Ante laprecaria situación de los embera katío que habitan en el barrio El Calvario
, centro de Cali, la Unidad de Atención para las Víctimas propuso dos predios para su reubicación. Los sitios planteados son el antiguo colegio femenino San Fernando y la Casa de Pance.
“Las familias definitivamente necesitan ser relocalizadas en otro lugar de Cali, mientras el retorno es posible. Nosotros hicimos una gestión con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y hay dos inmuebles que cumplen condiciones”, sostuvo Paula Gómez, directora territorial de UARIV en el Valle.
La funcionaria afirmó que la propuesta ya fue compartida con la Alcaldía para su revisión y defina cuál de los dos lugares es idóneo para brindar la atención necesaria a estas familias.
“La próxima semana se va a realizar una asamblea con las autoridades étnicas y uno de los temas que se va a consultar es con relación a la posible relocalización en estos predios”, informó Gómez, al agregar que se sigue trabajando en el plan de regreso de los nativos a su territorio.
Asimismo, hizo un llamado a la red de apoyo a sumar esfuerzos junto a otros organismos estatales para realizar un trabajo articulado donde se le brinde apoyo sicosocial a la menor de 4 años presuntamente abusada
por otro miembro del resguardo.
Entre tanto, se espera que más o menos en 15 días, la Alcaldía tenga todo listo para informar cuál de los inmuebles servirá para reubicar a esta comunidad.
Denuncias ante organismos internacionales
Por su parte, la Fundación Defensa de Inocentes, de la cual hacen parte el exdiputado Sigifredo López, el abogado Elmer Montaña y otros juristas, señaló que denunciará al Gobierno ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una supuesta violación a los derechos de las familias embera katío que residen en la capital del Valle.
Dicen que los últimos hechos, como la muerte de una bebé indígena
, los casos de tuberculosis en dos niños y el abuso a una niña
, son argumentos suficientes para elevar la queja.
“Lo que pretendemos nosotros es denunciar ante organismos internacionales que no ha habido ninguna entidad del Estado, ni del Gobierno Municipal, Departamental, ICBF, ni Unidad de Atención a Víctimas, que haya asumido directamente la responsabilidad en términos de la protección a estos niños”, dijo Elmer Montaña.
El abogado agregó que actualmente 64 niños indígenas están en una situación de alto riesgo, motivo por el cual la Fundación pedirá unas medidas de protección especial para los mismos.
Montaña añadió que los contactos con los organismos internacionales ya están establecidos, los cuales solicitaron documentos que demuestren la negligencia por parte de las autoridades mencionadas. Indicó, además, que la Fundación ha hecho seguimiento a la situación de los indígenas y corrobora que sigue la mendicidad y la utilización de los menores para estas prácticas.