En Los Informantes: una entrevista profunda con Margarita Rosa de Francisco, la transformación del cacao en el campo colombiano y un emotivo tributo a la vida y obra del cantautor Piero.
Noelia Maximino, una turista española de 31 años, planeó durante meses sus vacaciones en Colombia. Apasionada por los viajes y por ser una persona alegre, llegó al país a finales de julio junto a un grupo de amigos para recorrer diversos destinos turísticos, entre ellos el Parque Nacional Natural Tayrona, cerca de Santa Marta.Lidia García, una de sus amigas más cercanas y compañera de viaje, recordó la relación que las unía y la personalidad de Noelia: "Éramos uña y carne y para mí Noelia era como una hermana, era parte de mi familia".El grupo realizó una caminata por el parque ecológico y llegó por la tarde al sector de Cabo de San Juan. Cerca de las 4:00 de la tarde, cuando se preparaban para regresar, vieron las embarcaciones de transporte que ofrecían llevar a los visitantes por vía marítima para evitar el trayecto a pie de retorno."No quedaban más chalecos": los minutos previos al accidenteAl momento de abordar la lancha, los integrantes del grupo notaron que no había elementos suficientes de protección para todos los pasajeros. Sin embargo, según relatan los sobrevivientes, la salida del bote se dio de manera apresurada.Lidia García detalló lo que ocurrió al momento de subir con su amiga: "Nos dijeron que ya no quedaban más chalecos y ya está. No, no hubo tiempo ni de reacción, no hubo tiempo de negarnos".Pese a no contar con los chalecos salvavidas, la embarcación inició su recorrido mar adentro hacia mar abierto. Pocos segundos después de haber dejado la orilla de la playa, la lancha enfrentó el fuerte oleaje característico de esa zona de la costa caribeña.García narró los momentos de angustia que vivieron cuando fueron alcanzadas por las olas: "Noelia y yo cuando volcamos estamos dentro de la lancha, conseguimos salir de ahí y a partir de ahí es una película de auténtico terror". El choque de una segunda ola hizo que la nave se diera vuelta por completo, dejando a los ocupantes en el agua y dispersos.Cuestionamientos por la presunta falta de salvavidas en la playaTras el volcamiento, varios pasajeros quedaron a la deriva intentando mantenerse a flote, mientras las olas los empujaban hacia las zonas rocosas de la costa. De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, la primera ayuda vino de otros visitantes que presenciaron el accidente.Los propios turistas formaron una cadena humana en el agua para sacar a los afectados y llevaron a Noelia hasta las rocas, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban apoyo.Lidia García cuestionó la presunta ausencia de puestos de socorro en esta zona turística: "No hubo ni atención ninguna ni medios ningunos, no hubo nada. O sea, si se ponen medidas del tipo que sea, aunque sean mínimas, este tipo de cosas no pasan".La joven fue sacada del agua, pero llegó sin signos vitales al centro asistencial.La lancha no tenía permisos de navegaciónEl accidente abrió una investigación por parte de las autoridades marítimas e instituciones de turismo para esclarecer cómo operaba la lancha en una reserva natural.El capitán de puerto de Santa Marta, Julio Monroy, representante de la Dirección General Marítima (DIMAR), confirmó que la embarcación involucrada en el hecho presuntamente no contaba con las autorizaciones legales para transportar pasajeros: "Esta embarcación no estaba autorizada. Es una embarcación que provino de un sitio no autorizado que fue Buritaca, zonas que quedan hacia el norte del Cabo San Juan".El oficial explicó además que los operadores de la lancha habrían aprovechado las condiciones del sector para ofrecer el servicio de manera irregular: "Se aprovecharon de la lejanía y de la buena fe de los turistas".Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia emitió un comunicado en el que indicó que dos guardaparques se trasladaron hacia el Cabo de San Juan al conocer lo sucedido, a una distancia aproximada de 40 minutos desde su punto de control.Entre tanto, Luis Ángel Reyes, subdirector de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, señaló las acciones que se adelantan tras el caso: "Todas estas cosas están siendo evaluadas. Ya hoy contamos con una mesa técnica que pretende rigurizar el seguimiento a los controles para la práctica correcta de estos servicios turísticos".Piden investigar a los responsablesDesde España, la familia de Noelia Maximino exige que se aclaren las fallas de seguridad y se identifique a los encargados de la lancha pirata y de la vigilancia en la playa.Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes a este hecho.
Lo que iba a ser un paseo familiar y de trabajo en Chinácota, a poco más de una hora de Cúcuta, terminó en un hecho trágico que hoy investigan las autoridades. Yuris Cristel Camila García, una joven de 29 años, profesional en Salud Ocupacional y madre soltera, viajó desde Tibú con su pequeño hijo a visitar a su mamá, Claudia Patricia Manrique, y a su hermano, pero un accidente en un tobogán acabó con su vida.Antes del hecho, la joven habló por teléfono con su madre por última vez. "Yo la llamo a ella antes como a las 6:20. Le pregunto: 'Mami, ¿dónde estás?'. Me dice: 'Mamita, me estoy tomando un café'. Yo le digo: 'Hija, ¿pero dónde?'. Me dice: 'Mami, aquí donde tú conoces, en Entre Flores. Termino el café y nos devolvemos'", relató Claudia. Sin embargo, minutos después de colgar, la joven decidió subir al tobogán del lugar."Usted no se va a salir": la frase grabada antes del golpeUn video grabado por uno de sus acompañantes registró los momentos previos a la caída y hoy es una prueba clave para los investigadores. En las imágenes se ve a Camila acomodándose sobre una llanta en la parte alta del tobogán mientras conversa con el operador de la atracción.Luz Adriana Manrique, tía de la víctima, explicó lo que se observa en la grabación: "Se ve la niña arriba en el tobogán acomodándose en el neumático ese, hablando con el tipo, confirmando de que se cumple con todo lo de la seguridad porque ella pregunta que quién la va a esperar abajo, que si no se va a salir".Ante la duda de la joven sobre si existía riesgo de salirse, el trabajador le respondió: "No, no, usted no se va a salir. Tranquila". Con esa indicación, Camila se lanzó. Pero al tomar la primera curva la joven salió expulsada, cayendo desde una altura cercana a los tres metros.Testigos denuncian falta de paramédicos y ambulanciaCarlos Ramírez, amigo de Camila y quien grabó el recorrido, relató lo que vivió al ver el accidente: "Ella se tira y yo veo como coge demasiada velocidad. Cuando veo que el neumático pega y ella se sale del tobogán". Ramírez corrió de inmediato al punto donde cayó la joven para tratar de ayudarla: "Muy mal, llena de sangre, todavía con vida, porque pues creo que ella no estaba asimilando lo que estaba pasando. Ella me alcanzó a decir que pues no la dejáramos sola".El testigo aseguró que en ese momento no había personal de auxilio preparado para atender la emergencia: "Pero en ese momento ningún trabajador llegó. Fue agonizante porque pues las personas estaban gritando como que no hay camillas aquí, no hay nada de primeros auxilios". Según su versión, el traslado inicial se hizo en un vehículo privado: "Al rato llegó, creo que era el dueño y su esposa, llegaron en unas camionetas y pues no sé de dónde salió la camilla ni nada, pero pues lograron subirla a ella a la camilla y la metieron en la camioneta".La tía de la víctima también cuestionó cómo se atendió a su sobrina tras el impacto: "A ella la atienden los mismos visitantes. Ellos ni siquiera llaman a una ambulancia. Ellos lo único que tenían ahí para la niña era una camilla. A la niña no le pudieron colocar un cuello ortopédico porque no había".La joven fue llevada al hospital de Chinácota y luego remetida de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. El doctor Freddy Contreras, asesor de gerencia del centro médico, detalló el estado en que ingresó la paciente: "Al momento del ingreso la paciente llega sin signos vitales, por lo cual es declarada fallecida al momento del ingreso". El informe indicó que presentaba trauma craneoencefálico severo, trauma facial y fractura en el antebrazo derecho.¿Tenía permisos la atracción? Habla la Alcaldía de ChinácotaEl hecho abrió una investigación administrativa y penal en Norte de Santander para verificar si la atracción contaba con las licencias exigidas por la ley. Ramiro Luna, alcalde de Chinácota, señaló: "¿Esta atracción no contaba con los protocolos de seguridad para ser utilizado? No, en el momento que empezaron a funcionar no contaba con la documentación, los requisitos y la tramitología necesaria. No tienen las pólizas que se requieren".El mandatario explicó que el negocio tenía permisos para operar como restaurante y hotel, pero no para atracciones mecánicas de entretenimiento.La respuesta de los abogados del establecimientoAnte las denuncias de los familiares y las declaraciones del alcalde, los dueños del restaurante Entre Flores delegaron la vocería del caso en los abogados Óscar Giraldo y José Chía para hablar con Séptimo Día:El abogado Giraldo afirmó que el lugar sí contaba con medidas de atención: "Sí, el establecimiento contaba con todos los protocolos de seguridad, con todas las personas encargadas de brindar los primeros auxilios". Sobre el diseño de la estructura, agregó: "Se realizaron más de 2000 pruebas donde pues realmente no ocurría pues ninguna situación que pusiera en riesgo la integridad de las personas que lo llegaran a utilizar". Asimismo, sugirió que el clima pudo influir en el hecho.Por su parte, el abogado José Chía admitió que faltaban trámites administrativos: "Realmente los permisos que administrativamente se debían implementar para poner en marcha el tobogán no se habían realizado porque se hizo un trabajo pues con expertos y con profesionales que datan sobre la efectividad". El análisis técnico y la investigación de la FiscalíaEl caso también fue analizado por expertos en ingeniería. Joaquín Álvarez, integrante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, explicó que en condiciones de humedad o condensación un usuario puede alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora en ese tipo de estructuras. El especialista señaló preliminarmente que, al tratarse de un recorrido con curvas pronunciadas y alta velocidad, la mejor opción de contención física habría sido un sistema tubular cerrado.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales de Norte de Santander adelantan la recolección de testimonios, videos e inspecciones técnicas para determinar si existieron responsabilidades penales, civiles o administrativas en este hecho.
Al cumplirse un año del fallecimiento de María Alejandra Parada, conocida en redes sociales como Baby Demoni, las circunstancias que rodearon su muerte siguen sin esclarecerse. La joven bogotana tenía 24 años, era madre de una niña y acumulaba cerca de un millón de seguidores en redes sociales cuando ocurrió su deceso el 15 de octubre de 2025. Desde el primer momento, sus familiares rechazaron la explicación inicial de un suicidio y sostienen que se trató de un homicidio.Antes de dedicarse de lleno al contenido digital, María Alejandra trabajaba en una peluquería para mascotas, lugar donde conoció a Miguel Ángel López, un cantante de rap conocido en redes como 'Samor One'. Ambos iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos, periodo en el que eran frecuentes las discusiones y peleas en la pareja. Cinco días después de que la joven se hiciera una cirugía estética, ocurrió el trágico suceso que desencadenó el proceso judicial.Las evidencias y contradicciones en este caso En la tarde del 14 de octubre de 2025 se desató una fuerte pelea presuntamente por celos en el apartamento donde vivían, la cual fue grabada en audios por el propio 'Samor One'. Horas más tarde, la influenciadora fue llevada a urgencias en una clínica por un supuesto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, al ingresar a verla en la unidad de cuidados intensivos, su padre, Manuel Ariza, notó un golpe en la frente y dos marcas en el cuello producidas por dedos humanos y no por la tela de una sábana. La joven falleció al día siguiente.Durante la investigación difundida por el programa Séptimo Día, la Unidad de Investigación Criminal expuso hallazgos clave encontrados en el teléfono celular de la influenciadora. El investigador Yefrin Garavito mostró una fotografía en formato 'live' tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos, en la que quedaron registrados ruidos y manchas de sangre en el piso tras la discusión.El especialista explicó que no resulta lógico ni común que una persona con intenciones de quitarse la vida decida fotografiar las manchas de sangre dejadas tras un altercado. De igual forma, la inspección al cuerpo reveló heridas en sus manos y un surco en el cuello que no correspondía al tejido de la sábana. Por su parte, el abogado de la familia, Francisco Bernate, sostuvo que por la reciente operación la joven no contaba con la fuerza física necesaria para autoasfixiarse.Frente a estos señalamientos, Miguel Ángel López rechazó las acusaciones en Séptimo Día y aseguró que se trató de un suicidio. Explicó que grabó la pelea para proteger su carrera musical, que salió hacia un estudio de grabación y que luego recibió un mensaje de texto de María Alejandra pidiéndole perdón. Según su testimonio, al regresar la encontró colgada en el baño con una sábana y la auxilió. Tiempo después viajó a vivir a Madrid, España, argumentando amenazas en su contra. En ese momento, la Fiscalía prefirió no dar declaraciones públicas al tratarse de una investigación activa.El pedido de justicia de la familia tras un año de la muerteAl cumplirse 12 meses de la tragedia, la familia de la creadora de contenido habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad. Su padre reiteró ante este medio de comunicación que las evidencias y los dictámenes médicos desmienten la versión del suicidio.“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.Asimismo, los allegados expresaron su preocupación por la permanencia del sospechoso en el exterior y criticaron la falta de decisiones judiciales concretas a pesar del tiempo transcurrido y de las pruebas entregadas. En sus declaraciones al canal capitalino, el padre de la joven hizo un llamado directo a los investigadores para que el caso avance. “Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, afirmó en Citytv.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, por las denuncias relacionadas con un presunto plan que habría buscado vincular a figuras políticas con grupos paramilitares durante la campaña presidencial de 2025. La decisión quedó consignada en un auto de la Sala Disciplinaria de Instrucción, firmado por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, en el que se ordena avanzar en la recopilación de pruebas para determinar si existió alguna conducta con relevancia disciplinaria por parte de los funcionarios investigados. El caso tomó fuerza luego de unas declaraciones de Angie Rodríguez conocidas públicamente en agosto de 2026, en las que aseguró que durante los diálogos adelantados con exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habría planteado la posibilidad de que estos realizaran señalamientos contra dirigentes políticos en medio de la contienda electoral presidencial.El origen de la investigación disciplinariaSegún el documento oficial, la actuación disciplinaria surgió tras una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, representante de la Red de Veedurías de Colombia, quien pidió investigar los hechos expuestos por la entonces exgerente del Fondo Adaptación. La Procuraduría considera que existen elementos suficientes para abrir formalmente la investigación y verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, así como establecer si estos constituyen una falta disciplinaria. También busca determinar el grado de participación que habrían tenido los servidores públicos involucrados. De acuerdo con el auto, los hechos objeto de revisión están relacionados con una reunión desarrollada en Valledupar durante octubre de 2025, en el marco de la denominada Mesa de Diálogo Social Paz Total con exjefes paramilitares. La entidad disciplinaria busca esclarecer si durante esos encuentros se promovió o impulsó alguna estrategia orientada a obtener declaraciones contra determinados líderes políticos. ¿Qué investiga la Procuraduría?En su decisión, el órgano de control identificó como hechos jurídicamente relevantes la presunta participación o conocimiento de un supuesto plan para que antiguos comandantes paramilitares acusaran públicamente a Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras de tener vínculos con estructuras paramilitares. La investigación también examinará el funcionamiento del comité técnico creado para el cierre de la mesa de diálogo con exintegrantes de las AUC, instancia que, según la resolución citada por la Procuraduría, estaba integrada por funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior y la dirección del DAPRE.El auto precisa que la apertura de investigación no implica una declaración de responsabilidad ni una sanción anticipada. Se trata de una etapa orientada a recolectar pruebas, contrastar versiones y establecer si existen méritos para avanzar hacia instancias posteriores dentro del proceso disciplinario. Como parte de las diligencias, la Procuraduría ordenó preservar la entrevista que dio origen a la controversia, recopilar pronunciamientos posteriores relacionados con el caso y conservar publicaciones difundidas por diferentes actores involucrados en la polémica. Además, solicitó información a la Fiscalía General de la Nación para conocer si existe una actuación penal relacionada con estos hechos y cuál es el estado de esa investigación. La entidad disciplinaria también pidió acceso a eventuales elementos probatorios que hayan sido recaudados por los investigadores judiciales. Igualmente, fueron decretadas inspecciones al DAPRE con el fin de obtener documentos, grabaciones, registros de reuniones y demás información relacionada con los diálogos adelantados con exmiembros de grupos paramilitares. La Procuraduría también ordenó recopilar detalles sobre la organización de los encuentros realizados en Valledupar y los asistentes que participaron en ellos. Entre los testimonios solicitados aparecen los de Jorge Arturo Lemus Montañez, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Hollman Morris, exdirector de RTVC; y Otty Patiño Hormaza, exalto comisionado para la Paz. La decisión ordena notificar formalmente a Armando Benedetti y Angie Rodríguez, quienes tendrán la posibilidad de rendir versión libre sobre los hechos y ejercer plenamente su derecho a la defensa durante el desarrollo de las actuaciones. Con esta determinación, la Procuraduría inicia una de las investigaciones más sensibles derivadas de las denuncias sobre el llamado “Pacto de Valledupar”, un episodio que ha generado amplio debate político y que ahora entra en una fase de verificación institucional para establecer qué ocurrió realmente durante los encuentros con los exjefes paramilitares y cuál pudo haber sido el papel de los funcionarios señalados.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Luego de las denuncias de Angie Rodríguez sobre presunta corrupción dentro del gobierno Petro, un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, declaró insubsistente a la exsecretaría del Dapre en el Fondo de Adaptación. Por su parte, la defensa de Rodríguez anunció que presentará una tutela debido a que el Gobierno nacional tomó esta decisión mientras ella estaba incapacitada.Anteriormente, el presidente Petro había solicitado retirar a Rodríguez de la gerencia de este Fondo “por incompetente”, al argumentar que es una paciente psiquiátrica. Por estos señalamientos, el abogado de la mujer, Wilson Ruiz, dijo que denunciaría al mandatario ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que "se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra (...) Angie Rodríguez NO está sola, vamos (a) acompañarla jurídicamente”.Una de las denuncias de Rodríguez tiene que ver con una supuesta “red de mujeres que creían que eran las que mandaban” dentro de la Casa de Nariño. “No es solamente ella (Juliana Guerrero), son más. Como su nombre lo indica es una conexión, un vínculo entre muchas mujeres, muchas, y ellas ejercían presión todo el tiempo”, expresó en entrevista con Blu Radio. Afirmó que el mandatario “las hizo invencibles, o sea, era una cosa desproporcionada. Es una cosa desproporcionada con todas ellas. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Yo le decía a mi equipo de trabajo, yo sé, porque esto se viene calando desde hace varios meses diciendo que a ella (a Angie) hay que decirle que está loca, porque ellos sabían que yo tenía pues un tema de ansiedad y depresión, pero la línea es ‘ella está loca’ para desmeritar mis denuncias y que yo no los ponga ante la luz pública”.Además, dijo que Petro ha sido su “mayor victimario” y lo cuestionó por “utilizar un diagnóstico psiquiátrico para descalificar públicamente a una persona, no solamente me afecta a mí, sino que envía un mensaje de estigmatización a millones de seres humanos que viven con ansiedad y depresión. Ese mensaje no está bien”.Tras estos señalamientos, el mandatario reaccionó a través de sus redes sociales expresando que “solo atacaré a Angie, penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada". Además, dijo que "no conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico, debí sacarla pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia, me lo impidió y la trasladé al Fondo de Adaptación".Por el momento no se conocen avances de estas denuncias. No obstante, el abogado de Angie Rodríguez aseguró que ella estuvo siendo extorsionada y recibiendo amenazas de muerte, al parecer, por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para que ella trasladara recursos del Fondo de Adaptación y se los entregara. Según él, hay pruebas en chats de WhatsApp y llamadas telefónicas. “Estamos aportando las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Gabriela Muñoz emitió un comunicado rechazando los señalamientos que han hecho en su contra sobre presuntas contrataciones irregulares en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) durante el tiempo que ella trabajo con la entidad. Su nombre salió a relucir por denuncias realizadas por la saliente directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, y por el representante a la Cámara Daniel Briceño.Rodríguez, quien mencionó una “red de mujeres” en la Casa de Nariño, dijo que Muñoz era la "mujer poderosa de la Aerocivil", mientras que Briceño denunció una serie de "afortunadas coincidencias" en la vinculación de la joven y su círculo familiar en la empresa, entre los que están su hermano, Santiago David Muñoz, y algunos primos. (Lea también: Angie Rodríguez habla de Juliana Guerrero y una “red de mujeres que creía que mandaba” en Palacio)“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios”Tras estas denuncias, Gabriela Muñoz reaccionó en sus redes sociales y dio su versión de cómo ingresó a la Aerocivil y qué funciones cumplió allí, manifestando que entendía “que la vinculación de varias personas de una misma familia a una entidad pública puede generar inquietudes y una percepción de favoritismo”, por lo que “esas preguntas son legítimas y merecen respuestas claras, verificables y basadas en hechos”.La joven admitió que “mi madre presentó nuestras hojas de vida ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa. Posteriormente, la Aerocivil, a través de las áreas competentes, revisó y evaluó nuestros perfiles y tomó las decisiones correspondientes”, asegurando que “yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos. Tampoco solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros”, ya que “mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”.Esto dijo Gabriela Muñoz sobre su patrimonioLa joven rechazó “categóricamente la afirmación según la cual tendría un patrimonio cercano a los doce mil millones de pesos como consecuencia de mi paso por la Aerocivil. Esa información es falsa. Mi remuneración correspondía a uno de los niveles salariales más bajos de la entidad, como puede verificarse directamente con la Aerocivil. Mis ingresos, declaraciones y situación patrimonial también pueden ser revisados por las autoridades competentes”.Muñoz fue enfática en decir que su “cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación” porque “mis funciones fueron asistenciales y secretariales. No ocupé un cargo técnico o directivo, no tuve personal bajo mi mando ni ejercí autoridad sobre funcionarios o contratistas”. Añadió que su “asistencia a determinadas reuniones institucionales se produjo por invitación del director de la Aerocivil. En esos espacios cumplí funciones asistenciales y secretariales acordes con mi cargo. Mi presencia no implicaba capacidad de mando, facultad para impartir instrucciones ni poder de decisión”.Por otro lado, reveló que ha recibido “amenazas y mensajes hostiles que afectan mi seguridad y la de mi familia. Estos hechos están siendo puestos en conocimiento de las autoridades. El control ciudadano, las preguntas de los medios y la discusión pública son legítimos; las amenazas y el hostigamiento no lo son”.Gabriela Muñoz señaló que no pretende “que la ciudadanía acepte mis afirmaciones sin verificarlas. Solicito que cada señalamiento sea examinado a partir de hechos concretos, documentos y responsabilidades individuales: qué decisión habría tomado, qué instrucción habría impartido y qué evidencia demostraría una intervención de mi parte”, por lo que “responderé con claridad por mis propias actuaciones. Confío en que la revisión de los documentos, las funciones reales de mi cargo y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes permitirán esclarecer los hechos”.Finalizó diciendo que “mi posición es clara: No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil. Estoy dispuesta a que mi actuación sea revisada y esclarecida con documentos”.El presidente Gustavo Petro reaccionó al comunicado de Gabriela Muñoz y expresó: “No me gustan las injusticias y más cuando implican una calumnia sobre mi o cuando destruyen seres humanos”. [sic] (Lea también: Presidente Gustavo Petro anuncia acciones penales contra Angie Rodríguez)NOTICIAS CARACOL
Este 29 de julio quedó elegido Carlos Alberto Cuenca Chaux, representante de Cambio Radical, como presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo 2026-2027. La coequipera de Cuenca será Katherine Pulecio Gómez, quien fue elegida por unanimidad como secretaria de la corporación y tiene experiencia como contralora municipal de Armenia y gerente del aeropuerto Bonilla Aragón (Cali).La trayectoria de Carlos Alberto Cuenca ChauxEl nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación es egresado de la carrera de Mercadeo de la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña, y en Gobierno y Gestión Pública Territoriales en la Universidad Externado, además de una maestría en Comunicación Política en la misma universidad. Su trayectoria como parlamentario se remonta a 2008, cuando llegó como representante a la Cámara por el departamento de Guainía, a sus 33 años, para reemplazar a Sara Arabella Velásquez. En el periodo 2019-2020 fue presidente de la Cámara de Representantes.La llegada de Chaux cobra especial relevancia en el contexto político mientras sigue desarrollándose el proceso judicial que inició Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo de Adaptación. Y es que Cuenca quedó elegido como presidente de la Comisión el mismo día en que Rodríguez llegó a entregar la denuncia formal ante la corporación contra el presidente Gustavo Petro.Cabe recordar que la función de esta célula legislativa es ser un órgano de control político de la Cámara de Representantes que recibe, investiga y tramita denuncias penales o quejas disciplinarias contra los altos dignatarios del Estado que cuentan con fuero constitucional. La corporación también tiene la capacidad de formular acusaciones constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, Cuenca asumirá la responsabilidad de recibir las diversas denuncias, incluyendo la de Angie Rodríguez, en la que denuncia al presidente Petro por peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia y tráfico de influencias. Gustavo Petro, por su parte, también anunció que denunciaría penalmente a la funcionaria por su ataque “calumnioso”, tras las entrevistas que ha dado Rodríguez.Las denuncias de Angie RodríguezRodríguez aseguró este martes en entrevista con Blu Radio que su relación con el presidente Gustavo Petro se fracturó luego de negarse, el año pasado, a nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventud. Según relató, cuando se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), le manifestó al mandatario que no podía hacer ese nombramiento porque la joven, de 23 años y cercana al presidente, no contaba con un título profesional. "Yo le dije: 'No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar'", afirmó.El nombramiento finalmente no se concretó tras conocerse que Guerrero habría presentado un título universitario falso. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez, la joven continuó desempeñando funciones dentro del Gobierno con el respaldo del presidente. En la misma entrevista, la funcionaria también aseguró que la relación entre Petro y Juliana Guerrero "no era normal", debido a la influencia que, según ella, ejercía dentro del Ejecutivo. Además, denunció la existencia de una presunta red de corrupción encabezada por Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Aeronáutica Civil (Aerocivil) se encuentra en el centro de la polémica tras las recientes revelaciones que involucran a Gabriela Muñoz, una joven exfuncionaria de 21 años, señalada de ser una figura de gran poder dentro de la entidad y de participar en una presunta red de contrataciones irregulares.Este miércoles, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a los señalamientos contra Muñoz y la Aerocivil tras las advertencias de irregularidades en contratación. Manifestó que es esa misma entidad la que debe responder a los cuestionamientos y dijo que “no es la abogada defensora de nadie”.En otro punto, la ministra Rojas aseguró que la Procuraduría y la Contraloría han hecho auditorias en Aerocivil por petición suya. “El 16 de julio, le ordené al director de la Aerocivil divulgar los procesos de contratación de la entidad e invitar al público a que participe. Tengo alertas. No me voy a quedar callada”, dijo.Además, manifestó que pidió los contratos de prestación de servicios de la entidad y lo que recibió fue “información incompleta”, aduciendo que “es una falta de respeto”.La respuesta de AerocivilEn un comunicado de este jueves, sin mencionar a Gabriela Muñoz, la Aerocivil habló sobre su gestión institucional, asegurando que se fundamenta en el respeto irrestricto a los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y estricto apego a la legalidad.“La Aerocivil reconoce y valora el trabajo de los organismos de control del Estado. Cualquier observación o requerimiento será atendido con celeridad, claridad y total apertura”, indicaron. En un siguiente punto, desde la entidad dijeron que ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización.Sobre los procesos internos, añadieron que se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los procesos cuestionados para verificar su estricto cumplimiento normativo y la disposición prioritaria para entregar de forma completa la documentación que sea requerida por las autoridades.Los señalamientos a Gabriela MuñozEl representante a la cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció una serie de "afortunadas coincidencias" en la vinculación de Muñoz y su círculo familiar en la Aerocivil. Según los documentos presentados por el congresista, Gabriela Muñoz y su hermano, Santiago David Muñoz, fueron nombrados el mismo día, el 30 de mayo del año anterior, mediante resoluciones con números consecutivos (01224 y 01225).Briceño sostiene que la presunta red se extiende a otros familiares: una prima, de apellidos Muñoz Jaramillo, firmó contrato de prestación de servicios en enero de este año. Otros dos primos, Samuel Muñoz Rayo y Silvana María Muñoz Jaramillo, también habrían sido vinculados a la entidad.Se señala, además, que ni Gabriela ni su hermano presentaron la declaración pública de conflicto de intereses, lo cual constituiría una violación a la ley.El testimonio de Angie Rodríguez y la "red de poder"La situación de Muñoz tomó mayor relevancia tras las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien la identificó como la "mujer poderosa de la Aerocivil". Agregó que Muñoz forma parte de una red de influencias que opera dentro del gobierno.La propia Muñoz ha negado rotundamente los señalamientos, calificándolos como ataques sin fundamento destinados a destruir su buen nombre. La exfuncionaria anunció que ya inició acciones legales por injuria y calumnia contra quienes han difundido lo que ella considera afirmaciones falsas.NOTICIAS CARACOL
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, ha hecho una serie de acusaciones en contra del presidente Gustavo Petro, Juliana Guerrero, entre otras personas pertenecientes o cercanas al Gobierno nacional. Wilson Ruiz, abogado de la exfuncionaria, habló con Noticias Caracol sobre cómo avanza el proceso judicial en torno a este caso y aseguró que sí existen pruebas para demostrar los señalamientos de Rodríguez.En primer lugar, sobre el papel que habría tenido Juliana Guerrero dentro del gobierno Petro y las pruebas que dice tener Rodríguez, Ruiz afirmó que “uno de los delitos que hemos colocado allí es por el constreñimiento que usó el presidente; es decir, presionando a Angie para que nombre a determinadas personas sin tener los requisitos legales que debe tener una persona para poder ser designada en un cargo. Lo otro, el tráfico de influencias, que consiste en abusar de ese poder que él tiene para determinar quién o quiénes ocupan un cargo o una silla dentro del Gobierno. Todas las pruebas las estamos recopilando para poder hacerlas llegar y que la justicia actúe”.Los presuntos delitos por los que Angie Rodríguez denunció a Petro en Comisión de AcusaciónEn cuanto a chats y comunicaciones a los cuales se refirió Angie Rodríguez, Wilson Ruiz manifestó que “uno qué puede esperarse de una señora como Juliana Guerrero, que resulta que pretendía ser la viceministra de las Juventudes de nuestro país y es increíble que estaba presentando documentos en los cuales, en 15 días, había obtenido el título profesional para poder ocupar ese cargo de tanta responsabilidad. Angie, inmediatamente, se opuso a este nombramiento porque observó que había documentos apócrifos o falsos. Eso no le gustó al presidente de la República y el 13 de enero de 2026 la retiró del cargo del Dapre y la designó en el Fondo de Adaptación, donde también decidió sacarla. Por los medios decía que la iba a sacar porque tenía temas mentales. Iban a destinar un billón de pesos que tenían destinación oficial para La Mojana; ese fue un grave problema porque otro de los delitos que nosotros colocamos allí se llama peculado por aplicación oficial diferente, porque están cogiendo recursos públicos que ya estaban destinados hasta 2029 para enviarlos a otros menesteres”."Los calificativos la están perjudicando": abogado de Angie RodríguezOtra de las denuncias que Angie Rodríguez hizo tiene que ver con conversaciones que ella dice haber tenido con el presidente Petro y en las que el mandatario le habría atribuido ciertos calificativos. Ante esto, el abogado Ruiz señaló que “lo más delicado es que el presidente lo ha dicho en redes sociales. Uno no puede tratar de narcotraficante a una persona que ni siquiera se ha fumado un cigarrillo en su vida. Tampoco puede tratar de incompetente a una persona que está terminando su doctorado y había tenido notas sobresalientes de más de 4,5. Tú no puedes tratarla de paramilitar porque te dio la gana de hacerlo. Eso es una gran ofensa para las personas. Yo creo que son los calificativos que, infortunadamente, la están perjudicando y por eso colocamos otro delito que se llama calumnia e injuria, porque tú jamás puedes dirigirte a una persona sin poder comprobar los hechos de lo que estás diciendo”.El abogado aseguró que Angie Rodríguez estuvo siendo extorsionada y recibiendo amenazas de muerte, al parecer, por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para que ella trasladara recursos del Fondo de Adaptación y se los entregara. Según él, hay pruebas en chats de WhatsApp y llamadas telefónicas. “Estamos aportando las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo."Los daños a ella, a su hijo y a sus padres son delicados"También aseguró Ruiz que “la persecución sistemática hacia la señora Angie Rodríguez, toda esa cantidad de calificativos en contra de ella y ejercer presión psicológica le han causado graves daños de tipo mental. En este momento está en un nivel de estrés muy grave. Está medicada. Los daños que le han causado a ella, a su hijo y a sus padres son delicados y, por eso, se van a reclamar daños morales; se va a pedir que el presidente reconozca públicamente que se equivocó con ella y medidas de no repetición”.Por último, el abogado de Angie Rodríguez se refirió al supuesto intento de envenenamiento que sufrió su clienta y aseguró que las personas que cometieron este acto ya están identificadas por Rodríguez y que las pruebas están siendo aportadas a la Fiscalía.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, denunció este miércoles al presidente Gustavo Petro por cuatro delitos ante la Comisión de Acusación. La acción la tomó luego de los rifirrafes con el mandatario por presuntos hechos de corrupción que involucrarían a Juliana Guerrero, una joven cercana al jefe de Estado y envuelta en un escándalo por irregularidades con su título universitario.Tras las declaraciones de Rodríguez, Petro realizó declaraciones en las cuales señaló que la denunciará penalmente: "El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal". En entrevista con Blu Radio, Rodríguez mencionó que Petro es su “mayor victimario” y lo denunció por peculado por aplicación oficial diferente; constreñimiento ilegal; injuria y calumnia, y tráfico de influencias.Luego de estas nuevas polémicas dentro del gobierno Petro, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló con Noticias Caracol sobre su posición frente al escándalo de Juliana Guerrero y el supuesto entramado relacionado con ofrecer contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero.En primer lugar, dijo que siente “mucho pesar de la forma como los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al Pacto Histórico y a todos sus miembros. A la vez siento rabia porque el odio que esto genera lo recogemos quienes actuamos con decencia en la política”."Estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible"De acuerdo con Bolívar, “una manada de estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible, que es una herencia que tenemos del narcotráfico de enriquecerse fácil, y lo hacen a través del Estado”.Más adelante, mencionó que ha “querido al político, pero no vuelvo a defender personas, sino voy a defender causas”, explicando que hay varias causas que hay que defender en el país, como la justicia social, la paz y el medioambiente.Sobre las declaraciones de Angie Rodríguez, indicó que es difícil creerle porque, “quienes hemos estado cerca del presidente Petro, conocemos su carácter y él jamás nos ha maltratado, no sé si esa sea la excepción”, indicó.Describió a Petro como una persona que escucha, dice las cosas cuando tiene que decirlas con energía, pero sin maltratar. “En ningún consejo de ministros hubo maltrato hacia alguna persona. Él tiene un carácter frentero, dice las cosas directas, pero eso no es maltrato”, añadió.En cuanto a la defensa de Petro a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, otra exfuncionaria nombrada por Angie Rodríguez, dijo que el mandatario las invitó a denunciar a esos contratistas y que el Estado no se ha visto lesionado porque ningún ministerio accedió a esos contratos y por eso están reclamando el dinero que dieron por el lobby. “Le falta contundencia en decir: hasta aquí llegaron y se tienen que ir”, señaló. También agregó que Guerrero renunció a los dos días al cargo en la Universidad del Cesar.NOTICIAS CARACOL
Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que emprenderá acciones penales contra Angie Rodríguez por las declaraciones que dio contra él y la corrupción que habría al interior de su gobierno, el exministro Wilson Ruiz, abogado de la funcionaria, informó que denunciarán al mandatario ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.En una entrevista que Angie Rodríguez dio a Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria aseguró que Petro ha sido su “mayor victimario” y lo cuestionó por “utilizar un diagnóstico psiquiátrico para descalificar públicamente a una persona, no solamente me afecta a mí, sino que envía un mensaje de estigmatización a millones de seres humanos que viven con ansiedad y depresión. Ese mensaje no está bien”, ya que el mandatario pidió declararla insubsistente “por incompetente”. “La persona que más necesita ayuda en este momento, en ese ámbito, es él. Su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo si yo no era competente”, consideró la exdirectora del Dapre, que también hizo denuncias de presunta corrupción dentro del Gobierno nacional, como “una red de mujeres que creían que eran las que mandaban” dentro de la Casa de Nariño. “No es solamente ella (Juliana Guerrero), son más. Como su nombre lo indica es una conexión, un vínculo entre muchas mujeres, muchas, y ellas ejercían presión todo el tiempo”, expresó. Tras estos señalamientos, el mandatario reaccionó a través de X expresando que “solo atacaré a Angie, penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada" [sic]. Además, dijo que "no conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico, debí sacarla pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia, me lo impidió y la trasladé al fondo de adaptación". (Lea también: "La salud mental no es un argumento de desacreditación": Asociación Colombiana de Psiquiatría)La denuncia contra PetroEl exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien aseguró a través de sus redes sociales que “Angie Rodríguez NO está sola, vamos (a) acompañarla jurídicamente”, indicó que se presentará “una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra”.La denuncia se radicará este miércoles 29 de julio. De acuerdo con el representante de la funcionaria, Petro “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”. (Lea también: “Un presidente no puede actuar como bodeguero”: Lara sobre Petro por mensaje contra Angie Rodríguez)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un diálogo conducido por la médica y editora de la sección de salud de Noticias Caracol, Fernanda Hernández, el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el doctor Diego Vargas, abordó el impacto que genera utilizar la salud mental para descalificar la idoneidad profesional, ética y moral de una persona. A través de un pronunciamiento oficial, el vocero del gremio hizo un llamado urgente hacia el uso responsable del lenguaje, la protección de la reserva médica y el fin de los prejuicios que obstaculizan la búsqueda de ayuda profesional en el país.Lea: Angie Rodríguez dice que Gustavo Petro es su "mayor victimario" en entrevista con Blu RadioFrente al cuestionamiento de si padecer una condición médica en el ámbito psiquiátrico invalida laboralmente a alguien, el presidente de la agremiación fue enfático al señalar que una afectación de esta índole no es bajo ninguna circunstancia sinónimo de incompetencia. Según explicó el especialista, la situación de un paciente psiquiátrico debe equipararse con la de cualquier otra persona que padece una patología crónica."Cuando pensamos en una persona con una diabetes o con una hipertensión arterial, es una persona que puede trabajar sin ningún inconveniente cuando mantiene sus controles, cuando tiene su tratamiento y cuando asiste y tiene en cuenta todas las indicaciones médicas. Aquí sucede absolutamente lo mismo" , sostuvo el doctor Diego Vargas. El representante de los psiquiatras en Colombia recalcó que existen múltiples profesionales, académicos y trabajadores en diversos sectores con un diagnóstico de salud mental que desempeñan sus funciones diarias sin ninguna dificultad. Esto ocurre cuando atienden sus esquemas de seguimiento médico y se encuentran clínicamente estables, por lo que padecer una enfermedad de este tipo no debe ser motivo de rechazo social ni un argumento para considerar a alguien inapto. Asimismo, precisó que una persona con tratamiento y seguimiento adecuado tiene plenas facultades para ejercer cualquier tipo de responsabilidad, incluso la de ocupar un alto cargo laboral.El estigma y las etiquetas: las principales barreras para buscar ayuda médicaDurante la entrevista en Noticias Caracol, se advirtió sobre el uso recurrente de expresiones discriminatorias en el lenguaje cotidiano y en el debate público. Términos como paciente psiquiátrico empleados de forma despectiva, o la etiqueta coloquial loco, son utilizados frecuentemente para inferiorizar, desestimar y poner en duda la integridad y las capacidades individuales. El doctor Vargas aclaró que la palabra "loco" no constituye bajo ningún parámetro un término médico.Esta constante estigmatización trae consecuencias directas en la población. El vocero gremial reveló una cifra preocupante sobre cómo el señalamiento juzgador frena la atención oportuna. Siete de cada diez personas que requieren o desean buscar atención en salud mental no acuden a una consulta médica únicamente por el temor al juzgamiento y al rechazo social.El presidente de la agremiación enfatizó que el estigma social representa hoy en día la mayor barrera de acceso para quienes necesitan acompañamiento médico ante situaciones que impactan su bienestar emocional. Por esta razón, defender y proteger los derechos de los pacientes es un deber colectivo que impacta a miles de personas que conviven con alguna condición clínica.Respecto a trastornos frecuentes como la depresión y la ansiedad, el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría desmitificó los esquemas de atención. Aclaró que padecer estas condiciones no implica obligatoriamente que la persona deba atravesar una hospitalización ni mantenerse incapacitada de manera prolongada.El doctor Diego Vargas subrayó la dimensión epidemiológica de estas afecciones, señalando que en el panorama global actual la depresión se ha consolidado como la primera causa de enfermedad en la población general, superando a las patologías cardiovasculares y oncológicas. No obstante, aclaró que es una condición tratable. Si bien cada caso presenta una severidad distinta y requiere abordajes individualizados —donde incluso no siempre es indispensable el uso de medicamentos—, la atención combinada de psiquiatría y psicología permite en muchos casos procesos de recuperación rápidos. De esta manera, el paciente puede retornar a sus actividades cotidianas y laborales a corto plazo y con total plenitud.A su vez, frente a las dudas del ámbito contractual, el profesional dejó en claro que presentar una condición de salud mental no constituye de ninguna manera un criterio para despedir a un empleado. Al igual que quien sufre un infarto o padece de diabetes, el trabajador tiene pleno derecho a recibir tratamiento, recuperarse y reincorporarse a sus labores.La reserva médica como derecho y el impacto del maltrato laboralOtro de los puntos cruciales abordados durante la transmisión fue el derecho fundamental a la confidencialidad. El vocero de la asociación recordó que la historia clínica es un documento médico-legal de carácter privado y de propiedad exclusiva del paciente. La legislación colombiana vigente estipula que la divulgación de este tipo de información requiere de una autorización expresa del titular o de procedimientos específicos regulados por la ley, debiendo ser utilizada de manera estricta dentro de la rigurosidad científica y ética para el beneficio del paciente.Finalmente, sobre el impacto del entorno en el bienestar de los individuos, se analizó el rol que juegan factores como la violencia y el maltrato laboral. El doctor Vargas recalcó que ningún escenario debe dar cabida a la agresividad o la falta de respeto, pues estas conductas menoscaban la integridad humana. Desde la perspectiva clínica, las situaciones reiteradas de violencia o maltrato sí pueden constituirse como un factor de riesgo directo para el desarrollo o la aparición de trastornos como la depresión y la ansiedad en personas vulnerables.Para concluir la entrevista, Noticias Caracol y la Asociación Colombiana de Psiquiatría reiteraron el mensaje central: la salud mental no puede ser instrumentalizada para desacreditar a ningún ciudadano. Comprenderla como una condición médica que exige acompañamiento respetuoso, empatía y la garantía plena de derechos es el camino para consolidar una sociedad incluyente.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que tomará acciones penales contra Angie Rodríguez, quien actualmente dirige el Fondo Adaptación, luego de las revelaciones que hizo sobre una supuesta red de corrupción en el Gobierno saliente. Petro, en un extenso mensaje en su cuenta de X, señaló que Rodríguez lanzó un "ataque calumnioso" en su contra y su gestión. "Solo atacaré a Angie, penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada", afirmó el jefe de Estado, quien afronta un nuevo escándalo de presunta corrupción a pocos días de terminar su mandato, el 7 de agosto, por un caso que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero y que subió de tono precisamente tras denuncias de Rodríguez y la intervención de la Fiscalía.Según las denuncias, las hermanas Guerrero ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado mediante el pago de comisiones y anticipos, aprovechando supuestos contactos dentro del Gobierno nacional. El esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos adjudicados, según una investigación publicada por la revista Semana el fin de semana. El caso adquirió otra dimensión el domingo en la noche cuando Rodríguez, una funcionaria que fue cercana a Petro hasta enero de este año, aseguró que "había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia" que ejercía Juliana Guerrero en el Ejecutivo.Rodríguez afirmó que fue "la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación" y sostuvo que incluso existía un decreto para retirar a Guerrero del cargo de representante del mandatario en la junta de la Universidad Popular del Cesar, pero que el documento "nunca fue firmado por el jefe de Estado", aseguró en una entrevista con Noticias RCN. Luego de esas declaraciones, Petro ordenó este lunes el cese de Rodríguez, a quien tachó de "gran manipuladora" y agregó que es "una paciente siquiátrica" que encontró eco en "la perversión de la prensa tradicional" que en su opinión, busca desacreditarlo.Petro se desmarcó de las acusaciones e insistió en que la Fiscalía debe esclarecer los hechos, al afirmar en un mensaje publicado en X que, si empresarios entregaron dinero a cambio de supuestas gestiones para obtener contratos, "dieron dineros como pendejos" y que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una actuación de su Gobierno.En entrevista con Blu Radio, Angie Rodríguez se refirió a esas palabras del presidente Petro en su contra este martes. Sobre la presión del Gobierno y la salud mental, afirmó que considera al mandatario como su "mayor victimario" y relató que, a pesar de ser la directora que más tiempo permaneció en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) —344 días—, la presión del entorno la llevó a una situación de crisis de salud mental. “Las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna afectación en nuestra salud mental, por eso utilizar un diagnóstico psiquiátrico para descalificar públicamente a una persona, no solamente me afecta a mi sino que envía un mensaje de estigmatización a millones de seres humanos que viven con ansiedad y depresión. Ese mensaje no está bien”, dijo.Rodríguez señaló que nunca intercambió opiniones con el presidente sobre estos temas. “La persona que más necesita ayuda en este momento, en ese ámbito, es él. Su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo si yo no era competente”.Sobre esas acusaciones, Petro respondió este martes en su cuenta de X que "no conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico, debí sacarla pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia, me lo impidió y la trasladé al fondo de adaptación". Y lanzó: "Ahora este hecho de generosidad lo llama como actitud extraña e incoherencia".NOTICIAS CARACOL
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en las últimas horas se concretó la extradición de varios privados de la libertad, entre ellos Willinton Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo, señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAHenao Gutiérrez permanecía privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá. Además, es señalado de ser uno de los principales articuladores de la confrontación armada con el ELN, que comenzó el 16 de enero de 2025 en varias zonas del Catatumbo y que ha generado graves afectaciones para las comunidades de esta región.De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía detalló dentro del expediente que, presuntamente, Henao Gutiérrez estaría implicado en el crimen de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú. Los desplazamientos forzados que le atribuyen en Tibú y El TarraTambién se le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025. Según la información del expediente, integrantes del Frente 33 habrían amenazado a habitantes de distintas zonas de Tibú y El Tarra, obligando a 84 personas a abandonar sus viviendas en medio de la confrontación armada que se registraba en el territorio.Estos hechos se enmarcan en una de las situaciones de violencia que ha afectado al Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado desplazamientos de familias, amenazas contra la población civil y alteraciones en la vida cotidiana de las comunidades.Alias el Mocho Olmedo también es señalado de reclutamiento de menoresPor otro lado, alias el Mocho Olmedo también es señalado de participar en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para diferentes estructuras armadas que delinquen en la región. Este señalamiento hace parte de las investigaciones relacionadas con las actividades criminales que se le atribuyen dentro de la organización.La extradición de Henao Gutiérrez se suma a las actuaciones de las autoridades frente a personas investigadas por su presunta participación en hechos relacionados con estructuras armadas ilegales. NOTICIAS CARACOL
Las consecuencias del error detectado en el trámite del Presupuesto General de la Nación 2027 ya comenzaron a sentirse dentro del Ministerio de Hacienda. Fuentes de la cartera confirmaron a Noticias Caracol la salida de varias personas que hacían parte del equipo encargado de acompañar la discusión legislativa en el Congreso de la República, luego de la controversia que llevó al Gobierno a expedir el presupuesto mediante decreto.Salen funcionarios de Minhacienda tras el error legislativo del Presupuesto General de la NaciónSegún la información conocida por Noticias Caracol, una persona presentó su renuncia y, además, fueron terminados cinco contratos de prestación de servicios. Se trata de integrantes del equipo técnico y legislativo que servía de enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso durante la discusión de las iniciativas económicas del Gobierno.La decisión se produce después del revés sufrido por el trámite del Presupuesto General de la Nación, considerado una de las iniciativas más importantes que debe aprobar el Congreso cada año. El proyecto había avanzado en su discusión legislativa, pero posteriormente se detectó un problema de procedimiento que terminó poniendo en duda la validez de la aprobación.El origen de la controversia estuvo en las diferencias que quedaron entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes durante el segundo debate. De acuerdo con lo conocido, ambas corporaciones avalaron versiones distintas del articulado, situación que exigía un proceso de conciliación para unificar el contenido antes de la aprobación definitiva.Gobierno expidió Presupuesto mediante decretoSin embargo, ese paso no se realizó. La ausencia de la conciliación generó un vicio de trámite que abrió un debate jurídico sobre la legalidad de la aprobación del presupuesto. Ante ese escenario, el Gobierno optó por expedir el presupuesto mediante decreto, fórmula contemplada en la normatividad cuando no existe una ley de presupuesto válidamente aprobada dentro de los plazos establecidos.La decisión permitió poner en vigencia un presupuesto por 634,9 billones de pesos para la próxima vigencia fiscal. Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció un recorte adicional cercano a los 13 billones de pesos con el fin de ajustar las cuentas públicas a la realidad fiscal del país.Dentro del Gobierno se esperaba una revisión interna sobre lo ocurrido, especialmente porque la coordinación de los proyectos económicos en el Congreso involucra a equipos especializados que acompañan al ministro de Hacienda durante todas las etapas del trámite legislativo. Su labor consiste en hacer seguimiento a las votaciones, revisar los textos aprobados y verificar que se cumplan los procedimientos exigidos por la ley.Las salidas conocidas en las últimas horas apuntan precisamente a ese grupo de trabajo encargado del enlace parlamentario. Aunque desde el Ministerio de Hacienda no se ha informado sobre nuevas decisiones administrativas, el hecho marca las primeras consecuencias internas derivadas del episodio que rodeó la aprobación del presupuesto.El caso también se produce en medio de movimientos dentro del equipo político del Gobierno, lo que ha incrementado la atención sobre la forma en que se coordinan las relaciones con el Congreso. Mientras avanzan los análisis jurídicos y políticos sobre lo ocurrido, el Ejecutivo ya puso en marcha el presupuesto por decreto, una medida que busca garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y de la programación financiera prevista para 2027.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
La Policía Nacional logró en el barrio Álamos de Armenia la recuperación de una imagen religiosa que hacía parte de la obra denominada 'La Profecía de Simeón', la cual había sido hurtada de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores La América, en la ciudad de Medellín, y que era avaluada en aproximadamente $45 millones.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Cómo fue el hurto de la imagen religiosa en Medellín y dónde fue recuperada?De acuerdo con la información conocida durante el procedimiento, la pieza había sido sustraída por un hombre mientras se encontraba en exhibición en el templo religioso. En los videos presentados por las autoridades se evidencia a la persona, quien se encontraba en la iglesia y aparentaba hacer parte de la eucaristía. Al terminar, se dirige hacia el lugar donde estaba ubicada la imagen y procede a realizar el hurto.El hecho generó preocupación por la pérdida de un elemento que hacía parte del patrimonio religioso de la parroquia y cuyo valor económico fue estimado en aproximadamente $45 millones.Posteriormente, la figura habría sido comercializada por un anticuario del municipio de Envigado y adquirida de buena fe por un artesano en la ciudad de Armenia. Esta circunstancia permitió establecer su ubicación y adelantar las actuaciones correspondientes para su recuperación.Finalmente, una vez recuperado el elemento y realizadas las verificaciones pertinentes, la pieza religiosa fue devuelta a sus propietarios. Durante la entrega, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la recuperación de bienes que han sido hurtados y con el acompañamiento a las comunidades afectadas por este tipo de hechos.“No vamos a descansar hasta encontrar al autor de los hechos en Medellín”, aclaró la persona a quien le fue entregada la imagen, al referirse a la búsqueda del responsable del hurto ocurrido en el templo religioso.La recuperación de esta pieza también permitió conocer el recorrido que habría tenido después de ser sustraída de la parroquia, pasando por un establecimiento dedicado a la comercialización de antigüedades y llegando posteriormente a manos de un artesano en Armenia.La Policía Nacional continúa desarrollando acciones encaminadas a la protección y recuperación de bienes de valor religioso, artístico y cultural, e invita a la ciudadanía a verificar la procedencia de este tipo de elementos antes de adquirirlos y a informar oportunamente a las autoridades sobre cualquier situación que pueda estar relacionada con su comercialización irregular.POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GDSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO
Tras la seguidilla de compromisos disputados en Copa y Liga Betplay II 2026, el director técnico de Atlético Nacional, Lucas González, expresó públicamente su descontento con la programación fijada por la Dimayor. El estratega enfatizó el desgaste físico de su plantilla comparado con el de sus rivales directos y advirtió sobre los riesgos de lesión a los que se ven expuestos sus futbolistas.González hizo un contraste puntual entre el volumen de partidos que debió afrontar su club y los días de descanso con los que contó su clásico rival en el mismo lapso de tiempo. Esto en la previa del clásico frente a Independiente Medellín, del próximo domingo 25 de octubre."Lo que nos ha pasado esta semana no es normal. Espero que esto no vuelva a suceder y que sirva como un llamado a la Dimayor y a los entes que programan, porque es increíble que tengamos que jugar dos clásicos, uno por la copa y otro por la liga, y sumando esos dos juegos, tenemos que jugar cinco, cuando Medellín solo tiene que jugar tres. Entre partidos, nosotros jugamos tres, ellos juegan solo uno", recriminó el DT 'verdolaga'.Ante la alta sumatoria de minutos en cancha, el entrenador explicó que la única herramienta efectiva para resguardar la integridad física del plantel es limitar la participación de los futbolistas, incluso a costa de la preparación previa en la sede de entrenamiento. Por ejemplo, en la victoria 3-0 sobre Pasto, del jueves en la noche, no estuvieron jugadores como el experimentado James Rodríguez y el lateral Andrés Felipe Román, por solamente mencionar dos nombres."Esto lógicamente te condiciona mucho respecto a las posibilidades de ganar cada partido, no solo por frescura, pero también la disponibilidad de los jugadores. Así que no hay otra alternativa que intentar evitar que nuestros jugadores se lesionen. Y la única manera de evitar lesiones es reduciendo los minutos. No hay otra manera de evitar lesiones en el fútbol", señaló."Creo que este partido ha sido un muy buen ejemplo porque era imposible prepararse, pero los chicos lo entendieron bien, jugaron un buen partido, y ahora son tres puntos más, y ahora tenemos que pensar en el partido del domingo", finalizó Lucas González, que ya pasó la página de la positiva presentación contra los pastusos y tiene la mira puesta en el DIM, rival que se enfrentará en la tarde noche dominical, en el Atanasio, con el toque inicial del balón a las 6:10 p.m.
Un hombre de nacionalidad mexicana fue declarado culpable en Estados Unidos después de que las autoridades descubrieran que utilizó durante más de cuatro décadas la identidad de un bebé estadounidense fallecido para permanecer en el país y acceder a documentos oficiales. El caso salió a la luz tras una investigación federal que terminó con una condena por fraude de pasaporte y robo agravado de identidad.La historia tiene como protagonista a Vidal Blanco-Blas, de 62 años, quien según las pruebas presentadas ante un tribunal federal en Dallas robó la identidad de Julio Cesar Torres, un ciudadano estadounidense que murió en México cuando tenía aproximadamente tres meses de edad. Durante décadas, el acusado utilizó ese nombre para construir una vida en territorio estadounidense y obtener diversos documentos oficiales. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAsí comenzó el uso de la identidad robada en Estados UnidosDe acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, Blanco-Blas entró a Estados Unidos hace más de 40 años utilizando la identidad del menor fallecido. A partir de entonces obtuvo un número de Seguro Social, una licencia de conducción de Texas, una tarjeta de registro electoral y un pasaporte estadounidense.Las autoridades sostuvieron durante el juicio que el acusado mantuvo la identidad falsa durante décadas sin ser detectado. Incluso, testigos afirmaron que en el ámbito familiar procuraba sostener la versión sobre quién era realmente. Según los testimonios conocidos durante el proceso judicial, llegó a indicarle a su hija que en público lo identificara como su tío y no como su padre. La investigación también reveló que el hombre utilizó esa identidad para facilitar trámites oficiales y permanecer dentro de distintos registros gubernamentales durante años.Cómo descubrieron el engaño en DallasEl caso comenzó a desmoronarse el 11 de abril de 2023, cuando Vidal Blanco-Blas presentó una solicitud para renovar su pasaporte estadounidense en Greenville, Texas. Ese procedimiento activó verificaciones que terminaron generando dudas sobre la autenticidad de la identidad utilizada por el solicitante.La investigación fue desarrollada por el Diplomatic Security Service, organismo de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyos agentes lograron establecer que detrás de la documentación presentada se encontraba una persona distinta al ciudadano cuyo nombre aparecía en los registros oficiales.El agente especial a cargo de la oficina de Houston del Diplomatic Security Service, Ryan Pack, explicó que la entidad tiene la responsabilidad de proteger la integridad de documentos de seguridad nacional como el pasaporte estadounidense y aseguró que continuará identificando y llevando ante la justicia a quienes intenten vulnerar esos sistemas de identificación. Tras recopilar las pruebas, un gran jurado federal presentó una acusación formal en octubre de 2024. Posteriormente, el caso avanzó hasta llegar a juicio en Dallas.Los antecedentes que encontró la justicia federalSegún el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado acumuló antecedentes penales mientras utilizaba la identidad robada. Entre ellos aparecen condenas relacionadas con delitos de narcotráfico y posesión de drogas. La información judicial indica que recibió una condena de 84 meses por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, otra de 120 meses por posesión de marihuana y una adicional de 21 meses por posesión con intención de distribuir hasta 30 kilogramos de marihuana. El 16 de octubre de 2026, después de un juicio que se extendió durante tres días y cerca de dos horas de deliberación del jurado, Blanco-Blas fue declarado culpable por realizar declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte y por robo agravado de identidad. Ahora enfrenta una pena máxima de hasta 12 años de prisión federal. Su sentencia quedó programada para el 22 de marzo de 2027 ante el juez federal Sam A. Lindsay.Para las autoridades estadounidenses, el caso evidencia cómo una identidad obtenida de manera fraudulenta pudo permanecer activa durante décadas antes de ser detectada, y cómo los controles aplicados en los procesos de renovación de documentos terminaron revelando una de las historias de suplantación más prolongadas conocidas recientemente en Texas.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL