Órganos de control advierten que el bloqueo de vías no es protesta pacífica

De manera conjunta, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría de la República y la Procuraduría General de la Nación emitieron un comunicado de cinco puntos en el que advierten a los manifestantes sobre la posibilidad de incurrir en un delito al bloquear las vías o al obstruirlas.

Además, señalaron que los funcionarios podrían verse inmersos en sanciones de ser sorprendidos cometiendo esas conductas.

“La protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política. Somos garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población, por ende, en el marco de nuestras competencias, seguiremos trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia”, dice el escrito.

Y agrega: “Los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población”.

Además, reitera que ese tipo de acciones, que se han realizado de parte de manifestantes en varios municipios de Colombia durante 23 días de paro nacional, cuando se ejerce a través de medios ilícitos atentan contra los derechos humanos.

“Los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal”, señala.

También, esas tres entidades llaman particularmente la atención a los funcionarios del Estado que estén participando en las manifestaciones.

“Adicionalmente, si son funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales. Estos actos deben ser rechazados por la sociedad colombiana y enfrentados con todas las herramientas legales e institucionales”, afirma.

Por lo que advirtieron: “Hacemos una clara advertencia que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación”.

Finalmente, llamaron a construir acuerdos que ayuden a superar la crisis: “Bienvenidos todos los espacios de deliberación y construcción de acuerdos, pero nunca por vías de hecho que saboteen el vivir de los ciudadanos”.

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