Piden suspender pago de $14.000 millones a contratistas de mercados en Cesar por anomalías en sedes

Cuatro fundaciones, que ejecutaron cinco contratos por más de $2.600 millones, están desocupadas o funcionan en casas de familia, reveló la Procuraduría.

Ante estas irregularidades, el Ministerio Público le pidió al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, suspender el proceso de liquidación de 37 contratos y dos adiciones firmados para la adquisición de 88.700 mercados, que se van a entregar para atender la emergencia.

La Procuraduría señala que la gobernación debe recibir “evidencias sobre la correcta ejecución de los $14.065.598.408 invertidos”.

Según el ente, investigadores de la regional Cesar comprobaron que las sedes de las “fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar, que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado por más de $2.600 millones, se encuentran hoy desocupadas o funcionan en casas de familia, situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos”.

El gobernador Monsalvo deberá solicitar a estos contratistas los soportes sobre la inversión de los más de $14.000 millones de pesos, en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte.

“Sin la entrega de toda la información el ente territorial no podría liquidar los contratos y expedir los paz y salvo”, precisó la Procuraduría.

Recordó que aunque la Ley 80 de 1993 faculta a los entes públicos a aplicar un régimen excepcional de contratación durante los estados de emergencia económica, social y ecológica, las administraciones “no quedan relevadas de los deberes contractuales de vigilar la correcta ejecución del contrato”.

En caso de que el gobernador evidencie incumplimientos o una indebida inversión de los recursos públicos, tiene que adelantar de inmediato los trámites sancionatorios y hacer efectivas las garantías legales y contractuales en cada caso, detalló la Procuraduría.