En las últimas horas se conoció una carta en la que la Procuraduría General de la Nación le hizo una solicitud al canciller, Luis Gilberto Murillo, para exigir claridad sobre un informe preliminar de un organismo internacional que hizo acusaciones graves en Colombia, al sostener que en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, habían 20.000 cuerpos "guardados"."Esta situación lleva a la Procuraduría General de la Nación a solicitarle, señor canciller, que, desde su cartera ministerial, se realicen las gestiones pertinentes con los órganos internacionales respectivos en el sentido de obtener la aclaración del Comité contra la Desaparición Forzada frente a la afirmación plasmada en el informe preliminar el día de ayer y se informe cuál fue la fuente que motivó al Comité plasmar dicha información en su reporte final", se lee en una parte de la carta. La entidad solicitante le dio 5 días a la Cancillería para adelantar estos esfuerzos y darle una respuesta con los avances.(Lea también: Procuraduría también niega versión de organismo de ONU sobre cuerpos en aeropuerto)La carta fue firmada por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello. Incluso el pasado jueves 11 de diciembre el procurador delegado Javier Sarmiento se pronunció oficialmente y, luego de solicitar un informe de Medicina Legal, desmintió estos datos revelados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.“No hay concordancia de esa cifra con ninguna fuente oficial o registro de víctimas. Una cifra de 20.000 es absolutamente desproporcionada, es casi la mitad del estadio El Campín”, contó el procurador delegado a Blu Radio.Y es que esta notificación no solamente fue desmentida por Medicina Legal o la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues hasta Carlos Ruiz Massieu, representante máximo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, marcó distancia con el comité que, a nombre del organismo internacional, hizo esta delicada comunicación."Es un comité independiente que no representa al secretario general de la ONU, no representa ninguna entidad de Naciones Unidas, lo hace todo a su carácter de expertos que son nombrados por los estados miembros de la comisión de desaparición forzada", aseguró Massieu en entrevista con Noticias Caracol en vivo.¿De dónde salió el informe sobre la supuesta cifra de 20.000 cuerpos en aeropuerto El Dorado?La polémica información de estos 20.000 cuerpos fue recolectada por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, entidad que sostuvo que, supuestamente, la cifra había sido otorgada por Medicina Legal en su momento. Sin embargo, actualmente ninguna entidad nacional se atribuye dicha información. No obstante, el informe con esta alarmante cifra preocupa, pues es probable que, si desde la cancillería no se adelantan acciones, este sea divulgado —con esta información— ante la organización.(Lea también: "No nos representa", dice ONU sobre comité que reportó 20 mil supuestos cuerpos en aeropuerto de Bogotá)
El Consejo de Estado decidió que la Procuraduría General de la Nación sí podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular. La resolución se tomó tras un año de debate. En esta se determinó que el Ministerio Público podrá tener esa opción de destitución, suspensión e inhabilidad para aquellas personas elegidas por voto popular. Cabe recalcar que cada decisión deberá ser revisada por el Consejo de Estado.La medida se da como una respuesta a un recurso extraordinario de revisión que llega al consejo por parte de Esther García, una exalcaldesa inhabilitada por la Procuraduría.(Lea también: El exconcejal Juan Carlos Upegui, destituido e inhabilitado por 8 años por la Procuraduría)El presidente de la corporación, Milton Chaves, declaró: “El Consejo de Estado decidió interpretar que el control que va a hacer el Consejo de Estado sobre las sanciones de la Procuraduría va a cobijar, además de los elegidos popularmente que están en ejercicio del cargo, también aquellas sanciones que se impongan a elegidos popularmente, pero que ya dejaron su cargo, que es después del periodo constitucional que tengan”.El Consejo de Estado también recalcó que la decisión es transitoria y que el Congreso de la República deberá legislar sobre un estatuto de los derechos políticos de los funcionarios de elección popular.Según el periódico El Espectador, se cree que la decisión se tardó un año porque había diferencias entre la Sección Segunda y la Sección Tercera de la corte, pues la primera era la que planteaba que el Consejo de Estado sancionara a los funcionarios elegidos popularmente, mientras que la segunda no buscaba efectuar aquellos cambios.¿Decisión es un revés político?De acuerdo con el medio citado anteriormente, esta decisión puede ser tomada como un revés político para ciertos personajes, como es el caso del presidente de la República, Gustavo Petro, quien fue destituido como alcalde de Bogotá (2013), cuando Alejandro Ordóñez era el jefe de la Procuraduría General de la Nación.(Lea también: Confirman inhabilidad de exdirector de cárcel La Picota por pedir dinero a extraditable)
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general de 17 años a Luis Francisco Perdomo Claros, exdirector de cárcel La Picota (2018), quien, según el Ministerio Público, le pidió $30 millones al extraditable José Bayron Piedrahita Ceballos “para autorizar el ingreso extraordinario de familiares y amigos” al penal.(Lea también: José Bayron Piedrahita se declara culpable por sobornar a un agente de Estados Unidos)La entidad disciplinaria reiteró el fallo de segunda instancia contra el exfuncionario “por solicitar dinero a una persona privada de la libertad (ppl) a cambio de obtener beneficios irregularmente.”¿Qué ofrecía exdirector de La Picota para exigir el dinero?“La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que el disciplinado solicitó el pago de $30 millones a José Bayron Piedrahita Ceballos para autorizar el ingreso extraordinario de familiares y amigos al lugar en el que se encontraba recluido y despedirse antes de ser extraditado a los Estados Unidos”, se lee en un comunicado.“El Ministerio Público encontró probado que los montos referidos fueron entregados en un establecimiento ubicado en la plazoleta de comidas de un hotel en Bogotá”, donde el exdirector de La Picota “fue capturado en flagrancia por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación”.La Procuraduría dijo “que el entonces funcionario quebrantó el principio de moralidad y que en todo caso ‘se trata de un delito de peligro, de mera conducta y consumación instantánea, por tanto, se perfecciona con la realización simple de cualquiera de las acciones que el tipo consagra en forma alternativa, independiente del resultado obtenido’”.Subrayó que contra la “falta disciplinaria gravísima, sancionada a título de dolo al haber sido cometida con ocasión de la función o abuso del cargo que ostentaba en el momento”, no procede recurso de apelación.¿Cuáles son los antecedentes de José Bayron Piedrahita Ceballos?El colombiano, extraditado a Estados Unidos en abril de 2019, aceptó haber sobornado a un antiguo agente fronterizo con 20 mil dólares en efectivo y un bacanal que incluía servicios sexuales.El narcotraficante, además, enlodó a los dos lobistas de Odebrecht en presuntos negocios para ocultar el origen ilícito de miles de millones de pesos. El primer caso es el de Federico Gaviria, un empresario que ha estado en los estrados por los escándalos del carrusel de las ambulancias, el carrusel de la contratación y los sobornos que la multinacional Odebrecht. El extraditable también salpicó a uno de sus socios más antiguos: el exsenador Otto Bula.(Lea también: Así enlodó un temido narco a los dos lobistas de Odebrecht: impactantes revelaciones)
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el ex director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, coronel José Ignacio Vásquez Ramírez, por presuntos sobrecostos en un contrato de 30 mil millones de pesos para la adquisición de telas destinadas a la confección de uniformes para la institución.De acuerdo con las investigaciones, el contrato fue suscrito en el año 2020, derivado de una licitación pública abierta para la compra de telas, las cuales iban a ser utilizadas para la fabricación de productos elaborados en la fábrica de confecciones de la Policía.(Lea también: Procuraduría expone supuesto 'pimponeo' entre ministerios en torno a recursos del Icetex)¿Qué investiga la Procuraduría?La Procuraduría sostuvo que, al parecer, el coronel José Ignacio Vásquez “no habría tenido en cuenta las condiciones de mercado, respecto de posibles sobrecostos; además se busca establecer si no utilizó una modalidad de selección que le haya dado la posibilidad de disminuir el valor final del contrato”.La Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó información detallada de este caso para determinar las razones que justificaron la elección de la modalidad de licitación pública para el proceso de contratación, considerando que se trataba de adquirir bienes técnicos, uniformes y de uso común.Por último, entre las pruebas recaudadas, el ente de control también se solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial para determinar si sucedieron o no los mencionados sobrecostos por parte del general investigado por las autoridades.(Lea también: El exconcejal Juan Carlos Upegui, destituido e inhabilitado por 8 años por la Procuraduría)
El excandidato a la Alcaldía de Medellín y exconcejal Juan Carlos Upegui fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años. La determinación la tomó la Procuraduría General de la Nación.El argumento de la Procuraduría para inhabilitar a Upegui es que Carlos Alberto Upegui Mejía, padre del exfuncionario, había sido nombrado en el mes de junio de 2023 en el cargo de Rector de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, entidad adscrita a la alcaldía de la capital de Antioquia.Además, la Procuraduría aseguró que Upegui "no se inscribió como candidato al Concejo y su designación a la corporación no se dio en virtud de inscripción, si no en virtud de un derecho reconocido en el estatuto de la oposición".(Lea también: Confirman nulidad electoral de Juan Carlos Upegui como concejal de Medellín)“El señor Upegui Vanegas se posesionó pese a encontrarse inhabilitado con lo cual incurrió en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 56 de la Ley 1952, utilizando como norma de remisión el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Indicando que el padre del disciplinable el señor Carlos Alberto Upegui Mejía ejercía autoridad administrativa en el municipio de Medellín. La falta imputada fue calificada como gravísima con culpa gravísima”, sostuvo el organismo de control.¿Qué dijo Juan Carlos Upegui?Desde su cuenta de X, el político se refirió a la decisión del ente de control: "La Procuraduría me acaba de inhabilitar 8 años para ejercer cargos públicos por ser hijo de un profesor. Nunca se había producido un fallo así. El uribismo usa esta entidad como una arma política para eliminar sus adversarios. Apelaremos la decisión y seguiremos luchando para recuperar los derechos políticos".El pasado 4 de octubre, el Consejo de Estado, en segunda instancia, había confirmado la nulidad electoral de Juan Carlo Upegui como concejal de Medellín. El fallo dejó en firme que el político tuvo a su papá en una institución educativa, lo cual no se podía hacer previo a una elección popular.El fallo, firmado por Gloria María Gómez, Luis Alberto Álvarez, Pedro Pablo Vanegas y Omar Joaquín Barreto, todos magistrados, confirma que “la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de la designación de señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín período 2024-2027”.(Lea también: Armando Benedetti habló de su nuevo rol en Gobierno tras reunión con Gustavo Petro y Laura Sarabia)
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) atraviesa un complicado problema, pues según se dio a conocer en los últimos días, este no estaría desembolsando los recursos correspondientes para que los estudiantes de segundo semestre de 2024 puedan llevar a cabo su formación. De hecho, acorde con el testimonio de varios estudiantes, ese problema ha ocasionado que muchos de los jóvenes que se encontraban llevando a cabo sus estudios en el exterior se hayan visto afectados al no poder cancelar el costo de su formación, endeudándose para vivir y poder viajar a diferentes partes del mundo sin recibir respuesta de la entidad. (Vea también: ICETEX condonará intereses en sus créditos: puede participar desde su casa)El Icetex ya se pronunció y explicó que lo anterior se debía a que no les habían autorizado el desembolso de más de 320 mil millones de pesos para cumplir con los créditos educativos.Por la relevancia de esta situación, la Procuraduría envió a un equipo hacia el Ministerio de Hacienda para conocer por qué no se ha presentado este desembolso de dineros al instituto, el cual tiene en riesgo los estudios de cientos de jóvenes que requieren de estos créditos para poder pagar su educación.Las universidades también se han pronunciado al respecto, pues, además de este problema con el desembolso y las deudas que tiene el Icetex con estas instituciones, también hay cierta incertidumbre con respecto al dinero que recibiría este instituto en 2025. Qué dijo la Procuraduría general de la Nación sobre los créditos del IcetexEl ente disciplinario aseguró a través de un comunicado que, luego de haber llevado a cabo la inspección técnica correspondiente en el gabinete mencionado, se evidenció un "‘pimponeo’ existente entre los ministerios de Hacienda y Educación sobre la destinación de los dineros dejando en el medio al ICETEX con incumplimientos de los compromisos asumidos con las entidades educativas". (Lea también: Procuraduría abre indagación a David Racero por presuntas irregularidades en su UTL)"Mientras el Minhacienda asegura que no hay recorte presupuestal para el sector de la educación y que están garantizados para la vigencia 2024 y le tira la pelota a Mineducación, el Icetex, en donde también estuvo un equipo de la Procuraduría, informó que no les han girado aproximadamente 328 mil millones de pesos para cumplir con los pagos a las universidades", dijo la Procuraduría en su comunicado.La Procuraduría afirmó que llevará a cabo los requerimientos necesarios a las carteras de Educación y Hacienda para que se puedan priorizar los recursos que le hacen falta al Icetex en medio de un panorama en el que se pueden ver afectados miles de estudiantes colombianos.
Álvaro Leyva, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Colombia hasta enero de 2024, hasta que fue suspendido del cargo por una decisión de la Procuraduría General de la Nación, decidió apelar la decisión final del ente disciplinario que lo inhabilitó por 10 años. El Ministerio Público consideró que el exfuncionario canceló, de manera irregular, la licitación de pasaportes. La defensa del excanciller sostiene que, durante su proceso, se vulneraron los principios al debido proceso por diversas razones, entre las que se incluye una supuesta falta de imparcialidad por parte del procurador delegado ponente del caso, Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, y un incumplimiento a la normativa durante el mismo trámite. (Vea también: Excanciller Álvaro Leyva se reunió en Venezuela con el cuestionado Nicolás Maduro)En un documento de 164 páginas en contra del fallo de primera instancia, la defensa de Álvaro Leyva enumera varios puntos que buscan demostrar una presunta parcialidad del delegado ponente y un incumplimiento de la normativa que se exigía para llevar a cabo dicho procedimiento. ¿Por qué se apeló la decisión de la Procuraduría que inhabilitaba por 10 años a Álvaro Leyva?Entre los argumentos más relevantes, según un documento revelado por W Radio, la defensa del exministro asegura que se violaron las formas propias del juicio por las siguientes causales: El proceso no habría sido llevado a cabo por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, como lo exige la ley, sino por un único procurador.Dicho fallo habría sido adoptado por dos procuradores delegados y no por tres, como lo exige la normativa.El procurador delegado ponente del caso, Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, no habría actuado con imparcialidad durante todo el proceso. (Vea también: Procuraduría abre indagación por irregularidades en 4 EPS en las que mencionan a Mario Andrés Urán)¿Por qué la defensa de Álvaro Leyva señala al procurador delegado de no actuar con imparcialidad?Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, procurador delegado ponente del caso contra Álvaro Leyva, ha sido señalado por la defensa del excanciller debido a que, supuestamente, este tendría una enemistad con el actual Gobierno, con el que trabajaba el recién inhabilitado. Lo anterior se demuestra, según el mismo documento de apelación, en los trinos y publicaciones del procurador delegado, los cuales, acorde con el documento revelado por la cadena radial, demostrarían "con claridad las tendencias antigobiernistas de quien fungió como procurador delegado ponente contra el señor MRE". Así mismo, el documento indica que Espinosa mantendría presuntos vínculos con la empresa Thomas Greg & Sons, la cual tiene relación con el proceso por el que se investigaba a Leyva. "El procurador delegado ponente, Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, fue señalado por la defensa de tener una enemistad grave con el Gobierno actual y presuntos vínculos con Thomas Greg & Sons, la empresa involucrada en el caso”, se lee en una parte del oficio revelado por el medio citado. Por los argumentos previamente mencionados, este recurso de apelación busca la nulidad del proceso disciplinario contra Álvaro Leyva.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por el presunto manejo irregular de los fondos de cuatro EPS, basada en la denuncia que hizo en su momento la Superintendencia de Salud, hechos en los que presuntamente estaría involucrado Mario Andrés Urán, quien fue subsecretario de Salud de Bogotá en la Alcaldía de Gustavo Petro.“Dineros habrían sido desviados hacia paraísos fiscales”El proceso tiene que ver con los recursos de Coosalud, Servicio occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS.“El posible mal manejo de estos recursos fue denunciado por la Superintendencia de Salud en un informe que, además, reveló que, al parecer, parte de los dineros habrían sido desviados hacia paraísos fiscales. Según información de un medio de comunicación, en estos hechos podrían estar involucrados el asesor de Coosalud, Mario Andrés Urán, y los señores Tony Negrete e Indira Ocando, quienes al parecer actuaban como enlaces con empresas de auditoría del sector salud y habrían facilitado el acceso a Urán de información crítica”, se lee en el documento del Ministerio Público.“Con el objetivo de identificar e individualizar al posible autor o autores de la falta, la Tercera Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Superintendencia de Salud información sobre la auditoría realizada por este organismo a las entidades cuestionadas, en la cual se evidenciaron las aparentes irregularidades, entre otras pruebas documentales”, agrega.“Afirmaciones subjetivas de la Superintendencia no son correctas”: abogado de UránAndrés Garzón, abogado del mencionado Mario Andrés Urán, afirmó que su cliente “no podía ni siquiera dirigir o darle algún tipo de destino de ningún giro, porque lo que se hace por parte de las EPS son postulaciones”.“Las afirmaciones subjetivas de la Superintendencia no son correctas, no tiene en cuenta la realidad del negocio de la salud”, añadió en diálogo con Noticias Caracol en vivo.El representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero pidió “a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones necesarias para determinar estos hechos. Esto no puede ocurrir en Colombia”.La denuncia por las irregularidades en las cuatro EPS fue radicada en la Fiscalía el 22 de octubre por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
La Procuraduría General de la Nación emitió un oficio en el que le solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro. La petición se basa en una demanda presentada previamente ante el alto tribunal por la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia. La entidad aseguró que no se surtieron los debates necesarios para aprobar esta ley. Y agregó que en la plenaria de la Cámara de Representantes no se ofrecieron las condiciones mínimas requeridas para que existiera un escenario de discusión de la iniciativa propuesta por el gobierno Petro. De acuerdo con el Ministerio Público, el pleno de la Cámara aprobó apresuradamente la proposición de acoger el artículo adoptado por el Senado de la República, impidiendo a sus miembros manifestar su voluntad política sobre la iniciativa.La demanda de Paloma Valencia contra la reforma pensionalEstos argumentos coinciden con los expuestos por la senadora Paloma Valencia en la demanda que interpuso ante la Corte Constitucional el 17 de julio de 2024. Allí consignó que en el cuarto debate del trámite parlamentario, la Plenaria de la Cámara de Representantes "eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República sin que hubiese deliberación, ni explicación de los ponentes de las diferencias existentes con la ponencia de segundo debate". La Procuraduría manifestó que la elusión del debate es considerado en la jurisprudencia constitucional un "un vicio de procedimiento legislativo" y que "no es una irregularidad menor, sino que se trata de un vicio de procedimiento de relevancia constitucional, en tanto afecta el proceso deliberativo, el cual se exige en el trámite parlamentario a efectos de optimizar el principio democrático". "Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024, por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones", dice el oficio enviado por la Procuraduría. La petición fue firmada por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello. La Corte Constitucional ya había admitido la demanda interpuesta por Valencia y ahora con esta solicitud que se une a la petición inicial, el alto tribunal deberá estudiar las pretensiones descritas para determinar si el procedimiento para que la reforma pensional fuese aprobada cumplió con las normativas vigentes. >>> También puede leer: ¿Peligra la reforma pensional? Juvinao dice tener pruebas de un "autogolpe" del Gobierno
Aumentaron las consultas por trastornos mentales en Colombia. Según un informe divulgado por la Procuraduría General de la Nación, con base en datos del Ministerio de Salud, este año han crecido en un 14,2 por ciento las citas por enfermedades psiquiátricas. Entre las patologías más comunes en la población nacional están la depresión y la ansiedad.>> Le puede interesar: vea cómo ayudar a alguien que piense en quitarse la vida"Miren esta cifra, que es altamente preocupante: uno de cada cuatro colombianos ha experimentado, en este país, algún trastorno o problema de salud mental en algún momento de su vida. ¡Uno de cada cuatro! Cifra que se agrava de mayor manera para nosotras las mujeres. Un 69.9% más grave frente a las mujeres los temas de salud mental", recalcó la procuradora Margarita Cabello este viernes. La funcionaria, que participó en el IV Foro de Salud Mental realizado este 1 de noviembre en Bogotá, indicó que entre enero y julio de 2024, es decir, los primeros siete meses del año, un total de 811.577 ciudadanos recibieron algún tipo de atención por sufrimientos relacionados con la salud mental. "Es un incremento de 14,2% en el total de personas atendidas por estos servicios. Y lo grave de todo este panorama que estoy mostrando es que la encuesta de percepción indicó que aproximadamente el 75% de los usuarios calificaron los servicios, la atención en salud mental, como malos o regulares", señaló la jefe del Ministerio Público. ¿Qué pasa con los medicamentos para pacientes con trastorno mental? Hay otro tema que alarma a la Procuraduría, y afecta directamente a los pacientes, el de la demora o negación de medicamentos para tratar patologías mentales. Aunque en cada una de las enfermedades que golpean al ser humano las medicinas son esenciales, en el caso de los trastornos psiquiátricos resultan vitales e indispensables para evitar crisis y desenlaces incluso fatales."Nosotros como Procuraduría General de la Nación ya estamos cansados de presentar requerimientos permanentemente, requiriendo al Ministerio de Salud y Protección Social, requiriendo al Invima, para que desarrollen programas, para que desarrollen estrategias, para que desarrollen acciones que puedan garantizar a todo el país el suministro de fármacos que ayuden al mejoramiento de la salud mental. Y, lo más importante, el suministro a tiempo y oportuno de fármacos para evitar la interrupción en los tratamientos médicos", subrayó Cabello.>> Vea, además: ¿qué conexión hay entre las emociones y la salud cardiovascular?Los trastornos mentales son reales, no un invento y ni "ganas de molestar o llamar la atención". Cada año cobran miles de víctimas y, de allí, la importancia de tomarlos en serio y no estigmatizarlos. Está bien estar mal. Consultar a un profesional, psicólogo o psiquiatra, no es sinónimo de debilidad ni de vergüenza. Por el contrario, es una necesidad cuando las emociones duelen y los pensamientos pesan. ¡Pida ayuda, no está solo!Líneas de atención en salud mental en ColombiaSi usted no está bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, páginas o chats:Línea 106Línea psicoactiva: 01 8000 112 439Línea Púrpura: 01 8000 112 137Línea Calma: 01 8000 423 614WhatsApp: 333 0333588www.porquequieroestarbien.comInstagram: @hablandosolas
