Por el río San Juan, lentamente se reactiva la movilidad desde y hacia el sur del Chocó. “La gente se está desplazando con miedo, otros están encerrados, no salen de su casa por temor también, y esta es una situación que el Gobierno debe ponerle atención”, resaltó Américo Mosquera, habitante de Istmina.La Defensoría del Pueblo insiste en que, sin garantías de seguridad, tampoco hay tranquilidad ni normalidad en las actividades de los territorios.“Las confrontaciones en las cuales queda inmersa la población civil, las amenazas directas sobre la población, por parte de los grupos ilegales y la instalación de trampas explosivas y homicidios selectivos”, sostuvo Luis Murillo Robledo, defensor del pueblo en Chocó.La Iglesia católica invitó al Gobierno nacional y a los grupos ilegales a no agotar la vía del diálogo. “Que no se repitan estas acciones, lo mismo al grupo de las AGC y a la fuerza pública que cumpla realmente su función constitucional”, agregó monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Diócesis de Quibdó.Confinamiento en Chocó por paro armado del ELN es peor que el de la pandemia, según habitantesDesde las organizaciones étnicas y territoriales le exigieron al Gobierno nacional atender de manera diferencial la situación social del Chocó. “Los actores armados que generan violencia han tomado tanta fuerza que hoy dicen cuándo y cómo se moviliza la gente y cuando no. El Gobierno ha estado respondiendo con las mismas acciones que históricamente han hecho”, concluyó Richard Moreno Rodríguez, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano.Se espera que en los próximos días puedan ser entregadas las ayudas humanitarias para las 52 comunidades confinadas y más de 800 desplazados.Por el río San Juan suben y bajan hasta 100 botes diariamente con provisiones del sur del Chocó. Sin embargo, la actividad se vio paralizada desde que se dictaron las restricciones en la movilidad. Los más afectados fueron las familias que viven en las riberas de este importante afluente.Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, realizó un duro cuestionamiento al ELN por estas acciones contra la población civil."Bloquear a una población, pues es completamente la antítesis de mandar mensajes de convivencia. Yo quiero recordarle al ELN que un proceso de paz lo puede negociar el Gobierno con una organización insurgente, pero lo valida es la sociedad y la sociedad frente a estos hechos evidentemente genera un rechazo", dijo Luis Fernando Velasco.
Desde hace semanas el Pacífico nariñense vive una densa situación de orden público y seguridad que los ha llevado a declarar una crisis humanitaria en la zona, la cual ha confinado y desplazado a miles de personas. Violación de derechos e incumplimientos por parte del gobierno, dentro de los llamados de atención más importantes que hace la comunidad.En noticias relacionadas: En Ricaurte, Nariño, murió mujer por una mina antipersona: claman ayuda humanitaria inmediataLas poblaciones de Ricaurte, en Nariño; Bajo San Juan, en Buenaventura; Novita y Sipi, en Chocó, han sufrido en carne propia el fenómeno del desplazamiento derivado del conflicto armado y la violencia sin control en la zona. Según la Defensoría del Pueblo, solo en Chocó, el 79% de los habitantes se encuentran confinados por el accionar de los grupos criminales.Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo, expuso que solo en ese departamento alcaldes, personeros, corregidores, juntas de acción comunal y docentes han sido víctimas del desplazamiento."En los últimos días, se ha reconfigurado el conflicto armado, llevando así a sus comunidades a desplazarse y confinarse. También el paro armado que mantuvo restringida la libre movilidad en nuestros territorios", aseguró Elizabeth Moreno, líder de la comunidad de San Juan, en la zona rural de Buenaventura.Quienes están dentro de los territorios relatan la dura temporada que atraviesan en medio del miedo y el fuego cruzado de una situación de violencia que en cualquier momento podría desbordarse. Ante esto, Moreno dice que hoy los familiares de los individuos que han sido retenidos en contra de su voluntad claman por su pronto regreso a casa.Las cifras de estas regiones del sur del país son increíblemente alarmantes, con hasta 5.000 desplazados por zona. Esta crisis humanitaria llevó a la Iglesia católica a alzar su voz frente a la situación, debido a que consideran que el Gobierno no ha cumplido ni protegido a los pobladores.Para Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno debe contemplar soluciones urgentes para garantizar la seguridad de las comunidades.En su concepto, la presencia militar debe velar por proteger a la población, sin embargo, esto debe complementarse con acciones que permitan aplacar las problemáticas de seguridad, "no dejarle el alivio a la población, el desescalamiento de la violencia, como una situación exclusiva de las mesas de negociación porque eso sí sería un grave error".Desde el Gobierno Nacional se pronunció un rechazo a los hechos de violencia que pone en riesgo el bienestar de las comunidades, añadiendo que está avanzando el trabajo en las mesas de paz instauradas en la zona.Le recomendamos: Soldado fue asesinado en medio de ataque contra comandante de batallón en el Cauca
Por un posible paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) unas 1.500 personas están confinadas en seis comunidades de Sipí y Nóvita, municipios del Chocó. La Iglesia católica le envió un mensaje a los grupos armados para que den muestras de paz y deje por fuera del conflicto a la población civil.“La paz es el camino”: llamado de atención de monseñor Henao a grupos armados en ChocóY es que desde hace tres días unas 1.500 personas de las comunidades de Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en el municipio de Nóvita; y Charco Largo, Barrancón, Dominguito y Charco Hondo, en Sipí, están confinadas por el paro armado indefinido declarado por el ELN.Nadie puede movilizarse, ni por tierra ni por los ríos, por temor a las represalias de los insurgentes. “Por la disputa del territorio entre algunos grupos al margen de la ley que se pelean esa zona”, explica Tulio Hurtado, representante del consejo comunitario de Nóvita.De acuerdo con la Defensoría del pueblo y la Iglesia católica, este paro armado es el quinto este año en la subregión del San Juan, epicentro de la disputa del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).“En Nóvita y Sipí la crisis humanitaria se ha agravado estos días por los enfrentamientos entre los grupos que están aquí en la región”, indicó el padre Albeiro Parra, coordinador de la regional Pacífico.“El llamado es a que se avance en los procesos de búsqueda de la paz con los distintos actores del territorio, porque la paz es el camino, es la salida para poner fin a esas confrontaciones y para que también cese la problemática humanitaria que se vive. Y la necesidad de que ahora se saque a la comunidad de las confrontaciones que hay en el territorio”, indicó en Noticias Caracol monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia católica en la mesa de diálogos con el ELN.Cogieron a tiros una casa en Quibdó porque ocupantes no pagaron una extorsiónLa gobernadora encargada del Chocó, Farlin Perea, anunció ayudas para la zona. “Kits de alimentación y de aseo para las personas. Estamos atentos para hacer el acompañamiento y que el equipo de la gobernación también se traslade y pueda hacer lo pertinente”, indicó la funcionaria.Desde la coordinación regional del Pacífico, hicieron un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al ELN para que los alivios humanitarios en el Chocó se amplíen a otros municipios.“Los municipios de Istmina, de Sipí y de Nóvita, porque esta es una sola región, un solo corredor”, explica el padre Albeiro Parra.Según la Defensoría del Pueblo, los consejos comunitarios de Sipí y Nóvita son víctimas de intimidaciones de las AGC, que incluyen el cobro de extorsiones a los campesinos por el transporte de sus alimentos. También hay incremento en la instalación de trampas explosivas.
La patrulla antinarcóticos de la Policía Nacional atacada en inmediaciones de la Universidad Nacional el pasado 25 de julio fue detenida por un funcionario de Transmilenio porque, según él, varios encapuchados lo iban a lastimar durante una manifestación que se adelantaba en esa zona de Bogotá.>>> Más sobre el caso: Empleado de Transmilenio atacado por encapuchados ve a policías como “ángeles guardianes”Aseguran que, cuando los uniformados de la Policía intentaron ayudar al funcionario, fueron atacados con explosivos por los encapuchados.En su reacción, uno de los policías disparó su arma de fuego, dejando a una persona herida, según la vicerrectora de la Universidad Nacional en Bogotá, Carolina Jiménez. “Rechazamos todas las expresiones de violencia y, en ese orden, están los dos escenarios. Lo que pasa es que aquí hay una situación muy clara y es que es una fuerza institucional del Estado que se debe regir por unos protocolos y que con su acción puso en riesgo a todos los integrantes de la comunidad”, indicó la vicerrectora.Algunos representantes estudiantiles coinciden con la afirmación de Carolina Jiménez.¿Qué dicen los estudiantes de la Universidad Nacional tras ataques a policías?Felipe Campos, representante estudiantil de la Universidad Nacional, sostuvo que “esas personas que van en la patrulla no son personas indicadas y entrenadas para reaccionar ante estos acontecimientos. Para eso estaba aquí a unas cuadras las Unidades de Reacción Inmediata”.Por su parte, el representante estudiantil David Sánchez dijo que “la Policía actuó de manera desmedida, se saltó todos los protocolos de atención a los manifestantes que la Alcaldía, como a nivel nacional, se tienen reglamentados ante distintas resoluciones”.Sin embargo, algunos expertos opinan lo contrario ante el ataque con explosivos contra la patrulla de Policía en inmediaciones de la Universidad Nacional.Andrés Nieto, director del observatorio de la Universidad Central, indicó que “el protocolo es para la protesta pacífica, no para el ataque a la fuerza pública y mucho menos de un ataque donde hay elementos explosivos. No podemos seguir diciendo que todo es protesta social. Hay que definir qué es protesta social, que es diferente a acto de vandalismo”.Por su parte, David Saavedra, concejal de Bogotá, declaró que “la manifestación pública debe ser abordada con un protocolo de seguridad por parte de las entidades del Distrito. Eso no es una manifestación, eso fue un atentado a la ciudadanía con explosivos”.Las autoridades serán quienes determinen qué ocurrió en este lugar y si los uniformados de la Policía Nacional actuaron o no de manera correcta.>>> Le puede interesar: Alcalde Galán dice que policías que dispararon a encapuchados actuaron en legítima defensa
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, registró este viernes, 26 de julio de 2024, menos del 1% de incidencias en la instalación de las mesas de votación para los comicios presidenciales del próximo domingo, por lo que pidió a los ciudadanos no alarmarse porque -dijo- la voluntad del pueblo se podrá expresar en las elecciones.>>> También puede leer: Régimen de Venezuela cerró los pasos fronterizos: este es el panorama en Cúcuta"Hubo menos del 1% de incidencias en estas mesas. ¿Esto qué implica? Reitero, que no ocurrió nada más porque nuestros testigos estaban ahí y porque saben defender sus derechos, que son los derechos políticos de todos los venezolanos y es lo mismo que van a hacer el domingo", dijo la opositora Delsa Solórzano en una rueda de prensa.Ante este registro, la exdiputada pidió a la población no alarmarse y "votar masivamente" el domingo, porque la "voluntad del pueblo" será expresada en las urnas.Solórzano dijo que, si bien no justifican estos eventos, insistió en que el porcentaje es "bastante bajo", gracias a la labor de los testigos de votación acreditados."El tipo de incidencia fue el mismo, pero para que podamos hablar de patrón tiene que haber un porcentaje muy elevado de incidencias para poder decir que fue un patrón que afectó de manera importante el número de mesas instaladas", sostuvo.Instalación de mesas de votación en VenezuelaEste viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha instalado las mesas de votación que serán usadas en los comicios presidenciales, mientras circularon en las redes sociales denuncias de testigos y operadores acreditados que -aseguraron- fueron impedidos de participar en el acto de configuración de las máquinas.La presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, Aime Nogal, indicó en X que cerca de las 12:00 hora local se había registrado la instalación del 90,25% de las 30.026 mesas electorales de todo el país.La rectora no hizo comentarios sobre las denuncias que circularon en redes sociales, algunas con videos y fotografías, que muestran centros de votación custodiados por militares -como corresponde según la ley-, que no permitieron el ingreso de testigos, una red de voluntarios acreditados ante el CNE y que representan a los partidos políticos en el proceso.Según se puede ver en los videos, estos vetos son contra personas que aseguran ser representantes de la PUD, que antes ya había denunciado "trabas" del CNE para acreditar a sus testigos, algo que fue subsanado luego.>>> También puede leer: Angélica Lozano denuncia que fue deportada de Venezuela: "Nos quitaron el pasaporte"
Un recorrido llevado a cabo por la Personería de Cali evidenció que se estarían haciendo sacrificios de caballos en el río Cauca. Se hallaron restos entre las comunas 6 y 7, cerca del barrio Petecuy, nororiente de la capital del Valle del Cauca.>>> Vea más: Caballo murió mientras era utilizado como transporte, en Caquetá: doloroso video"En medio de la contaminación del río, encontramos dos sitios con osamenta equina. De mi parte, como personero de Cali, me generó escozor al ver el sacrificio de tanto animal", aseguró Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali.El sacrificio de caballos "es inaceptable"Añadió que esta situación "es inaceptable desde cualquier punto de vista, porque atenta contra la salubridad pública y exige inmediata intervención por parte de las autoridades judiciales, policivas y ambientales”.“Es importante que las autoridades realicen una inspección a estos lugares para verificar este hecho a fin de encontrar los autores que hay detrás del repudiable acto que compromete la vida y la integridad física de los animales”, subrayó.Otra denuncia de la Personería de CaliPor otra parte, la Personería de Cali denunció el incremento de escombreras sobre la franja protectora del río Cauca y descargas de aguas residuales industriales que afectaron las condiciones fisicoquímicas del hilo hídrico.Esta situación hace que se tiña el cauce a la altura de la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo y que se presente espuma en inmediaciones a la estación de bombeo Paso del Comercio.>>> Le puede interesar: La conmovedora reacción de un caballo maltratado al llegar a un refugio
Se revelaron nuevos detalles de lo que fue la celebración nupcial de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes, pese a tener una ceremonia privada, festejaron por todo lo alto su boda. >>> Le recomendamos: Ángela Aguilar habría comprado su vestido de novia en página china: ¿cuánto le costó?Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido Lylo Fa compartió imágenes mostrando los detalles de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar. En estas se le ve a ella junto a su esposo, el deportista Rommel Pacheco, acompañando a los recién casados.En las imágenes se ve a Nodal con un sombrero blanco y disfrutando de un trago con sus amigos. Ángela no se quedó atrás y se mostró sonriente con un nuevo vestido, tipo lencero antiguo, zapatos negros y con el pelo alborotado.>>> Puede interesarle: Las teorías que envuelven al matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿fue falsa?Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaronDespués de un par de meses de hacer público su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron dar el siguiente paso en su relación y casarse.Las primeras fotos de recién casados que publicaron en redes los muestran riendo y dándose un beso, acompañado del mensaje "24.7.24", lo cual confirmaría la fecha de su boda."¡En estas fotos ahora sí se te nota tu felicidad! Dios bendiga su matrimonio y más que nada disfruten de su amor" y "Qué bellos se ven, hacen una bonita pareja" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.
Una disputa vecinal en Chubut, Argentina, terminó con un hombre apuñalado en el rostro. La víctima, de 55 años y sargento retirado de la Policía de dicha localidad, solicitó a sus vecinos que disminuyeran el volumen de la música para poder dormir y esto desencadenó una violenta confrontación.> > > Le puede interesar: No le gustó como le quedaron las uñas y agredió a la manicurista: todo quedó en videoEl hecho ocurrió en la madrugada del pasado miércoles, 24 de julio de 2024, cuando el sargento retirado, molesto por el ruido de una fiesta al lado de su casa, se dirigió a donde sus vecinos para pedirles que bajaran la música, puesto que él no podía conciliar el sueño. Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta positiva, fue agredido verbalmente y la situación se tornó violenta rápidamente, según informaron medios locales.Lo apuñalaron en medio de la confrontación con los vecinosLos jóvenes en la vivienda ignoraron su solicitud y, tras una acalorada discusión, comenzaron a golpearlo. Durante la pelea, el policía retirado recibió múltiples puños en el rostro y en el cuerpo. La violencia escaló cuando uno de los atacantes utilizó un cuchillo para apuñalarlo en la cara.Vecinos del área, alertados por los disturbios, acudieron al lugar y encontraron al hombre herido. Inmediatamente lo socorrieron y contactaron a la Policía. Al llegar, las autoridades encontraron al hombre con el rostro cubierto de sangre y lo trasladaron de inmediato a un hospital para atender sus heridas.La víctima recibió atención médica y, aunque las heridas no resultaron ser graves, el policía retirado sorprendió al negarse a presentar una denuncia contra los agresores, argumentando que eran conocidos del barrio.> > > Puede leer: Murió influencer conocida como 'la motera más guapa de Rusia'