Este viernes 30 de octubre un juez penal de segunda instancia de Medellín decidió enviar a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. El hombre al que le habían otorgado el beneficio de casa por cárcel en primera instancia a inicios de este mes en medio del caso en su contra por presunta corrupción.
La decisión se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y los representantes de víctimas en el caso por el direccionamiento irregular de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el que Miguel Quintero habría sido una de las piezas clave.
¿Por qué caso están juzgando Miguel Quintero?
La determinación de revocar la casa por cárcel y ordenar la detención intramural se sostuvo en un análisis del riesgo procesal y la necesidad de protección a la sociedad. Peligro para la comunidad e ineficacia de la detención domiciliaria, pues el juez determinó que el imputado representa un "peligro para la comunidad".
Al examinar la modalidad, reiteración y extensión de las presuntas conductas ilícitas, concluyó que la casa por cárcel resultaba ineficaz. El togado enfatizó que Miguel Quintero "no necesitó ejercer formalmente un cargo" dentro del AMVA para influir de manera directa sobre las decisiones administrativas y direccionar la contratación pública. El acervo probatorio expuesto en las audiencias incluyó evidencias sobre cómo Quintero lograba ubicar fichas de su entera confianza en cargos clave de la entidad metropolitana.
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Igualmente, el juzgado valoró mensajes del grupo de WhatsApp denominado "Amigos", en los cuales se discutían nombramientos e intervenciones contractuales, así como fotografías en las que el procesado ostentaba bienes de lujo. El despacho judicial resaltó que la prisión carcelaria impone un régimen riguroso sobre el flujo de visitas, desplazamientos y comunicaciones, reduciendo la posibilidad de que el imputado reincida en maniobras de interferencia sobre el proceso o sobre la administración. Por ello, se libró la orden de captura y la boleta de encarcelamiento para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) efectúe la reclusión.
El proceso judicial contra Miguel Quintero
La causa penal iniciada por la Fiscalía General de la Nación rastrea presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante los años 2021 y 2023. Los aspectos centrales de la investigación se sintetizan en la cuantía total de los seis convenios investigados, la cual ascendió a $17.656 millones de pesos.
La Fiscalía formuló la hipótesis de que, al interior de dicha contratación, se pactó y ejecutó el pago de coimas por $2.481 millones de pesos, monto que constituye el detrimento al erario público. En la teoría del caso de la Fiscalía se sostiene que Miguel Quintero habría percibido individualmente $1.653,3 millones de pesos derivados de esas coimas, mientras que el coimputado Sebastián Ortega habría recibido $133 millones.
A Miguel Quintero le fueron imputados formalmente los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Su vinculación formal al proceso ocurrió en septiembre de 2026. Por otro lado, el juez de segunda instancia decidió mantener en libertad no privativa a Sebastián Ortega, al considerar que los señalamientos sobre presunta obstrucción judicial carecían de suficiente precisión individual para justificar su detención carcelaria.
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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co