Abren indagación por contrato de Ecopetrol para analizar el riesgo reputacional de Ricardo Roa

En medio de la polémica que crece en torno a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y que estaría a punto de dejar de dirigir la compañía más importante de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República iniciaron procesos por el contrato de cerca de 6 millones de dólares que la empresa suscribió con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo objetivo era analizar el riesgo reputacional del alto funcionario.

Según lo revelado en diversos medios, la evaluación terminó incluyendo la retención de correos y documentos de al menos 70 altos miembros de la compañía, que incluía a integrantes de la junta directiva.

¿Por qué abrió indagación la Procuraduría?

El Ministerio Público cita un informe periodístico, en el que se lee: “Con el cambio de última hora en el contrato con Covington & Burling LLP por cerca de 5 millones de dólares, y cuya oscura finalidad terminó siendo la interceptación de las comunicaciones de los funcionarios, al parecer, por instrucción de Roa. Así se lo confirmó en exclusiva a SEMANA uno de los miembros de la junta”.

Señala la Procuraduría que, tras estas denuncias, “iniciará indagación previa contra funcionarios por determinar de la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A, por la celebración de un contrato de consultoría con la firma Covington & Burling LLP, que tenía como objeto analizar el impacto reputacional de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad”.

“En consecuencia, para los fines de la indagación resulta imperioso practicar pruebas tendientes a confirmar o descartar la presunta irregularidad e identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria”, agrega.

Un día antes, la Procuraduría también envió un concepto al Consejo Nacional Electoral -CNE- pidiendo sancionar a Ricardo Roa por presuntas irregularidades cuando se desempeñaba como gerente de la campaña Petro Presidente, señalando que se superó el límite permitido para la primera vuelta por 154.262.381 pesos al no incluir una factura. Uno de los casos más graves fue el evento en el Movistar Arena, realizado el 19 de junio de 2022, cuyo costo real fue de 250 millones de pesos, pero solo fueron reportados 150 millones de pesos al CNE.

Durante la segunda vuelta, aunque no se superó el tope de $13.347 millones, la Procuraduría señaló que los gastos reales fueron de $13.299 millones, incluyendo el valor no reportado del evento mencionado. Por otro lado, se cuestionó la contratación de testigos electorales, función que no hace parte de una campaña activa, según la ley 996 de 2005, pero cuyos pagos sí deben ser reportados.

Contraloría solicita información a Ricardo Roa

El ente de control señala que “ha tenido conocimiento de varios hechos relacionados con procesos contractuales e inversiones de la compañía que involucran recursos públicos”, por lo que solicitó al presidente de Ecopetrol copia del contrato suscrito con Covington & Burling LLP para desarrollar dicha investigación, relación de pagos efectuados a la fecha, con sus respectivos soportes, copia de la facturación y entregables generados por el contratista, estado actual del contrato (vigente, en ejecución, liquidado, etc.).

Asimismo, solicitó información distinta a la del contrato con la firma de abogados, que tiene que ver con el proceso de importación de gas, la adquisición del portafolio de Statkraft European Wind and Solar Holding, AS–Statkraft y la adquisición del proyecto de energía eólica Windpeshi.

El caso del contrato sería el último de una serie de polémicas que ha salpicado al presidente de Ecopetrol, que según fuentes de la Casa de Nariño saldría de la compañía. Edwin Palma, ministro de Minas, sería el sucesor de Roa, pero varios no estarían de acuerdo con la designación. Además, estaría inhabilitado porque debería haber renunciado un año antes a la cartera para dirigir la petrolera.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
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