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Confiando en la buena fe de un inquilino, los días de una familia en Bogotá se volvieron rápidamente una pesadilla. Según le contaron a Séptimo Día sus seres queridos, la decisión de arrendarle un local a un sujeto que vivía en un inmueble que también era de su propiedad terminó por afectar gravemente a una mujer llamada Estela. El impacto emocional y el estrés derivados del allanamiento de su bien fueron tan profundos que su salud, ya comprometida, se deterioró rápidamente hasta su fallecimiento.La historia de la familia de Carlos García y su esposa Estela comenzó con el sueño de construir un patrimonio. En 2016, adquirieron una casa en el barrio Lombardía, en la localidad de Suba, en Bogotá, tras años de esfuerzo y ahorro. "Este predio lo adquirí en el año 2016, me costó 140 millones de pesos, de los cuales saqué un préstamo al banco", relató Carlos en Séptimo Día. La propiedad, distribuida en tres pisos, contaba con dos locales comerciales en la primera planta, lo que les dio una oportunidad para aliviar la carga de la deuda bancaria a través del arrendamiento.Durante los primeros años, la estrategia funcionó sin contratiempos, arrendando los diferentes espacios de la casa de manera individual. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en 2019, cuando decidieron alquilarle el predio a un sujeto. "No tuve ningún problema hasta el año 2019, en la cual le arrendé ya el predio a un extranjero y ahí fue donde vinieron todos los problemas", recordó Carlos.El hombre había sido visto trabajando en un parqueadero cercano, lo que inicialmente les generó cierta confianza. "Ella me dijo: 'Hay un señor, ha venido acá a preguntar cuánto es porque yo le coloqué unos avisos'. Yo le dije: 'No, pues pídale de dónde es, quién es'", cuenta García sobre cómo se dio el primer contacto. Tras revisar sus documentos —cédula venezolana y pasaporte—, Carlos no percibió ninguna señal de alarma. "Yo no le vi ningún inconveniente. Yo le hice un contrato de arrendamiento por el segundo y tercer piso. El señor no me inspiraba que fuera una mala persona", afirmó.El contrato que desencadenó la tragediaSin embargo, en abril de 2019, Carlos tuvo que viajar al departamento de Vaupés por motivos laborales, dejando a su esposa Estela a cargo de la gestión del arriendo, pactado en un millón de pesos mensuales. Apenas un mes después, a mediados de mayo, el inquilino le hizo una nueva propuesta a Estela: arrendarle también uno de los locales del primer piso “para meter unas cosas ahí del parqueadero”.La mujer aceptó y realizó un contrato verbal por el local, por un valor adicional de 400.000 pesos mensuales, pero menos de un mes después de este acuerdo, el 13 de junio de 2019, la tranquilidad de la familia se rompió por completo. Carlos recibió una llamada desesperada de su esposa. "Lo que me comentó en ese entonces Estela fue que llegaron, que a hacer un allanamiento. Fueron y llamaron al señor, la Policía le dijo: 'necesitamos que nos abran', y pues en el local tenían unas motos hurtadas", narró.Impacto devastador en salud de EstelaPara Estela, quien ya padecía problemas de salud, el allanamiento y el descubrimiento de la actividad ilícita en su propiedad fueron devastadores. El estrés y la angustia de ver su hogar involucrado en un delito la afectaron profundamente. Hilda Leal, vecina y amiga de la familia, fue testigo de su deterioro: "Ella yo creo que actuó desde su buena fe de arrendar y uno nunca piensa que puede incluso dañarle la salud”.El impacto fue tan severo que, según cuenta Carlos, la salud de su esposa decayó rápidamente tras el incidente. " Eso fue muy traumático para mi compañera, para Estela, y pues eso le adelantó la muerte, mejor dicho. Cuando hicieron el allanamiento fue como un mes y 15 días que ella duró y murió", precisó.El inquilino fue capturado en el operativo y, según el abogado de la familia, Carlos Acevedo, hacía parte de una red delincuencial. "El señor Quijano fue uno de los capturados dentro de 14 líneas de desmembramiento de bandas delincuenciales por esas actividades de hurto de motocicletas", detalló el jurista. En la audiencia, el arrendatario aceptó su culpabilidad. "El señor acepta la responsabilidad, acepta que él fue el único responsable de introducir las motos ahí en el local. El juez le pregunta si tenía alguna amistad tanto conmigo como con Estela, él lo niega, o sea, él dice que jamás", contó Carlos.Ley de extinción de dominio en ColombiaAunque el inquilino fue condenado y pagó una pena de 36 meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía, la pesadilla para Carlos apenas comenzaba. Tres años después del operativo, en enero de 2022, recibió una notificación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre un proceso de extinción de dominio contra su propiedad. "Me llegó la sorpresa, que fue en enero del 2022, que me notificaron de la extinción de dominio", explica. La Fiscalía, a raíz del desmantelamiento de la banda, había ordenado la ocupación de 14 inmuebles vinculados, incluyendo la casa que Carlos había comprado y arrendado años atrás.A pesar de los intentos por demostrar su inocencia, el 29 de agosto de 2023 se hizo efectiva la orden de desalojo en el marco de las medidas cautelares del proceso. Carlos vio cómo las puertas y ventanas de su casa eran selladas con soldadura, perdiendo todo poder sobre el patrimonio que tanto le costó construir. "Uno dice: 'No, yo voy a perder mi casa, voy a perder todos los esfuerzos que he hecho, todos los años de trabajo, todo mi patrimonio para venir en un instante y el Estado prácticamente decirme: tiene que salirse de acá'. (...)", lamentó Carlos.Sobre la ley de extinción de dominio, el afectado señala que es una “norma que viola totalmente los derechos de las personas que hemos conseguido con sacrificio los bienes y que, de un momento, a otro lleguen y se los quiten a uno. Ya usted no es dueño de nada, ya tiene es que irse, porque eso es lo que le manda uno la SAE. Tiene que desocuparme”.En Colombia rige la ley de extinción de dominio, que le otorga al Estado la facultad de reclamar y tomar posesión de los inmuebles que provienen de actividades ilícitas o que son utilizados con esos fines. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hay en promedio 32.000 inmuebles, entre apartamentos, casas, depósitos y parqueaderos, que están bajo poder del Estado y son administrados por la entidad en medio de procesos de extinción de dominio.Este no es un caso aislado, Séptimo Día conoció a otras familias cuyo patrimonio está en riesgo porque sus inquilinos usaron los inmuebles para delinquir.

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