Uno de los grandes retos del 2022, año electoral, son las circunscripciones transitorias especiales para la paz de las que saldrán directo al Congreso 16 representantes de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en el país.
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Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, muchas regiones en Colombia viven graves problemas de orden público. Un claro ejemplo es la difícil situación que se ha vivido en Arauca y Cauca en los últimos días.
En ese contexto, la presión sobre los candidatos y los electores ya configura un pecado electoral.
La detonación de un carro bomba en el municipio de Saravena, Arauca, fue un episodio que se suma a la larga guerra que se ha vivido durante años entre el ELN y las FARC, hoy con facciones de disidentes.
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Desde que empezó el 2022, se ha registrado una estela de muertos en dicha región del país, violencia que también afecta a la población civil. Paradójicamente, frente a este escenario de guerra se avecina una contienda electoral por unas curules gestadas en el proceso de paz: las circunscripciones transitorias especiales de paz, una oportunidad para que las víctimas tengan voz en el Congreso de la República.
Las elecciones se llevarán a cabo en los 167 municipios más afectados por la violencia. Se elegirán 16 curules entre 403 candidatos provenientes de organizaciones sociales de víctimas.
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En Saravena, uno de los líderes que adelantan campaña es el ingeniero Wilfredo Donaldo, quien hace parte de una vieja casta de defensores de derechos humanos y, bajo este argumento, aspira llegar a la Cámara de Representantes.
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“Para nosotros vivir en paz es la fortaleza más grande para poder desarrollar nuestra economía”, afirma Donado, siendo consciente de lo difícil que es hacer campaña en Arauca. “Sabemos que no podemos hacer mucho proselitismo, que la gente no va a poder vestir una camiseta porque sabemos los riesgos que se corren”.
En eso coincide el coordinador del Observatorio de la Misión de Observación Electoral MOE, Mauricio Vela, quien recientemente publicó el mapa de riesgo electoral para las circunscripciones especiales de paz en el que revela que el 82% de los municipios donde se realizarán estas elecciones tienen algún riesgo por violencia.
A eso se suman los problemas propios del diseño de la ley, que limita en recursos y financiación a unas campañas que no cuentan con los recursos de los partidos tradicionales.
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Los recursos para hacer campaña en estos territorios dependen de una fórmula que se calcula con la inscripción de cédulas, pero sin un censo electoral actualizado se entiende que es menor el dinero que llegaría a las campañas.
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