Condenan a la Policía a pagar millonaria indemnización por muerte de estudiante de Univalle en 2005

Así lo decidió el Consejo de Estado. La condena también beneficia a otro estudiante que resultó herido durante los disturbios donde murió Jhonny Silva.
Jorge Molano, abogado de la familia del estudiante fallecido, informó que el Consejo de Estado condenó a la Policía a pagar 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización por la muerte de Silva y las heridas causadas el estudiante Germán Eduardo Perdomo.
“El Consejo de Estado concluye que efectivamente fue el Esmad el que causó la muerte por el uso desproporcionado de la fuerza”, indicó el abogado.
Agregó que, sobre dicha base, el alto tribunal también cuestiona la investigación que realizó la Fiscalía, la cual no ahondó en la búsqueda de la verdad y no garantizó ese derecho a las víctimas.
“Ordena a la Policía realizar una capacitación en derechos humanos para que estos actos no se repitan y también ordena a un fiscal para que reabra las investigaciones penales para encontrar a las personas responsables de este crimen”, anotó Molano.
Asimismo y por orden del mismo Consejo de Estado, la sentencia deberá ser publicada en la página web de la Policía para que toda la ciudadanía pueda acceder a la misma y, así, también garantizar que hechos como los que acabaron con la vida de Jhonny Silva no vuelvan a suceder.
Finalmente, Molano celebró la decisión del alto tribunal y aseguró que será tenida en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió el caso en septiembre de 2016, siete años después de haber sido presentado por los padres del estudiante fallecido.
Silva estudiaba química en la Universidad del Valle y murió tras recibir un impacto de bala en medio de una manifestación estudiantil dentro del alma máter, donde intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
En estos hechos, registrados el 22 de septiembre de 2005, también resultó herido Germán Perdomo, quien fue impactado por un gas lacrimógeno en la cara y terminó incapacitado por 15 días.
La condena del Consejo de Estado se suma a la emitida por el Tribunal Superior del Valle del Cauca en enero de 2015 contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.