Los cuestionamientos en Washington a los abusos de la Policía colombiana ya tienen sus primeras consecuencias: el Comité de Apropiaciones de la Cámara aprobó su propuesta de presupuesto para Colombia, mayor que la de Joe Biden, pero por primera vez condicionó el desembolso a que se investigue y sancione a oficiales de la institución.
Los más de 461 millones de dólares propuestos para el 2022 están sujetos a un literal novedoso que condiciona el 30% del desembolso para lucha antinarcóticos y entrenamiento militar hasta que el Departamento de Estado certifique que: “Los militares y oficiales de policía presuntamente (...) responsables de ordenar, cometer y encubrir casos de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales o de cometer otras graves violaciones de los derechos humanos (...) están rindiendo cuentas, incluido su retiro del servicio activo si se les declara culpables mediante procedimiento penal, administrativo o disciplinario”.
“Somos testigos de aumento en violaciones de DD. HH."
La cifra que estaría condicionada ronda los 64 millones de dólares. La inclusión de la Policía en esta condición llega en medio de crecientes cuestionamientos en el Congreso de Estados Unidos liderados por el representante Jim McGovern, quien hoy precisamente destacó esta decisión.
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"Aún antes de las protestas recientes, durante los últimos tres años fuimos testigos de un incremento en las violaciones de derechos humanos por la Policía Nacional, incluyendo la masacre de civiles", señaló MacGovern.
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La propuesta reitera otras condiciones de años pasados, como que el Gobierno garantice la protección de defensores de derechos humanos y que la JEP investigue a los máximos responsables de violaciones.
A esta propuesta aún le falta ser aprobada, primero por la Cámara y ser conciliada con el Senado.
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