Este miércoles se conocerá si el excontralor Sergio Zuluaga, tres funcionarios del mismo despacho y tres alcaldes van o no a la cárcel.
En el caso del hospital de Copacabana, la abogada defensora argumentó que no hubo coimas a cambio de que Héctor Darío Cano, gerente de la ESE Santa Margarita, contratara como odontóloga a la sobrina del subcontralor, Rubén Darío Naranjo.
“Eso no constituye ni un tráfico de influencias, ni un cohecho por dar u ofrecer, ni una celebración indebida, ni un interés. Es simplemente que hay una cultura latinoamericana del rebusque. ¿Cuánto tiempo estuvo vinculada esa niña como odontóloga? Ocho meses. ¿Él la ayudó para que estuviera ahí? Sí, ¿pero eso constituye un interés? No”, argumentó Ilda Astrid Carvajal, abogada de la defensa.
Por su parte, la defensa de Luz Marina Marín, alcaldesa de San Carlos, refutó el material probatorio de la Fiscalía con el que señala que la funcionaria recibió buenos resultados en las auditorías de su administración, a cambio de una negociación con la mina Calizas Portugal SAS de la que hicieron parte Sergio Zuluaga, excontralor, y el subcontralor departamental.
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“Si el cohecho es un soborno siempre se exige cierta materialidad, materialización de ese ofrecimiento, considero que esta empresa minera no se constituye en una coima, en una entrega o en una promesa por parte de la alcaldesa de San Carlos”, dijo Álvaro Galindo Cruz, abogado defensor.
En la audiencia también fueron presentaron los argumentos de la defensa de Alejandra Catalina Ospina para quien la Fiscalía pidió medida no privativa de la libertad. El miércoles se conocerá si el resto de los detenidos van o no a la cárcel.
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