Juan Manuel Galán, precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza por el Nuevo Liberalismo, visitará la plaza pública del municipio de Soacha, lugar donde fue asesinado su padre, Luis Carlos Galán, en 1989.Jurados de votación: ¿a qué hora deben llegar a las urnas?El evento se llevará a cabo este domingo, 6 de marzo, para continuar con su campaña de cara a las consultas interpartidistas que definirán los candidatos presidenciales.En medio de la convocatoria surgieron algunas versiones que hablan de presuntos pagos para quienes asistan al acto político.Ante la polémica que causaron las acusaciones, Juan Manuel Galán optó por pedirle explicaciones a la agencia logística que fue contratada para el evento. Invitó a verificar que ni el Nuevo Liberalismo ni su equipo de campaña “han realizado una solicitud tan absurda”.El precandidato fue enfático en que “no pagamos para llenar plazas”.¿Por qué sería mejor presidente que sus compañeros?: candidatos de Centro Esperanza responden
Ninfa Azucena González es la fiscal del caso que halló lo que nadie había visto en 20 años de investigación. “Este tipo dijo la verdad en 1992 y está diciendo la verdad...". Bajo esa convicción, la experimentada fiscal inició una búsqueda titánica del hombre que para ella era el depositario de los más oscuros secretos del plan criminal contra Luis Carlos Galán. Su búsqueda, que inició en el 2013 con una huella dactilar hallada en un polvoriento expediente, de los muchos que para la época le abrieron al narcotraficante Pablo Escobar, le tomó un año y medio. "Encontramos un proceso relacionado con los hechos de Pablo Escobar, y empezamos a hojearlo. Era un proceso ya lleno de ácaros, las hojas no se podían tocar porque se podían destruir", recuerda González. Y añade, "estaba en un estado lamentable. La logramos reparar, colocándole cinta, cogiéndola con cuidado porque estaba roto, poco legible. Nos tocó casi que usar lupa para mirar y constatar lo que decía en la declaración, y efectivamente esta fue la pieza clave para reactivar la investigación". Una vez ubicado el hombre, que resultó ser Jairo Lozada Ramos, integrante de Los Pepes y escolta de los hermanos Galeano, socios criminales de Escobar, le dio a la Fiscalía la hoja de ruta para desempolvar el caso por el crimen de Galán. Su principal confesión fue la alianza entre el narcotráfico, la política y la Policía para exterminar al jefe del nuevo liberalismo. "Él decía que había una nómina y dentro de la declaración incluso señala cuánto ganaba un capitán, cuánto ganaba un mayor. De acuerdo al grado, le iban dando diferentes sumas", explica la fiscal. Dio nombres de policías que recibían sueldo de la organización Gacha. De la existencia de esa nómina paralela nacieron las dudas frente a las fallas del esquema de seguridad asignado a Galán el 18 de agosto de 1989. Las inconsistencias en versiones de uniformados como el comandante de la Policía en Soacha, el mayor Luis Felipe Montilla, sugerían, según la fiscal, que todo había sido planeado. "Si miramos, la Policía, si fue que la hubo, en la parte de atrás de donde estaba el doctor Luis Carlos Galán. Es decir, quedó todo despejado, absolutamente la plaza despejada, que fue por donde entraron los sicarios y tuvieron toda la capacidad logística para poderle disparar cuando él levanta los brazos", señala la fiscal González. La investigadora revela incluso un hecho que prueba aún más que fue un crimen en el que participaron agentes del Estado. Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas, es protagonista. Le tomó seis meses estudiar el proceso que durante 20 años no arrojó resultados. Entre sus hallazgos estuvo la desviación del crimen, una estrategia usada en esa época para despistar, no solo en crímenes como el de Galán, sino en crímenes como el de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Ninfa Azucena González, detalla que los delincuentes "buscaban personas que tuvieran antecedentes penales, que fueran muchachos condenados por homicidio, que tuvieran antecedentes penales para que fuera más creíble que efectivamente estos muchachos o estas personas habían estado involucradas en este homicidio". Hace seis años, cuando el expediente llegó a sus manos, solo existía la condena en contra del exministro Alberto Santofimio Botero y Jhon Jairo Velásquez ‘Popeye’, que a su juicio no eran suficientes. Las pruebas que recogió recorriendo el país las esconden unos amarillentos expedientes que reflejan el paso de los años, y que explican por qué asesinaron a Luis Carlos Galán. El hombre de la huella que le reveló a la justicia los secretos más profundos del plan contra Galán, y que se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía, desapareció hace dos años sin dejar rastro luego de advertirle a los investigadores que sentía miedo.
Jesús Calderón registró todo con su lente, mientras Pedro Nel Angulo intentó salvar al precandidato presidencial. Ese viernes 18 de agosto de 1989 fue un día triste. En las primeras horas de la mañana los colombianos despertaban con la noticia del asesinato del comandante de la Policía de Medellín, coronel Valdemar Frankin Quintero, el mismo que había frustrado un atentado contra Galán pocos días atrás. Era la gota de sangre que rebosaba el vaso del terror que imponían los carteles narcos en su lucha por alcanzar el poder político y Galán estaba perturbado. Jesus Calderón, su camarógrafo de campaña, uno de sus más cercanos colaboradores, revive el minuto a minuto detrás de su cámara: “"Veía mucha gente, yo estaba inquieto. Él me dijo que presentía algo (...) me dijo ‘Chucho, es ahora o nunca, yo no me voy a acobardar. Miedo no les tengo. Muy amenazado, sí, supremamente amenazado’. Y cada nada me mostraba sufragios”. En la agenda de bolsillo de Galán quedaron de su puño y letra tachados los compromisos determinados como “peligrosos”. Agendados quedaron, Soacha esa noche y Villeta al día siguiente, una cita que nunca pudo cumplir. Pedro Nel Angulo, escolta sobreviviente, junto a Santiago Cuervo, eran los escoltas de mayor confianza de Galán. Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas, había ingresado días previos por orden del general Miguel Maza Márquez, quien se defendió en el juicio diciendo que fue el mismo Galán quien solicitó cambiar a Víctor Cruz por falto de seriedad y hacer comentarios inapropiados sobre su vida privada. Fue del movimiento en este esquema de protección lo que terminó debilitando la seguridad del candidato. El grupo de sicarios que estaba desplegado en diferentes puntos de la plaza esa noche usó sombreros blancos como distintivos y las pancartas sirvieron de escudos criminales. Así lo confesó José Everth Rueda Silva, quien le escribió una carta a su madre confesándole su participación, antes de ser asesinado. Rueda, fue conocido como el hombre de la pancarta, se ve por primera vez en un video bajando del vehículo de Luis Carlos Galán al lado Santiago Cuervo y Pedro Nel Angulo, los escoltas. Sobre la tarima quedaron tendidos Galán, herido de muerte, cubierto por su escolta Santiago Cuervo quien reacciona y herido arrastra el cuerpo del precandidato presidencial hasta bajarlo de la tarima. Revisando las imágenes, Chucho señala: "mire las heridas de Santiago, como mancha de sangre y tiene dos tiros de 9 milímetros en el cuerpo, mírelo. ¡Y lleva a su jefe hasta el carro, lo sienta en sus piernas y cae! Cuando llegan al hospital, él está mal, a los ocho días se muere. El llevaba dos tiros de nueve milímetros en el estómago". Él seguía grabando casi sin saberlo. Así logró llegar hasta Galán y aún lo encontró consciente. “Cuando lo bajamos de la tarima lo miré a la cara y me dijo, ‘no me dejen morir. Por favor, Chucho, no me dejen morir’”. En medio de caos lo sacaron arrastrando hasta su carro blindado. Pedro Nel Angulo, escolta sobreviviente, recuerda que durante el ataque el jefe de escoltas Torregrosa no estaba. Solo se volvieron a ver cuando estaban dentro del vehículo blindado: “le dije que llamara al DAS, pero él no quiso hablar nada, como quieto, como ido. A mí me toco arrebatarle el radio y yo fui el que comuniqué a la central del DAS que habían atentado contra el doctor Luis Carlos Galán". Basada en las investigaciones, la Corte Suprema de Justicia concluyó que el exjefe del DAS, Miguel Maza Márquez, tenía vínculos estrechos con el paramilitar Henry de Jesús Pérez, quien habría sido encargado por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha de ejecutar al líder liberal.
