La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una nueva imputación de crímenes a 11 excomandantes de las Farc, que corresponden a hechos que afectaron a las regiones Caribe y Magdalena Medio. Entre ellos están sucesos que marcaron la historia de la sangre derramada en los territorios, como el atentado con un burro bomba en Sucre, el uso de carros bomba en Bogotá y Barranquilla, masacres, homicidios y desapariciones forzadas.
La imputación se conoce en el marco de la discusión que prevalece en el Congreso de la República, donde se propuso que la JEP cese actividades en 2028 y no en 2033. Y es que la justicia especial cuenta con 10 años desde su inicio para investigar. Luego tiene cinco años para proferir condenas.
La investigación fue liderada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del caso 10. No obstante, hay una imputación que se da de manera conjunta con el subcaso 01 del caso 11, que investiga hechos de violencia sexual. Todos los hechos investigados que hacen parte de la imputación son no amnistiables, es decir, no tienen posibilidad de recibir el perdón judicial o el indulto.
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¿Quiénes fueron los imputados de las Farc?
- Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’.
- Pastor Lisandro Alape Lascarro, quien fue conocido como ‘Pastor Alape’.
- Erasmo Traslaviña Benavides, quien fue conocido como ‘Jimmy Guerrero’.
- Pedro Trujillo Hernández, quien fue conocido como ‘Alberto Cancharina’.
- Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien fue conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.
- Abelardo Caicedo Colorado, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’.
- Osmany Landero Fajardo, quien fue conocido como ‘Hernando González’.
- Gilberto de Jesús Giraldo David, quien fue conocido como ‘Aldemar Altamiranda’.
- Luis Alejandro Cuadras Solórzano, quien fue conocido como ‘Leonardo Muñoz’.
- Uriel Antonio Oviedo Aldana, quien fue conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’. Oviedo fue capturado por la justicia ordinaria, previo al Acuerdo de Paz.
- Héctor Enrique Hernández López, quien fue conocido como ‘Fabio Borges’.
Los 11 excombatientes fueron señalados por la Jurisdicción como los máximos responsables de crímenes de guerra, tales como el homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo, dirigir ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) (como hospitales, escuelas e iglesias), matar o herir a traición (por medio de engaños), tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual.
¿Cuáles son los hechos abordados por la JEP?
De acuerdo con la Jurisdicción, la imputación da respuestas a las víctimas de sucesos como:
- El atentado con un ‘burro bomba’ en Chalán, Sucre (1996): Se utilizó un animal cargado con 50 kg de dinamita y se activó frente a la estación policial. Dejó 11 policías muertos (4 ejecutados tras rendirse) y el desplazamiento de más del 50 % de la población.
- Atentado con carro bomba en Barranquilla, Atlántico (2002): El Frente 19 detonó 3 cilindros de gas camuflados en un carro de helados al paso de la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez. Dejó 5 civiles muertos y 11 heridos, incluida una niña de 3 años.
- Atentado con carro bomba en Caracol Radio, Bogotá (2010): A las 5:40 a. m., el Frente 33 detonó un vehículo con 50 kg de mezcla explosiva, ANFO, en la carrera 7.ª con calle 67. La explosión afectó edificaciones y redes de acueducto.
- Masacre en la finca La Duquesa, Tibú, Norte de Santander (2004): El Frente 33 y la Columna Gabriel Galvis incursionaron en la finca a las 5:00 a. m., retuvieron y amarraron de pies y manos a 44 campesinos recolectores de coca, a quienes señalaron de colaborar con las autodefensas. 34 personas fueron asesinadas (entre ellas, 2 menores de edad).
- Masacre de la familia Peña, Colosó, Sucre (2004): En la noche, milicias del Frente 35 (BCAR) entraron a una casa familiar y acusaron a sus integrantes de apoyar y prestar servicios a la Policía y a los paramilitares. El ataque dejó 5 personas asesinadas (4 mujeres, una de ellas embarazada).
- Desaparición y homicidio de Martha y Alexandra Vargas Ávila en Becerril, Cesar (1988): Milicianos raptaron a dos hermanas, acusándolas de ser “informantes” por lavar uniformes policiales. Fueron ejecutadas y enterradas en una fosa clandestina.
- Homicidio del padre José Antonio Beltrán en Landázuri, Santander (1991): El sacerdote de 70 años fue raptado tras una misa; su cuerpo fue hallado sin vida dos días después.
La justicia especial remarcó que, durante décadas, la mayoría de estos crímenes perduraron en la impunidad —la desaparición y el desplazamiento en su totalidad— y muchos quedaron en la justicia ordinaria como procesos abiertos que no llegaron a juicio o siquiera a la etapa de indagación preliminar.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos cometidas por estas estructuras no fueron hechos aislados, sino que correspondían a grandes patrones que fueron identificados: el primero, crímenes cometidos para ejercer control social y territorial; y el segundo, crímenes perpetrados durante el desarrollo de las hostilidades, es decir, en medio de la guerra o las acciones armadas, como las tomas guerrilleras.
De hecho, la imputación conjunta entre el caso 10 y el 11 se dio por hechos de violencia sexual cometidos por integrantes de las Farc contra civiles, que se enmarcaron en acciones pensadas hacia el control social y territorial. Los vejámenes se habrían perpetrado como castigo por supuestamente colaborar con la fuerza pública o no cumplir lo que imponía la guerrilla.
María Paula Rodríguez Rozo
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