El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal termina, ya que este lunes 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia lee el sentido del fallo que absuelve o condena al exmandatario.
Detrás de la decisión hay una historia de más de una década, enmarcada por un expediente con miles de interceptaciones, videos, documentos y declaraciones. La última etapa de este proceso fue el juicio que el país ha podido seguir paso a paso durante 67 audiencias por las que han pasado más de 90 testigos.
Para entender el inicio de este proceso es necesario remontarse al año 2012, cuando el entonces senador Uribe denunció a su par, Iván Cepeda, señalándolo de recorrer cárceles en el país ofreciendo beneficios y todo tipo de prebendas a reclusos para que testificarán en su contra y lo vincularan con la creación de grupos paramilitares.
Sin embargo, luego de cuatro años de investigaciones, interceptaciones telefónicas, testimonios y otros documentos, el proceso dio un giro de 180 grados, ya que el alto tribunal determinó que Cepeda no manipuló testigos y, en cambio, estableció que el expresidente, a través de su abogado Diego Cadena, habría recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político, por lo que determinó cerrar la investigación a Iván Cepeda y abrir un proceso contra Álvaro Uribe.
"Sigue el ánimo persecutorio de la Corte Suprema de Justicia. (…) Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda que se atrevan a denunciar", expresó en ese entonces el exmandatario.
Por su parte, Cepeda dijo que "por primera vez, hasta donde tenemos conocimiento, el senador y expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago no aparecen siendo objeto de acusaciones de terceros o de documentos de otro tipo, sino en el cual aparecen actuando a través de estas interceptaciones en hechos que, para nuestra opinión y análisis, son evidentemente actos delictivos".
Uribe declara ante la Corte Suprema de Justicia
La investigación siguió su curso y tras un año y ocho meses de recusaciones y otras maniobras judiciales de ambas partes en el proceso, el 8 de octubre de 2019 el expresidente rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
Ese día, la comparecencia del exmandatario hizo eco en las calles de distintas partes del país por cuenta de detractores y seguidores del expresidente. El efecto de la diligencia generó un choque, incluso, entre las cabezas del Ejecutivo y el Poder Judicial.
El entonces presidente Iván Duque aseguró que "he tenido la ocasión de conocer la vida de Álvaro Uribe Vélez, y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia "
Álvaro García, que en ese momento era presidente la Corte Suprema de Justicia, manifestó que "ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función".
Diez meses después, en agosto de 2020, cuando el alto tribunal estaba ad-portas de definir si le dictaban medida de aseguramiento, la rama judicial exigió respeto. "El sistema judicial como componente esencial del estado de derecho debe ser respetado en su integridad, las providencias judiciales tienen instancias para ser controvertidas, de ahí que sean inaceptables descalificaciones a las decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido sentido o alcance", dijo el magistrado Jorge Luis Quiroz, vocero de las altas cortes.
Medida de aseguramiento contra Uribe
El 4 de agosto de 2020, el mismo ex jefe de Estado le contó al país, a través de sus redes sociales, que habían ordenado su detención, y bajo la mirada de la prensa mundial fue enviado a detención preventiva domiciliaria, la cual cumplió en su finca El Ubérrimo, en Montería. Por primera vez, un expresidente de Colombia estaba en esa situación judicial, lo que generó un revuelo político y judicial en el país.
El abogado Jaime Granados aseveró que estaban "absolutamente convencidos de la absoluta inocencia de Álvaro Uribe, seguiremos trabajando hasta que cese la verdad y termine esta terrible injusticia".
Tan solo unos días después, el 18 de agosto de 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado y, al perder su fuero como congresista, la investigación automáticamente pasó de la Corte a la Fiscalía General de la Nación. En octubre de ese mismo año recuperó su libertad.
"Soy sobreviviente por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia. Razón poderosa para sentir que el reposo y la resignación no hacen parte de mis opciones", expresó el exmandatario.
El proceso de Uribe en la justicia ordinaria
Bajo la Fiscalía de Francisco Barbosa, entre los años 2021 y 2023, dos funcionarios solicitaron cerrar el caso argumentando que no existían pruebas suficientes de una participación directa del expresidente en la presunta manipulación de testigos, pero dos jueces diferentes negaron las solicitudes.
En abril de 2024, tras el cambio de cúpula en la Fiscalía, el proceso se reactivó y con él gran parte del material probatorio consignado en el extenso expediente que había adelantado la Corte Suprema. El juicio oral inició casi un año después, el 6 de febrero de 2025, y Uribe pasó al banquillo de los acusados en los juzgados de Paloquemao en calidad de imputado.
"Nunca hice directamente ni a través de Diego Cadena ofertas, menos para mentir", sostuvo el expresidente al inicio del proceso. Después de 67 audiencias, en las que desfilaron más de 90 testigos y ambas partes creen que sus pruebas presentadas les dan la razón, finalizó el juicio oral.
La fiscal Marlene Orjuela solicitó "de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe en su calidad de determinador".
Por su parte, el exmandatario declaró: "Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva".
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