Noticias Caracol logró conocer que este lunes, 9 de junio, se legalizó la captura del menor de edad de 14 años que es señalado por atentar contra la vida del precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe Turbay, la tarde del sábado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.
La diligencia fue llevada a cabo por un juez de control de garantías sobre las 12:10 a. m., que validó la flagrancia de los delitos (se refiere a la situación en la que una persona es sorprendida cometiendo un delito o es aprehendida inmediatamente después), conforme se dicta en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, al verificarse tres claves. De esta forma lo informó el abogado Víctor Mosquera, el representante legal de la familia del político del Centro Democrático.
Los argumentos de la aprehensión se basan, en principio, en el señalamiento inmediato de la víctima y de testigos. Además de su captura con objetos y huellas en el crimen como en el arma incautada tipo pistola Glock 9 milímetros con la que el joven la disparó a quemarropa a Uribe por su espalda y con la cual impactó en dos zonas de su cuerpo: en la zona occipital de su cabeza y en su muslo izquierdo.
De igual forma, el equipo judicial sustentó que el registro en video en el que quedó retratado, cuadro a cuadro, dio cuenta de su responsabilidad en los hechos. El análisis anexó, al menos, 129 videos de testigos y de videos de cámaras de seguridad en los que se ve al menor de edad y a Uribe Turbay en el parque El Golfito, de la localidad Fontibón.
Por su parte, Mosquera se reconoció formalmente así mismo como "abogado de la víctima y su familia. Seguiremos acompañando este proceso hasta dar con todos los responsables y lograr justicia en favor de Miguel Uribe Turbay". Se debe destacar que el joven permanece fuertemente custodiado en la la Clínica Colombia, donde recibe atención médica por dos impactos de bala en la pierna izquierda, causados por el esquema de seguridad del senador, que respondió al ataque.
Este medio conoció que son más de 50 efectivos de la Policía Nacional desplegados en el centro médico, vigilando el perímetro, resguardando la seguridad del señalado y del personal. En horas de la tarde de este domingo, 8 de junio, se realizaron los primeros allanamientos en medio de la investigación por parte de las unidades especializadas de la Dijín y la Sijín. Estas últimas acciones se llevaron a cabo en las viviendas de dos familiares del capturado.
¿Cuál será la pena máxima a la que se enfrenta el señalado de atentar contra Miguel Uribe Turbay?
Noticias Caracol En Vivo consultó a varios expertos en derecho penal sobre la situación legal del menor de edad vinculado al ataque contra Uribe Turbay, especialmente respecto a cuál podría ser la pena máxima en su contra.
El abogado penalista Saúl León aclaró inicialmente que "el sistema de responsabilidad penal para adolescentes ha demarcado un trato diferencial en punto aquellos menores, niñas, niños o adolescentes que cometan un delito, pues no van a enfrentar una condena en los términos del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de forma ordinaria, sino de manera especial".
León explicó que debido a que se trata de un joven menor de 18 años, una vez sea sometido a un proceso judicial, cuando su estado de salud lo permita, ya que aún permanece hospitalizado por la lesión que sufrió, enfrentará un tratamiento legal particular.
Según sus palabras: "por expresa disposición del Código de Infancia y Adolescencia, de ser declarado responsable pagaría una privación de la libertad de solamente hasta ocho años en un establecimiento especializado, más no en una cárcel ordinaria". Dichas instituciones buscan, ante todo, favorecer procesos de reintegración social: "propender por su resocialización".
Además, el abogado detalló que "la sanción máxima de privación de la libertad es de ocho años. Es la máxima que se ha establecido, pero si el joven trabaja, estudia, se le hace un seguimiento psicosocial y se demuestra que cumple con unos estándares mínimos de convivencia en estos establecimientos puede ser incluso menor".
No obstante, León enfatizó que en estos casos no se contempla ningún tipo de reducción de pena mediante acuerdos con la Fiscalía o colaboración con las autoridades: "Es decir, no podría ser objeto de un principio de oportunidad, un preacuerdo en los términos que funciona el sistema penal ordinario".
Previo a cualquier decisión judicial, el menor debe pasar por un proceso administrativo orientado a restablecer sus derechos, el cual es conducido por una autoridad competente en familia. "Es objeto a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos que debe liderar un comisario de familia, un defensor de familia con el apoyo, por supuesto, de un psicólogo, una trabajadora social y un equipo psicosocial, por cuanto así lo dispone el Código de Infancia y Adolescencia", añadió el abogado.
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.
LNQUINTE@CARACOLT
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