El 27 de noviembre de 1989, la tragedia del vuelo 203 de Avianca conmocionó a Colombia y al mundo. El avión, que debía cubrir la ruta entre Bogotá y Cali, se desintegró en el aire mientras sobrevolaba las laderas de Soacha. El siniestro cobró la vida de 107 víctimas fatales a bordo (seis tripulantes y 101 pasajeros, incluidos dos ciudadanos estadounidenses) y tres personas más que murieron en tierra por el impacto de los fragmentos. En total, 110 personas perdieron la vida.Los Informantes habló con Federico Arellano, hijo de una de las víctimas más recordadas—el maestro Gerardo María Arellano— que ha dedicado años a investigar el suceso y ha puesto sobre la mesa esta nueva teoría, buscando "respuestas reales y acertadas sobre un hecho tan doloroso y tan trágico".La versión oficial que ha primado durante 36 años sostiene que la tragedia se debió a un atentado de Pablo Escobar, quien supuestamente ordenó colocar una bomba en la aeronave con el objetivo de asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria. Sin embargo, esta hipótesis, que ha mantenido el caso en "indagación preliminar" por décadas, se enfrenta hoy a una teoría igual de escalofriante y radicalmente distinta, respaldada por un informe forense del FBI: el avión no explotó, sino que fue impactado por un misil tierra-aire.La hipótesis del misil: el dictamen del FBIDebido a que entre los pasajeros había ciudadanos norteamericanos, el gobierno de George W. Bush asumió cierta competencia, involucrando al FBI para adelantar pruebas técnicas y científicas. El resultado de esos análisis es el centro de la nueva línea de investigación.El dictamen pericial clave fue emitido por Frederic Whitehurst, quien era el jefe de explosivos del FBI en ese momento. Según la investigación que ha conocido Arellano, el experto "estableció que lo que allí encontró eran unos componentes de la ojiva de un misil". Arellano afirmó que el siniestro fue causado por un misil tierra-aire que "impactó como agente externo el fuselaje del avión".El análisis del FBI, que sin duda para Arellano debe ser el laboratorio "de mayor credibilidad en el planeta", arrojó que "lo que allí hubo eran componentes químicos y físicos que integran la ojiva del misil como tal". Esta conclusión "deja sin ningún sustento la posibilidad de una bomba".Arellano detalló que la evidencia técnica indica una implosión, no una explosión. Explicó que el informe establece que "el avión implosionó, no explotó" y, por lo tanto, "el avión fue impactado desde lo exterior hacia lo interior no de adentro hacia afuera como sucede obviamente en una explosión".El avión fue impactado cuando sobrevolaba la zona aledaña a Indumil en Soacha. Arellano indicó que, al parecer, se estaban haciendo unos “entrenamientos, una instrucción militar para la manipulación de estos artefactos". Sobre la procedencia del artefacto, aclaró que "esos eran misiles importados, está por definirse si de Israel o Rusia, pero esos misiles no eran colombianos, claramente".¿Ocultaron en informe del FBI?El informe del FBI goza de reserva y es considerado un documento con "información clasificada del Estado americano". Federico Arellano contactó al perito Frederic Whitehurst, quien está dispuesto a declarar y aportar el documento legalmente.El experto le contó a Arellano lo que sucedió tras bambalinas: cuando el Sr. Whitehurst vio que los resultados de la prueba indicaban la ojiva de un misil, dijo que: “Realmente ahí lo que estaban diciendo que era una bomba, un atentado terrorista, que era Escobar y del Cartel de Medellín, no era cierto. Ahí lo que hubo era esto (misil) y no otra cosa”.Según Arellano, Whitehurst fue presionado para que se pronunciara a favor del "esquema que habían montado del atentado terrorista". El agente, sin embargo, se mantuvo firme en la ética de su trabajo, asegurando: “’Yo no voy a proferir un dictamen pericial falso y si esto me cuesta el puesto, que me cueste’'. Y le costó. Lo despidieron por no mentir”, reveló Arellano.Arellano sostuvo que “el FBI se mantiene en que eso fue un misil. Ese fue el dictamen pericial del señor Whitehurst, lo que pasa es que eso lo han querido mantener oculto".Desvirtuó la hipótesis de un atentado de EscobarLa hipótesis oficial ha sido que Pablo Escobar derribó el avión. El expediente judicial se denominó como ‘Gerardo Arellano y otros’. Sin embargo, la investigación nunca tuvo avances significativos.Arellano destacó que Escobar era conocido por atribuirse con orgullo sus crímenes, como en los casos del DAS o el secuestro de Diana Turbay. Pese a ello, el narco nunca se refirió al tema. Además, el abogado afirmó que las posteriores declaraciones de lugartenientes de Escobar, como alias ‘Popeye’ o ‘El Taxista’, "no son válidos porque la teoría del caso que planteo hoy tiene pruebas de carácter técnico y científico".Justicia, verdad y reparaciónA pesar de los años transcurridos, el caso no ha prescrito. Federico Arellano logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara el crimen de lesa humanidad en 2009. Por consecuencia, este delito es imprescriptible, "es decir que tiene vida eterna".El único condenado hasta ahora es alias ‘La Quica’, un lugarteniente de Escobar, condenado en EE. UU. a varias cadenas perpetuas. Arellano cree que es inocente, ya que ‘La Quica’ ha declarado en varias ocasiones que “él no tuvo nada que ver en eso, que él no estaba participando en ningún acto terrorista y que ahí no hubo ningún acto terrorista”.El abogado ha insistido ante la fiscal del caso en Colombia para que solicite a Estados Unidos la incorporación del informe del FBI al expediente y que el perito Frederic Whitehurst sea llamado a declarar. Su pretensión es clara: "La verdad y mi pretensión como consecuencia de la verdad subsiguiente es la justicia y la reparación".Treinta y seis años después, el país sigue esperando conclusiones de la justicia ante la "impunidad". La diligencia más reciente en el caso es la declaración de Carlos Lehder, quien solo entregó información de contexto, ya que al momento del siniestro él ya había sido extraditado a territorio estadounidense.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.
Compradores de viviendas en Colombia denuncian incumplimientos en la entrega de documentos legales que certifiquen la propiedad de sus inmuebles, un fenómeno que se extiende desde el Eje Cafetero hasta Antioquia y Boyacá. Pese a haber invertido los ahorros de toda una vida, muchos afectados aseguran que la vivienda donde residen materialmente, no les pertenece legalmente. Las autoridades, incluidas las Superintendencias, investigan estos casos que, según los denunciantes, se han convertido en un “robo legal” o una “estafa”. Séptimo Día conoció varias denuncias. Hernán de Jesús Martínez, un comerciante antioqueño de 60 años, es uno de los rostros de este drama. Trabajó toda su vida como comerciante independiente y su sueño era adquirir una propiedad en Envigado, Antioquia, en el proyecto Magdalena de la Cuenca, con la finalidad de obtener una renta que le sirviera de pensión, ya que no es pensionado.La adquisición se concretó en el año 2014. En solo año y medio, Hernán logró el pago total de su apartamento, que ascendía a 143 millones de pesos incluyendo el parqueadero, es decir, a mediados de 2015 ya había cumplido con todas sus obligaciones. En 2018 le fue entregado físicamente el inmueble mediante acta.Un largo calvario sin respuestasEn 2018, cuando fue a preguntar por las escrituras, le dijeron que “todavía no estaban las escrituras, que era muy pronto”. Volvió a preguntar en 2019, y la respuesta fue la misma: “ que todavía estaba muy pronto”. Luego llegó el 2020 y “la pandemia enredó todo eso”. En 2022 regresó a averiguar, y la respuesta se mantuvo negativa.La situación se tornó crítica en 2023. “Cuando fui, ya no había nada”, relata Hernán en Séptimo Día. La oficina principal de Acierto Inmobiliario ya estaba cerrada completamente. En ese momento, dice, pensó: “Ya fue, se perdió esto”. Diez años después de haber realizado el pago total del apartamento, este hombre sigue sin tener las escrituras.La sorpresa de las “empresas de papel”Séptimo Día tuvo acceso a un documento crucial en medio de esta incertidumbre: la disolución de la sociedad Acierto Inmobiliario. Lo cual fue una “gran sorpresa” para Hernán, quien creía haber hecho el negocio directamente con esa entidad. Sin embargo, el acta de entrega mostraba que la vendedora era Promotora Inmobiliaria de la Cuenca S.A..“No, sinceramente quedo atónito con eso. En estos momentos no tengo palabras para afrontarlo”, manifestó Hernán de Jesús Martínez al conocer la existencia de estas diferentes razones sociales.John Morales, abogado de la firma Dumed, representa a Hernán Martínez, y a otros afectados, ante la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).El abogado Morales expuso la complejidad corporativa del caso al cuestionar: “¿Cómo es que un constructor va a crear en la misma Cámara de Comercio 18 empresas constructoras o promotoras como lo queramos llamar de papel?”. Según el jurista, Acierto Inmobiliario fue utilizada para "darle la apariencia" a los proyectos y "enganchar la gente", pero esa constructora no firma por ningún lado dentro de los documentos. Aunque Acierto se liquidó, el grupo macroeconómico sí existe.La incertidumbre sobre la propiedad ha afectado profundamente a Hernán. “Siente uno un desacierto, como una insatisfacción grande. El solo imaginar que de pronto puede uno tener un apartamento allá y a la vez no, es algo complicado”, expresó.La respuesta del constructorSéptimo Día buscó a Acierto Inmobiliario. Tras acercarse a las oficinas, se contactó vía telefónica a Juan Guillermo, identificado como parte de la constructora.Al ser consultado sobre el caso de un comprador que 7 años esperando la escritura, es decir, Hernán, quien lleva 10 años desde el pago total y 7 años desde la entrega, Juan Guillermo respondió que este tipo de demoras es “perfectamente viable estamos en unos proyectos que tienen esos tiempos y esos tiempos no se pueden cambiar”.Juan Guillermo confirmó que la empresa entró a la Ley de Reorganización hace dos años. No obstante, prometió una fecha de escrituración definitiva: “seguramente en las próximas semanas vamos a ser capaces ya de darles la noticia definitiva a los clientes”.Dos días después de la entrevista, el 13 de noviembre de 2024, Acierto Inmobiliario respondió a Séptimo Día por chat sobre el caso de Martínez. La constructora aseguró que Hernán de Jesús Martínez “no tiene ningún riesgo de perder la vivienda” y que se le asignará una persona para agilizar el trámite de escrituración.El caso de Hernán Martínez en Envigado no es un hecho aislado. La investigación periodística realizada por Séptimo Día reveló que el incumplimiento en la entrega de escrituras y los problemas de sobrecostos o deudas ocultas afectan a decenas de familias en diferentes regiones de Colombia. *Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.
Decenas de ciudadanos en Armenia, Quindío, que soñaron con tener casa propia, atraviesan una situación crítica. Denuncian incumplimientos por parte de la constructora de un proyecto de vivienda de interés social en la zona norte. La problemática se centra en la falta de escrituración de apartamentos que, según los afectados, ya fueron pagados en su totalidad, lo que pone en riesgo tener casa propia.Parque Residencial del Café, en Armenia, es el proyecto señalado por varios compradores que denuncian millonarios sobrecostos exigidos para completar el proceso de escrituración. Séptimo Día conoció sus denuncias y habló con el presunto señalado.El sueño convertido en pesadillaLaura Daniela Hernández, abogada de 35 años, invirtió los ahorros de toda su vida en este proyecto y pagó la totalidad de su apartamento en octubre de 2023. “Pagué $156.600.000 millones de lo que me correspondía de mi apartamento y la verdad yo no tenía esa plata. A mí me tocó pedirla prestada a una hermana y mi papá también me prestó una parte que todavía se la estoy debiendo”, relató.El 20 de diciembre de ese año le entregaron el inmueble: "Yo súper contenta por recibir mi apartamento. Me lo entregaron, fue una entrega formal y les pregunté: ‘¿y mi escritura?’ Y me dijeron: 'Dani, la escritura sale a los 15 días'".En Colombia, los proyectos de vivienda de interés social se negocian en salarios mínimos a la fecha de escrituración. Laura Daniela firmó la compra de su apartamento en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2023, por lo que escriturarlos en 2024 significaba un aumento de $15.600.000 millones adicionales al precio de compra inicial.Su meta era no tener préstamos ni deudas, por lo que trabajó arduamente: "Yo esos dos años me dediqué a trabajar como tú no te imaginas. Mi sueldo llegaba e iba para la fiducia. Todo mi sueldo, o sea, no me quedaba con nada mes a mes... Ellos querían que pasaran el año para subirme ese recargo”, reveló.No obstante, desde 2024, aseguró que su sueño se convirtió en pesadilla. La abogada empezó a solicitar la escritura sin éxito: "Yo desde enero empecé mis escrituras, febrero, mis escrituras, marzo, mis escrituras, nada de mis escrituras".Laura Daniela, que ya había pagado por completo, afirmó: "Ya pagué todo mi apartamento, entrégame las escrituras. Ellos nunca me respondieron absolutamente nada".Ella siendo abogada, contrató más abogados para iniciar una batalla jurídica contra la Unión Temporal Parque Residencial del Café y su representante legal, Carlos Alberto Calderón Martínez. “El 15 de noviembre del 2024 firmamos, pagué todos los derechos notariales, me recibieron todos los pagos y mi escritura supuestamente salía los 20 días”, relató. Sin embargo, cuando fue a reclamarla, no se la entregaron. Tras demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, descubrió que no era la única afectada.Por ahora, al no tener cómo demostrar legalmente su propiedad, la afectada concluyó que: "Para mí esto es un robo legal".Otros compradores afectadosEl abogado Óscar Valencia representa a un grupo de 23 afectados por la falta de escrituración de sus apartamentos en el proyecto inmobiliario Parque Residencial del Café.Otro de los afectados es Jhon James Giraldo Arias, escritor de 52 años y capitán retirado del ejército, quien también compró de contado y sin crédito bancario. Aunque el apartamento le fue entregado físicamente en noviembre de 2023, sigue sin escrituras.Jhon manifestó su frustración: "Todos tenemos ese sueño de tener casa propia, pero ¿que lo vengan a robar a uno en la cara? No, tampoco”. Respecto a las exigencias económicas adicionales, el capitán retirado indicó que la justificación dada es legal, pero no es correcta: "La excusa de ellos es que tenemos que pagar el incremento, porque es lo que dice la ley... Me siento robado".El afectado señaló que el contrato inicial presenta fallas de origen: "De entrada la promesa está nula porque está viciada, porque no tiene una fecha de entrega". La consecuencia directa de la falta de escrituras es la incertidumbre: "Nuestra casa, no es nuestra, porque no tengo un documento que lo respalde, no tengo una escritura que lo diga, ni un certificado de libertad y tradición".Carol Estefanía Delgado, estudiante de derecho de 26 años, y su hermana también compraron para pagar de contado en 2020. Al igual que otros compradores, enfrentó constantes aplazamientos al pedir los documentos: "Ellos decían que no, que el otro mes, que eran trámites jurídicos, que eran temas de papeleo".La situación persistió hasta 2024, y la respuesta se mantuvo inamovible: "Pedimos explicación, pero nunca hubo una solución. La única solución siempre fue y es: hay que pagar”.Otra de las afectadas, Carolina Munevar, dijo: “Ellos cubrieron y blindaron esto muy bien para que no fuera como catalogado o tipificado bajo un delito que ellos sí están obrando mal". Con ella serían 24 personas demandando ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la falta de escrituras.Los afectados temen que, al ritmo del incremento del salario mínimo, el precio que deberán pagar se dispare. Se calcula que el "lucro o diferencia financiera" que la constructora busca obtener es de $36.172.500 millones, según afirmó el abogado Óscar Valencia.¿Qué responde el presunto señalado?Fomvivienda es la empresa de fomento de vivienda de Armenia, adscrita a la Alcaldía de la capital quindiana, y como entidad pública debe responder a los intereses de los ciudadanos. Séptimo Día buscó a la entidad y también al constructor Carlos Alberto Calderón Martínez, representante legal de la Unión Temporal Parque Residencial del Café.“El constructor nos manifiesta que esto obedece a procesos de cierres financieros... Conforme a la evaluación del equipo jurídico, sí se evidencia ahí una falta cometida por parte del constructor referente a que él no definió la fecha de escrituración”, dijo Harrison Santa María, gerente de Fomvivienda.Carlos Alberto Calderón afirmó que: “No, no se colocó fecha, porque no sabíamos realmente cuando terminábamos el proyecto”. Él indicó que para escriturar el requisito es: "Que hagan el cierre financiero al día de la escrituración" y aseguró que “todavía faltan por escriturar 40 unidades, porque esas personas no han hecho el cierre financiero, no han terminado de pagar".Al mostrarle uno de los documentos de los afectados, en el que se evidencia el cierre financiero del 100%, el representante lo desmintió: “No, esa firma es montada por internet. Esa firma no es mía”.También, acusó a los afectados de cometer un delito por “alquilar las viviendas”. “Están cometiendo un delito porque ellos compraron una vivienda y la alquilaron. Todos ellos la alquilaron", aseguró. Sin embargo, se retractó minutos después: "No, señor. Ellos no están cometiendo ningún delito".No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que la antigua constructora de Carlos Alberto Calderón, Calcamar, tiene antecedentes de incumplimientos. Diego Andrés Solano, asesor de la SIC, señaló que han recibido seis denuncias relacionadas con Calcamar y una más sobre el Parque Residencial del Café.La solución que el constructor les planteó a los afectados fue: “Pónganse al día con los 35 millones de pesos que les faltan”. Ese valor, multiplicado por las 40 escrituras pendientes, representa 1.400 millones de pesos adicionales por el aumento del salario mínimo entre el 2023 y 2025.Según la SIC, si se halla responsable al constructor, se le ordenaría escriturar y podría recibir una multa de hasta 3.200 millones de pesos. Además, la entidad señaló que Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con más quejas por falta de escrituración. Por ahora, los afectados saben que esta es una deuda emocional y económica que no logran saldar.
El próximo 27 de noviembre se cumplen 36 años de una de las catástrofes aéreas más dolorosas en la historia contemporánea de Colombia: la tragedia del vuelo 203 de Avianca. La aeronave, identificada como el HK-1803, despegó del aeropuerto El Dorado en Bogotá con destino a Cali y, apenas cuatro minutos después de iniciar el ascenso, se desintegró en pleno vuelo mientras sobrevolaba las laderas de Soacha. Los Informantes habló con Federico Arellano sobre la tragedia y su versión sobre lo sucedido.Durante décadas, la hipótesis oficial ha señalado que la tragedia fue consecuencia de un atentado narcoterrorista ordenado por Pablo Escobar, quien supuestamente buscaba asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria, mediante la colocación de una bomba interna.Sin embargo, en medio de la ausencia de avances judiciales, ha tomado fuerza una nueva y escalofriante teoría que, al parecer, cuenta con respaldo del FBI. La impulsa Federico Arellano, hijo de una de las 100 víctimas del siniestro, quien lleva años investigando el caso en su búsqueda por “la verdad”.El día de la tragediaFederico Arellano era apenas un niño de 12 años y estaba en la escuela cuando el país se conmocionó con el suceso. Su padre, Gerardo María Arellano, era una figura musical colombiana más reconocida en el mundo en el 89. El expediente judicial sobre el siniestro fue denominado ‘Gerardo Arellano y otros’.Federico relató la angustia de aquel día: "Sonaba mucho el teléfono y yo sentía mucha alteración en el día a día normal de un lunes cotidiano y mi madre tenía el volumen de la radio muy alto y empezaron a nombrar que había pasado una cosa tremenda con un avión que se había caído, decían". Luego, escuchó al maestro Yamid Amat "leyendo una lista alfabética de víctimas mortales del siniestro Avianca y como es normal entre los primeros que mencionó por el orden alfabético estaba Arellano y era mi padre".Aquel evento trágico no solo marcó su infancia, sino que determinó su carrera. Aunque se perfilaba como artista y estudió Música, luego estudió Derecho porque “sentí ese llamado de un poco del dolor y de la injusticia y de querer encontrar respuestas reales y acertadas sobre un hecho tan doloroso y tan trágico".La nueva hipótesis: componentes de un misilDebido a que entre las víctimas fatales del vuelo 203 de Avianca se encontraban dos ciudadanos estadounidenses, el gobierno de George W. Bush asumió "cierta competencia" y su oficina del FBI adelantó pruebas técnicas y científicas para establecer lo ocurrido.La teoría que Arellano plantea hoy descarta por completo la versión de la bomba atribuida a Escobar y está sustentada en un dictamen pericial del FBI. Según Federico Arellano, el informe fue emitido por Frederic Whitehurst, quien fue el jefe de explosivos del FBI en ese momento.Arellano sostiene que el dictamen "estableció que lo que allí encontró eran unos componentes de la ojiva de un misil". El abogado afirmó: "Eso fue realmente lo que sucedió. Es decir, tenemos que lo que derribó el HK-1803 fue un emplazamiento tierra aire que impactó como agente externo el fuselaje del avión que en ese momento pasaba".En 1989, el FBI envió a un experto en explosivos para analizar los fragmentos del avión en Soacha. El análisis científico, según Arellano, "arrojó el resultado de que lo que allí hubo eran componentes químicos y físicos que integran la ojiva del misil como tal. Es decir, esto deja sin ningún sustento la posibilidad de una bomba".El informe técnico se basa en un análisis fundamental: el avión sufrió una implosión, no una explosión. Arellano enfatizó la diferencia: "Lo que establece es que el avión implosionó, no explotó. Es decir, que el avión fue impactado desde lo exterior hacia lo interior, no de adentro hacia afuera, como sucede obviamente en una explosión".El misil pudo haber sido disparado de manera accidental desde la zona aledaña a Indumil en Soacha. Arellano sugiere que el hecho pudo ser "culposo y no del doloso". La hipótesis apunta a que "se estaban haciendo unos entrenamientos, una instrucción militar para la manipulación de estos artefactos". El abogado puntualizó que, aunque Colombia no producía misiles en ese entonces, "esos misiles eran importados. Está por definirse si Israel o Rusia, pero esos misiles no eran colombianos. Claramente".¿Ocultaron el informe del FBI?Arellano contactó al perito, quien le confirmó la veracidad del dictamen y su disposición a declarar en Colombia y aportar el documento.Según Arellano, el perito fue presionado para que cambiara su hallazgo y había mencionado que la versión de la bomba "no era cierto, que ahí lo que hubo era esto (misil) y no otra cosa".Arellano aseguró que el experto se negó a reformular su dictamen: “El señor fue presionado para que dentro de ese esquema que habían montado del atentado terrorista, él se pronunciara y él dijo: ‘Yo no voy a proferir un dictamen pericial falso. Y si esto me cuesta el puesto, que me cueste”. Y le costó. Lo despidieron por no mentir y eso es una prueba más de que el Estado norteamericano sabía de qué se trataba esto", señaló Arellano.Las otras versiones del casoArellano ha cuestionado la autoría de Pablo Escobar, señalando que el narcotraficante "era feliz y se regodeaba atribuyendo los crímenes que perpetraba". Escobar era "orgullosamente protagonista de esos crímenes en las que se autoincriminaba y se atribuía para justamente obtener el sometimiento de las instituciones en busca de su no extradición". No obstante, Escobar nunca se refirió a la tragedia del vuelo 203.Respecto a las declaraciones de lugartenientes como ‘Popeye’ o ‘El Arete’ posteriores a la muerte de Escobar, Arellano las descarta, pues "la teoría del caso que planteo hoy, obviamente, tiene pruebas de carácter técnico, pruebas de carácter científico". Sobre los testimonios de estos criminales, Arellano afirmó: "Estas declaraciones de estos bandidos, básicamente el 90% puede llegar a ser mentira, pues no dan ningún sustento real y probatorio".También se desvirtuó la versión de que el objetivo era César Gaviria. Para esa época el expresidente había sido declarado “objetivo militar” y no viajaba en aerolíneas comerciales, precisamente para evitar riesgos y no “generar pánico”.Una lucha por la “verdad”El caso, que Arellano llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue declarado en 2009 un crimen de lesa humanidad. Por consecuencia, es un delito "imprescriptible, es decir, que tiene vida eterna". A pesar de ello, la investigación en Colombia "no avanza" y, después de 36 años, se encuentra en "investigación preliminar, lo cual es vergonzoso para un Estado de derecho".Hasta el momento, el único condenado a prisión por este hecho es alias ‘La Quica’, lugarteniente de Escobar, extraditado a Estados Unidos. No obstante, Federico Arellano sostiene que ‘La Quica’ es inocente, debido a que descarta la teoría de un acto terrorista.Federico Arellano ha solicitado a la fiscal del caso que pida el informe del FBI, que se incorpore el documento al expediente y que se llame a declarar al perito. Su lucha incansable tiene un objetivo claro, tal como lo ha expresado: "Mi pretensión es la verdad. Y mi pretensión como consecuencia de la verdad subsiguiente es la justicia y la reparación".
Nequi es una billetera digital que permite realizar múltiples operaciones desde un dispositivo móvil. Permite enviar y recibir dinero, recargar servicios, pagar facturas, administrar ahorros e invertir. Además, Nequi permite retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos y permite acceder a herramientas de gestión financiera en una interfaz única.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)A través de la aplicación móvil, Nequi ofrece dos líneas de crédito: una para montos menores y otra para libre inversión. Ambas opciones se gestionan completamente en línea. El desembolso del dinero se realiza de forma inmediata en la cuenta Nequi. Los usuarios pueden simular tasas, plazos y cuotas antes de aceptar el crédito, sin necesidad de presentar documentos físicos ni acudir a sucursales.Préstamos en Nequi que puede solicitar en líneaCrédito de consumo de bajo montoEste crédito está diseñado para cubrir necesidades urgentes con montos comprendidos entre $100.000 y $5.278.000, dependiendo del perfil de riesgo. El plazo de pago puede ser de 1 a 60 meses. La tasa de interés efectiva mensual puede alcanzar hasta 3,78 %, y la fianza del Fondo de Garantías de Antioquia (FGA) puede variar entre 0 % y 4 % del monto solicitado. Se exige un seguro de vida obligatorio. Crédito de libre inversiónEstá reservado para fines diversos como proyectos, estudios o inversiones. El monto solicitado puede ir desde $100.000 hasta $25.000.000. El plazo de pago se extiende hasta 60 meses. La tasa de interés mensual es fija, entre 1,79 % y 1,91 %, equivalente a una tasa anual entre 23,7 % y 25,5 %. Se cobra una fianza, según evaluación de riesgo, entre 0 % y 17,8 % del monto del crédito. Se requiere un seguro de vida obligatorio.¿Qué requisitos debo cumplir para que Nequi me apruebe un crédito de libre inversión?Para solicitar un crédito de libre inversión por $15 millones, el usuario debe cumplir los siguientes requisitos:Ser mayor de edad.Tener historial crediticio activo y buen comportamiento.No estar reportado de forma negativa en centrales de riesgo.Usar frecuentemente la cuenta Nequi y demostrar estabilidad financiera.Tener datos actualizados en la app: identificación, empleo, ingresos.Haber completado la validación de identidad digital (selfie y documento).Aceptar los costos asociados: tasa de interés, fianza y seguro de vida. Nequi evalúa automáticamente el comportamiento financiero en la app y el histórico crediticio. Si el perfil califica, el usuario recibe un banner o sección “Créditos” con disponibilidad de cupo preaprobado. Cómo solicitar un crédito de $15 millones en NequiIngresar a Nequi y ubicar la sección “Servicios” o “Finanzas” y luego “Créditos”. Elegir “Crédito de libre inversión” o “Préstamo Propulsor”.Seleccionar un monto de $15.000.000 y definir el plazo de pago entre 12 y 60 meses.Simulación de la cuota mensualLa aplicación permite visualizar la cuota mensual antes de aceptar el crédito. En esta simulación se incluyen todos los componentes del pago: el capital correspondiente al monto solicitado, los intereses calculados con una tasa fija mensual aproximada del 1,8 %, el costo de la fianza exigida por el Fondo de Garantías de Antioquia (FGA) o el Fondo Nacional de Garantías (FNG), que puede variar entre el 0 % y el 17,8 % del valor del préstamo, y el seguro de vida obligatorio. Además, se muestra el Valor Total Unificado de la Operación (VTUA), que agrupa todos los costos asociados al crédito, permitiendo conocer el monto total que se pagará durante la vigencia del préstamo. Aceptación de condiciones y verificaciónUna vez revisada la simulación, la aplicación presenta los detalles completos de los cargos e intereses para que el usuario los confirme. En este paso se solicita la autorización para realizar la consulta en las centrales de riesgo, requisito indispensable para validar la capacidad de pago. También se requiere la verificación de identidad mediante una fotografía tipo selfie, que se compara con el documento registrado en la cuenta. Este proceso garantiza la autenticidad del solicitante y evita fraudes.Después de la verificación, el usuario procede a la firma digital del contrato directamente en la aplicación. Este mecanismo sustituye la firma física y tiene validez legal. Una vez completado este paso, el desembolso se realiza en cuestión de minutos, acreditando los $15 millones en la cuenta Nequi del solicitante sin necesidad de acudir a oficinas ni presentar documentos adicionales. Simulador de cuotas crédito de libre inversión NequiLe compartimos varias opciones de plazos para que pueda identificar cuál es el que mejor se ajusta a sus necesidades. Tenga en cuenta que, a mayor plazo, más serán los intereses que deberá pagar:Plazo de 60 meses (cinco años)Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)Cuota mensual aproximada: $487.852Valor total de capital: $16.785.000Valor total de interés: $11.007.107Valor total del seguro: $2.001.000Valor total a pagar de todo el crédito: $29.271.107Plazo de 48 meses (cuatro años)Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)Cuota mensual aproximada: $553.115Valor total de capital: $16.785.000Valor total de interés: $8.581.324Valor total del seguro: $1.600.800Valor total a pagar de todo el crédito: $26.549.524Plazo de 36 meses (tres años)Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)Cuota mensual aproximada: $665.329Valor total de capital: $16.785.000Valor total de interés: $6.279.461Valor total del seguro: $887.400Valor total a pagar de todo el crédito: $23.951.861Plazo de 24 meses (dos años)Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)Cuota mensual aproximada: $895.093Valor total de capital: $16.785.000Valor total de interés: $4.105.639Valor total del seguro: $591.600Valor total a pagar de todo el crédito: $21.482.239Plazo de 12 meses (un año)Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)Cuota mensual aproximada: $1.595.309Valor total de capital: $16.785.000Valor total de interés: $2.062.903Valor total del seguro: $295.800Valor total a pagar de todo el crédito: $19.143.703Si le interesa solicitar un crédito de libre inversión a cualquiera de estos plazos, puede consultar más información en la página web oficial de Nequi. Además, tenga presente que puede realizar abonos al capital de la obligación con el objetivo de pagar el préstamo en el menor tiempo posible.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
En una sesión extraordinaria llevada a cabo el lunes 24 de noviembre de 2025, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia tomó la decisión de aceptar la renuncia del profesor Leopoldo Múnera a la rectoría de la institución. La dimisión de Múnera se concretó luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado emitiera una sentencia que declaró la nulidad de su designación. Este acto administrativo, que le había permitido asumir el cargo en junio de 2024, fue tumbado menos de una semana antes de la sesión del Consejo. Tras la votación, con cinco votos a favor y una abstención, el máximo órgano de decisión de la universidad declaró la vacancia del cargo directivo y resolvió nombrar al vicerrector general, Andrés Felipe Mora Cortés, como rector temporal. Mora, quien fungía como vicerrector general y anteriormente como vicerrector académico, asumirá la dirección interinamente mientras se organiza la selección del rector en propiedad que completará el periodo iniciado en 2024.La misiva de renuncia fue presentada por Múnera el pasado viernes 21 de noviembre. En ella, el profesor indicó que acataría la decisión del alto tribunal, manifestando que “de acuerdo con el fallo emitido por el Consejo de Estado en el marco del proceso de nulidad adelantado contra mi elección como rector de la Universidad Nacional de Colombia, presento ante ustedes mi renuncia a dicho cargo a partir del día 25 de noviembre del año en curso”. También especificó su intención de retomar sus actividades académicas como profesor asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La aceptación de la dimisión por parte del Consejo Superior Universitario se produjo con cinco votos a favor y una abstención. Los miembros que respaldaron la aceptación fueron Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas, delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo, en representación del Consejo de Educación Superior, y Lucía Botero Espinoza, delegada del Consejo Académico. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de cuestionamientos internos. Diego Torres, representante de los profesores optó por abstenerse en la votación y se retiró de la reunión momentos después. Su postura reflejó el argumento de que Múnera nunca debió haber sido reconocido como rector y, por lo tanto, su renuncia no debería ser objeto de aceptación formal, tal como lo expresó durante el debate: “Qué pena con ustedes, pero él no es rector de la universidad . Y si se están jugando por aceptar una renuncia, hago la misma advertencia que hice hace diecisiete meses (…): aceptarla nos mete en un problema”. La delegada presidencial, María Alejandra Rojas, por su parte, argumentó a favor de aceptar la renuncia, pues se presentó “dentro de los tiempos previos a la ejecutoria de la sentencia”.¿Qué se viene con la rectoría de la Universidad Nacional?El debate en el Consejo Superior se centró en el futuro de la dirección, particularmente en la situación de José Ismael Peña, cuya elección inicial había sido declarada legítima por el Consejo de Estado en septiembre de este año. La cuestión dentro de la sentencia radicaba en resolver si la nulidad implicaba, además de la validez o invalidez de una elección, la restitución automática de alguien a un cargo del cual ya se había separado. Sobre este punto, Lucía Botero Espinosa, representante de los directivos académicos, recordó durante la sesión que la sentencia del Consejo de Estado establecía claramente que la decisión de negar la nulidad de la elección de Peña “no implica su regreso automático al cargo”. Botero enfatizó la necesidad de ceñirse al tenor exacto de la decisión judicial: “El fallo precisa que este juez de lo electoral solo se limitó a definir la legalidad del proceso, y no a reconocer derecho alguno, porque no es de su competencia. Por eso es importante que tengamos esto en cuenta”. El área jurídica de la Universidad, consultada por los miembros del CSU, reafirmó que en las demandas de nulidad electoral no se había solicitado “restablecimiento”. Además, la misma área jurídica indicó este lunes que, en el caso concreto, ni Múnera ni Peña pidieron el restablecimiento de algún derecho, y que Peña “ni siquiera demandó la nulidad del acto que designó al profesor Múnera,” lo que constituía un problema procesal si se pretendía una restitución.Dentro del debate se planteó la posibilidad de dejar un rector encargado para asegurar la continuidad institucional, dado que el fallo no establecía explícitamente el retorno de Peña. Finalmente, la vacancia fue declarada, y el profesor Andrés Felipe Mora, quien ha sido director de fomento del Ministerio de Educación en la actual administración y mano derecha de Múnera, al asumir como su jefe de campaña durante la elección y vicerrector, fue designado como rector encargado.Se debe recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado había argumentado en su segunda sentencia, conocida el 20 de noviembre de 2025, que la Universidad Nacional había desconocido varios principios del Derecho Electoral al no tener en cuenta el proceso en el que resultó ganador el profesor Ismael Peña y, en su lugar, tomar la decisión de realizar un nuevo proceso de elección. Para el tribunal, el CSU, al intentar “corregir” la elección de Peña bajo el pretexto de una irregularidad (la falta de firma del acta por parte de la exministra de Educación), “actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad” de los actos administrativos. Tras el anuncio de la nulidad de su designación, el profesor Múnera se había pronunciado, señalando que, si bien iba a respetar la sentencia, consideraba que la decisión fue “muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Munera como rector de la Universidad Nacional de Colombia”. Múnera enfatizó que la responsabilidad sobre el nombramiento del rector recae ahora en el Consejo Superior Universitario, en concordancia con las dos sentencias: la primera que resalta que “no hay restablecimiento del derecho en el caso del profesor Ismael Peña y la segunda que declara la nulidad en el caso de mi designación”. A través de una declaración, emitida el día viernes, Múnera hizo un llamado a la comunidad universitaria para que asuma “este futuro inmediato con tranquilidad y con calma” y se enfoque en “culminar el semestre realizando las funciones misionales que tiene nuestra nuestra institución y también con una coherencia académica y administrativa”. Mencionó, además, la importancia de un “proyecto diferente de universidad andando que incluye el proceso constituyente, el cual es muy importante para la democratización del gobierno y la vida universitaria”, señalando que los problemas recientes se deben a que la “democracia universitaria es débil y la comunidad tiene la obligación de consolidarla”. Por lo pronto, el CSU planeó reunirse en los próximos días para definir las fechas y etapas del proceso de selección del nuevo rector en propiedad.LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA. NOTICIAS CARACOL DIGITAL.
El Ministerio de Trabajo de Colombia ha puesto la lupa sobre una grave denuncia que involucra a miles de trabajadores asociados a las empresas comercializadoras de productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100, por presuntas irregularidades que los denunciantes han calificado como explotación laboral. La acción fue interpuesta formalmente ante las autoridades competentes y el Ministerio de Trabajo por el abogado y líder social Óscar David Benavides, quien ha denunciado la precarización laboral y la vulneración de derechos fundamentales que aquejan a los vendedores ambulantes vinculados a estas compañías. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)La queja formal, radicada ante el Ministerio de Trabajo, acusa a multinacionales responsables de la distribución de estos productos, entre ellas Quala S.A. y el Grupo Nutresa, de incurrir en explotación y precarización al someter a los trabajadores a condiciones de labor sin la debida protección. Los vendedores ambulantes aseguran que deben cumplir con rutas específicas y extensas jornadas que superan las ocho horas de trabajo, e incluso, se les exige cumplir con metas de ventas diarias. A pesar de trabajar a la intemperie, los vendedores no contarían con afiliación a ARL (Administradora de Riesgos Laborales) ni servicio de EPS (Entidad Promotora de Salud) por parte de las empresas asociadas. En consecuencia, lo que se solicita es que la totalidad de los vendedores sean afiliados a la EPS y a la ARL. Así lo detalló el abogado Benavides en entrevista con Noticias Caracol, donde calificó que se denunció "una nueva forma de esclavitud moderna que los más vulnerables del país están siendo víctimas. Recordemos que la Constitución Política dice que en Colombia no se debe someter a los ciudadanos a malos tratos ni a tratos inhumanos y en este caso tenemos muchos adultos mayores que están parados en un semáforo vendiendo Vive 100 o en los parques vendiendo productos de Bon Ice y en ese sentido las empresas Quala y el Grupo Nutresa no está garantizando la protección a sus derechos fundamentales o a sus derechos del trabajo"El sustento legal de la denuncia se basa en la tesis del "contrato realidad". El abogado Benavides argumenta que, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, para que exista una relación laboral se deben cumplir elementos esenciales, y estos se presentan en la labor de los vendedores. Estos elementos incluyen el cumplimiento de un horario, la recepción de una remuneración y el ejercicio de unas funciones concretas. Además, los trabajadores reciben dotación, sirviendo como "letreros ambulantes que andan en la calle mostrando y haciéndole publicidad a estas grandes multinacionales". No obstante, a pesar de contribuir al éxito comercial, estos empleados no reciben "nada para poder resarcir su trabajo".La querella sostiene que estas corporaciones habrían empleado figuras jurídicas como "vendedores independientes" o "colaboradores externos" para esconder las verdaderas relaciones laborales que, según la denuncia, se mantienen pese a que el personal cumple labores permanentes, que son esenciales para el negocio, y se encuentran bajo subordinación directa. De comprobarse irregularidades en este manejo de personal, la demanda solicita la verificación de la posible desnaturalización de los contratos a través de figuras de tercerización, siguiendo los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Óscar David Benavides, quien ha liderado la presentación de la demanda, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que ha investigado exhaustivamente el fenómeno, pues lo ha vivido "en carne propia". Benavides relató que, cuando era menor de edad (llegó a Bogotá a los 17 años), fue vendedor ambulante y anduvo "con una neverita", conociendo el significado de salir a vender "al sol al agua y a la lluvia". Refiriéndose a su pasado, expresó: “Yo también fui vendedor ambulante, conocí la explotación, la incertidumbre y la humillación. Conocí lo que es sobrevivir a punta del trabajo sin derechos”. Por ello, denuncia la persistente violación de la dignidad, una situación que, según él, afecta a los colombianos más vulnerables.¿Qué dice la denuncia presentada al Ministerio de Trabajo?El letrado indicó que la denuncia se realizó con las voces de una población que no solo incluye adultos mayores, sino también de mujeres en estado de embarazo, personas en condición de discapacidad y niños menores de edad. "Toda esta información que nosotros suministramos dentro de nuestra denuncia presentada al Ministerio de Trabajo viene siendo recopilada directamente por cada una de esas personas que están trabajando en este momento", precisó y añadió que en Bogotá hay más de 28,000 semáforos y que, en la mitad, se encontrarán venderores de 'Vive 100'. "Nuestros adultos mayores y las personas que se dedican a estas labores están sometidas a horarios de más de 12 horas de trabajo con el fin de poder cumplir con esas metas que se les que se les impone y pues eso disminuye el tiempo que pueden pasar con sus familias", señaló y añadió que es la situación trae consigo un alto desgaste físico. Entre los casos mencionados, trajo a colación el caso "de un adulto mayor que le dio un infarto vendiendo Vive 100 y no podemos quedarnos callados frente a este tipo de injusticia".Por lo pronto, el abogado indicó que lo que solicita, en primer lugar, es que "se resarzan los derechos de nuestra población, de nuestros adultos mayores, niños y mujeres que están siendo en este momento esclavizados (...) y en un segundo momento que se les reconozca todas sus prestaciones de ley porque ellos están cumpliendo con los elementos esenciales del trabajo (...) que se reconozca todo lo de ley, es decir, sus primas, sus cesantías, sus vacaciones porque ellos están cumpliendo con una naturaleza jurídica que dice el Código Sustantivo de Trabajo". Conforme con lo último, explicó que los vendedores tienen una relación directa con los empleadores al tener un horario laboral, recibir remuneración e incluso tener una "dotación", es decir, su ropa, que "vende una publicidad". "La ley establece que hay actividades y esta es una actividad de alto riesgo, por ende las empresas deben tener un sistema integrado de seguridad y salud en el trabajo y ninguno de ellos han sido capacitados", sostuvo. La queja enfatiza la desproporción entre el esfuerzo del vendedor y el beneficio de la multinacional. De acuerdo con las investigaciones presentadas en la denuncia, en la capital del país se venden diariamente en los semáforos productos Vive 100 por un valor superior a los 500 millones de pesos. Sin embargo, al vendedor ambulante apenas le quedan "300, 500 pesos por cada producto y eso lo que le está es desmejorando su calidad de vida cuando deberían tener una remuneración justa por el trabajo que ellos hacen". Benavides ha sido categórico al afirmar que estas multinacionales han "amasado grandes fortunas de dinero con el dolor y el sufrimiento de nuestros viejos, nuestros niños y nuestras mujeres".Ante esta situación, la denuncia requiere al Ministerio de Trabajo varias acciones cruciales:Abrir una investigación administrativa a las compañías involucradas.Resarcir los derechos de la población afectada.Reconocer todas las prestaciones de ley a los vendedores, como sus primas, cesantías y vacaciones.Ordenar, si se comprueban las irregularidades, la formalización laboral, el pago de salarios y prestaciones, así como la afiliación al sistema de seguridad social.Exigir a las empresas toda la documentación que pruebe los controles, las rutas y los mecanismos de supervisión sobre los vendedores.El abogado recalcó que no se debe tolerar que la empresa evite el reconocimiento laboral bajo la excusa de que se trata de un "emprendimiento que cada uno de ellos tienen porque sabemos que existe un tercero, una tercerización, que les entrega los productos para que ellos salgan a vender y muchas veces hasta les exigen cumplir con una cantidad de recursos diarios y cuando no cumplen con estos recursos o los amenazan o los botan a la calle y los dejan sin trabajo". El líder social ha puntualizado que “esta denuncia es un primer paso, pero la transformación real empieza cuando Colombia deje de llamar oportunidad a lo que es explotación. A las multinacionales les digo, se acabó la impunidad. Al país entero, no más esclavitud disfrazada de empleo. La dignidad no se negocia”. Benavides ha hecho un llamado para que el tiempo no transcurra sin que se haga justicia y espera que el Ministerio se pronuncie dentro de los próximos 15 días hábiles, asumiendo la acción como una petición.LAURA NATHALIA QUINTERO. NOTICIAS CARACOL DIGITAL.
La revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en relación a que las disidencias de las antiguas FARC habrían infiltrado al Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia provocó este lunes una condena generalizada en el país, mientras que el presidente Gustavo Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de "falsos informes". El jefe de Estado se desmarcó del informe de este noticiero, según el cual el jefe del Comando de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tendrían vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las FARC.Pese a que se trata de una investigación basada en comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, que estaban en computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautados a jefes de las disidencias, el presidente, quien guardó silencio durante todo el día y se pronunció entrada la noche del lunes, dijo en su cuenta de X que lo publicado son "versiones de supuestos informes de inteligencia" que tachó de "falsos".Huertas, al parecer, ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales. El general fue retirado del Ejército en 2021 y al año siguiente se unió a la campaña presidencial de Petro, que este año lo reintegró al servicio activo. "Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre (el general Juan Miguel) Huertas y (el funcionario Wilmar Mejía) Wimer (sic) son falsos", escribió Petro, quien respaldó al general Huertas y a Mejía y afirmó que ambos le han ayudado a detectar varios casos de corrupción en el Ejército en el pasado. En sus mensajes en X, Petro no se refirió a otra revelación de Noticias Caracol, sobre el presunto apoyo de jefes de las disidencias de las FARC a su campaña presidencial de 2022. Ese apoyo se habría dado por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre alias Iván Mordisco, el criminal más buscado en Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros. Márquez negó este lunes "categóricamente" esa versión y aseguró que "no existe ninguna prueba fehaciente" de ese supuesto apoyo.Estados Unidos se pronuncia y pide tomar accionesEn medio de las múltiples reacciones que se han conocido por cuenta de esta revelación de Noticias Caracol, el Departamento de Estado de Estados Unidos le respondió a este noticiero tras el reportaje de la Unidad Investigativa: "Instamos al Gobierno Petro, a la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones a investigar profundamente estos alegatos y tomar todas las acciones apropiadas". Cabe señalar que el Ejército Nacional ya abrió una investigación contra el general Huertas y que la DNI hará lo propio con Mejía. La Fiscalía General, criticada también por no investigar, pese a que las comunicaciones publicadas por Noticias Caracol están en poder de las autoridades desde que fueron incautadas a jefes de las disidencias, el 23 de julio de 2024, prometió tomar cartas en el asunto. En un comunicado divulgado este lunes en la noche, el ente investigador señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, "ni ninguna otra dependencia de la entidad (...) recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia".Por eso, Camargo "dispuso la intervención inmediata" para investigar "posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales".La Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del general Huertas.El escándalo ocurre en medio de la presión de Estados Unidos contra el gobierno de Petro, a quien retiró la visa e impuso sanciones financieras por considerar que no hace suficiente para frenar el narcotráfico en el país que más produce cocaína del mundo. Los disidentes al mando de "Calarcá" sostienen conversaciones de paz con Petro en el marco de su política de Paz Total, sin avances concretos.En julio de 2024, las autoridades detuvieron a "Calarcá" junto a otros combatientes y más tarde los liberaron por su papel de mediadores en las negociaciones. El líder criminal tiene la orden de detención suspendida en calidad de la figura de gestor de paz. En esta operación se incautaron aparatos electrónicos, celulares y computadores que almacenan conversaciones prueba de los nexos con los altos funcionarios y que fueron revaladas por este noticiero.NOTICIAS CARACOL
Este lunes 24 de noviembre de 2025, los juegos de azar Baloto y Revancha regresan con un nuevo sorteo nocturno, que se transmitirá en vivo a las 11:00 p. m. por los canales oficiales y las plataformas digitales de la entidad operadora. Estos juegos, con amplia trayectoria en Colombia, mantienen la expectativa entre millones de apostadores que sueñan con convertirse en los próximos ganadores millonarios.Además de ofrecer grandes premios, Baloto y Revancha tienen un impacto social significativo. Una parte de los ingresos generados en cada sorteo se destina al sistema de salud, apoyando programas públicos y contribuyendo al bienestar de miles de ciudadanos en todo el país. La combinación de emoción, premios y aporte social convierte cada sorteo en un evento esperado por los colombianos, que participan con la ilusión de cambiar su vida y, al mismo tiempo, colaborar con causas de interés colectivo.Para esta edición, Baloto ofrece un acumulado de $6.700 millones, acumulado reiniciado recientemente; mientras que Revancha cuenta con un pozo de $8.400 millones. Estos montos se incrementan progresivamente cada semana en caso de que no se registre un ganador del premio mayor, lo que mantiene el interés y la participación de las personas que buscan volverse millonarios en todo el territorio nacional. Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha sorteo lunes 24 de noviembre de 2025BalotoNúmeros ganadores: 09, 30, 37, 10, 08Superbalota: 02RevanchaNúmeros ganadores: 09, 37, 03, 23, 28Superbalota: 14¿Cómo participar en Baloto y Revancha?Baloto es un juego de azar bastante accesible. Para jugar, cada participante debe seleccionar cinco números entre 1 y 43 y, además, escoger una superbalota dentro del rango del 1 al 16. El premio mayor se obtiene acertando los cinco números más la Superbalota, aunque también existen premios secundarios para quienes acierten solo parte de la combinación o la Superbalota por separado.Revancha funciona como un sorteo adicional incluido en el mismo billete de Baloto. Para participar, basta con marcar la opción correspondiente y realizar un pago extra. Este juego cuenta con un acumulado independiente, ofreciendo así a los jugadores dos oportunidades de ganar en una misma noche, sin necesidad de comprar un billete distinto.Esta dinámica permite que los apostadores puedan intentar su suerte en dos sorteos simultáneos, aumentando las probabilidades de obtener un premio durante la jornada.¿Qué hacer en caso de ganar el Baloto o Revancha?Si ha tenido la fortuna de ganar, conservar el tiquete en perfecto estado es fundamental, ya que constituye el único comprobante válido para reclamar el premio. Todos los montos están sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la legislación colombiana, y el proceso de verificación puede demorar varios días hábiles. Los ganadores disponen de un plazo de 365 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez transcurrido este tiempo, los recursos no reclamados se destinan al sistema de salud pública del país.Premios menores a $5.000.000: Se pueden reclamar directamente en los puntos de venta autorizados.Premios mayores a $5.000.000: Deben reclamarse en las oficinas de Baloto, presentando el tiquete original junto con el documento de identidad.Seguir estos pasos garantiza que el cobro del premio se realice de manera segura y conforme a la normativa vigente.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
