El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue puesto en libertad este miércoles, 6 de diciembre, en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
Fujimori abandonó el penal de "Barbadillo", en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso "la inmediata libertad del favorecido" al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró "fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso".
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Alberto Fujimori y devolvió el caso al TC.
El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían "proceder a la excarcelación inmediata de Fujimori", en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.
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"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", declaró Morales al aclarar un auto del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
En ese sentido, la resolución emitida el pasado martes por el TC también llamó "severamente la atención" al juez de Ica y lo exhortó a "poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus".
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El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.
El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".
Por su parte, la CorteIDH pidió al Gobierno peruano que le remita un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado.
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