La promesa era tentadora: estudiar una de las carreras con mayor demanda en el mundo, sin pagar un solo peso por adelantado, y bajo el respaldo de una academia proveniente de Silicon Valley. Para cientos de colombianos, esta oferta representaba una oportunidad acceder a salarios competitivos en el sector tecnológico. Sin embargo, según uno de estos jóvenes en la ciudad de Cali, lo que inició como un proyecto de superación profesional terminó en un proceso judicial que pone en riesgo el patrimonio logrado por sus familiares durante décadas. Séptimo Día investigó esta y otras denuncias relacionadas.El sueño de estudiar por un mejor futuroAntes de conocer la convocatoria, Jorge Calambas se desempeñaba en labores informales dentro del sector de la construcción. Su situación económica le impedía acceder a una formación universitaria tradicional, por lo que esta oferta pareció ser una buena solución."Yo no tenía trabajo formal, sino de forma informal. Como yo no tenía dinero, fue lo que principalmente lo que más me convenció", relata el afectado al recordar el momento en que decidió apostar por estudiar desarrollo de software.La idea de que solo debería pagar el costo del programa una vez consiguiera un empleo con un salario superior a ciertos mínimos legales le brindó la confianza necesaria para firmar los documentos exigidos.Una herencia familiar bajo amenaza judicialDe acuerdo con la denuncia de Jorge Calambas, el desenlace de esta formación no fue el ascenso laboral esperado, sino una serie de acciones legales que escalaron hasta afectar a sus familiares más cercanos. Según su testimonio, el proceso de cobro no se limitó a él, sino que se extendió a los bienes de sus deudores solidarios."Embargaron mis cuentas bancarias y las cuentas bancarias de mi mamá. Y además de eso, mi mamá tiene una finca que fue la herencia de mis abuelos", denuncia el joven con evidente preocupación por el futuro de su hogar. Para esta familia, el predio representa también el motor de su economía. "Es lo poco que ellos le dejaron y también es un sustento que nosotros tenemos. Y es muy duro que todo lo que lucharon mis abuelos, mis papás para sacar adelante esa finca se la quieren arrebatar de la nada", relata.El impacto emocional de ver la herencia en riesgo de embargo ha marcado un antes y un después en su vida. Séptimo Día conoció que no se trata de un hecho aislado. En la rama judicial colombiana se han identificado más de 500 procesos relacionados con este modelo de financiación educativa. El punto central de la controversia radica en el uso de pagarés en blanco que son ejecutados en los juzgados sin que, presuntamente, se presente el contrato original que condicionaba el pago al éxito laboral del estudiante.Expertos legales han cuestionado la situación. Aroldo Quiroz Monsalvo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó como una irregularidad el hecho de que se intenten hacer efectivos estos títulos valores de forma independiente al contrato de estudios. "No creo que eso es grave, gravísimo, porque ahí hay un engaño y hay un engaño inclusive a la justicia porque están señalándole a la justicia de que ellos simplemente suscribieron un pagaré como si fuera un mutuo", explicó el exmagistrado.Por su parte, los estudiantes aseguran que, al momento de la inscripción, la firma del pagaré se presentaba como un trámite de garantía. "Se entendía que para asegurar ellos de que uno sí iba a pagar cuando tuviera el empleo", afirma uno de los denunciantes sobre el momento de la firma.Lo que dicen sobre la calidad académicaA la angustia financiera se suma la frustración por la formación recibida. Mientras la publicidad prometía mentores internacionales y una tasa de empleabilidad superior al 90%, muchos exalumnos aseguran que el modelo de aprendizaje consistía básicamente en resolver retos de internet de manera autónoma."Retos con links de internet y uno investigaba cómo ejecutar esos retos. Ese tema de los mentores internacionales nunca existió", señala uno de los participantes del programa. Incluso, expertos en educación informática que analizaron la plataforma indicaron que los contenidos eran "genéricos" y "básicos", similares a los que se pueden encontrar de forma gratuita en la red.Para quienes lograron terminar el curso, el certificado no fue la carta de presentación esperada ante las empresas. Según los testimonios recolectados, algunos empleadores miraban con desconfianza la formación recibida. "El diploma es como simbólico porque no tiene validez", asegura otro de los afectados.La defensa de la entidad señaladaFrente a las denuncias, los representantes de la entidad encargada de la liquidación de la fundación que operaba la academia mantienen una postura firme. Tatiana Uribe, representante legal de Astorga Management, niega rotundamente que exista un engaño hacia los estudiantes y defiende la preparación brindada por el programa."Holberton School no engaña. Holberton School está acreditada y es muy exitosa en varios países", sostuvo Uribe durante la investigación. Según la vocera, la academia cumplía con la entrega de herramientas para que los participantes adquirieran los conocimientos necesarios para el mundo laboral. Respecto a los procesos de cobro y embargos, la funcionaria atribuye la situación a la responsabilidad legal que cada estudiante adquirió al momento de la matrícula. "Pues es que lo que pasa es que los participantes suscribieron un contrato y cuando uno suscribe un contrato, pues uno se obliga", puntualizó.Mientras la justicia determina si hubo incumplimientos contractuales o publicidad engañosa, el joven caleño y su familia permanecen a la espera de una resolución que no comprometa el patrimonio que sus abuelos construyeron. Para él, lo que buscaba ser una puerta para conseguir mejores oportunidades laborales se convirtió en una carga financiera que hoy parece no tener fin.
En Colombia, un país con una larga tradición de madres cabeza de familia, un hombre que decide ser padre en solitario de manera voluntaria sigue siendo una excepción. John Cifuentes Muñoz, un administrador de empresas de 51 años, es el protagonista de una historia que desafía las estructuras familiares convencionales. Tras vivir 16 años en el exterior, regresó al país para enfrentar situaciones familiares que transformaron su visión de la vida y lo llevaron a buscar el camino de la ciencia y la ley para cumplir su anhelo de ser papá. Los Informantes habló con él.El origen de su deseo de ser padre: del cuidado al amor incondicionalLa decisión de John no fue un impulso repentino. Su motivación nació de una experiencia de dolor y transformación personal vinculada a su padre, don Edilberto Cifuentes. En 2006, su padre fue secuestrado por una célula del EPL, permaneciendo siete meses en cautiverio bajo condiciones inhumanas. Este evento marcó el inicio de un deterioro en su salud que terminó años después con un diagnóstico de Alzheimer avanzado.Al regresar a Colombia para cuidar de él, John experimentó un cambio en sus prioridades. Según relata, el proceso de cuidar a su padre en su etapa más vulnerable le permitió descubrir una faceta emocional que antes desconocía. “En ese momento descubro el sentido del amor incondicional, como lo dice Brian Wise, el amor verdadero”, explicó John al recordar los días dedicados exclusivamente a acompañar a su padre. Fue esa conexión, sumada a una frase de un médico que notó la similitud en sus miradas, lo que detonó su decisión: “Definitivamente quiero ser papá. Y tomé la decisión de que quería ser padre soltero y dije, voy a empezar un proceso de subrogación”.El proceso técnico: ciencia y altos costos en ColombiaAl no tener una pareja y descartar la espera de un vínculo sentimental, John optó por la paternidad subrogada. Este procedimiento en Colombia tiene particularidades técnicas y legales que lo hacen complejo. Según el doctor Jorge Ramírez, especialista en fertilidad que acompañó el caso, para llevar a cabo este proceso se requiere la participación de dos mujeres con roles distintos y separados por ley para evitar conflictos éticos y legales futuros.“En Colombia para hacer un proceso de subrogación se necesitan dos mujeres, una que tenga el rol de donante de óvulos y la otra que es gestante, que es quien lleva ese bebé por 9 meses en su vientre”, contó Jhon. Él tuvo que seleccionar a una donante de óvulos anónima basándose en un cuestionario de características físicas, buscando que el niño tuviera rasgos similares a los suyos o a su tipo ideal de familia.El factor económico es otra barrera significativa. John revela que el proceso no es accesible para todos debido a los requerimientos de laboratorio y valores médicos. “En esta parte del proceso, el costo más importante es crear embriones. Crear embriones en Colombia puede estar hoy costando más o menos $50 millones de pesos”, afirmó. Cifuentes necesitó realizar cuatro intentos antes de que un embrión lograra implantarse con éxito en el vientre de la mujer gestante, una persona con quien sí mantuvo contacto y que ya había pasado por procesos similares anteriormente.El nacimiento de Carlo y el rol de "papá y mamá"El 8 de marzo, una fecha simbólica por ser el Día Internacional de la Mujer, nació Carlo. Para John, la llegada de su hijo representó el inicio de una etapa de aprendizaje intensivo. A pesar de contar con el apoyo de su madre y hermana, él se propuso ser el cuidador principal, asumiendo todas las tareas que tradicionalmente se dividen en una pareja o se asignan a la madre.Su compromiso con la crianza total quedó plasmado en una frase que repitió durante todo su proceso: “Quiero ser papá, pero quiero quiero quiero ser papá y mamá”. Esta visión lo llevó a prepararse para enfrentar los miedos lógicos de un padre primerizo que no tiene un relevo inmediato en casa. “Tengo que poder hacerlo. Tengo que poder bañar al bebé. Tengo que poder alimentarlo, tengo que poder hacer todo lo que el bebé necesita de mí y perdí el miedo”, recuerda sobre sus primeros días fuera de la clínica.El vacío legal: una batalla contra la burocraciaA pesar de la felicidad por el nacimiento, John se encontró con un sistema legal colombiano que no está preparado para la paternidad soltera por elección a través de subrogación. Al no existir un marco legal claro que regule el alquiler de vientres, los trámites administrativos se convirtieron en un obstáculo. El primer gran inconveniente surgió con el Registro Civil de Nacimiento.“No permitieron que me registraran a mí como padre soltero, sino que utilizan como punto de partida el registro de nacido vivo de la clínica en donde sale que la mamá es la gestante”, explica John. Como resultado, en el documento oficial el niño quedó registrado con el apellido de la gestante y ella figura como su madre legal, a pesar de existir contratos y declaraciones extrajudiciales donde ella renuncia a cualquier derecho biológico o legal sobre el menor. Para corregir esto, John ha tenido que iniciar un proceso judicial de impugnación de la paternidad que aún sigue su curso.Otro frente de batalla fue la licencia de paternidad. Inicialmente, el sistema de salud no reconocía su derecho a los cuatro meses de licencia que normalmente se le otorgan a una madre, argumentando que él es hombre. John tuvo que recurrir a una tutela en segunda instancia para que una jueza de familia ordenara a la EPS el pago y reconocimiento del tiempo necesario para cuidar a su hijo. “Hay un recién nacido que necesita que el papá esté ahí porque es que no hay mamá”, fue el argumento central que permitió que se le otorgara este derecho fundamental.Un futuro que busca crecerHoy, Carlo tiene más de un año y John se siente plenamente realizado en su rol. La experiencia ha sido tan satisfactoria para John Cifuentes que ya tiene planes para expandir su familia bajo el mismo método. “Este es el momento más feliz de mi vida. Yo no puedo pedir más”, asegura, mientras se prepara para iniciar un nuevo proceso de subrogación con el objetivo de darle un hermano a Carlo y continuar consolidando su hogar.
Jose Pino no es un experto en informática convencional. No tiene títulos universitarios ni terminó el bachillerato, pero su conocimiento técnico lo ha llevado a trabajar con las empresas más grandes de tecnología del mundo. Nació en Tumaco, Nariño, un puerto donde más del 80% de la población vive en la pobreza y los servicios básicos son precarios, Pino logró transformar su realidad a través de una pantalla. Hoy es reconocido como un hacker ético, un investigador que busca fallas en los sistemas para evitar que delincuentes roben información o dinero. Los Informantes habló con él.Una infancia entre motores y el apodo de 'Internet'Desde muy pequeño, Jose mostró una capacidad inusual para entender el funcionamiento de las máquinas. A los 9 años, mientras otros niños jugaban, él pasaba su tiempo en un taller desarmando y armando motores de motocicletas. Esta curiosidad se trasladó rápidamente al mundo digital. Durante la primaria, sus compañeros le pusieron un apodo que marcaría su destino: 'Internet'. El motivo era simple: Jose gastaba el dinero que sus padres le daban para las onces en pagar horas de conexión en cafés internet.Su primer contacto real con una computadora fue a través de su tío Lister, quien grababa música en discos para venderlos. Jose aprovechaba cualquier descuido para explorar el equipo. Su tío recuerda esos momentos con humor: “Yo llegaba y grababa y listo... cuando volvía al rato... me movía dos, tres teclas que yo no sabía cuáles eran para ponerlo normal”. El propio Jose admite la curiosa situación: “Yo me le metía a la habitación y le prendía la computadora y comenzaba a molestar con los programas que él tenía ahí”.El aprendizaje autodidacta y los foros en ruso donde aprendióLa formación de Jose Pino fue totalmente empírica. Sin profesores y con acceso limitado a la red, leía una y otra vez los únicos dos libros sobre tecnología que estaban disponibles en la biblioteca local. Cuando finalmente tuvo su propia computadora, un equipo de segunda mano que su padre le compró con esfuerzo, lo primero que hizo fue desarmarlo pieza por pieza para entender cómo funcionaba.Cuando su familia se mudó a Neiva, Jose encontró una forma de conectarse a internet de manera más estable descifrando la clave de Wi-Fi de un local vecino. Fue en ese momento cuando empezó a frecuentar foros virtuales donde expertos de todo el mundo compartían conocimientos sobre seguridad informática. El problema principal era que la información más avanzada estaba escrita en ruso. Sin herramientas modernas de traducción, Jose desarrolló su propio método: “Copiaba y pegaba el ruso para entender el contexto de lo que se estaba hablando y asimismo aprender”.La difícil decisión de dejar el colegio para trabajarA pesar de su talento, la situación económica en su hogar se complicó tras la separación de sus padres. Faltando solo cuatro meses para graduarse del colegio, Jose decidió retirarse para ayudar a su madre con los gastos básicos. Se encerró en su habitación a buscar errores en los sistemas de grandes multinacionales, esperando que su esfuerzo fuera recompensado.A los 16 años envió su primer reporte de seguridad a una empresa en San Francisco, Estados Unidos. La respuesta no fue dinero al principio, sino una camiseta y calcomanías. Sin embargo, poco después empezaron a llegar los cheques a nombre de su madre por sus descubrimientos en plataformas como Dropbox, PayPal y Yahoo. Su madre, Ruth Acevedo, recuerda que al principio no entendía lo que hacía su hijo: “Yo, ¿estás loco? Loquito, loquito”. Hoy, reconoce con orgullo que ese niño que creció en un entorno difícil logró superarse por sus propios medios.Un impacto masivo en la seguridad digital globalLa relevancia de Jose Pino en la ciberseguridad actual se mide en cifras contundentes. Solo el año pasado, identificó una falla de seguridad que afectaba al 70% de los usuarios de internet en todo el mundo. Él explica la magnitud de su trabajo de forma directa: “Si lo vemos desde el lado del descubrimiento de una vulnerabilidad directamente a un sistema, es un impacto a 3.000 millones de personas”.Además de proteger a usuarios comunes, Pino ha desarrollado herramientas tecnológicas que hoy utilizan policías del mundo para rastrear a cibercriminales. Su enfoque siempre ha sido el de la resolución de problemas complejos, algo que, según él, no siempre requiere de títulos académicos. Con seguridad, afirma: “Resolvemos problemas que los chicos de posdoctorados no resuelven”. Este nivel de experiencia lo ha llevado a ser conferencista en eventos internacionales de gran prestigio, como el Black Hat.Retorno a Tumaco y su visión de futuroA pesar de su éxito internacional y de vivir entre Medellín y Miami, Jose Pino no olvida sus orígenes en el Pacífico colombiano. En una reciente visita a su pueblo natal, donó 200 computadores portátiles a niños de la zona para que tengan las oportunidades que a él le costó tanto conseguir. En Tumaco es recibido con admiración; algunos incluso lo confunden con celebridades por su apariencia y seguridad.Para Pino, el objetivo final de su carrera es utilizar la tecnología para reducir el crimen y asegurar que las naciones tengan control sobre su propia seguridad digital. Su historia demuestra que, con disciplina y curiosidad, es posible cambiar un destino que parecía marcado por la falta de recursos. Como él mismo señala, los retos grandes se ven pequeños cuando recuerda lo que vivió en su infancia. Jose Pino no solo aprendió a programar computadores; aprendió a programar un futuro diferente para él y su familia.
Tener vivienda propia es un sueño para millones de colombianos que por años ahorran recursos y luego de una cuidadosa búsqueda deciden invertirlos en el proyecto que más se acomode a sus necesidades y, además, que les dé confianza. Muchos de los que deciden hacer esta importante inversión se fijan en un importante detalle para dar su dinero, y es que el proyecto en cuestión cuente con una fiducia.Séptimo Día conoció las denuncias de cuatro personas que, entre 2021 y 2022, encontraron en el proyecto de vivienda Acanto, de la constructora Mevic, la posibilidad de cumplir su sueño de tener un apartamento propio. Para ellos, uno de los factores de valor de esta construcción, más allá de su buena ubicación en Bogotá, su oferta de zonas comunes y facilidad de pago,fue que contaba con el apoyo de Alianza Fiduciaria.¿Qué es una fiducia y para qué sirve en un proyecto de vivienda?Cuando las personas empiezan la búsqueda de un proyecto de vivienda, muchas consideran importante que este cuente con una fiduciaria adjunta. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, experto en derecho comercial, financiero y gestión patrimonial, explicó por qué se necesita de una fiduciaria en un proyecto de vivienda y por qué esto debería darle confianza a los compradores.“Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir un proyecto inmobiliario, para hacerlo necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le den”, señaló. Así las cosas, la fiduciaría tiene que administrar los recursos de los compradores, pero además, “tiene que informarle [al comprador] de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto y tiene que verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer”.Tener esto claro es importante porque, en caso de que surjan problemas con la entrega o construcción del inmueble, el comprador tiene que saber a quién debe reclamar. En estos casos, la queja del futuro propietario deberá hacerse directamente a la fiduciaria y si esta no les da una respuesta favorable, entonces deben elevar su situación ante la Superintendencia Financiera.¿Qué está pasando con el proyecto Acanto en Bogotá? “Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio”, señaló Angie Viviana Riaño, una bogotana de 35 años que en 2021 empezó una búsqueda por una vivienda propia y se decidió por el proyecto Acanto, en la localidad de Engativá. “Me gustó el precio, me gustó la distribución. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía y empezamos a pagar la cuota inicial con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en 2023”.Lo mismo sucedió con Maryuri Cañón Cabrera, de 42 años, quien señaló que, en su momento, le pareció un proyecto “interesante y bien localizado”. Sin embargo, para ella hubo otro factor que la hizo decidirse por invertir en Acanto y fue ver que contaba con Alianza Fiduciaria. “Empiezo a averiguar y veo que está respaldado por una fiducia, así que cumplen con el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia, y eso para mí era importante”.Tanto Angie Viviana Riaño como Maryuri Cañón iniciaron los pagos de la cuota inicial de sus apartamentos en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto, emocionadas por ver los avances de la etapa 1 y a la espera de seguir el proceso para su entrega en 2023, como se los habían prometido. Sin embargo, empezaron a preocuparse cuando pasaban por la zona y veían que nadie estaba trabajando en la obra y no se veía ningún avance en la construcción.Adrián Camilo Casas, de 41 años, también había invertido su dinero en el mismo proyecto y notaba la misma situación. “Era una inversión familiar, pensando en mi futuro y puse mi dinero en ese proyecto esperando una mejor calidad de vida... Ya no se veían obreros y empieza la preocupación”. Así como Claudia Merchán Herrera, de 52 años, quien está a la espera de que le respondan por su inversión de 90 millones de pesos en solo la cuota inicial.Todos ellos firmaron un contrato de compra con Alianza Fiduciaria por sus respectivos inmuebles en la etapa 2y 3 de Acanto. “Yo me comprometí a pagar 329 millones 185 mil pesos y a contraprestación yo recibía un apartamento y un parqueadero. Terminé de hacer mi último pago el 30 de junio en 2023 y el 100% de la cuota inicial ya está paga. Empecé a contactar diferentes personas del proyecto y nunca contestan”, detalló Maryuri Cañón.Al manifestar su preocupación por la obra pausada, Angie Riaño recibió una respuesta desconcertante por parte de la constructora. “Que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver el 100% de la cuota inicial porque, según ellos, yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. Pero a la fecha no me han pagado nada”. Agregó que en ese momento le dijeron que le darían su dinero en un plazo de 20 días hábiles, pero han pasado más de dos años.Estas cuatro personas, que son solo unos de los muchos afectados por los incumplimientos de la constructora Mevic y Alianza Fiduciaria, presentaron reclamos ante la Superintendencia Financiera, pero siguen sin obtener respuestas claras. Según la entidad, que fue contactada por Séptimo Día, han recibido 324 demandas contra Alianza Fiduciaria entre enero de 2025 y mayo de 2026, casos en los que su labor es entrar como jueces y analizar las pruebas de ambas partes para determinar responsabilidades y si lo que el consumidor demanda es correcto o no.Rodrigo Borrero, asesor externo de la constructora Mevic, explicó que el motivo del retraso de las obras en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto es porque “se presentaron circunstancias ajenas, derivadas de los efectos de la pandemia, las protestas en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas", las cuales, según él, dejaron en evidencia "que el proyecto no iba a dar utilidades”. Además, aseguró que en el caso de Angie Viviana Riaño, “tiene entendido” que ya se le pagó su dinero.Finalmente, la constructora Mevic aseguró a este programa que en diciembre de este año esperan entregar los inmuebles adquiridos por Maryuri, Claudia y Adrián Camilo, así como los de otros propietarios y, de la misma manera, lograr una conciliación con Angie Viviana Riaño. Por otro lado, a lo largo de esta investigación, Séptimo Día estuvo intentando establecer contacto con Alianza Fiduciaria para obtener una respuesta sobre las denuncias de estos cuatro ciudadanos, pero nunca respondieron.
Un día estuvieron desaparecidos Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra Cavalli después de un paseo en un jet ski en isla Barú, Cartagena. Ambos contaron los momentos de angustia que vivieron tras extraviarse y tratar de encontrar ayuda.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"Una experiencia horrible": Luciana DangondEn la emisora Blu Radio, Luciana contó que “a mí sí me pueden dar ataques de ansiedad. Gerónimo, la verdad, gracias a Dios fue una persona muy tranquila porque yo no sé qué hubiera hecho con una persona intranquila como yo. Entonces, él medio mucha tranquilidad en ese momento tan horrible”.La joven aseguró que lo sucedido “fue una experiencia horrible. De verdad que lo sufrí. Todo fue trágico porque llegó un punto en que yo dije, ‘ya, nos vamos a morir. Hasta aquí llegamos nosotros’. En verdad fue muy duro más que por mí porque listo me muero, pero mis papás, dejar a mi familia. Yo solamente pensaba en ellos”.Según Luciana, en el momento en el que se perdieron no llevaban consigo celulares: “No teníamos nada; entonces, nos dio muy duro porque no teníamos celular, no teníamos reloj, no sabíamos qué hora era. Llegó un momento en el que perdimos la noción del tiempo, no sabíamos qué hora era. Fue horrible”.Finalmente, Luciana mencionó que previo a que los rescataran vieron a algunas personas y les gritaban, pero nadie los escuchaba. “Fue horrible que no nos escucharan, nos movíamos en el mar y nada”.Gasolina, la causa por la que Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra se extraviaronEn el relato de Gerónimo a Blu Radio, el joven mencionó que se subieron al jet ski y en el camino “estaba como pitando, sonó una alarma, le pregunté a quien me dio la moto si pasaba algo, que si era la gasolina. Me dijo, ‘relajado que te dura’. Los diez minutos no duró. Entonces, nos quedamos sentados en la moto y pensamos que nos tenían que venir a buscar. No fue el caso y ya como a los 20 minutos estábamos como a dos kilómetros de la orilla. Entonces, la idea fue tirarnos de la moto y tratar de nadar hacia la orilla”.Agregó Gerónimo que junto a Luciana “nos quedamos batallando seis horas para llegar a la orilla, no pudimos llegar. Fue cuando anocheció y vimos que llegaron todas las lanchas de Policía, los helicópteros, los drones. Todo eso lo vimos. De noche es complicado que lo vean a uno y pues toca manejar la tranquilidad y a las 12:00 o 1:00 de la mañana Luciana y yo estábamos cansados. Entonces, hicimos un plan: nos amarramos los chalecos, nos cruzamos de piernas por el frío. Si no nos cruzábamos de piernas nos daba hipotermia. Con el chaleco en la cabeza lo usamos de almohadilla”."El único plan era nadar": Gerónimo IbarraHoras después, recordó Gerónimo, se despertaron y ya se encontraban en las Islas del Rosario. “El único plan era nadar desde las 6:00 de la mañana hasta que nos recogieron a las 10:00 u 11:00 nadando".Para Gerónimo, pasar la noche e la deriva “tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno fue estar acompañado y poder ver la noche estrellada, muy bonito. Lo malo fue el despertador, pues cada tres minutos te pegaba una ola en la cabeza y te volvías a despertar”.Así encontraron a Luciana Dangond y Gerónimo IbarraGerónimo habló sobre cómo los encontraron: “Estábamos nadando y nos encontramos con una moto de agua que había pasado ya, además de ver una avioneta que nos confirmaron que era de la Armada. Entonces, la última esperanza era la moto de agua que ya había pasado y se devolvió. Nuestro plan era llegar a la orilla de una isla y cruzar de isla en isla”.A través de un comunicado, la Armada y la Policía Nacional mencionaron que “Gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Alcaldía Mayor de Cartagena, pescadores de la zona y la comunidad, fueron ubicados sanos y salvos los dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos tras salir en una moto acuática desde el sector insular de Barú. Desde el momento en que se conoció el caso, las autoridades activaron un componente interinstitucional de búsqueda y rescate, desplegando capacidades operativas en el mar y en las zonas costeras, con el apoyo permanente de habitantes y pescadores, quienes aportaron información clave para la localización de los jóvenes”.También indicaron las autoridades que “una vez ubicados, ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben una valoración médica integral para verificar su estado de salud y descartar cualquier afectación derivada del tiempo que permanecieron en el mar. La Policía Nacional destaca la articulación entre las diferentes instituciones y el valioso apoyo de la comunidad, factores que permitieron lograr este resultado exitoso. Asimismo, reitera el llamado a los ciudadanos para que, antes de realizar actividades náuticas, adopten todas las medidas de seguridad, verifiquen las condiciones meteorológicas, informen sus rutas de navegación y utilicen los elementos de protección requeridos”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
A más de 37 años de prisión fue condenada una mujer que en la ciudad de Cartagena, Bolívar, le quitó la vida a su hijo, un pequeño de apenas 1 año y 2 meses de nacido. Según las investigaciones de las autoridades, la agresora asfixió al menor de edad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La condena en contra de esta persona fue de 37 años y 5 meses de prisión. Los hechos ocurrieron el 13 de agosto del año 2024 en el barrio Membrillal.Mamá que asesinó a su hijo en Cartagena se intentó quitar la vidaLa Fiscalía aseguró que en el lugar de lo ocurrido la mujer de 21 años, luego de sostener una discusión telefónica con su expareja sentimental, asfixió a su propio hijo con una almohada. Posterior al crimen, narró el ente investigador, la mujer intentó quitarse la vida con un objeto cortopunzante, causándose lesiones en las muñecas y en el cuello.Al día siguiente de los hechos, el niño y la mujer fueron encontrados, cuando el excompañero sentimental de la homicida se acercó a la vivienda a dejar dinero para su manutención. La madre de la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se recuperó de las heridas. El menor de edad, por su parte, se encontraba sin signos vitales.La agresora fue hallada responsable del delito de homicidio agravado por aprovecharse de la situación de inferioridad de su hijo al momento de asesinarlo.Finalmente, la Fiscalía indicó que “esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley”.¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar y maltrato infantil?En Colombia, la denuncia de violencia intrafamiliar y maltrato infantil constituye un deber ciudadano y un mecanismo de protección de derechos fundamentales. La persona afectada o cualquier testigo puede acudir a diferentes instancias para garantizar la seguridad de los niños, niñas y demás miembros de la familia. El primer paso es dirigirse a la Comisaría de Familia, entidad encargada de recibir denuncias y dictar medidas de protección inmediatas, como órdenes de alejamiento o acompañamiento psicosocial. En casos de urgencia, también es posible acudir a la Policía Nacional o llamar a la línea de emergencia 123, donde se activa un protocolo de atención rápida.Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias formales que pueden dar inicio a procesos penales contra los agresores. Para situaciones que involucran a menores de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad competente para brindar protección, iniciar procesos de restablecimiento de derechos y garantizar la atención integral de los niños afectados. Las denuncias pueden realizarse de manera presencial en sus sedes o a través de líneas telefónicas habilitadas.Es importante destacar que la legislación colombiana protege a las víctimas y establece que las denuncias pueden ser interpuestas por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, sin necesidad de ser familiar directo. Además, existen canales de atención gratuitos y confidenciales que buscan reducir el temor a represalias. Denunciar no solo permite activar medidas de protección inmediatas, sino que también contribuye a la prevención y sanción de la violencia, fortaleciendo la cultura de respeto y cuidado en el entorno familiar. En este sentido, la acción ciudadana resulta esencial para garantizar que los derechos de los niños y las familias sean respetados y defendidos.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La comunidad de El Carmen de Bolívar está conmocionada tras el asesinato de Yakelín Teherán Díaz, reconocida integrante de procesos comunitarios en los Montes de María, y de su compañero sentimental, Alberto Esteban Arias Torres. El caso, registrado la noche del domingo 7 de junio, es investigado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que han desplegado un equipo especial para esclarecer los hechos.De acuerdo con la información entregada por las autoridades a El Heraldo, el hallazgo ocurrió luego de una llamada que alertó sobre la presencia de dos personas sin vida en una vivienda ubicada en la vereda Piedra Azul, sector conocido como La Invasión, en jurisdicción de El Carmen de Bolívar.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Qué se sabe sobre las circunstancias en que fueron halladas las víctimas?Al llegar al lugar, uniformados encontraron los cuerpos de la pareja en distintas áreas de la residencia. Yakelín Teherán fue hallada dentro de una habitación, tendida sobre una colchoneta y con una herida en la cabeza. Por su parte, Alberto Arias fue encontrado completamente calcinado dentro de un hueco ubicado en el patio del inmueble. Las características de la escena llevaron a que unidades de la Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaran de inmediato las labores de inspección.Aunque en un primer momento no se descartó ninguna hipótesis, con el avance de las investigaciones comenzaron a surgir indicios que apuntan a un posible caso relacionado con antecedentes de violencia intrafamiliar dentro del entorno familiar de las víctimas. Según el más reciente reporte de la Policía de Bolívar, el principal sospechoso sería Alfonso Carlos Mieles, compañero sentimental de una de las hijas de Yakelín Teherán e hijastra de Alberto Arias. Las autoridades señalaron que esta persona ya registraría antecedentes judiciales relacionados con el delito de violencia intrafamiliar. A partir de esa información, la Policía conformó un grupo especial integrado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes adelantan actividades de búsqueda.El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, informó que se mantienen activos los operativos en diferentes sectores del municipio y zonas cercanas con el objetivo de lograr la captura del sospechoso y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. "Gracias al trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y de inteligencia, hemos logrado identificar plenamente al presunto autor material de este lamentable hecho. Continuamos desarrollando acciones operativas para lograr su captura y hacemos un llamado a la comunidad para que nos suministre información que contribuya a su ubicación, garantizando absoluta reserva", indicó. Ofrecen recompensa de $10 millones para capturar al presunto asesinoComo parte de las acciones para facilitar su ubicación, la Gobernación de Bolívar anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para las personas que suministren información que conduzca a la captura del sospechoso. Las autoridades indicaron que los datos pueden ser entregados a través de la línea habilitada por la Policía y que se garantizará absoluta reserva a quienes colaboren con la investigación.Yakelín Teherán era integrante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sierra Venado (Asomesive), una organización conformada por mujeres rurales que desarrollan proyectos productivos y actividades de fortalecimiento económico en comunidades de la región. La Red de Inclusión también lamentó el asesinato y manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y miembros de la organización comunitaria a la que pertenecía la lideresa. En su mensaje, la entidad resaltó el aporte realizado por Teherán en procesos de desarrollo local y trabajo comunitario."Desde la Red de Inclusión lamentamos profundamente el asesinato de Yakelin Teherán, integrante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sierra Venado Asomesive Sierra de Venado y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y comunidad. Según la información conocida preliminarmente, Yakelin Teherán y su compañero sentimental, Alberto Arias, fueron hallados sin vida en un lamentable hecho ocurrido en el barrio El Silencio de El Carmen de Bolívar", se lee en el comunicado. VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
En el municipio de Arjona, Bolívar, hay conmoción por la repentina muerte de un profesor, quien se desplomó frente a sus alumnos durante la celebración del Día del Maestro. El episodio fue grabado por un testigo y se viralizó rápidamente en redes sociales.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El homenajeado era Orlando Marrugo Zúñiga, quien dictaba la materia de ciencias sociales en la Institución Educativa Carolina Gamero. El licenciado también hacía parte del Colectivo Utopía, una agrupación que se describe como “independiente y sin fines de lucro” y que tiene como misión el trabajo académico y cultural en el municipio.Marrugo fue recordado por el colectivo como un “educador insigne, cultor, folclorista, líder y luchador cívico-deportivo”.Los hechos ocurrieron cuando el profesor tomó el micrófono para cantar un vallenato ante los estudiantes, acompañado por las palmas del público. Para muchos, resultó impactante la canción que entonó justo antes de desplomarse.Por un momento, el docente guardó silencio, perdió el equilibrio y posteriormente cayó al suelo. Los aplausos cesaron y comenzaron los gritos de los niños que presenciaron la escena.“Bendita mi tristeza de amar, de amar; que sola se me aleja mi amor, mi amor; y aun queriendo tanto me va a tocar; decir sin más palabras adiós, adiós”, dice la letra de “Sin Más Palabras”, obra de Hernán Urbina Joiro.“Es una sorpresa que nos da la vida. Fue gran amigo, humilde, respetuoso, amable, pero serio y correcto en sus conceptos. Cuando una persona muere es cuando salen los calificativos y palabras que expresamos los amigos, pero solo con el ánimo de hacer un reconocimiento y recordarles a nuestras gentes el gran ser humano que era nuestro amigo Orlando”, señaló un allegado del maestro tras conocerse la noticia.Sus estudiantes le rindieron un sentido homenaje durante el sepelio, realizado en el municipio de Arjona, donde finalmente recibió sepultura.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Las autoridades del departamento del Valle del Cauca confirmaron la muerte de Claribel Moreno, la madre de Natalia Buitrago, una joven que desapareció en agosto de 2021 en Cartagena, Bolívar. Moreno se hizo conocida por la intensa búsqueda de su hija. "Mi sueño es que mi hija Natalia aparezca, que llegue, verla de entrar a mi casa, abrazarla”,dijo la mujer en una entrevista para el programa Séptimo Día de Caracol Televisión en abril de 2023.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)De acuerdo con el reporte de las autoridades, Claribel Moreno fue víctima de homicidio por arma de fuego en el municipio de Jamuni, Valle del Cauca, específicamente en el Sector La Novillera Carretera Guachinte, vía Robles, Zona Rural del mismo municipio.Lea: La madre de Natalia Buitrago no pierde la esperanza de encontrar a su hija"Informan el homicidio en vía pública, de la señora Claribel Moreno Castillo, 55 Años, presenta heridas por arma de fuego. Caso materia de investigación", se lee en informe de la Policía, que tiene como fecha del crimen el miércoles 13 de mayo a las 7:10 de la noche.La incansable búsqueda por su hijaLa mujer que fue asesinada a los 55 años buscó durante años a su hija, quien se fue de viaje a Cartagena durante su cumpleaños y nunca regresó. Moreno habló en 2023 para el programa Séptimo Día y dijo en ese momento que las autoridades no le habían la importancia que debían al caso de su hija.Para la desaparición de Buitrago se manejaban dos hipótesis de acuerdo con el abogado que representaba en 2023 a la familia: “la primera consistió en verificar si ella fue víctima de un homicidio, de un feminicidio y la segunda ha sido verificar si ella fue víctima de un delito de trata de personas”.“Mi sueño es que mi hija Natalia aparezca, que llegue, verla de entrar a mi casa, abrazarla”, decía Moreno sobre su hija, una modelo nacida en Jamundí, Valle del Cauca, dedicada al protocolo de eventos, al ser imagen de algunas marcas y a protagonizar varios videos musicales.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está envuelta en una disputa legal contra el empresario Andrés Jorge Lisocky Fryde por una exclusiva isla ubicada en Cartagena, Bolívar. Se trata de Isla Fiesta, un terreno de lujo en la jurisdicción de las Islas del Rosario, que fue recuperado por la entidad el pasado 27 de enero de 2026 con apoyo de autoridades locales.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)El caso se remonta a 2002. Según un comunicado emitido por la ANT, la entidad señala que Lisocky ocupó de manera irregular este terreno baldío insular de la Nación desde ese año hasta mediados de 2006. Esta situación quedó registrada oficialmente en la Resolución 167 de 2002, documento en el que se certifica la ocupación indebida del predio denominado “Isla Fiesta”. Posteriormente, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) decidió arrendarle el terreno al empresario durante ocho años, entre abril de 2007 y abril de 2015.Una vez vencido ese contrato, la Agencia Nacional de Tierras asegura que el empresario no devolvió el predio dentro del plazo establecido y continuó ocupándolo de manera irregular durante varios meses. Tiempo después, el Incoder firmó un nuevo contrato de arrendamiento con Lisocky por otros ocho años, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023. Por ese acuerdo, el empresario debía pagar únicamente 220.430 pesos mensuales, una cifra que la entidad considera irrisoria, para usar el terreno en actividades de habitación, recreación y ecoturismo.Revelan las primeras pistas sobre el accidente del avión Hércules C-130: esto se sabeTras finalizar este segundo contrato, la ANT sostiene que el empresario nuevamente se negó a entregar el lote, de aproximadamente 600 metros cuadrados, y continuó explotándolo sin autorización y sin pagar arriendo. Frente a esta situación, la entidad, en ejercicio de sus funciones de policía administrativa para la protección de la propiedad rural, procedió a recuperar el predio con apoyo de la fuerza pública.Pagaba un arriendo de menos de 300.000 pesos por la isla La Agencia Nacional de Tierras aseguró además que, tras una actualización del avalúo, el valor real del canon de arrendamiento del terreno asciende a cerca de 11 millones de pesos mensuales, muy por encima de los 280.000 pesos que, según afirma, pretendía seguir pagando el empresario.El proceso dio un giro judicial cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la ANT restituir el predio a Lisocky Fryde, luego de que este interpusiera una segunda acción de tutela. El magistrado Moisés Rodríguez revocó una decisión de primera instancia que había rechazado sus pretensiones y concluyó que se vulneró el derecho al debido proceso del empresario.Cancillería entrega nuevo reporte sobre caída de sistema y habla de "amenaza cibernética"La decisión judicial obligó a la entidad a devolver Isla Fiesta en un plazo de 48 horas tras la notificación del fallo. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras anunció que presentó una nueva acción de tutela con el fin de defender la correcta administración de los baldíos de la Nación y evitar que el predio siga siendo explotado bajo condiciones que considera desfavorables para el patrimonio público.Finalmente, la entidad cuestionó este tipo de contratos al advertir que durante años han beneficiado a empresarios y personas influyentes con arriendos “irrisorios” por bienes públicos en zonas exclusivas del Caribe colombiano, donde una sola noche de hospedaje puede superar el millón de pesos.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Edificio Pombo, una joya arquitectónica situada en una esquina estratégica de la ciudad amurallada de Cartagena y declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se ha convertido en el escenario de una prolongada disputa legal que parece no tener fin. Lo que originalmente fue un centro de oficinas transformado en exclusivos apartamentos, hoy es el epicentro de denuncias por ocupaciones ilegales que afectan tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros que apostaron por el mercado inmobiliario de La Heroica. Los Informantes conoció esta historia.Uno de los casos más dramáticos es el de Dennis John Dianotonio, un ciudadano estadounidense que adquirió la propiedad de mayor tamaño en el edificio con la intención de pasar allí sus años de jubilación. Sin embargo, su sueño se transformó en una pesadilla burocrática y judicial que ya suma 14 años de litigio.¿Ocupación ilegal en el Edificio Pombo de Cartagena?La historia de Dianotonio comenzó hace casi 15 años cuando, al llegar a su propiedad, descubrió que las cerraduras habían sido cambiadas sin su consentimiento. El responsable, según las denuncias de los afectados, es un hombre identificado como Electo Cáliz Fernández, quien ha sido señalado por múltiples propietarios de ser un "invasor ilegal en serie".Dianotonio relata el momento en que intentó retomar el control de su inmueble: "Llegué allí y vi que Electo había quitado mis cerraduras y había puesto los suyos. Llevé algunas herramientas para cortar las cerraduras y cuando estaba allí, él apareció junto con tres de sus matones". En ese breve instante, el propietario logró entrar, pero la situación escaló rápidamente hasta convertirse en un proceso judicial que lo ha mantenido fuera de su propio apartamento desde entonces, frustrando sus planes de retiro en Colombia.Para el inversionista, la situación resulta incomprensible bajo los estándares internacionales de seguridad jurídica. "¿Cómo se puede permitir que una ciudad como Cartagena, que es una ciudad de clase mundial, esté tan contaminada con un sistema judicial así?", cuestiona Dianotonio sobre la falta de garantías para los propietarios.La denuncias por ocupación ilegal en CartagenaEl caso de Dianotonio no es aislado. Hugo Solano, vocero de varios afectados en el edificio, explica que el esquema de invasión aprovecha los vacíos del sistema y la alta demanda de rentas turísticas. Según los testimonios, los ocupantes no buscan un techo por necesidad, sino explotar económicamente los inmuebles a través de plataformas digitales.Solano describe cómo se utilizan estas herramientas tecnológicas: "Esta plataforma Airbnb, Booking.com, ellos no exigen documentos, ellos no le piden al propietario escritura, nada de esas cosas; entonces ellos arrancan con su proceso de invasión y paralelamente ya están rentando el apartamento". Esta dinámica permite que los invasores perciban ingresos considerables, que pueden oscilar entre los $600.000 y $1.200.000 pesos por noche, mientras los verdaderos dueños deben seguir respondiendo por impuestos y servicios públicos.Incluso expertos en leyes han sido víctimas de estas maniobras. Jorge Rodrigo Manotas, abogado retirado y propietario de la terraza del edificio, denunció que el acceso a su propiedad fue tomado bajo engaños para montar un negocio nocturno. "Mi suegro no tenía ni idea. Este señor Electo Cáliz le había pedido las llaves para mostrar la azotea porque en ese momento mi suegro estaba tratando de ver si conseguía un comprador para el inmueble, y resulta que este señor se había quedado con las llaves y montó una discoteca ahí", relató Solano sobre el caso de Manotas.El laberinto legal: de invasor a poseedorLa legislación colombiana establece tiempos críticos para la recuperación de un bien. Si un propietario detecta la invasión en las primeras 48 horas, la Policía puede intervenir de inmediato bajo una querella por despojo. Sin embargo, si ese plazo expira, el proceso se traslada a las inspecciones de Policía y, eventualmente, a la justicia civil, donde los casos pueden tardar años en resolverse.Una vez que el proceso entra en la etapa civil, el invasor adquiere jurídicamente la condición de "poseedor" hasta que un juez determine lo contrario. "En el momento en que tú aceptas que ese invasor está en tu propiedad, él pasa de ser invasor a poseedor entre comillas hasta que no se demuestre lo contrario", señala la información recolectada sobre el proceso. Este cambio de estatus permite radicar la admisión de la demanda en la oficina de instrumentos públicos, bloqueando cualquier transacción sobre el bien y otorgando al ocupante años de permanencia legal mediante recursos dilatorios.Un único precedente de victoria en este casoA pesar de la complejidad del panorama en el Edificio Pombo, existe un caso donde la justicia finalmente falló a favor de la propiedad privada, aunque tras un proceso agotador. Ángela, otra de las copropietarias, logró recuperar su apartamento después de más de una década de batallas legales.Su experiencia refleja la vulnerabilidad inicial de los dueños. Al intentar ingresar a su propiedad tras notar el cambio de candados, fue ella quien terminó conducida a una estación de Policía. "Nos llevan a la estación de Policía y el Electo decía que cómo así que compran predios y que no hacen nada, los dejan ahí", recordó Ángela sobre las justificaciones del ocupante.Tras vencer en segunda instancia en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, Ángela recuperó su inmueble, pero el temor a una nueva invasión la llevó a venderlo de inmediato para encontrar tranquilidad. Mientras tanto, Dennis John Dianotonio y otros propietarios continúan esperando que la justicia colombiana resuelva sus casos, en un edificio donde, según los denunciantes, los muros internos han sido derribados para conectar apartamentos invadidos y ampliar la operación de rentas ilegales.La situación en esta joya del patrimonio cartagenero sigue bajo la lupa, mientras los afectados claman por una intervención eficaz de las autoridades judiciales para frenar un fenómeno que, advierten, podría extenderse a otras zonas del país.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.
La comunidad del corregimiento de Yatí, del municipio de Magangué (Bolívar), siente una profunda tristeza por la partida de Sebastián Loaiza Tobío, un soldado profesional que hace más de 12 años había viajado a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, para trabajar en seguridad privada. El pasado lunes 1 de marzo, le avisaron a su familia que había fallecido en un bombardeo de Irán, país que está atacando a otros territorios del Golfo Pérsico que tienen bases estadounidenses.Loaiza Tobío, de 36 años, vivía en Dubái con su pareja, y tenía dos hijas de 10 y 3 años, quienes viven en Medellín y Montería respectivamente. Llegó al Medio Oriente en 2014 en busca de oportunidades, al igual que otros soldados extranjeros que continuamente son contratados por empresas privadas de ese país. Fue precisamente esa compañía la que le informó a la familia del deceso. "Después de un buen rato de incertidumbre, se comunican directamente desde la empresa para la que él trabajaba en Dubái, se comunican directamente con los hermanos y les informan del deceso, que habría ocurrido en medio de los bombardeos que se están presentando en este país. Allí, desafortunadamente, él es una de las víctimas que caen en esta situación", afirmó Yesenia Neira Luna, amiga cercana del fallecido, para Noticias Caracol.Según lo que han mencionado sus allegados, el día cuando murió, al parecer, un dron con explosivos cayó en el lugar donde se encontraba, pues el joven habría hecho parte del esquema de seguridad de un jefe o empresario árabe. Su hermano, Álvaro José Loaiza, comentó para Caracol Radio que Sebastián tenía un alto entrenamiento militar. “Mi hermano fue soldado profesional y se especializó en paracaidistas, medusa, combate fluvial, rappel y una serie de cursos. Era el mejor. Ese muchacho se movía rápido”, afirmó.Así recuerdan a Sebastián LoaizaSu familia y amigos lo recuerda como una persona alegre y amable con los demás. "Estas calles eran testigos cuando éramos adolescentes de cantidad de travesuras. Él era un gran amigo, era amigo de todos, era la persona a la que tú te acercabas y siempre tenía una risa con que recibirte. Siempre estaba de buen humor, no lo recuerdo bravo... siempre estaba contando un chiste. Siempre estaba mamándole gallo a la gente, estaba tomándole el pelo a todo el mundo", indicó Yesenia.Su hermano, por otro lado, comentó que en los últimos meses le habían insistido en que volviera a Colombia, luego de venir al país un periodo el año pasado "Ya habíamos hablado de ese tema, le veníamos solicitando que se quedara. Él había compartido con nosotros las últimas semanas de julio, todo el mes de agosto y parte de la primera semana de septiembre. Tenía pensado ya ahorita, con el favor de Dios, quedarse, obviamente la compañera también, y pues lamentablemente sucede esto”, aseguró.En redes sociales también han dejado algunos mensajes para despedirlo: "Cada foto, cada sonrisa, cada momento compartido en estas imágenes cuentan la historia de un muchacho sencillo, soñador y valiente. Un yaticero que salió en busca de un mejor futuro. Un amigo de infancia que nunca perdió su sonrisa. Un hijo orgulloso de su tierra". Por ahora su familia pide ayuda a las autoridades para realizar los trámites correspondientes de la repatriación del cuerpo. Mientras tanto, Emiratos ha sido blanco desde el sábado pasado de más de 800 drones y 200 misiles, que dejaron tres muertos, y se está llevando la peor parte de la campaña de represalia iraní contra varios países del Golfo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Las imágenes conocidas por Noticias Caracol revelan nuevos detalles del momento exacto en que se produce el ataque contra tropas del Ejército Nacional de Colombia en el sur del departamento de Bolívar, un hecho que deja por lo menos 10 soldados heridos y que es atribuido al uso de un dron con explosivos en medio de operaciones militares en la región.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)En el video se observa un helicóptero militar posado en tierra mientras varios uniformados se acercan a la aeronave para realizar maniobras logísticas propias de la operación en curso. Segundos después, se evidencia un impacto que proviene desde la parte superior, seguido del sonido de la detonación y una nube de polvo que cubre la zona y obliga a los soldados a correr en distintas direcciones para resguardarse. Tras la explosión, la aeronave se retira rápidamente del lugar, en medio de la confusión y la reacción inmediata de las tropas desplegadas en el terreno.El atentado ocurrió en un batallón ubicado en la Serranía de San Lucas, zona rural del municipio de Montecristo, donde tropas de la Brigada 19 desarrollan operaciones ofensivas para recuperar el control territorial en esta subregión estratégica. Según la información oficial, el ataque deja cerca de 10 soldados heridos, quienes fueron evacuados de manera urgente hacia centros asistenciales cercanos.El atentado, perpetrado mediante un dron cargado con explosivos, es calificado por las autoridades como un acto “cobarde”, al tratarse de un mecanismo utilizado para hostigar a las tropas que adelantan acciones contra estructuras armadas ilegales que operan en el sur del departamento. En esta zona, históricamente golpeada por la violencia, se mantiene presencia de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, señalados en las primeras hipótesis como posibles responsables de la acción armada.Tras difundirse el video, el Ejército confirmó que las operaciones continúan en la zona y que la prioridad es garantizar la seguridad de las comunidades y del personal militar desplegado. En un pronunciamiento, la institución señala: “La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales. Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”.Por medio de las redes sociales, el gobernador de Bolívar respaldó la presencia institucional y recalcó que el fortalecimiento de la fuerza pública es clave para contrarrestar la acción de los grupos armados. “Gracias al trabajo articulado con el Mindefensa llegan 86 nuevos policías, 600 soldados y avanzamos en dos nuevas bases militares en Magangué y Las Lobas. Más control territorial, más presencia del Estado y más protección para nuestras comunidades. La tranquilidad se construye en el territorio”.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas de más de 3.000 millones de pesos para ubicar a las cabecillas de organizaciones ilegales que delinquen en el sur de Bolívar, como parte de la estrategia para debilitar su accionar y recuperar la seguridad en la región. HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública sacude al sur del departamento de Bolívar. Al menos 10 soldados resultaron heridos tras un atentado perpetrado con un dron cargado con explosivos en la serranía de San Lucas, zona rural del municipio de Montecristo, en hechos ocurridos hacia las 10:30 de la mañana, según informó el corresponsal Junior Castillo, de Noticias Caracol.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró contra tropas de la Brigada 19 del Ejército Nacional, quienes adelantan operaciones ofensivas en esta subregión estratégica. Las autoridades califican la acción como “cobarde”, al considerar que se trata de un método para obstaculizar el control territorial.El atentado ocurrió en inmediaciones de un batallón ubicado en la Serranía de San Lucas, una zona históricamente golpeada por la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilícitas. Los uniformados heridos fueron evacuados de inmediato hacia centros asistenciales de la región, mientras se activa un plan de seguridad para reforzar el perímetro militar y evitar nuevos hostigamientos.Las primeras hipótesis apuntan a que detrás de la acción estarían integrantes del ELN y del Clan del Golfo, grupos armados que mantienen disputas por el control de corredores estratégicos en el sur del departamento. En un pronunciamiento, el Ejército Nacional de Colombia confirmó que sus tropas continúan las operaciones ofensivas focalizadas en el sur de Bolívar y señaló que, tras el ataque, se adelantó la evacuación médica del personal afectado. "La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales. Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”, afirmó la institución.El gobernador de Bolívar también se pronunció desde Santa Rosa del Sur, donde aseguró que la seguridad en el sur del departamento se sigue fortaleciendo. "Gracias al trabajo articulado con el Mindefensa llegan 86 nuevos policías, 600 soldados y avanzamos en dos nuevas bases militares en Magangué y Las Lobas. Más control territorial, más presencia del Estado y más protección para nuestras comunidades. La tranquilidad se construye en el territorio”.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció en un video divulgado en redes sociales la activación de recompensas por información que permita ubicar a cabecillas de organizaciones criminales que delinquen en la zona. Los montos, que superan los $3.000 millones para los máximos responsables del ELN y hasta $640 millones para integrantes del Clan del Golfo y disidencias, hacen parte de la estrategia para debilitar estas estructuras y recuperar la seguridad regional.El jefe de la cartera de Defensa agregó que la ofensiva se desarrolla con el apoyo del Ejercito, la Policía y la Armada de Colombia y otras instituciones del Estado, en un esfuerzo articulado para restablecer el orden y frenar la escalada violenta en el sur de Bolívar. HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
En Soacha y Cundinamarca hay conmoción por el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, una mujer que fue asesinada por un presunto acosador que la agredió mientras trabajaba en un establecimiento comercial. Tenía 29 años y llegó hace cinco años desde el Tolima para trabajar en un almacén de cadena como impulsadora.Para ella era un día común cualquiera. Un fin de semana largo laboral, lejos de imaginar que la persona que había estado acosándola por meses, según la Fiscalía General de la Nación, la atacaría hasta causarle la muerte. Los hechos ocurrieron el 12 de julio, cuando Mayerly estaba en el almacén en Soacha. A la vista de otros clientes, un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, llegó a las 3:15 p. m. para hablar con ella e insistirle, una vez más, que tuvieran una relación sentimental. Pero, para referirse a este caso, hay que trasladarse meses atrás, a lo que antecedió este hecho que muchos han calificado como repudiable y que, al parecer, se hizo de manera premeditada.La investigación de la Fiscalía indica que Marulanda conoció a Mayerly en febrero de 2026. Desde ese momento empezó a insistir en que tuvieran un vínculo sentimental. La mujer, por su parte, le dejó claro que no deseaba tener una relación con él. El fiscal dice que este episodio hizo que Marulanda generara una “clara obsesión” por Mayerly; “un nivel de ego que dio lugar para que la tratara, la viera a ella, como un fin a alcanzar (...) casi que podría decir este delegado que usted la vio ya como un objeto de su propiedad”, especificó el representante del ente acusador en la audiencia de imputación.Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de un permanente asedio y acoso del que estuvo siendo blanco Mayerly durante meses. Tanto así que la Policía Nacional tuvo que intervenir para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia y evitar así los hostigamientos de Marulanda en dos ocasiones. Pero la mujer no tenía medida de protección ni interpuso una denuncia formal en contra del señalado agresor y acosador.De hecho, los días 10 de mayo y 5 de junio, este hombre visitó las residencias de la mamá y de la expareja de Mayerly para buscarla y hostigarla. Todo lo mencionado se enmarca en un contexto de violencia de género, por el hecho de ser mujer y por una supuesta condición de inferioridad.El ente acusador indicó que el hombre actuó de forma premeditada. Por ejemplo, 10 días antes del crimen la buscó intensamente por grupos de Facebook al notar que ella se había ausentado del trabajo. El fiscal narró que el hombre llegó al establecimiento donde trabajaba y la atacó sin mediar palabra. “Sin importar que ella se encontrara en cumplimiento de su labor, le hace varios llamados, ante lo cual ella le refiere que esperara un momento, ya que se encontraba con unos clientes. Mientras tanto, Giovanny caminaba alrededor del pasillo sin perderla de vista. Pasados unos minutos, ella es apartada por parte del señor Giovanny con el fin de atender lo que él requería. De manera injustificada y sin mediar palabra, es cuando esta persona la arrincona haciendo uso de un arma cortopunzante, colocándola en estado de indefensión”, precisa el ente investigador.Mayerly pidió auxilio a gritos y forcejeó contra el agresor, como se puede ver en cámaras de seguridad. Pero para ese momento la mujer ya había sido herida con el arma. En total, recibió cuatro puñaladas. A pesar de que fue trasladada a un hospital en una patrulla de la Policía, Rosa Mayerly, una mujer que llegó a Soacha en búsqueda de una mejor vida, murió por la gravedad de las lesiones.Un testigo le dijo a Noticias Caracol que fueron los mismos clientes del local quienes retuvieron al presunto agresor hasta que llegaron los uniformados de la Policía, quienes capturaron a Marulanda en flagrancia con el arma que, según la investigación, utilizó para cometer el crimen.Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, después de que un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca lo imputara por el delito de feminicidio agravado. Este hombre podría enfrentarse a una condena de 20 hasta 41 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes que se acrediten dentro del proceso.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, arremetiera contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y contra Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko en las extintas Farc, porque se le concedió un salvoconducto para un viaje a España con el fin de participar en unas conferencias, el alto tribunal se pronunció. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella. Por su parte, la JEP confirmó que Londoño ya regresó al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo. (Lea también: Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social")“La JEP continuará ejerciendo con independencia sus funciones”A través de un comunicado, el alto tribunal aclaró “que las autorizaciones para la salida temporal del país otorgadas a comparecientes sometidos a esta Jurisdicción constituyen una prerrogativa prevista dentro del régimen de condicionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y las decisiones adoptadas por los magistrados competentes”.“Las solicitudes de salida del país son evaluadas de manera individual por la autoridad judicial correspondiente, la cual analiza cada caso con base en criterios objetivos, el cumplimiento del régimen de condicionalidad y las obligaciones asumidas por cada compareciente. En consecuencia, la autorización o negación de estos permisos responde exclusivamente al ejercicio de la función judicial y no constituye un tratamiento preferencial para ningún compareciente o grupo en particular”, agregó, explicando que “el trámite de solicitud de permisos de salida temporal del país está reglamentado en el Decreto 2125 de 2017 y de la Resolución 011 de 2018, en los cuales se establecen los requisitos y las justificaciones jurídicas para la solicitud de estos permisos temporales en el marco de la Constitución y la ley”.Recalca que “estas decisiones no se otorgan exclusivamente a exintegrantes de las extintas Farc-EP. La Jurisdicción ha autorizado salidas del país a comparecientes de diferentes calidades, entre ellos, antiguos altos mandos de la fuerza pública, terceros civiles, agentes del Estado y exintegrantes de las Farc-EP, y en ninguna ocasión se han producido incumplimientos al régimen de condicionalidad”.En el caso de Rodrigo Londoño, informó “que su solicitud de autorización de salida del país fue radicada el 25 de mayo de 2026 y autorizada el 18 de junio; es decir, antes de que quedara en firme la sentencia del Caso 01 en segunda instancia, el 1 de julio. Esta solicitud fue tramitada conforme al procedimiento previsto por la Jurisdicción y evaluada por la Sección de Reconocimiento Verdad del Tribunal para la Paz”, ya que fue invitado “por la Federación de Partidos de Izquierda de España, Izquierda Unida, para participar en un seminario sobre el trabajo entre Europa y la Comunidad de Países Andinos”.Aseguró que el exguerrillero “se presentó ante la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP este martes 14 de julio de 2026”, y adjuntó el material correspondiente para corroborar la información. (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Conéctese con el partido de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Francia y España en la semifinal del Mundial.
Un nuevo episodio de intolerancia y violencia vuelve a generar polémica en Bogotá después de que un trabajador del sistema TransMilenio fuera agredido por un ciudadano que se habría colado a una estación en el norte de la ciudad. Los hechos fueron registrados por testigos en un video que le dio la vuelta a las redes sociales. La empresa reaccionó al hecho y reveló que los presuntos agresores fueron detenidos.Los hechos ocurrieron este 12 de julio en el Portal Suba y la víctima fue un funcionario de vigilancia privada. Y es que, según información preliminar, varias personas ingresaron de manera irregular al sistema, por lo que el personal, en cumplimiento de sus funciones, les llamó la atención a estos ciudadanos, que no validaron su pasaje para acceder al servicio de transporte. En medio de la situación, uno de los vigilantes fue herido con arma blanca por uno de los ciudadanos, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico. TransMilenio dijo que los presuntos agresores fueron retenidos por la Policía para adelantar el procedimiento correspondiente y ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Una vez conocidos los hechos, se activaron los protocolos de seguridad y atención respectivos.La empresa rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia contra el personal que presta sus servicios en el Sistema. “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público”, dijo en un comunicado. Y es que en TransMilenio se movilizan cerca de cuatro millones de usuarios, que es como decir que media ciudad se mueve en el sistema de transporte (Bogotá tiene más de ocho millones de habitantes).TransMilenio hizo un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto, adoptando comportamientos que contribuyan a la sana convivencia y al uso adecuado del Sistema. Además, reafirmó su compromiso con la seguridad de sus usuarios y reconoció el buen comportamiento de la gran mayoría, que sí valida su pasaje y así contribuye al funcionamiento del mismo. “El pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del transporte público. Evadirlo afecta la calidad del servicio y perjudica a los millones de usuarios que diariamente cumplen con este deber”, subrayó.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Apenas el Mundial 2026 está llegando a su final y el fútbol ya comenzó a mirar hacia la próxima Copa del Mundo. La edición de 2030 será histórica por varias razones: celebrará el centenario del torneo, tendrá seis países involucrados en la organización como sede y podría convertirse en la primera con 64 selecciones participantes, si prospera una propuesta que la FIFA analizará en los próximos meses.El Mundial de 2030 se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, que fueron elegidos como sedes oficiales por la FIFA. Sin embargo, al tratarse de la conmemoración de los 100 años de la primera Copa del Mundo, habrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, como homenaje al torneo disputado en Montevideo en 1930.Hasta el momento, el formato aprobado contempla la participación de 48 selecciones, el mismo que debutó en la edición de 2026. Bajo este sistema, los equipos se distribuyen en 12 grupos de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzan a una nueva ronda de 32, lo que eleva el torneo a un total de 104 partidos.No obstante, ese escenario podría cambiar. En los últimos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo estudiará la posibilidad de ampliar el número de participantes hasta 64 selecciones para el Mundial de 2030, una idea que ha sido impulsada y que busca darle un carácter aún más especial a la edición del centenario.De aprobarse la iniciativa, el torneo reuniría a un tercio de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA. Entre los argumentos a favor aparece la posibilidad de brindar mayores oportunidades de clasificación a países que históricamente han estado lejos de una Copa del Mundo y continuar impulsando el crecimiento del fútbol en diferentes continentes. Por el contrario, los críticos consideran que una nueva expansión podría afectar el nivel competitivo, aumentar el calendario y generar mayores exigencias logísticas para las sedes.Por ahora, no existe una decisión definitiva. Infantino explicó que el debate se llevará a cabo una vez concluido el Mundial de 2026 y que será el Consejo de la FIFA el encargado de evaluar la viabilidad de la propuesta antes de tomar una determinación oficial.Mientras tanto, lo único confirmado es que el Mundial de 2030 será una edición sin precedentes por su carácter conmemorativo y su organización en tres continentes. La gran incógnita es si, además de hacer historia por sus sedes, también lo hará por convertirse en la Copa del Mundo con más selecciones participantes de todos los tiempos.