Acuerdo de paz con las FARC "puede naufragar": Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo

Humberto de la Calle, ex jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, y Sergio Jaramillo, ex alto comisionado de Paz, emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que el acuerdo de paz con las FARC “puede naufragar” si no se implementa “de manera decidida”.

Ambos celebraron que el presidente Gustavo Petro “haya puesto en el centro de su intervención ante el Consejo de Seguridad (de la ONU) un propósito primordial del acuerdo: la integración territorial y la inclusión social de las poblaciones más desfavorecidas de la Colombia rural”.

También se mostraron de acuerdo con “el énfasis que hace el Presidente en los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral del acuerdo y lo invitamos a insistirle a todos los ministerios que los aprueben -el Ministerio de Salud aun no lo ha hecho, casi ocho años después de la firma- y que los implementen”.

Sin embargo, afirmaron que los planes “de educación rural, vías, asistencia técnica y comercialización, conectividad, formalización laboral, etc., son la principal herramienta para cumplir con la gran meta del Punto 1: la reducción en un 50% de la pobreza rural, de la que estamos muy lejos; y son responsabilidad del Gobierno en su conjunto, no solo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

“En cuanto a la idea de extender los tiempos del acuerdo, es una propuesta razonable en relación con los procesos que exijan esfuerzos fiscales, pero no se debería extender a medidas transicionales del acuerdo que tienen límites legales e incluso constitucionales”, aclararon De la Calle y Jaramillo.

“También celebramos el énfasis que ha hecho el Presidente en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs), en cuyo diseño participaron casi 250.000 personas en todas las regiones que ocho años después de la firma aun no ven indicios de una verdadera transformación territorial”, añadieron.

No es necesario un fast track, afirman De la Calle y Jaramillo

Para ellos, Petro tiene “la idea equivocada de promover un nuevo ‘tribunal de cierre’ después de los enormes esfuerzos que hicieron los tribunales de Justicia y Paz y que ahora está haciendo la JEP. No es solamente un asunto de costos: la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un ‘perdón social’ -de facto a una amnistía general encubierta- echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la segundad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP”.

“Tampoco creemos que sea necesario apelar a mecanismos de fast track, que en todo caso exigen reformas constitucionales que retrasarían en al menos un año la implementación del acuerdo. Recordemos que el fast track surgió como una garantía en un momento crítico como fue el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las FARC, que requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas. Esa urgencia no subsiste hoy. Tampoco tiene justificación un nuevo fast track para temas ajenos al acuerdo”, agregaron.

“Un mejor mecanismo es precisamente el acuerdo nacional que es un compromiso establecido en el acuerdo de paz”, indicaron.

Así mismo, recordaron “que una Asamblea Constituyente no fue nunca el propósito del acuerdo nacional propuesto en el acuerdo de paz”.