“No tenemos tranquilidad”: duro relato de familia que podría perder su casa por delito de inquilino

En Colombia, miles de familias complementan sus ingresos arrendando una casa o incluso una habitación. Sin embargo, pocos saben que si un inquilino utiliza ese inmueble para cometer un delito, el propietario, aunque sea completamente inocente, puede enfrentar la pérdida total de su vivienda.Séptimo Día conoció las historias de familias que, pese a declararse inocentes, hoy enfrentan la amenaza de perder sus viviendas por cuenta de la ley de extinción de dominio.En el barrio Venecia, al sur de Bogotá, seis hermanos adultos mayores enfrentan la que podría ser la batalla más dura de sus vidas: la amenaza de perder la casa donde han vivido desde hace más de seis décadas. La razón no es una deuda bancaria ni una disputa familiar, sino un proceso de extinción de dominio que se inició en su contra por un delito cometido por su inquilino.Para ellos, no es solo una casa, es el patrimonio que le dejaron sus padres hace años cuando eran unos niños. “No tenemos tranquilidad de pensar que en cualquier momento van a venir a decir sálgase que esto es del Gobierno”, reveló Renato, el mayor de los hermanos Durán Guatame.Un patrimonio que está en riesgoLa historia de esta familia comenzó en 1961, cuando sus padres adquirieron un lote en al sur de Bogotá y, con esfuerzo, levantaron una vivienda en madera. Poco a poco, con el paso de los años y ladrillo a ladrillo, fueron construyendo un hogar sólido que no solo les dio techo, sino también estabilidad.La madre, Beatriz, encontró en las habitaciones de la casa una manera de generar ingresos adicionales: arrendaba pequeños cuartos que ayudaban a sostener a sus siete hijos. Con el tiempo, los padres fallecieron y la propiedad quedó en manos de los seis hermanos, quienes mantuvieron la práctica de alquilar habitaciones como complemento a sus modestos ingresos.La tragedia de arrendar una habitación a un inquilinoLa tranquilidad de los Durán Guatame se derrumbó en agosto de 2022. Ese mes, la familia decidió alquilar una habitación a un joven extranjero. “Él solamente traería su ropa. No sabemos dónde vivía ni conocíamos nada de su familia, porque ¿a quién le pide uno referencias de un venezolano?”, relató Olga Durán Guatame.Durante tres meses, el hombre no levantó sospechas: pagaba puntual y mantenía un perfil bajo. Sin embargo, en diciembre la tranquilidad se rompió cuando la Policía irrumpió en la vivienda para capturar a Rubén, el ciudadano venezolano que alquilaba la habitación por 400.000 pesos mensuales.Cristina Durán, de 65 años, no entendía qué pasaba: “A él lo cogieron, lo tiraron al piso y los esposaron”.Las autoridades lo identificaron como supuesto integrante de una banda delincuencial conocida como Los Nikes, que operaba en Bogotá. Según la investigación, Rubén actuaba como mensajero de la organización y utilizaba distintas residencias para esconderse. Durante el allanamiento, los policías hallaron una bolsa con sustancias ilícitas en su habitación.El inicio de una pesadillaTras la detención del inquilino, los hermanos pensaron que todo terminaría ahí. Sabían que no tenían nada que ver con las actividades del arrendatario y confiaban en que su inocencia sería evidente.Pero el 9 de marzo de 2023 recibieron una noticia inesperada: les notificó que la vivienda sería objeto de embargo dentro de un proceso de extinción de dominio. “Nosotros pedimos que nos demostraran las pruebas de que nos acusaban a nosotros, porque somos personas muy sanas. A él lo estaban buscando como desde el 2021 y siempre se les perdía porque siempre cambiaba de casa”, mencionó Olga, entre lágrimas.La Fiscalía les dio apenas tres días para responder al acta de secuestro de la vivienda. En el documento se les exigía legalizar la propiedad, que aún figura a nombre de sus padres ya fallecidos, o pagar un arriendo por los años que han habitado allí, al ser considerados ocupantes irregulares. “Inocentemente, se perjudicó la casa por un arrendatario”, dijo Renato.Las notificaciones del proceso en el que están involucrados no han dejado de llegar, al igual que sus constantes visitas a la Fiscalía. El pasado 23 de julio recibieron un ultimátum: debían demostrar que la casa les pertenece o, de lo contrario, serían desalojados.¿Quién responde? Expertos hablanEn Colombia rige la ley de extinción de dominio, que le otorga al Estado la facultad de reclamar y tomar posesión de los inmuebles que provienen de actividades ilícitas o que son utilizados con esos fines. Eso fue lo que enfrentaron los Durán Guatame por el delito que cometió su inquilino.Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hay en promedio 32.000 inmuebles, entre apartamentos, casas, depósitos y parqueaderos, que están bajo poder del Estado y son administrados por la entidad en medio de procesos de extinción de dominio.La periodista de Séptimo Día habló con Diego Romero, vocero de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Al preguntarle si existe la posibilidad de que un propietario recupere su vivienda después de una sentencia judicial, respondió: “No es posible, porque desde el inicio del proceso de extinción de dominio no está en mano de los afectados. Entonces no puede retornar este bien a las economías ilícitas por ningún motivo. Eso lo tendrá que demostrar la persona ante un juez de la República”.Germán Varón, representante a la Cámara en 2013 y ponente de este proyecto de ley que, según varias familias, está mal diseñado, explicó: “Lo que existe es una insuficiencia de jueces que hace que el proceso se demore 15 o 18 años y, evidentemente, se le cause un perjuicio al dueño del inmueble”.Y agregó: “Yo diría que casi en un 90% no es una persona que participe del ilícito, es una persona que de buena fe arrienda su inmueble, resulta un tercero ejerciendo una actividad de orden ilegal y su inmueble termina metido en un proceso de extinción de dominio”.Una espera interminableEl caso de los Durán Guatame no es aislado. Según la investigación de Séptimo Día, decenas de familias en el país están en riesgo de perder sus viviendas porque sus inquilinos usaron los inmuebles para delinquir.“Que el Gobierno se dé cuenta de que no pueden quitarle a uno la vivienda por un error de haber arrendado a una persona sin investigarla”, mencionó Renato.Aunque los afectados coinciden en que es necesario ser más estrictos al momento de establecer las cláusulas en un contrato de arrendamiento, insisten en que casos como los de sus inquilinos, que cometieron delitos, evidencian la urgencia de una reforma a la ley de extinción de dominio, pues consideran injusto haber perdido sus casas por actuar de buena fe y confiar en sus arrendatarios.“’¿Qué haría si finalmente se queda sin su casa?’ No tengo ni idea qué haría. Que la perdamos la verdad sería terrible, porque yo no tengo para dónde ir”, concluyó Ricardo Durán Guatame.El debate sobre una reforma a la ley de extinción de dominio está abierto en el Congreso, pero hasta ahora no se ha concretado. Mientras tanto, familias como la de los Durán Guatame siguen a la deriva, con la angustia de perder lo que construyeron a lo largo de toda una vida.

“No tenemos tranquilidad”: duro relato de familia que podría perder su casa por delito de inquilino

En Colombia, familias inocentes están perdiendo sus viviendas por delitos cometidos por sus arrendatarios. Los Durán Guatame, en Bogotá, viven una pesadilla por la ley de extinción de dominio.

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