"El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto", dijo Juan Manuel Santos.
El jefe de Estado se comprometió a que este reconocimiento sea "un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado" reconozcan su responsabilidad y "puedan participar en los mecanismos de justicia transicional".
"Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas, responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental", agregó.
En la audiencia, convocada por el Constitucional para estudiar si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta o no a la Carta Magna, Santos desacreditó la tesis de los críticos del citado acto legislativo, quienes sostienen que abre una puerta a la impunidad.
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"Es la primera vez que Colombia se toma en serio la lucha contra la impunidad de los hechos cometidos en el conflicto", consideró el mandatario, al explicar que por eso ha descartado "pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir".
Precisamente ese es el punto cuestionado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que elevó una demanda de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal al considerar que los principios de "selección" de los culpables y de "priorización" de los delitos que contempla el marco impedirán que se haga justicia.
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"No solo no abre espacios a la impunidad, óigase bien, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas en un conflicto altamente inhumano", dijo Santos antes de sentenciar: "No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia".
"Estamos ante una posibilidad real, a mi juicio la mejor de nuestra historia, de poner fin al conflicto armado interno", dijo el presidente, al hacer hincapié en el apoyo internacional al proceso que está en marcha, porque "la paz de Colombia es también la paz del continente".
La sesión comenzó pasadas las 8.00 a.m.
y congregó en la sala de plenos del Alto Tribunal a los nueve magistrados que lo componen, al presidente Juan Manuel Santos, al alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, a los demandantes del citado acto legislativo de justicia y a otros organismos invitados.Santos fue el encargado de pronunciar el primer discurso de la audiencia, encaminado a defender la utilidad del Marco Jurídico para la Paz como una herramienta jurídica para regular la desmovilización de grupos armados ilegales tras un eventual acuerdo entre los actores del conflicto que logren ponerle fin a la confrontación.
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El marco jurídico para paz
El Acto Legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz fue una iniciativa del Gobierno aprobada en el Congreso en junio del año pasado, demandada seis meses más tarde ante el Constitucional por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo al considerar que abría puertas a la impunidad de crímenes del conflicto.
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Dentro del texto de esta reforma constitucional, el origen de la controversia se ubicó en los principios de "priorización" de delitos y "selección" de los responsables, entre máximos y menores, que tendrá que hacer la Justicia y el Legislativo con los 304.000 hechos denunciados.
En concreto, la ONG cuestiona la utilización de las expresiones "máximos responsables", en cuanto que considera que deberían ser juzgados "todos" los implicados en un crimen, y "cometidos de manera sistemática", porque dejaría por fuera violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido sólo una vez, por graves que sean.
El Gobierno ha argumentado que investigar y procesar a los responsables de 304.000 hechos denunciados tomaría unos 100 años.
Para someterse a esta herramienta transicional, las guerrillas tendrán que contribuir con la revelación de la verdad, la construcción de la Justicia y de la reparación a las víctimas, y además deberán liberar a los secuestrados.
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