Fiscalía no podrá usar pruebas recolectadas en casa de Jorge Pizano

El juzgado penal de Funza aseguró que el material no es válido ya que el ente sobrepasó el tiempo estipulado por la ley para legalizarlo. Un nuevo capítulo de controversias se escribe en el caso de las sospechosas muertes del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro Pizano. Un juez del circuito de Funza confirmó que las pruebas recolectadas el pasado 17 y 18 de noviembre en casa de la familia Pizano Ponce de León por la Fiscalía no se pueden usar dentro de las investigaciones debido a que no fueron legalizadas a tiempo. El fallo confirmó lo dicho por la Procuraduría y el juzgado Municipal de El Rosal de que el material probatorio recogido en dichas fechas no era legal debido a que fue presentado en una audiencia de legalización el viernes 23 de noviembre, superando el periodo máximo estipulado por la ley colombiana para dichos procedimientos -36 horas-. La Fiscalía había asegurado que las pruebas no necesitaban ser legalizadas ante un juez ya que no fueron recolectadas en un allanamiento sino en una inspección avalada por la familia. Sin embargo, el juez del circuito penal de Funza aseguró que más allá del nombre de la diligencia, se debía ver el fin de esta misma. Es preciso señalar que en la “inspección” se encontró un tarro de Cianuro -sustancia con la que fue envenenado Alejandro Pizano- en el que supuestamente había material genético del fallecido ingeniero. También se habría hallado una toalla con sangre de Jorge Enrique Pizano. La Fiscalía también aprovechó dicha diligencia para obtener los equipos y el disco duro del excontroller del consorcio Ruta del Sol para buscar más pistas que ayuden a esclarecer la sospechosa muerte de padre e hijo. La ilegalidad de las pruebas se une a las dudas que se han posado sobre los análisis hechos de Medicina Legal tanto al tarro de cianuro como a los tejidos tomados del cuerpo de Jorge Pizano. Vale recordar que antes de morir, Jorge Pizano dejó unas grabaciones que serían prueba fundamental de que Néstor Humberto Martínez, actual fiscal general, conocía de las irregularidades cometidas por Odebrecht en la Ruta del Sol antes de que el escándalo se desatara en el país.