La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, por las denuncias relacionadas con un presunto plan que habría buscado vincular a figuras políticas con grupos paramilitares durante la campaña presidencial de 2025.
La decisión quedó consignada en un auto de la Sala Disciplinaria de Instrucción, firmado por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, en el que se ordena avanzar en la recopilación de pruebas para determinar si existió alguna conducta con relevancia disciplinaria por parte de los funcionarios investigados. El caso tomó fuerza luego de unas declaraciones de Angie Rodríguez conocidas públicamente en agosto de 2026, en las que aseguró que durante los diálogos adelantados con exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habría planteado la posibilidad de que estos realizaran señalamientos contra dirigentes políticos en medio de la contienda electoral presidencial.
El origen de la investigación disciplinaria
Según el documento oficial, la actuación disciplinaria surgió tras una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, representante de la Red de Veedurías de Colombia, quien pidió investigar los hechos expuestos por la entonces exgerente del Fondo Adaptación. La Procuraduría considera que existen elementos suficientes para abrir formalmente la investigación y verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, así como establecer si estos constituyen una falta disciplinaria. También busca determinar el grado de participación que habrían tenido los servidores públicos involucrados.
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De acuerdo con el auto, los hechos objeto de revisión están relacionados con una reunión desarrollada en Valledupar durante octubre de 2025, en el marco de la denominada Mesa de Diálogo Social Paz Total con exjefes paramilitares. La entidad disciplinaria busca esclarecer si durante esos encuentros se promovió o impulsó alguna estrategia orientada a obtener declaraciones contra determinados líderes políticos.
¿Qué investiga la Procuraduría?
En su decisión, el órgano de control identificó como hechos jurídicamente relevantes la presunta participación o conocimiento de un supuesto plan para que antiguos comandantes paramilitares acusaran públicamente a Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras de tener vínculos con estructuras paramilitares. La investigación también examinará el funcionamiento del comité técnico creado para el cierre de la mesa de diálogo con exintegrantes de las AUC, instancia que, según la resolución citada por la Procuraduría, estaba integrada por funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior y la dirección del DAPRE.
El auto precisa que la apertura de investigación no implica una declaración de responsabilidad ni una sanción anticipada. Se trata de una etapa orientada a recolectar pruebas, contrastar versiones y establecer si existen méritos para avanzar hacia instancias posteriores dentro del proceso disciplinario.
Como parte de las diligencias, la Procuraduría ordenó preservar la entrevista que dio origen a la controversia, recopilar pronunciamientos posteriores relacionados con el caso y conservar publicaciones difundidas por diferentes actores involucrados en la polémica. Además, solicitó información a la Fiscalía General de la Nación para conocer si existe una actuación penal relacionada con estos hechos y cuál es el estado de esa investigación. La entidad disciplinaria también pidió acceso a eventuales elementos probatorios que hayan sido recaudados por los investigadores judiciales.
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Igualmente, fueron decretadas inspecciones al DAPRE con el fin de obtener documentos, grabaciones, registros de reuniones y demás información relacionada con los diálogos adelantados con exmiembros de grupos paramilitares. La Procuraduría también ordenó recopilar detalles sobre la organización de los encuentros realizados en Valledupar y los asistentes que participaron en ellos. Entre los testimonios solicitados aparecen los de Jorge Arturo Lemus Montañez, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Hollman Morris, exdirector de RTVC; y Otty Patiño Hormaza, exalto comisionado para la Paz.
La decisión ordena notificar formalmente a Armando Benedetti y Angie Rodríguez, quienes tendrán la posibilidad de rendir versión libre sobre los hechos y ejercer plenamente su derecho a la defensa durante el desarrollo de las actuaciones. Con esta determinación, la Procuraduría inicia una de las investigaciones más sensibles derivadas de las denuncias sobre el llamado “Pacto de Valledupar”, un episodio que ha generado amplio debate político y que ahora entra en una fase de verificación institucional para establecer qué ocurrió realmente durante los encuentros con los exjefes paramilitares y cuál pudo haber sido el papel de los funcionarios señalados.
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