Cayó estafadora que aparentó ser funcionaria pública: ofrecía casas y carros en subastas y remates

Con una fachada bien elaborada y discursos persuasivos, Adriana Patricia Lizarazo Cordero logró durante años hacerse pasar por funcionaria de diferentes entidades estatales para estafar a ciudadanos que soñaban con obtener un carro o una casa a bajo costo en supuestos remates judiciales. Su captura fue confirmada este jueves 11 de julio por la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación que la vincula con el hurto de más de 450 millones de pesos.

Según informó el ente acusador, la mujer ofrecía bienes como apartamentos y vehículos de alta gama a través de supuestos procesos de remates judiciales. Su estrategia era ganarse la confianza de las víctimas con documentación falsa, promesas de acceso preferencial y un discurso de supuesta legalidad. El material probatorio recopilado establece que sus maniobras fraudulentas se extendieron entre 2016 y 2024, tiempo en el que engañó al menos a ocho personas en Bogotá.

“La procesada se hacía pasar como servidora pública de distintas entidades y con esta fachada se habría apoderado ilícitamente de más de 450.000.000 de pesos”, indicó la Fiscalía en su comunicado oficial.

El modus operandi de sus estafas con remates y subastas judiciales

Lizarazo Cordero utilizó sin autorización el nombre de instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entre otras. A cada víctima le presentaba una historia distinta, ajustada a sus necesidades y aspiraciones, pero todas tenían un patrón común: se trataba de negocios atractivos, con oportunidades “exclusivas” y beneficios inmediatos si se hacía una transferencia de dinero urgente.

Para reforzar el engaño, la mujer enviaba a sus víctimas letras de cambio, contratos comerciales y otros documentos que, a simple vista, parecían auténticos. Posteriormente, las inducía a realizar transferencias de dinero para adquirir unos “pines” que supuestamente eran necesarios para participar en los procesos de remate. Sin embargo, nunca se entregaban los bienes ni se devolvían los recursos.

Las denuncias que reposan en la Fiscalía dan cuenta de la magnitud del engaño. En uno de los casos más graves, una de las víctimas transfirió más de 240 millones de pesos con la esperanza de obtener varios inmuebles.

“La señora indujo a la víctima al error ya que le aseguró a la víctima que trabajaba como funcionaria de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, y que podía lograr la adjudicación de bienes, muebles e inmuebles sobre remates judiciales. La víctima le realizó dos consignaciones más por valores de 63 y 47 millones, en total, entregándole la suma total de 240 millones”, reveló el fiscal encargado.

En otro caso, la mujer se presentó como trabajadora de la Fiscalía y convenció a una ciudadana de invertir 65 millones de pesos en la supuesta compra de un apartamento en Tunja, Boyacá. “Le aseguró a la víctima en este caso que trabajaba para la Fiscalía y que podía lograr que le adjudicaran dicho inmueble a través de un remate que supuestamente realizaría un juzgado de Tunja, Boyacá. Además, la señora mantuvo a la víctima en error ya que acordó con ella que le pagara la suma de 65 millones, ante lo cual la víctima le realizó las siguientes consignaciones”, explicó el fiscal del caso.

Otra de las denuncias involucra una falsa promesa de ayuda con medidas cautelares impuestas a unos inmuebles. La estafadora simuló tener influencia directa en la Dian y prometió levantar las restricciones si se le pagaba una suma de dinero. “Adriana Patricia Lizarazo invocó una influencia simulada al haberle hecho creer a la víctima que, siendo directora de fiscalización aduanera de la Dian, podía lograr el levantamiento de una medida cautelar aduanera que le había sido impuesta a dos inmuebles de su propiedad”, precisó el fiscal.

Estos tres testimonios hacen parte de un total de ocho denuncias interpuestas por ciudadanos que fueron víctimas del mismo modus operandi. En todos los casos, las víctimas fueron personas interesadas en adquirir bienes a bajo costo, a quienes se les hizo creer que contaban con una intermediaria privilegiada dentro del sistema judicial y administrativo del país.

La Fiscalía imputó a Lizarazo Cordero en contumacia por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó su captura, la cual fue ejecutada en el municipio de Susa, Cundinamarca, por uniformados de la Policía Nacional.

Por lo pronto, el proceso judicial contra Lizarazo Cordero avanza, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles del caso y si existen otras posibles víctimas que no hayan denunciado por miedo o desconocimiento. La Fiscalía también indicó que no se descarta que la procesada haya actuado con ayuda de terceros, lo cual podría ampliar la investigación y los delitos imputables.

LAURA NATHALIA QUINTERO.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.