Tener vivienda propia es un sueño para millones de colombianos que por años ahorran recursos y luego de una cuidadosa búsqueda deciden invertirlos en el proyecto que más se acomode a sus necesidades y, además, que les dé confianza. Muchos de los que deciden hacer esta importante inversión se fijan en un importante detalle para dar su dinero, y es que el proyecto en cuestión cuente con una fiducia.Séptimo Día conoció las denuncias de cuatro personas que, entre 2021 y 2022, encontraron en el proyecto de vivienda Acanto, de la constructora Mevic, la posibilidad de cumplir su sueño de tener un apartamento propio. Para ellos, uno de los factores de valor de esta construcción, más allá de su buena ubicación en Bogotá, su oferta de zonas comunes y facilidad de pago,fue que contaba con el apoyo de Alianza Fiduciaria.¿Qué es una fiducia y para qué sirve en un proyecto de vivienda?Cuando las personas empiezan la búsqueda de un proyecto de vivienda, muchas consideran importante que este cuente con una fiduciaria adjunta. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, experto en derecho comercial, financiero y gestión patrimonial, explicó por qué se necesita de una fiduciaria en un proyecto de vivienda y por qué esto debería darle confianza a los compradores.“Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir un proyecto inmobiliario, para hacerlo necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le den”, señaló. Así las cosas, la fiduciaría tiene que administrar los recursos de los compradores, pero además, “tiene que informarle [al comprador] de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto y tiene que verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer”.Tener esto claro es importante porque, en caso de que surjan problemas con la entrega o construcción del inmueble, el comprador tiene que saber a quién debe reclamar. En estos casos, la queja del futuro propietario deberá hacerse directamente a la fiduciaria y si esta no les da una respuesta favorable, entonces deben elevar su situación ante la Superintendencia Financiera.¿Qué está pasando con el proyecto Acanto en Bogotá? “Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio”, señaló Angie Viviana Riaño, una bogotana de 35 años que en 2021 empezó una búsqueda por una vivienda propia y se decidió por el proyecto Acanto, en la localidad de Engativá. “Me gustó el precio, me gustó la distribución. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía y empezamos a pagar la cuota inicial con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en 2023”.Lo mismo sucedió con Maryuri Cañón Cabrera, de 42 años, quien señaló que, en su momento, le pareció un proyecto “interesante y bien localizado”. Sin embargo, para ella hubo otro factor que la hizo decidirse por invertir en Acanto y fue ver que contaba con Alianza Fiduciaria. “Empiezo a averiguar y veo que está respaldado por una fiducia, así que cumplen con el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia, y eso para mí era importante”.Tanto Angie Viviana Riaño como Maryuri Cañón iniciaron los pagos de la cuota inicial de sus apartamentos en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto, emocionadas por ver los avances de la etapa 1 y a la espera de seguir el proceso para su entrega en 2023, como se los habían prometido. Sin embargo, empezaron a preocuparse cuando pasaban por la zona y veían que nadie estaba trabajando en la obra y no se veía ningún avance en la construcción.Adrián Camilo Casas, de 41 años, también había invertido su dinero en el mismo proyecto y notaba la misma situación. “Era una inversión familiar, pensando en mi futuro y puse mi dinero en ese proyecto esperando una mejor calidad de vida... Ya no se veían obreros y empieza la preocupación”. Así como Claudia Merchán Herrera, de 52 años, quien está a la espera de que le respondan por su inversión de 90 millones de pesos en solo la cuota inicial.Todos ellos firmaron un contrato de compra con Alianza Fiduciaria por sus respectivos inmuebles en la etapa 2y 3 de Acanto. “Yo me comprometí a pagar 329 millones 185 mil pesos y a contraprestación yo recibía un apartamento y un parqueadero. Terminé de hacer mi último pago el 30 de junio en 2023 y el 100% de la cuota inicial ya está paga. Empecé a contactar diferentes personas del proyecto y nunca contestan”, detalló Maryuri Cañón.Al manifestar su preocupación por la obra pausada, Angie Riaño recibió una respuesta desconcertante por parte de la constructora. “Que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver el 100% de la cuota inicial porque, según ellos, yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. Pero a la fecha no me han pagado nada”. Agregó que en ese momento le dijeron que le darían su dinero en un plazo de 20 días hábiles, pero han pasado más de dos años.Estas cuatro personas, que son solo unos de los muchos afectados por los incumplimientos de la constructora Mevic y Alianza Fiduciaria, presentaron reclamos ante la Superintendencia Financiera, pero siguen sin obtener respuestas claras. Según la entidad, que fue contactada por Séptimo Día, han recibido 324 demandas contra Alianza Fiduciaria entre enero de 2025 y mayo de 2026, casos en los que su labor es entrar como jueces y analizar las pruebas de ambas partes para determinar responsabilidades y si lo que el consumidor demanda es correcto o no.Rodrigo Borrero, asesor externo de la constructora Mevic, explicó que el motivo del retraso de las obras en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto es porque “se presentaron circunstancias ajenas, derivadas de los efectos de la pandemia, las protestas en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas", las cuales, según él, dejaron en evidencia "que el proyecto no iba a dar utilidades”. Además, aseguró que en el caso de Angie Viviana Riaño, “tiene entendido” que ya se le pagó su dinero.Finalmente, la constructora Mevic aseguró a este programa que en diciembre de este año esperan entregar los inmuebles adquiridos por Maryuri, Claudia y Adrián Camilo, así como los de otros propietarios y, de la misma manera, lograr una conciliación con Angie Viviana Riaño. Por otro lado, a lo largo de esta investigación, Séptimo Día estuvo intentando establecer contacto con Alianza Fiduciaria para obtener una respuesta sobre las denuncias de estos cuatro ciudadanos, pero nunca respondieron.
En Colombia y el mundo, desafortunadamente, cada día aparecen en las calles y en redes sociales nuevos carteles que alertan sobre la desaparición de niños, niñas y adolescentes, los cuales son buscados con desespero y angustia por parte de sus familiares. La situación empeora cuando estos menores son hallados sin vida y con signos de violencia porque para sus madres, incluso cuando se logra condenar a un culpable, el dolor y vacío que queda es indescriptible. Según Naciones Unidas, en el mundo cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada de manera violenta. En Colombia, según datos de Medicina Legal, en la última década cerca de 1.500 niñas murieron de forma violenta y más de 190 mil menores fueron valorados por violencia sexual, unos datos preocupantes sobre la sociedad en la que están creciendo los niños en el país. Tres madres le abrieron la puerta de sus casas a Los Informantes en diferentes lugares del país para contar la historia de sus hijas de 9, 12 y 15 años que un día salieron de casa y no volvieron. Aunque por el asesinato de sus pequeñas obtuvieron justicia legal, todas aseguran que no logran encontrar consuelo en la condena de un desconocido y que lo que les da verdadera paz es que sus hijas no sean olvidadas.Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años / 12 de octubre de 2024En Villagorgona, Valle del Cauca, el nombre de Sofía Delgado representa para los habitantes uno de los episodios más oscuros de su historia y para el país uno de los feminicidios de niñas más indignantes de los últimos años. Leidy Zúñiga, su mamá, reconoció que "lo que más extraño es levantarme, saber que llega la hora del almuerzo, saber que llegaba la hora de llevarla a su colegio, su hora de salida. Dios nos la prestó por 12 años, siempre le digo eso a Dios, no le reprocho nada".Sofía acababa de cumplir 12 años, le gustaban los animales, patinar y soñaba con ser veterinaria. El 29 de septiembre de 2024, Sofía salió de su casa rumbo a comprar comida para su mascota y no regresó. Leidy pegó carteles con su foto, habló con los vecinos y denunció ante medios y autoridades, pero durante 18 días no supo nada de su hija; hasta que el 17 de octubre, la encontraron sin vida en un cañaduzal en zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de su casa. "Nosotros cuando buscábamos a Sofía sentíamos que la íbamos a encontrar, pensábamos que íbamos a estar con ella, pero no fue así".El responsable fue un vecino del sector, el cual fue capturado, confesó y fue condenado a 58 años de prisión. Aunque para Leidy Zúñiga la condena contra el responsable de la muerte de su "ángel" es justicia, señaló también que "ella está en el cielo, pero su recuerdo va a seguir para toda la vida, así pasen los años y los días, porque perder un hijo es una de las pruebas más difíciles que como madre podemos pasar”.Laura Valentina Páez Velandia, de 9 años / 21 de enero de 2025En Chiquinquirá, Boyacá, Miryam Lucero Velandia también sabe en carne propia el dolor que implica perder a una hija de esta manera. “El sueño de ella era crecer y poder tener un trabajo para que yo no sufriera tanto, para ayudarme”, expresó la mujer al recordar a la pequeña Laura Valentina de 9 años, quien el 16 de enero de 2025 salió de su casa para pasear a su perro y desapareció. Cinco días después de denunciar su desaparición, el cuerpo de la menor de edad fue hallado sin vida en el río Minero, en el límite de Boyacá y Santander. En este caso las autoridades también dieron con el responsable y fue condenado, algo que para Miryam es una medida importante para la protección de otros niños, pero difícilmente compensa el dolor que causó en su familia. “La única ventaja es que el man está en la cárcel y se han salvado más niños, pero justicia no. [Ella] era la mayor parte de mi vida”.Entrar a la casa de la mamá de Laura Valentina es como ver dos mundos distintos. Por un lado está el cuarto de la menor que parece congelado en el tiempo porque sigue intacto, con sus peluches, zapatos y uniforme del colegio, hasta la alcancía que la niña estaba llenando con la esperanza de comprarle un regalo de cumpleaños a su mamá. Pero fuera del cuarto de la menor lo que se ve en cada rincón de la casa son plantas y flores que Miryam cuida con amor. El motivo es uno solo, según explicó. “Así fuera a salir al potrero, ella siempre me regalaba una flor, ella misma me las daba, las echaba en agua y volvía y me las daba. Fue lo más lindo y hermoso que tuve en mi vida”.Emily Dayana Villalba Vergara, de 15 años / 12 de marzo de 2025Finalmente, en el municipio de Chocontá, en Cundinamarca, todos recuerdan con cariño a Emily Villalba, una joven de 15 años que soñaba con ser una música profesional y destacaba tocando en la banda sinfónica del municipio y de su colegio. Además de sus destacadas calificaciones, la adolescente se había convertido en el gran apoyo de su mamá Nury Yuliana Vergara, ayudándola incluso en sus clases universitarias para convertirse en enfermera.“Ella fue fundamental porque cuando yo iba a empezar [a estudiar] yo pensaba que la parte de sistemas me costaba, entonces Emily me daba moral, me echaba la mano”, recordó la mujer que ahora trabaja en un asilo como enfermera de adultos mayores y que logró cumplirle a su hija el sueño de verla graduada de enfermera, aunque la menor no pudo estar ahí para acompañarla. El 12 de marso de 2025, Emily regresaba a su su casa luego de un ensayo con la banda, pero nunca llegó a su hogar, generando preocupación en su entorno. Horas más tarde su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la vereda Pueblo Viejo. Nury dice que, aunque el responsable de acabar con la vida de Emily está en la cárcel, su vida no volverá a ser la misma. "En términos legales pues de alguna manera sí [hubo justicia] porque el tipo fue capturado y condenado, pero ¿la vida de las víctimas qué? ¿Qué hay de la vida de las personas, que nos destruyeron la vida? Una criatura no es un número más, era una vida, era una vida con la que uno contaba, eran sueños, eran planes, eran proyectos”, reclamó. Agregó que, a pesar de lo ocurrido sigue trabajando para cumplirle la promesa a su hija de tener una casa propia y, en sus días más difíciles, aseguró que siente la presencia de Emily en una pequeña mariposa que siempre se posa en su ventana.La nueva ventana de la justicia Colombia acaba de lanzar la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata para niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidos, ya no hay que esperar 72 horas para denunciar. Si alguien desaparece puede comunicarse a estos números: Línea 123Líneas nacionales 122, 155 y 141También puede ir a la Fiscalía, a la Policía, al ICBF, las oficinas de la Defensoría del Pueblo o a una comisaría de familia
El crimen de Luis Alfonso Valencia, fundador de Arepas El Carriel, estremeció a los habitantes de Guaduas por la brutalidad con la que fue perpetrado. Lo que comenzó como la desesperada búsqueda de un empresario desaparecido terminó destapando una investigación que reveló un homicidio planeado y una traición que, según las autoridades, se habría gestado desde el círculo de confianza de la víctima.El Rastro reconstruyó este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2024, donde la aparente tranquilidad de una finca escondía una escena que cambiaría para siempre la vida de dos familias.El reconocido empresario, de 67 años, había dejado Bogotá ocho años antes para radicarse en el campo, con la esperanza de aliviar las afecciones pulmonares que padecía. Sin embargo, el retiro nunca estuvo en sus planes. Siguió dedicado a las labores de la finca y al cuidado de los animales.Su hijo, Leandro Valencia, lo recuerda como "un paisa de esos muy montañeros, de esos que se ganaban la vida pulso... fue una persona que todos los días se levantaba como si se quisiera comer el mundo".Un rastro de violenciaLa alerta se encendió cuando Valencia dejó de responder a las llamadas. Jairo Castellanos, amigo cercano del empresario, acudió a la finca y se encontró con una escena aterradora. Según su testimonio, "la casa estaba desordenada, la casa estaba saqueada totalmente, estaba patas arriba, todo". Los asaltantes no solo hurtaron objetos de valor; también rompieron techos y cortaron los muebles por debajo.Al ingresar las autoridades, el intendente Andrés Montoya, investigador de la Sijín, observó que "había varias cosas que estaban revolcadas como si hubiesen estado buscando algún elemento y en las mesas había unos vasos".La búsqueda en los alrededores de la propiedad llevó al hallazgo de dos cuerpos sin vida en una zona boscosa. Junto a Luis Alfonso Valencia se encontraba Rubén López, uno de sus trabajadores. El intendente Montoya detalló la crueldad del ataque: "Se ve que por lo menos a don Luis Alfonso le golpearon antes de causarle la muerte, ellos estaban amarrados de pies y manos".Las víctimas presentaban signos de tortura y heridas por proyectil de arma de fuego. En el sitio también fue hallada una trabajadora herida de gravedad, quien se convirtió en la única testigo presencial del hecho.El capataz bajo sospechaDesde el inicio, los investigadores sospecharon que el crimen no fue un simple hurto. La atención se centró rápidamente en Johan Daniel Pinzón, el capataz de la finca y hombre de confianza de Valencia. Pinzón vivía en la propiedad con su familia, pero tras el crimen desapareció misteriosamente. Aunque inicialmente se consideró que podía ser otra víctima, las pruebas técnicas comenzaron a desmentir esta versión.Un elemento fundamental fue el hallazgo de rastros físicos. Los peritos de la Sijín realizaron una inspección al interior de la casa, donde encontraron huellas dactilares de Pinzón en áreas donde él habitualmente no tenía permitido el ingreso.Según los investigadores, "era sospechoso porque él no tenía mucho acceso a la vivienda". Este indicio sugirió que el capataz participó activamente en el robo de la residencia.Pistas clave: huellas y cruce de llamadasLas autoridades comenzaron a rastrear los movimientos de Johan Daniel Pinzón. Tras los homicidios, el capataz cambió la tarjeta SIM de su teléfono celular, aunque continuó utilizando el mismo dispositivo, un detalle que llamó la atención de los investigadores.Al analizar los registros de llamadas, la Policía estableció que Pinzón se había comunicado con personas que estuvieron en el perímetro de la finca durante las horas previas y posteriores al crimen.Una interceptación telefónica fue la pieza que terminó de revelar el paradero del principal sospechoso. En la conversación, la pareja de Johan Daniel Pinzón le decía que había "cometido un error", mientras él aseguraba que debía abandonar la zona para evitar ser capturado por las autoridades.En ese momento, la única sobreviviente del ataque participó en un reconocimiento fotográfico. Según los investigadores, "nos confirma que Johan es la persona que está involucrada con el hurto y el homicidio".Última prueba y la captura de los señaladosLa investigación se extendió hasta el departamento del Tolima, siguiendo el rastro de una camioneta azul y una motocicleta hurtadas de la finca. Durante un operativo en Honda, la policía interceptó a varios hombres, entre ellos Sergio Andrés Gómez, quien intentó huir lanzándose por un caño. Al ser capturado, Gómez portaba un arma de fuego y un reloj Fossil de color café que intentó descartar al momento de la aprehensión.Al contactar a la familia Valencia para verificar la procedencia del objeto, el hijo de la víctima confirmó la pertenencia del accesorio: "Yo inmediatamente le digo que sí, que es el reloj de mi papá".Las autoridades identificaron a Gómez como el autor material de los disparos. Semanas después, Pinzón fue localizado en una vivienda en Ibagué, donde intentó escapar por los techos de una casa.Ante la contundencia de las pruebas recolectadas, que incluían testimonios, huellas, interceptaciones y objetos recuperados, tanto Johan Daniel Pinzón como Sergio Andrés Gómez decidieron allanarse a los cargos. El 16 de septiembre de 2025, fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y porte ilegal de armas.Aunque la fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 56 años, la aceptación de cargos les permitió recibir una rebaja, quedando la sentencia final en 35 años de prisión. Para la familia del fundador de Arepas El Carriel, hay un cierre en el proceso, pero no la de una herida profunda por la traición de quien consideraban de su entorno.“Johan cumplió un papel de ganarse la confianza de ser una persona cercana de su empleador, del señor Luis Alfonso”, concluyó el coronel Mauricio Arley Herrera sobre los hechos del crimen.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de El Rastro.
Lo que comenzó como la desaparición de una joven administradora de un bar terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes de Bogotá. El 7 de enero de 2011, Sandra Viviana Ravelo, de 26 años, desapareció. Ocho días después, su cuerpo fue encontrado en una zona desolada de Ciudad Bolívar.La Fiscalía centró rápidamente la investigación en John Alexander Quintero, novio de la víctima y patrullero de la Policía. Todo apuntaba a una condena de hasta 60 años de prisión, hasta que una nueva revisión de las evidencias forenses cambió el rumbo del caso. El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, reconstruyó la investigación.El peso de la acusación: las pruebas de ADNDesde el inicio del proceso, la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre dos pruebas biológicas que parecían irrefutables. En el cuerpo de la víctima se hallaron tres perfiles genéticos, uno de los cuales coincidía con el de su pareja. Además, debajo de las uñas de Sandra se encontró material biológico del uniformado, un hallazgo que los investigadores interpretaron como la prueba de que la víctima lo había arañado mientras intentaba defenderse del ataque.La presión social y mediática fue inmediata. En el ámbito carcelario, Quintero fue apodado con nombres como "Pikachu" o "el descuartizador". Al respecto, el patrullero relató el impacto de pasar de ser un servidor público a un reo señalado por la justicia: "Pasé de en la mañana ser un policía a en la noche ser el bandido más grande de todo Bogotá".Por su parte, la madre de la víctima, Claritza Murillo, expresó en su momento el dolor y el rechazo hacia el Policía: "Demasiada rabia sentía por él y decepción porque yo decía, pero fue algo alguien que yo tuve en mi casa".¿Qué demostró el análisis forense?El caso comenzó a desmoronarse en 2015, cuando el médico forense Aníbal Navarro y un equipo revisaron los folios y la necropsia. Una de las primeras conclusiones que permitió desvirtuar la sevicia fue la causa de las lesiones en el cadáver. Contrario a lo que se informó inicialmente sobre un desmembramiento y quemaduras intencionales, la ciencia determinó que el daño fue causado por agentes externos del entorno rural.El doctor Navarro explicó que los hallazgos en el cuerpo no correspondían a una acción criminal tras la muerte: "No está desmembrado. Son animales que han intervenido y han fragmentado el cuerpo. Y en este caso lo más probable son perros”.Asimismo, se descubrió que las supuestas quemaduras eran en realidad procesos naturales de descomposición mal interpretados debido a que la fotografía forense fue realizada por personal no experto. Según la investigación, quien tomó las imágenes era en realidad una auxiliar de enfermería sin la formación técnica necesaria.La prueba del ADN bajo las uñas, que la Fiscalía presentó como señal de una lucha desesperada, fue analizada bajo una nueva óptica por la genetista Luz Adriana Pérez Sepúlveda. Al observar detalladamente el estado de las manos de la víctima, la experta notó que la evidencia física no respaldaba la teoría del forcejeo: "Las uñas no están rotas. No hay ningún tipo de daño en las manos que sugiera esa lucha".La defensa argumentó que el material genético hallado era mínimo y compatible con la convivencia normal de una pareja, un fenómeno conocido en la ciencia forense como transferencia por contacto cotidiano.El propio Quintero explicó este punto en su defensa: "No era que hubiera arrancado piel... es ADN normal, como cuando tú te sientas en el computador de tu compañero y ya hay ADN tuyo". Esta interpretación cambió el sentido de la evidencia: la presencia de material genético de Quintero no demostraba su participación en el crimen, ya que los análisis concluyeron que dicho rastro provenía de una relación consentida anterior a la desaparición de Sandra.Testimonios que rectificaron la inocencia del policíaOtro factor determinante para la libertad del policía fue la desarticulación del móvil del crimen. La Fiscalía sostenía que Quintero era un hombre posesivo y extremadamente celoso, una percepción que la familia de la víctima compartía. No obstante, los testimonios de amigos cercanos y clientes habituales del bar que Sandra administraba en el barrio Bosa Piamonte desmintieron esa conducta violenta.Adicionalmente, se logró identificar a los hombres con los que Sandra fue vista por última vez. Testigos confirmaron que la joven abandonó el establecimiento comercial en un taxi acompañada por dos sujetos. Uno de ellos era Néstor Yesit Sánchez, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la justicia tras confirmarse que su ADN también estaba presente en la escena. Sánchez fue condenado, mientras que la identidad del tercer implicado nunca pudo ser establecida por las autoridades.La sentencia absolutoria y las secuelas del procesoTras pasar casi seis años privado de la libertad, entre cárceles como La Picota y detención domiciliaria, un magistrado dictó el fallo que declaró la inocencia de John Alexander Quintero. “Yo siempre tenía una Biblia. Ese día cuando el juez dijo esas palabras, yo me arrodillé y le di gracias a Dios”, aseguró Luz Nidia Giraldo, madre del patrullero. “Esa fue esa primer Navidad otra vez en casa. Fue ver otra vez a mi familia reunida, volver a estar con todos, ver que tenía el apoyo de mi familia”, recordó John Alexander Quintero, conmovido.A pesar de la decisión judicial, el estigma social persiste para Quintero, quien ha manifestado dificultades para reinsertarse en la vida laboral debido a sus antecedentes judiciales, llegando a ser rechazado en decenas de empresas. Por otro lado, la familia de Sandra Viviana Ravelo mantiene su postura de desconfianza frente al veredicto. Claritza Murillo reafirmó su convicción tras conocerse la libertad del expolicía: "No, que diga la verdad, que diga el por qué. ¿Para qué lo hizo con esas personas? Porque él sabe que él fue".El caso de Sandra Viviana Ravelo terminó convirtiéndose en mucho más que una investigación por feminicidio. También abrió un debate sobre el alcance de la evidencia forense, la interpretación de las pruebas científicas y las consecuencias que puede tener una investigación cuando los hallazgos son cuestionados años después. Mientras la familia de la víctima sigue reclamando justicia, John Alexander Quintero intenta reconstruir una vida marcada por un estigma que, asegura, aún no desaparece.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
Cuando adelantaba una solicitud de demanda por alimentos contra el padre de su hijo, Ruth Cieza tuvo que realizarse una prueba de ADN para continuar con ese proceso. Al recibir los resultados, los médicos le informaron que ni su expareja ni ella eran los papás biológicos del niño que criaban.Ese momento, en el año 2022, fue de impacto para los padres del niño y no hallaban respuestas sobre lo que estaba ocurriendo, por lo que llevaron a la justicia el extraño caso, pues sospechaban que, en un hospital de Jaén, en Cajamarca, Perú, habrían cometido un error.Tras investigaciones adelantadas por la justicia peruana, a varias madres que dieron a luz durante los mismos días que Cieza les fue realizada las pruebas de ADN para confirmar que el hijo que criaban sí era el de ellos.La noche del nacimiento del bebé y la negligencia médica en cuestión fue el 24 de diciembre del 2018 y cuatro años después fue que empezó la batalla legal para conocer cómo fue el cambio de su hijo.El poder judicial peruano señaló en un comunicado el pasado jueves 17 de marzo del 2025 que el juzgado de Jaén requirió al hospital a realizar una terapia grupal psicológica a las madres y a los niños para el intercambio de los niños.¿Qué dijeron las madres de los niños?"Me estoy adaptando a mi niño que nació de mí, al que me lo han traído, y, al mismo tiempo extraño a mi hijito, que se fue al campo a vivir con su verdadera mamá. No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de mi hijito que se fue", manifestó Ruth Cieza, la madre de uno de los menores, a medios de comunicación.Este drama también es compartido por la mamá del otro bebé, María Chilcón, quien entró en una crisis nerviosa al momento de intercambiar a los niños el pasado miércoles.Incluso, medios de comunicación peruanos grabaron cuando esta madre se desmayó antes de partir a su pueblo Chirinos y entregar al niño que había criado como suyo.“No sé qué hacer, Dios mío, quiero que me ayuden. Uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse", dijo esta madre.Las madres también aprovecharon para culpar al hospital por estos dolorosos momentos. “Todo el dolor que estamos pasando es por el hospital y las enfermeras”, añadieron.Incluso, Chilcón recordó que en el 2018 le dijo a una enfermera que el niño que le había entregado no era el de ella. “Yo le dije a una enfermera: 'No es mi hijo, no es mi hijo'. Y ella me dijo: 'Señora, usted está loca'. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo una enfermera".En lo que coinciden estas madres es que extrañarán a los niños que han criado en estos más de 6 años: "Yo me he acostumbrado a él y ahora para que se vaya no es fácil".NOTICIAS CARACOL
Las fuertes lluvias en los departamentos colombianos de Arauca y Casanare (noreste) dejan centenares de casas bajo el agua y más de 9.000 familias damnificadas por las inundaciones, según informaron este sábado las autoridades.A esta situación se suma el departamento de Boyacá, donde las autoridades también reportaron al menos 27 municipios afectados por inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura vial. La emergencia ya deja más de 500 personas afectadas, además de varias veredas incomunicadas por el deterioro de las vías.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Lluvias dejan miles de damnificados en Casanare y AraucaDe acuerdo con Wilson Eduardo Porras, director departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, la administración declaró la calamidad pública debido al crecimiento acelerado de las afectaciones registradas durante la última semana. Según explicó el funcionario durante una entrevista en Noticias Caracol, el número de personas damnificadas pasó de cerca de 2.500 a aproximadamente 7.000 en pocos días, una cifra que evidencia la magnitud de la emergencia."Hoy queremos informarle al país que el departamento de Casanare ha declarado la calamidad por la temporada de lluvias que está afrontando. Desafortunadamente llevamos cerca de 7.000 damnificados", señaló Porras. Las mayores dificultades se han presentado por el desbordamiento del río Tocaría y de otros afluentes que han inundado zonas urbanas y rurales, obligando a las autoridades a evacuar familias y habilitar albergues temporales.El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, advirtió en un comunicado que las abundantes lluvias, así como los ciclos de sequía posteriores, forman parte de eventos climáticos extremos cada vez más recurrentes en el país debido al cambio climático.Por ello, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Arauca aprobó la declaratoria de calamidad pública en ese departamento donde, según informes de la UNGRD, hasta el momento se registran más de 9.000 familias afectadas, principalmente en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame. En un sobrevuelo por las zonas afectadas fueron constatados cuatro puntos críticos tras el colapso de varias infraestructuras, por lo que la UNGRD instaló un puente militar entre Arauca y el vecino Norte de Santander para enviar ayuda.En el caso de Casanare, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial se movilizaron hasta el lugar para atender a las personas que quedaron aisladas en aldeas, en especial en el municipio de San Luis de Palenque que quedó casi en un 90% bajo el agua.Norte de Santander y Santander también enfrentan emergencias por lluviasDurante una entrevista con Noticias Caracol, la gobernadora encargada de Boyacá explicó que los mayores impactos se concentran en la red vial, aunque también se han registrado afectaciones en viviendas y comunidades rurales. "En este momento tenemos identificados cerca de 27 municipios afectados por las fuertes lluvias. Hemos tenido malla vial destruida, viviendas con afectaciones y algunas veredas incomunicadas. Ya hemos logrado una articulación con los municipios y las diferentes entidades territoriales", señaló la mandataria.La funcionaria indicó que una de las primeras acciones implementadas por la administración departamental fue el despliegue de maquinaria amarilla hacia las zonas con mayores afectaciones, especialmente en la provincia de Gutiérrez. Según explicó, actualmente operan retroexcavadoras sobre orugas, motoniveladoras y vibrocompactadores para remover deslizamientos y recuperar la movilidad en las carreteras más comprometidas. Entre los municipios con mayores dificultades se encuentran Güicán, El Cocuy y Chita, donde el incremento del caudal del río Nevado ocasionó daños importantes en la infraestructura.Las fuertes precipitaciones también generan afectaciones en los departamentos de Norte de Santander y Santander, donde los desbordamientos de varios ríos han ocasionado daños en viviendas, cultivos, vías y sistemas de acueducto. En Norte de Santander, las autoridades reportan más de 1.000 familias afectadas por las lluvias, mientras que el colapso de un puente sobre la denominada vía Soberanía dejó incomunicada esta región con el departamento de Arauca, afectando la movilidad de cerca de 270.000 habitantes.Con información de EFEVALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años. Ese era su nombre. Sus familiares y amigos la recuerdan como una mujer trabajadora, cercana, amable y siempre dispuesta a apoyar a quienes la rodeaban. Hoy su muerte es materia de investigación por parte de la Fiscalía, la Policía Nacional y las autoridades de Bogotá. Adriana perdió la vida este viernes luego de someterse a un procedimiento estético en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La información preliminar señala que el establecimiento involucrado estaba registrado como una peluquería y no contaba con la autorización para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos.Imágenes de cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales evidencias del caso. En estas se observa el momento cuando varias personas sacan cargada a Adriana del lugar donde se había sometido a un procedimiento estético. Eran cerca de las 10 a.m. de este viernes cuando se produjeron los trágicos hechos. Según los registros oficiales, Adriana había ingresado al establecimiento hacia las 6 a.m.Fuentes de la Fiscalía señalaron que una de las principales hipótesis que se investiga es una posible intoxicación por medicamentos. En el reporte de las autoridades también se indica que la víctima se encontraba en el centro estético para practicarse una liposucción y que, según la información suministrada por su pareja sentimental, comenzó a sentirse mal una vez terminó el procedimiento. Posteriormente, fue trasladada a la sede de la Cruz Roja SAMU de la Alquería, donde falleció.A través de un comunicado, el Distrito informó que recibió notificación del caso luego de que Adriana presentó complicaciones críticas en el posoperatorio de este establecimiento, ubicado en la localidad de Puente Aranda, que funcionaba bajo la fachada de una vivienda.Las Secretarías de Salud y de Gobierno indicaron que el establecimiento no estaba registrado como prestador autorizado de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal tampoco estaba habilitado para ejercer actividades en salud. El alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciudadania para que denuncie este tipo de lugares y reiteró que ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer sin autorización de la Secretaría de Salud.Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía espera hacer unos allanamientos e inspecciones al inmueble para recaudar más elementos materiales probatorios. Con esos hallazgos se determinará si hay mérito para solicitar órdenes de captura contra los presuntos responsables de este caso.El de Adriana no es un caso aislado. En Bogotá, más de 150 lugares han sido sellados por no contar con permiso y medidas sanitarias. Basta con recordar lo que ocurrió con Yulixa Toloza en mayo pasado. Yulixa estuvo desaparecida durante seis días después de haberse sometido a una cirugía estética y luego apareció muerta al lado de una carretera.En estos lugares, en general, las autoridades han encontrado similitudes: medicamentos vencidos o adulterados en cajas y ampollas, historias clínicas con inconsistencias y equipos biomédicos sin registro Invima para procedimientos estéticos como la lamada lipolaser. Al menos así se identificó en 10 inmuebles allanados por el CTI de la Fiscalía y la Secretaría de Salud solo en el norte de Bogotá. Lo alarmante es que, pese a estas circunstancias, en esos lugares practicaban procedimientos invasivos sin autorización, incluso con órdenes de suspensión de actividades por parte de las autoridades de salud. Uno de los lugares, por ejemplo, contaba con una ambulancia medicalizada.Las autoridades identificaron procedimientos estéticos bajo condiciones sanitarias que ponían en riesgo la vida de las personas que acudían como pacientes. "La afluencia de esos lugares son Kennedy, Puente Aranda, Chapinero, Fontibón, Suba, que cuentan con establecimientos de estética y belleza con fachadas de peluquería, pero al interior están realizando algún tipo de procedimiento invasivo", detalló Kattya Baquero, directora de calidad de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud.Entre 2025 y el 5 de julio de este año las autoridades han adelantado 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a este tipo de establecimientos. De estos 155 fueron sellados por incumplimientos a la norma.Las denuncias sobre este tipo de establecimientos se pueden presentar en la línea telefónica 601 364 9550, con la opción 1 que durante las 24 horas está al servicio de la ciudadanía.NOTICIAS CARACOL
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aclaró este sábado que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela", luego de que el Gobierno venezolano respondió a unas declaraciones suyas sobre la reconstrucción necesaria tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. "En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades", manifestó en un comunicado la oficina de prensa de De la Espriella, quien asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto. El mandatario electo agregó que "la reconstrucción de las zonas afectadas es un desafío de enormes proporciones que puede beneficiarse de la solidaridad internacional, de la experiencia técnica de países vecinos y de la participación de sus sectores productivos, siempre dentro de los mecanismos de cooperación que resulten procedentes y con pleno respeto por el derecho internacional".La declaración se produjo después de que el Gobierno venezolano subrayó más temprano en un comunicado que es competencia "exclusiva" suya la planificación y reconstrucción tras los terremotos, y que ya "ha activado" a sus empresas públicas, industrias nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso. La Cancillería venezolana, de hecho, reaccionó "con extrañeza" a las declaraciones de De la Espriella, quien este viernes en un acto público aseguró que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica". Además, aseguró que en una reunión con Estados Unidos plantearían "esta situación al gobierno norteamericano"."El Gobierno entrante de la República de Colombia tomó nota del comunicado emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con ocasión de las declaraciones del presidente electo, Abelardo de La Espriella", agregó este sábado la oficina del próximo mandatario colombiano.Según el comunicado, De la Espriella hizo sus afirmaciones "desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional, inspiradas en la convicción de que, ante tragedias de esta magnitud, los países vecinos deben estar dispuestos a sumar capacidades para aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas". En ese sentido, su oficina destacó que Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas "que podrían contribuir de manera significativa a las labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción, si así llegaran a existir los canales institucionales y la voluntad de cooperación entre las partes"."Las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías. En esos momentos, la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política", agregó en el comunicado.Los dos terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento 4.333 fallecidos, 16.740 heridos y a 17.907 personas sin vivienda, según dijo este sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.El Gobierno venezolano alegó que De la Espriella "pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos", y reafirmó que "corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el pasado doble sismo".En el comunicado de este sábado, la Cancillería venezolana reiteró que "de ser necesario, el Estado venezolano, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción".La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado que habrá recursos para la reconstrucción, sin precisar el alcance, y otras medidas como la anunciada un día después de la catástrofe sobre la creación de un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares para recibir donaciones internacionales destinadas, entre otros fines, a vivienda.En los últimos días, Rodríguez ha hecho un llamado a empresas nacionales y extranjeras para una construcción "agresiva y rápida" de viviendas, y ha asegurado que ya trabajan en la ubicación de terrenos para construir nuevas casas y "ciudades antisísmicas".Caracas ha abierto conversaciones con Washington para abrir una nueva línea de cooperación para reconstruir la infraestructura perdida y también Brasil ha mostrado su apoyo con la reconstrucción. Pero el comunicado especifica que con el gobierno electo de Colombia "a la fecha no está prevista articulación alguna".NOTICIAS CARACOL*Con información de EFE
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció una nueva convocatoria para encontrar a cuatro personas que participen en un experimento diseñado para estudiar cómo sería una misión de larga duración hacia la Luna y Marte. El proyecto hace parte del programa Moon and Mars Exploration Analog (MMEA) y está previsto para iniciar, de manera tentativa, en agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas.Y aunque los participantes no abandonarán la Tierra, vivirán durante varios meses en ambientes que reproducen muchas de las condiciones que enfrentarían los astronautas en un viaje interplanetario. La investigación permitirá analizar el comportamiento humano, el estado físico y la adaptación psicológica durante misiones prolongadas. De acuerdo con la NASA, la información obtenida servirá para preparar futuras expediciones del programa Artemis y los planes de exploración humana hacia Marte.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Cómo será la misión de simulación de la NASA?El programa tendrá una duración total de 14 meses. De ese tiempo, los voluntarios pasarán aproximadamente 12 meses dentro de dos hábitats especialmente diseñados, mientras que los dos meses restantes estarán destinados al entrenamiento previo y a las actividades posteriores a la misión. La portavoz de la NASA, Kelsey Spivey, explicó a CNN que la investigación estará dividida en tres etapas.La primera "tendrá lugar dentro de una nave espacial simulada de 650 pies cuadrados (60 metros cuadrados), donde los voluntarios vivirán como si estuvieran viajando desde la Tierra a la Luna o Marte", y cada integrante contará con un espacio privado para dormir, trabajar y descansar, además de un pequeño baño adaptado para la misión. En una segunda fase, los participantes pasarán a un hábitat que representa una base en la superficie de otro planeta. Allí deberán realizar actividades similares a las previstas para futuras misiones reales.Finalmente, la tripulación regresará a la nave utilizada durante el inicio de la misión para completar la simulación del viaje de regreso a la Tierra.¿Cuál es el objetivo de la convocatoria de la NASA?Uno de los aspectos centrales de esta investigación será analizar cómo reaccionan las personas al llamado "tiempo marciano". En Marte, un día - conocido como un "sol"- dura cerca de 40 minutos más que un día terrestre. Esa diferencia, aunque parece pequeña, puede alterar los ciclos normales de sueño, afectar el rendimiento físico y modificar procesos fisiológicos que aún continúan siendo estudiados."Los participantes en la investigación voluntaria contribuyen enormemente a la base de conocimientos ayudando a la NASA a caracterizar los riesgos y probar contramedidas para mejorar el rendimiento humano durante misiones de exploración espacial de larga duración", indicó el vocero de la agencia. Estos son los requisitos para participar en la convocatoriaSer ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con tarjeta verdeTener entre 30 y 55 añosHablar inglés con fluidezMedir máximo 1,88 metros de estaturaSuperar evaluaciones médicas y psicológicasNo presentar restricciones alimentariasNo tener antecedentes de sonambulismoNo depender del uso de medicamentos para dormirAdemás, deben ser personas con perfiles similares a los exigidos para ser astronautasLa NASA solicita títulos universitarios en áreas como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas. También podrán aplicar quienes tengan estudios avanzados en disciplinas STEM, mientras que la experiencia militar será considerada dentro del proceso de selección.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
Un nuevo caso de presunto maltrato animal fue atendido por las autoridades distritales en Bogotá. Esta vez ocurrió en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde un perro adulto fue retirado de una vivienda tras una visita de inspección en la que se identificaron varias condiciones que comprometían su bienestar.La intervención fue realizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad que, junto con otras autoridades, acudió al lugar luego de recibir una denuncia relacionada con las condiciones en las que permanecía el animal.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El perro vivía en una terraza y se encontraba amarradoDurante la diligencia, el equipo encontró que el perro vivía en una terraza de la vivienda y permanecía amarrado, situación que limitaba significativamente su movilidad. De acuerdo con el concepto emitido por el Instituto, el espacio no reunía las condiciones necesarias para garantizar una adecuada calidad de vida al animal.Además de las restricciones físicas, los profesionales que participaron en la inspección realizaron una valoración inicial de su estado de salud y evidenciaron diferentes afectaciones que requerían atención veterinaria.Según informó el IDPYBA, el canino presentaba una condición corporal baja, lesiones visibles en la piel y presencia de parásitos externos. A esto se sumaban las condiciones de higiene del lugar, catalogadas por la entidad como inadecuadas para el bienestar del animal.Las autoridades también establecieron que el perro no tenía acceso permanente a agua limpia ni alimento. Durante la inspección se evidenció que consumía agua acumulada por la lluvia en charcos formados sobre el piso de la terraza.Tras conocer los hallazgos y el concepto emitido por los funcionarios, las personas que tenían al perro bajo su cuidado decidieron entregarlo de manera voluntaria al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.Desde ese momento, el animal quedó bajo la custodia del IDPYBA, donde iniciará un proceso de recuperación que incluye valoración médica, tratamiento veterinario y seguimiento a su evolución antes de definir el siguiente paso dentro de su proceso de protección.¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?El Distrito recordó que las denuncias oportunas permiten activar los protocolos de verificación y, cuando se comprueba una situación de riesgo, adoptar medidas de protección para los animales afectados. Las personas que conozcan un posible caso de maltrato animal pueden comunicarse a través de la Línea de Emergencias 123 cuando la situación represente un riesgo inmediato.También está disponible el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, donde es posible reportar los hechos y aportar información que facilite la atención del caso. Otra alternativa es acudir de manera presencial a la sede del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ubicada en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
