Extranjero lleva 14 años peleando por apartamento que compró en Cartagena: está ocupado ilegalmente

El Edificio Pombo, una joya arquitectónica situada en una esquina estratégica de la ciudad amurallada de Cartagena y declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se ha convertido en el escenario de una prolongada disputa legal que parece no tener fin. Lo que originalmente fue un centro de oficinas transformado en exclusivos apartamentos, hoy es el epicentro de denuncias por ocupaciones ilegales que afectan tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros que apostaron por el mercado inmobiliario de La Heroica. Los Informantes conoció esta historia.

Uno de los casos más dramáticos es el de Dennis John Dianotonio, un ciudadano estadounidense que adquirió la propiedad de mayor tamaño en el edificio con la intención de pasar allí sus años de jubilación. Sin embargo, su sueño se transformó en una pesadilla burocrática y judicial que ya suma 14 años de litigio.

¿Ocupación ilegal en el Edificio Pombo de Cartagena?

La historia de Dianotonio comenzó hace casi 15 años cuando, al llegar a su propiedad, descubrió que las cerraduras habían sido cambiadas sin su consentimiento. El responsable, según las denuncias de los afectados, es un hombre identificado como Electo Cáliz Fernández, quien ha sido señalado por múltiples propietarios de ser un "invasor ilegal en serie".

Dianotonio relata el momento en que intentó retomar el control de su inmueble: "Llegué allí y vi que Electo había quitado mis cerraduras y había puesto los suyos. Llevé algunas herramientas para cortar las cerraduras y cuando estaba allí, él apareció junto con tres de sus matones". En ese breve instante, el propietario logró entrar, pero la situación escaló rápidamente hasta convertirse en un proceso judicial que lo ha mantenido fuera de su propio apartamento desde entonces, frustrando sus planes de retiro en Colombia.

Para el inversionista, la situación resulta incomprensible bajo los estándares internacionales de seguridad jurídica. "¿Cómo se puede permitir que una ciudad como Cartagena, que es una ciudad de clase mundial, esté tan contaminada con un sistema judicial así?", cuestiona Dianotonio sobre la falta de garantías para los propietarios.

La denuncias por ocupación ilegal en Cartagena

El caso de Dianotonio no es aislado. Hugo Solano, vocero de varios afectados en el edificio, explica que el esquema de invasión aprovecha los vacíos del sistema y la alta demanda de rentas turísticas. Según los testimonios, los ocupantes no buscan un techo por necesidad, sino explotar económicamente los inmuebles a través de plataformas digitales.

Solano describe cómo se utilizan estas herramientas tecnológicas: "Esta plataforma Airbnb, Booking.com, ellos no exigen documentos, ellos no le piden al propietario escritura, nada de esas cosas; entonces ellos arrancan con su proceso de invasión y paralelamente ya están rentando el apartamento". Esta dinámica permite que los invasores perciban ingresos considerables, que pueden oscilar entre los $600.000 y $1.200.000 pesos por noche, mientras los verdaderos dueños deben seguir respondiendo por impuestos y servicios públicos.

Incluso expertos en leyes han sido víctimas de estas maniobras. Jorge Rodrigo Manotas, abogado retirado y propietario de la terraza del edificio, denunció que el acceso a su propiedad fue tomado bajo engaños para montar un negocio nocturno. "Mi suegro no tenía ni idea. Este señor Electo Cáliz le había pedido las llaves para mostrar la azotea porque en ese momento mi suegro estaba tratando de ver si conseguía un comprador para el inmueble, y resulta que este señor se había quedado con las llaves y montó una discoteca ahí", relató Solano sobre el caso de Manotas.

El laberinto legal: de invasor a poseedor

La legislación colombiana establece tiempos críticos para la recuperación de un bien. Si un propietario detecta la invasión en las primeras 48 horas, la Policía puede intervenir de inmediato bajo una querella por despojo. Sin embargo, si ese plazo expira, el proceso se traslada a las inspecciones de Policía y, eventualmente, a la justicia civil, donde los casos pueden tardar años en resolverse.

Una vez que el proceso entra en la etapa civil, el invasor adquiere jurídicamente la condición de "poseedor" hasta que un juez determine lo contrario. "En el momento en que tú aceptas que ese invasor está en tu propiedad, él pasa de ser invasor a poseedor entre comillas hasta que no se demuestre lo contrario", señala la información recolectada sobre el proceso. Este cambio de estatus permite radicar la admisión de la demanda en la oficina de instrumentos públicos, bloqueando cualquier transacción sobre el bien y otorgando al ocupante años de permanencia legal mediante recursos dilatorios.

Un único precedente de victoria en este caso

A pesar de la complejidad del panorama en el Edificio Pombo, existe un caso donde la justicia finalmente falló a favor de la propiedad privada, aunque tras un proceso agotador. Ángela, otra de las copropietarias, logró recuperar su apartamento después de más de una década de batallas legales.

Su experiencia refleja la vulnerabilidad inicial de los dueños. Al intentar ingresar a su propiedad tras notar el cambio de candados, fue ella quien terminó conducida a una estación de Policía. "Nos llevan a la estación de Policía y el Electo decía que cómo así que compran predios y que no hacen nada, los dejan ahí", recordó Ángela sobre las justificaciones del ocupante.

Tras vencer en segunda instancia en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, Ángela recuperó su inmueble, pero el temor a una nueva invasión la llevó a venderlo de inmediato para encontrar tranquilidad. Mientras tanto, Dennis John Dianotonio y otros propietarios continúan esperando que la justicia colombiana resuelva sus casos, en un edificio donde, según los denunciantes, los muros internos han sido derribados para conectar apartamentos invadidos y ampliar la operación de rentas ilegales.

La situación en esta joya del patrimonio cartagenero sigue bajo la lupa, mientras los afectados claman por una intervención eficaz de las autoridades judiciales para frenar un fenómeno que, advierten, podría extenderse a otras zonas del país.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.