Nueva marcha en Venezuela terminó en disturbios y dejó 17 heridos

Cancillería de Colombia manifestó su preocupación por la inhabilidad de Henrique Capriles, en cuya sede de campaña se desató un incendio.
Unos 4.000 opositores venezolanos se manifestaron este sábado en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en su cuarta protesta en una semana, que degeneró nuevamente en choques con la policía.
Los enfrentamientos se iniciaron cuando los manifestantes, convocados por la dirigencia, decidieron a última hora marchar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro, bastión del chavismo y donde están las sedes de los poderes públicos.
En el sector La Campiña fueron contenidos por policías y efectivos de la militarizada Guardia Nacional que les lanzaron bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma para dispersarlos.
Un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto respondieron con piedras, mientras el grueso de la marcha aguardaba detrás de ellos. No se informó en lo inmediato de heridos.
En el centro, el chavismo realizaba un acto multitudinario que denominó "gran toma cultural, deportiva y recreativa".
Tras casi dos horas de refriegas, los opositores se replegaron hacia otros puntos, aunque se mantenían algunos focos de conflicto.
En el sector de Chacao (este), de donde salió la marcha, decenas de manifestantes lanzaron piedras, palos y bombas incendiarias a un edificio administrativo del máximo tribunal, desatándose una nueva batalla campal con efectivos de la militarizada Guardia Nacional y policías.
"No habrá descanso"
Durante la concentración matinal en Chacao, el excandidato presidencial Henrique Capriles convocó a los manifestantes a dirigirse a la Defensoría, que esta semana frenó la posibilidad de que el Parlamento de mayoría opositora destituyera a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
"Hay que llegar hasta donde sea. La gente está cansada de tanta corrupción, hambre y miseria", dijo Vanessa García, estudiante de optometría de 37 años.
Los participantes en la protesta rechazaron la decisión de la Contraloría que inhabilitó a Capriles para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que bloquea su aspiración presidencial en 2018. La medida fue notificada el viernes.
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También hubo manifestaciones en ciudades como San Felipe, La Victoria (norte) y San Cristóbal (oeste), donde encapuchados aparentemente armados hicieron detonaciones ahuyentando a la gente, dijo a la AFP Marisol Blanco, comerciante de 32 años.
Capriles apelará la sanción por supuestas irregularidades administrativas como gobernador del estado Miranda (norte), cargo que ejerce desde 2008.
La oposición planea nuevas protestas durante la Semana Santa, cuando los empleados públicos estarán de asueto por orden de Maduro.
Plan golpista
Es la cuarta manifestación opositora desde el pasado sábado, cuando cientos rechazaron dos fallos con los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó temporalmente los poderes del Parlamento -de mayoría opositora- y retiró la inmunidad a los diputados.
El martes y jueves últimos hubo movilizaciones que sumaron reclamos como elecciones generales y liberación de "presos políticos", con saldo de un muerto y decenas de heridos y detenidos. El jueves los opositores también intentaron llegar a la Defensoría.
Las sentencias del TSJ fueron anuladas parcialmente tras un fuerte rechazo internacional y denuncias de la fiscal general Luisa Ortega, confesa chavista, de que constituían una "ruptura del orden constitucional", lo que abrió una fisura en el oficialismo.
Maduro denuncia las manifestaciones como un plan para "llenar las calles de sangre" e intentar derrocarlo.
El mandatario asegura que detrás de esa estrategia "golpista" se encuentran Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que esta semana declaró una "grave alteración del orden democrático" en Venezuela.
Maduro enfrenta una crisis económica que se agravó con la caída del precio del petróleo y que se caracteriza por la escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo, proyectada por el FMI en 1.660% para 2017.
El colapso minó su popularidad, al punto que siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, según una reciente encuesta de la firma Venebarómetro. Pero Maduro atribuye la crisis a una "guerra económica" de la oposición apoyada por Estados Unidos.