Estado colombiano deberá devolver 19 millones de dólares a la minera Glencore

La multinacional suiza buscaba cobrar 575 millones de dólares por “daños y perjuicios” tras una sanción que le impuso la Contraloría en 2015.
El Estado colombiano tendrá que hacer la devolución luego de que el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) decidiera una demanda de 2016 interpuesta por la compañía por un fallo de la Contraloría.
"El Tribunal Arbitral del CIADI dictó el día de hoy el primer laudo de inversión en un caso colombiano", detalló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un comunicado.
Según esa entidad, Glencore buscaba cobrar 575 millones de dólares "por daños y perjuicios" al Estado colombiano, así como la devolución de 19,1 millones de dólares que el Grupo Prodeco, que comprende las operaciones de la multinacional suiza en el país, había pagado a Colombia por el fallo de "responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República" en enero de 2016.
Ese fallo fue interpuesto a Prodeco por el presunto detrimento patrimonial causado al Estado tras la negociación y suscripción del otrosí de un contrato de concesión que según la agencia "modificaba injustificadamente" a su favor "el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón" en una mina de la región Caribe.
Esa empresa también pidió al tribunal que ordenara al país andino "abstenerse de iniciar nuevos procedimientos en la Contraloría y desistir del procedimiento de nulidad" del otrosí.
No obstante, el tribunal arbitral del CIADI sólo ordenó la devolución de los 19,1 millones de dólares y desestimó los demás reclamos.
"La efectividad de la estrategia de defensa jurídica del Estado redujo en un 97 % las pretensiones económicas reclamadas por Glencore. La defensa estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la firma Dechert LLP", agregó la información.
Según el Tribunal, la medida tomada por la Contraloría se realizó "con estricto apego a la ley y al debido proceso", aunque cuestionó el cálculo que realizó esa entidad para determinar el detrimento del patrimonio público por lo cual ordenó la devolución del monto pagado.
"Los abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se encuentran leyendo el laudo de más de 340 páginas y analizando posibles recursos", apostilló la entidad.