A propósito de las denuncias hechas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre las interceptaciones al teléfono de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, el Gobierno de los Estados Unidos se pronunció.
Juan González, asesor de Joe Biden para América Latina, destacó cuáles son las líneas del presidente Joe Biden sobre la democracia en la región y los derechos, tanto de la oposición política como de los periodistas, en los países del hemisferio.
“Sé que en Colombia hay instituciones democráticas bastante fuertes, instituciones judiciales que son las que deben tener ese debate. Yo creo que nosotros vemos los derechos de periodistas, de la sociedad civil, derechos del sufragio electoral, como derechos fundamentales que debemos proteger y abogar. Y en otras áreas con Colombia tenemos conversaciones activas y directas sobre todos los temas”, dijo González.
Y es que el fiscal general entregó detalles sobre la investigación iniciada tras las denuncias de Marelbys Meza y dijo que “volvieron las chuzadas”. "Es un día lamentable para el Estado de derecho, las chuzadas ilegales han retornado a Colombia", afirmó Francisco Barbosa.
El funcionario agregó que convirtieron a "una simple señora que hacía aseo por días" en la casa de Laura Sarabia como colaboradora del Clan del Golfo para interceptarla.
Según el fiscal, la única interceptada no fue la exniñera de Laura Sarabia, sino también otra empleada que trabajaba por días para la jefe del gabinete de Petro.
"Se inventan un informe de policía judicial con la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional", aseguró.
Barbosa denunció que Marelbys Meza fue llamada con el alias de ‘la Cocinera’ y supuestamente hacía parte de un anillo de seguridad de alias ‘Siopas’, miembro del Clan del Golfo, de acuerdo con un reporte que le fabricaron.
“Se activó un mecanismo por hurto, de falsificación de un informe de policía judicial, de violación y vulneración de derechos fundamentales de dos personas en el territorio nacional”, sostuvo.
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