Mientras Miguel Uribe Turbay, los médicos y sus familiares luchan por mantener la esperanza con la recuperación del senador, las autoridades también avanzan en la investigación para establecer a los responsables del atentado del que fue víctima el precandidato presidencial. En 50 días ya van seis personas judicializadas gracias a interceptaciones e inteligencia, labores en las que expertos internacionales han tenido mucho que ver.
En diálogo con Los Informantes, el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, reveló que desde el 7 de junio y hasta el día de hoy se han movilizado 180 investigadores de la Policía, otros de la Fiscalía y hasta expertos internacionales han trabajado en desentrañar cada pequeño detalle del plan en contra del senador. "El apoyo internacional ha sido supremamente valioso. Nos reunimos con el FBI, con la DEA, con el Reino Unido", indicó y reveló también que gracias a drones y cámaras de Estados Unidos se pudo ubicar y capturar a alias El Costeño.
¿Cómo ayudó Estados Unidos en la investigación del caso Miguel Uribe?
Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño, intentó desaparecer del radar de las autoridades y hasta su propia organización supo poco de su paradero tras el atentado que dejó al político Miguel Uribe Turbay gravemente herido en Bogotá. Su nombre circulaba en los informes de inteligencia días después del ataque como el jefe de la red criminal detrás del mismo, pero su paradero era incierto.
Fue gracias a una operación articulada con tecnología de punta enviada desde Estados Unidos —drones con visión térmica y cámaras de detección de calor— que las autoridades colombianas lograron reconstruir su rastro. Según fuentes de inteligencia, el apoyo internacional fue clave para detectar desde el aire los movimientos del sospechoso, quien se ocultaba en distintas viviendas del occidente de Bogotá, cambiando de lugar cada dos días y comunicándose apenas con su círculo más cercano.
“Él no dormía dos noches seguidas en la misma casa”, detalló el director de la Policía. El Costeño, además, había comenzado a desconfiar de sus propios hombres. En chats obtenidos por la Policía, se lee su preocupación sobre la posible delación del joven sicario detenido el día del ataque: “Me va a tocar perderme, eso es obvio que ese chinche va a soltar la sopa”, escribió a uno de sus contactos.
Según información de inteligencia, El Costeño construyó su poder desde la cárcel. Estando recluido en un centro penitenciario del departamento del Meta, entabló relaciones con integrantes de las disidencias de las Farc, de Iván Mordisco y José Aldinever. “Es un hombre que en la cárcel conoció a más personas, se matriculó con organizaciones criminales. Hay un hilo conductor en términos de orientación criminal desde la cárcel, allá conoce más personas y consolida su poder criminal”, aseguró una fuente de alto nivel.
Luego del atentado, su escondite final fue irónicamente el mismo lugar donde comenzó su carrera criminal: Engativá, al occidente de la capital. Allí operó durante años en microtráfico, hurto y sicariato, y tal vez por eso se sintió lo suficientemente cómodo para bajar la guardia. Pedía comida a domicilio todos los días y ya hablaba de viajar al Caquetá, lugar del que habría salido la orden de acabar con la vida de Miguel Uribe.
Pero el cerco se cerró antes de que pudiera moverse. Fue capturado en su propia barbería del sector, y según el general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se quebró en el momento del arresto: “Empieza a llorar, desconsolado, desconcertado”, relató el oficial.
La investigación continúa con pistas en el Caquetá
Alias El Costeño no cayó solo. En el proceso ya han sido judicializadas seis personas, entre ellas dos menores de edad. Uno de ellos -el chinche- fue capturado el mismo día del ataque; el otro, se entregó voluntariamente hace apenas unos días. Además de los seguimientos a chats y movimientos urbanos, las autoridades descubrieron que uno de los vehículos usados en la operación fue llevado hasta Soacha y allí le cambiaron el color el mismo sábado, como parte del plan para borrar pruebas y despistar a los investigadores.
Sin embargo, ese esfuerzo no impidió que las autoridades reconstruyeran los pasos finales del grupo ese día. A las 7:30 de la noche, varios de los implicados se reunieron en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, para repartirse el botín como pago por la “labor” cumplida. Esa reunión también quedó registrada en las pesquisas, y forma parte del expediente que hoy sostiene los procesos judiciales contra esta red. El director de la Policía Nacional fue enfático al declarar que el caso sigue abierto: “No vamos a descansar hasta contarle al país quién es el autor intelectual, quién dio la orden”.
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