Un total de 14 comunicaciones emitidas por clubes deportivos, que tuvieron como propósito vetar a 17 jugadores de fútbol, hacen parte del paquete de evidencias que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para abrir pliego de cargos por prácticas anticompetitivas a equipos y a la Dimayor.Detrás de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), revelada por Noticias Caracol, también hay declaraciones, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que dan cuenta de la existencia de "un pacto de caballeros" para vetar jugadores."Si los jugadores quieren terminar el contrato, pues los vetan para ir a buscar otro equipo y también, si deciden que quieren terminarlo por justa causa, quedan rehenes del club hasta tanto no les suelten los derechos”, afirmó a Noticias Caracol el superintendente Andrés Barreto.Según el funcionario, la Dimayor conoció varias de las comunicaciones enviadas por los clubes infractores y en dos ocasiones fue replicadora de esos mensajes que pretendían establecer un veto sobre los jugadores.Así celebró Arley Bonilla, luego de conseguir la medalla de oro en los Juegos Panamericanos JuniorSin embargo, el hoy presidente de la esa entidad niega haber estado enterado.“Ese tipo de comunicaciones obviamente no las conozco, no las he visto y es además parte de lo que de alguna manera la SIC está investigando. Por eso, no tendría mayores comentarios al respecto”, afirmó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.Uno de los casos documentados por la SIC ocurrió el 9 de diciembre de 2019 cuando José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, remitió una comunicación a funcionarios de la Dimayor.Se trata de una carta en la que se refería a los jugadores Luis Fernando Miranda y Harrison Mancilla, quienes terminaron su relación con el club de manera unilateral. "Se solicita abstenerse de hacer cualquier tipo de negociación con algún agente, representante o con el mismo jugador, ya que lo que quieren es dividir el fútbol y sacar ventaja siempre de nosotros los clubes”, decía uno de los apartes de esa misiva. Esa comunicación fue reenviada dos días después desde los correos de la Dimayor a todos los presidentes de clubes profesionales.Reacciones del elenco de Pasión de Gavilanes tras la muerte de Sebastián Boscán: "Vuela alto"Pero estos no son los únicos casos que la SIC investiga. En grupos de chats -como el llamado G-36-, del que hacen parte los presidentes de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol, se rotaron comunicaciones en las que hablan de los jugadores como propiedades."El jugador Nelino José Tapia Gil se encuentra vinculado con el deportivo Boyacá-Chicó Fútbol Club mediante un contrato laboral (...), el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020", dice uno de los mensajes.En dicho texto, firmado por Ricardo Hoyos, presidente de ese equipo, se cuestiona que otro club quiera apropiarse del deportista. Por esa razón, pide "mencionar el club que está perjudicando el fútbol profesional colombiano y violando los acuerdos".Esta comunicación recibió mensajes de "apoyo total" de varios dirigentes y representa para la SIC un presunto intento de veto al futbolista, frente a la mirada permisiva de los presidentes de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol."La Dimayor, en su rol de ente rector de los clubes de fútbol profesional colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados. A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su comisión disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados", dice al respecto uno de los apartes del pliego de cargo de la SIC.Superintendente de Industria habla de su cruzada para poner en cintura a las plataformas digitalesEn el expediente reposan toda clase de casos recientes y antiguos. Uno de los más llamativos es el de un jugador del Deportivo Pasto que intentó renunciar unilateralmente al equipo. Las comunicaciones dan cuenta de cómo lograron frenarle en ese momento una contratación. Para ello, el Pasto habría acudido directamente al club que lo pretendía.Con casos como los documentados por la SIC, el presidente de la Dimayor afirmó: “Creo que respetando la autoridad de la Superintendencia entendemos y hemos sido notificados de esa apertura de una investigación, tanto la Dimayor como varios de los clubes del fútbol profesional colombiano, y, sobre eso, estamos primero revisando qué contiene esa resolución"."Tenemos que ver el expediente para ver cuáles son las pruebas que la Superintendencia incluye en ese expediente. Estamos en eso y sobre el particular vamos a tomar esto con toda la seriedad del caso para poder contestar oportunamente ese requerimiento de la Superintendencia", anotó.Lo cierto del caso es que frente al gran volumen de pruebas que tiene el pliego de cargos de la SIC no hay duda que hoy la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y más de una docena de clubes se preparan para un duro partido.
El 23 de abril, Carlos González Puche, un abogado y exfutbolista profesional que preside la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales -Acolfutpro-, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- que tiene temblando a los dirigentes del fútbol y clubes deportivos. ¿La razón? La libre competencia en el fútbol colombiano no existe.“Con tal de que la pelota ruede todos están felices. Pero es que aquí detrás de que la pelota ruede hay derechos que se están violentando y por eso el SIC ha acogido nuestra denuncia”, afirmó González Puche.La denuncia, a la que se han sumado cada vez más jugadores, recoge los casos de futbolistas que han tenido que someterse a las reglas que imponen los clubes de fútbol, y que González califica con una fuerte frase: “Es un cartel, sin lugar a dudas es la cartelización a través de acuerdos que atentan contra nuestros derechos”.El pecado original, según la denuncia, está en los contratos que tienen que firmar los jugadores a la hora de entrar al fútbol profesional. La Dimayor, a través de un documento, obliga a que los futbolistas acepten los reglamentos y normas deportivas que rigen el fútbol, en particular los estatutos de la FIFA, la Conmebol, la Federación Colombiana de Fútbol.Agrupaciones de hinchas le dicen no a los mundiales de fútbol cada dos años“Esos reglamentos contienen vulneraciones de nuestros derechos fundamentales de acceso a la justicia, vulneraciones a nuestro derecho de negociación colectiva, vulneraciones para apropiarse de la imagen de los futbolistas. A través de estos reglamentos y estatutos los futbolistas se obligan a cumplirlos. Al momento de la inscripción se les pone un documento en donde ellos dicen que se someten a esos estatutos y reglamentos expedidos por las federaciones sin ningún control del Estado colombiano”, señala González.Se trata, según los denunciantes, de un verdadero autogol, puesto que allí se establecen cláusulas como esta: "La Dimayor tendrá el derecho sobre el uso y la explotación comercial de los derechos de imagen de los jugadores".Según explica González, en la práctica esto quiere decir que “al futbolista para poder inscribirse le ponen un formulario donde dice que se somete a los reglamentos estatutos de la Dimayor, de la Federación, de la FIFA y de la Conmebol. En esos reglamentos, por ejemplo, en el caso de la Dimayor, se dispone del derecho colectivo de la imagen de los futbolistas por el simple hecho de estar inscrito en un torneo organizado por la Dimayor. Es una vulneración porque el derecho de imagen de los individuos es de él y los están obligando a cederlos en virtud de la inscripción a un torneo”.La firma de ese contrato también convierte a los futbolistas en los únicos ciudadanos que no tienen derecho a reclamar ante la justicia ordinaria so pena de ser sancionados y hasta vetados para continuar con su carrera profesional. “No podrán someter disputas de tal naturaleza ante tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación FIFA. (...) El infractor será sancionado con la suspensión de toda actividad deportiva por un periodo de 6 meses a 5 años", dice uno de los apartes del artículo 118 del código disciplinario de la Federación Colombiana de Futbol.Este es el caso de cinco jugadores del fútbol colombiano, entre ellos el delantero Dorlan Pabón, quienes interpusieron una acción de tutela contra el Cortuluá por el derecho al trabajo. Su intención era convertirse en las nuevas caras del Atlético Nacional. Pero el 21 julio de 2021 les cayó "la justicia del fútbol". La comisión de disciplina de la Dimayor les abrió investigación, junto al Nacional, por someter esa disputa ante tribunales ordinarios.“Lo dice claramente el artículo tercero y el artículo 118 del código disciplinario. Usted tiene que ir ante las autoridades del fútbol para que esas personas, que no tienen la condición de jueces, resuelvan cualquier reclamación que usted presente, que no sea laboral, contra un club, lo cual está vulnerando el artículo 116 de nuestra Constitución que establece qué particulares y en qué condiciones pueden ejercer actividades como jueces. Yo no conozco que las federaciones tengan esa facultad legal para designar comisionados que actúen como jueces y resuelvan las controversias negando, además, la posibilidad de que usted vaya ante un juez cuando está considerando que le están negando cualquier derecho”, afirma González.Hay testimonios documentados en poder de la SIC en donde ni los incumplimientos laborales de los clubes les permiten liberarse de sus ataduras. Es el caso de Hernán Luna. En el comienzo de su carrera deportiva firmó un contrato para jugar con el Unión Magdalena por salario de 2,2 millones de pesos mensuales más auxilios. Cuando el Magdalena le adeudaba 5 meses de salario en el año 2020 el deportista decidió terminar el contrato por justa causa el 16 de diciembre de ese año. También solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol la liberación de su pase para poder ir a jugar a otro equipo. Sin embargo, menos de un mes después, el Magdalena expidió una comunicación dirigida a los presidentes de todos los equipos profesionales de Colombia, en donde aseguraba que Luna tenía un contrato vigente debidamente registrado en la Dimayor.Le puede interesar: Hubo acuerdo de la Coalición de la Esperanza: cambia de nombre y tendrá 6 precandidatosEn la práctica, tal y como lo ve González Puche, esta situación se tradujo en un veto en los clubes colombianos, lo que obligó al centrocampista a buscar nuevos rumbos fuera del país. Hoy es jugador de un equipo en Finlandia.“Impiden a través de las comunicaciones que se mandan entre los presidentes de clubes para que no sea contratado, negándole el acceso al mercado del fútbol y el derecho al trabajo por el simple hecho de haber terminado el contrato con un club que no le paga”, explica González.Otro caso en estudio en la SIC es el del mediocampista Cleider Alzate, quien firmó un contrato por 600.000 pesos mensuales con el Águilas Doradas de Itagüí que iba de marzo de 2012 a marzo de 2015. Cuando el jugador solicitó su liberación en noviembre de 2015, el club expidió una comunicación en la que inexplicablemente lo obligaba a quedarse un año más, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2016.“Hay un poder monopólico que establece a través de sus regulaciones mecanismos para violentar derechos fundamentales y evidentemente si usted termina un vínculo con un club y el club envía una comunicación a los demás para que no lo contraten, ¿cuál es la posibilidad de trabajo que le queda al futbolista? Ese abuso de esa posición dominante ha sido manifiesta y ha sido presentado ante la SIC para que sancione esas prácticas indebidas de los clubes con el acompañamiento de la Dimayor y de la Federación”, dice González.Por estas, entre muchas otras razones, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, fue contundente en la entrevista con Noticias Caracol." Si los jugadores quieren terminar el contrato, pues los vetan para ir a buscar otro equipo y también que si deciden que no quieren terminarlo por justa causa quedan rehenes del club hasta tanto no les suelten los derechos”.Para el director de la federación de futbolistas no hay duda de que “tal como se está actuando es claro que la Federación aparentemente está por encima de la Constitución, porque si ellos pueden expedir los reglamentos que quieran, nadie los aprueba, nadie los regula y simplemente incluye conductas que afectan los derechos fundamentales, están por encima de la Constitución”.Noticias Caracol buscó a varios de los jugadores afectados, pero la mayoría dijo que le da miedo hablar en público por el temor a quedar vetados. Sin embargo, existen algunas declaraciones, como las que rindió el defensor Rafael Pérez ante la SIC. En su testimonio contó que estando en Argentina le tocó pagar 100 millones de pesos al Real Cartagena para poder volver a jugar en Colombia. Exigencia a la que tuvo que ceder -sostiene- para poder regresar a jugar con el Independiente Medellín y convertirse en el doble campeón del Atlético Junior.Ni los futbolistas más famosos de la selección Colombia se han escapado de los problemas. El defensa Santiago Arias tuvo que llegar hasta la última instancia judicial para liberarse del yugo vitalicio que pretendía imponerle un agente que quiso obligarlo a que le pagara una millonaria suma por haberlo fichado hace más de una década.El reclamo de la Asociación de Futbolistas es que este deporte debe ser regulado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte. Pero esto no ocurre.“El Ministerio dice que ellos no tienen competencia para aprobar a pesar de que el artículo 37 del decreto 1228 de 1995 dice que es una función aprobar los reglamentos, y la Corte le ha dicho al ministro de Deportes, antes director de Coldeportes, ‘usted tiene que ejercer el control de legalidad porque esos reglamentos son expedidos por una asociación de empresas y esas asociaciones pueden violentar derechos fundamentales como se está haciendo’. El ministro nos responde a nuestras solicitudes que él no tiene competencia. Entonces señor ministro, ¿quién tiene la competencia?”, se pregunta y concluye González Puche.La determinación de la SIC de abrir investigación con base en esta denuncia es el primer paso de una entidad del Estado por poner en regla al fútbol colombiano y responder a los reclamos de los futbolistas sobre el respeto a sus derechos.Vea también: Después de 47 años, Colombia le volvió a ganar una serie a Estados Unidos, en la Copa Davis
El Gobierno anunció un paquete de medidas a corto y largo plazo para frenar la violencia en los estadios del país. Entre las más radicales está la judicialización en la cancha de los delitos que comentan los hinchas.“Es importante anunciar la presencia del personal de la Sijín, que quiere decir de la Policía Judicial, en todos los certámenes deportivos del fútbol, para que inmediatamente se presente algún tipo de alteración por parte de algún miembro de la afición se proceda a la judicialización inmediata”, expresó Daniel Palacios, ministro del Interior.Otra medida de seguridad es el acompañamiento policial de las hinchadas.“De igual manera, el acompañamiento por parte de la Policía de los desplazamientos de hinchas de una ciudad a otra”, agregó el ministro Palacios.También hay normas relacionadas con la pandemia.“Quien durante el ingreso a estadios no utilice el tapabocas y viole la medida o el protocolo de bioseguridad será expulsado del partido”, afirmó el ministro del Interior.Entre las otras de las medidas impuestas por el Gobierno es la que busca la seguridad en los estadios con la venta de boletas electrónicas y, en un futuro, tener la identificación biométrica para impedir la entrada a los estadios de personas con antecedentes de violencia.
Julián Mateo Molina, el seguidor de Atlético Nacional que se entregó ante las autoridades como uno de los responsables de la brutal agresión contra Édison Romario Ducuará, fue puesto en libertad por falta de una orden de captura y/o una denuncia en su contra. Una ataque que fue contundentemente rechazado por la familia de la víctima, que hoy dio detalles de su estado de salud luego de que fuera dado de alta del centro médico donde lo atendieron."Al parecer, se presentó ahí como una pelea, unos hinchas lo agredieron, no me pudo dar muchas indicaciones porque no se siente bien de la cabeza, pero al parecer tiene como un trauma y, pues esperar a ver qué más pasa, aunque bueno, gracias a Dios ya salió de peligro" , manifestó un familiar de Édison Romario Ducará, hincha de Santa Fe herido.Otra familiar de la víctima intentó evitar que Édison fuera al estadio, pero este no le hizo caso sin pensar que le podría pasar algo.En este momento, se trata de ubicar al segundo agresor que aparece en en un video atacando a Édison Romario DucuaráLas autoridades ahora trabajan en el proceso para evitar que la agresión quede impune.“Aquí nadie que ataque a un ciudadano puede quedarse impune por sus actos, tendrá que responder ante la ciudadanía, ante sí mismo, su familia y ante las autoridades”, declaró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.Además, la alcaldesa López se vio obligada a tomar medidas drásticas luego de los sucedido en El Campín:La hinchada de Nacional no podrá entrar a ningún estadio de la capital durante un año.De lo que resta del año, no se permitirá la entrada de barras visitantesSe abrirá un proceso sancionatorio contra Independiente Santa Fe por el incumplimiento de las condiciones logísticas.Conjuntamente, la Alcaldía exigió cuatro condiciones adicionales para permitir el retorno del público a los estadios:Garantizar un mejor registro e identificación en la venta de boletas.Los clubes deberán velar por la ubicación de las barras.Cada club deberá acreditar un trabajo en proyectos de convivencia con las barras.Para el arrendamiento o alquiler de los estadios se deberá garantizar logística, seguridad y coordinación con la Policía.Tras la decisión del Distrito de no permitir la presencia de hinchas en el partido Millonarios-Santa Fe, de este sábado, el equipo embajador rechazó la decisión.¨"Millonarios FC manifiesta que no está de acuerdo con esta medida ya que afecta directamente a la institución, a nuestros abonados y seguidores. Reiteramos que a pesar de no estar de acuerdo con la medida tomada esta será acatada y respetada”, indicó la institución azul en un comunicado.De igual modo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, le solicitó al comité disciplinario que, con base al informe de la Policía, tome medidas drásticas contra quienes protagonizaron los desmanes.“Vamos a identificarlos, vamos a trabajar con las autoridades para judicializarlos y una vez que esto se haga vetarlos la entrada de por vida a cualquier estadio en el país”, indicó el presidente de la Dimayor.La Dimayor analiza más medidas para garantizar la seguridad antes, durante y después de cada partida.
Tras la batalla campal en El Campín durante el partido entre Santa Fe y Nacional, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, condenó lo sucedido justo con el regreso de público al estadio después de 16 meses y explicó por qué se tomó la decisión de continuar con el juego en lugar de suspenderlo.En El Campín, tras 485 días sin hinchas, hubo más vergüenza que fútbol“Por un tema de seguridad, que suena absurdo, pero era un tema de que llegaran los refuerzos, que pudiéramos controlar la situación afuera, esas fueron las consideraciones del general, que tuviéramos más gente preparada para la situación, porque obviamente estaba la Policía", comentó Jaramillo. Y agregó: “Pero esto estaba desbordando un poquito la Policía que teníamos en este momento en el estadio y fuera del estadio, obviamente, se presentaba una situación muy compleja y muy tensa”.En contexto: Hincha de Santa Fe brutalmente golpeado en El Campín está fuera de peligroFernando Jaramillo aseguró que había unos 8.500 aficionados en El Campín cuando se presentó la batalla campal, que se inició en la tribuna y se trasladó a la gramilla. Incluso, el Esmad debió intervenir.Asimismo, aplaudió la decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de suspender nuevamente el ingreso de hinchas a El Campín y aseguró que “se tomarán acciones contundentes” encaminadas a alejar a los violentos de los estadios.Los hinchas volvieron al estadio El Campín luego de que el escenario permaneciera cerrado al público durante 16 meses como consecuencia de la pandemia del COVID-19.Otras noticias: ¿Qué sigue en el caso de Sara Sofía Galván?: experto hace un análisis jurídico
Es un partido que para muchos no se debió jugar. El contagio por el covid-19 y las lesiones dejaron fuera de la cancha a 25 integrantes de las Águilas Doradas.La crisis llegó al equipo paisa cuando se detectó que 14 jugadores y 4 miembros del cuerpo técnico, resultaron contagiados por el Covid-19. A esto se sumó a la situación de 7 jugadores que estaban lesionados.Nuestro periodista deportivo, Jhonsson Rojas, analizó la actual situación de las Águilas Doradas, que perdieron el insólito encuentro por 3 a 0. así como las críticas a la Dimayor por permitir que se jugara dicho partido.
La alcaldesa Claudia López respondió a las críticas por permitir que en Bogotá se llevara a cabo la final del Fútbol Profesional Colombiano entre Santa Fe vs. América, el pasado domingo, en medio de la cual hinchas de ambos equipos se reunieron irrespetando medidas de bioseguridad frente al COVID-19.De acuerdo con la mandataria, la decisión de suspender o cambiar el juego no le correspondía a su administración sino al Gobierno y la Dimayor.“Entiendo su preocupación y la comparto, (pero) fue el gobierno nacional y la Dimayor quienes autorizaron hacer el torneo del fútbol colombiano. Los alcaldes no tenemos la facultad de prohibir, desafortunadamente, esas decisiones”, afirmó.Sin embargo, reiteró que, pese a las imágenes de hinchas aglomerados, “en una final de fútbol suelen salir cien mil hinchas a las calles, suele ir acompañada de muertes, heridos y lesionados” y en esta ocasión no ocurrió.Durante la rueda de prensa en la que López respondió sobre estos cuestionamientos también anunció medidas de cara a las festividades de Año Nuevo.“Tenemos hoy un 74% de ocupación de UCI, creemos que vamos a estar en ese nivel esta semana. No debemos bajar la guardia”, señaló.
La Dimayor suspendió el partido Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, que se iba a disputar este viernes en el estadio Atanasio Girardot, luego de recibir una recomendación del Ministerio de Salud por cuenta de los casos de COVID-19 confirmados en el equipo ‘vinotinto y oro’.“El departamento deportivo de la Dimayor decidió suspender el compromiso hasta que existan todas las garantías médicas sobre el buen estado de salud de los jugadores, cuerpo técnico y administrativo de los 'ibaguereños', los cuales forman parte del grupo en competencia”, informó por medio de un comunicado.El martes 15 de septiembre, según la Dimayor, se realizaron pruebas PCR a jugadores, cuerpo técnico y logístico del Tolima, lo que arrojó un resultado de 19 casos positivos (11 jugadores y 8 cuerpo técnico y logístico).“Debemos aclarar que la segunda muestra tomada el 16 de septiembre en la ciudad de Ibagué produjo tan solo siete jugadores positivos y con base a este procedimiento la administración de la DIMAYOR autorizó el viaje en un vuelo chárter a la ciudad de Medellín”, sostuvo el organismo.Pero en la capital antioqueña se tomaron nuevas muestras, cuyos resultados se desconocen.Lo que sí se informó es que se recomendó, de parte de los representantes del Ministerio de Salud, “no tener en cuenta los resultados de las últimas pruebas (Contra muestra PRC y Antígenos), argumentando que debía transcurrir un periodo de siete días entre cada uno de los testeos”.Por esas razón, se suspendió el encuentro de la 9 fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020.
Han movido sus fichas Jorge Armando Otálora, reconocido hincha de Millonarios, exvice fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo y que ha estado cercano al mundo del fútbol.También, Héctor Fernando García, expresidente de Postobón, con gran ascendencia sobre Atlético Nacional.Le sigue Fernando Jaramillo, quien ha estado en la junta de Millonarios y ha sido un gran patrocinador del fútbol colombiano como vicepresidente de SABMiller en el país.Por último, en la lista de los que suenan está Gustavo Alberto Lenis, exdirector de la Aeronáutica Civil, expresidente de Avianca y presidente de Hyundai Colombia.No se sabe todavía si Jorge Enrique Vélez se va a ir y la pelea ya está reñida. Toda esta incertidumbre hasta el 20 junio.
Presidentes de los clubes del país recibieron una invitación para un conversatorio virtual en el que estará el senador del Centro Democrático. También asistirán el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y su homólogo de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. La idea del conversatorio es discutir soluciones a los asuntos actuales del futbol en Colombia. Vea también, en Código Caracol, todos los detalles del caso de Andrés Felipe Arias en la Corte Constitucional.
En Pasto, la acción de una bombera logró salvar a un joven que pretendía acabar con su vida. La situación genera preocupación, pues las cifras de suicidios y de intentos van en aumento.>>> Vea, además: ¿Falta experiencia en quienes atienden línea 123? Llamada sobre posible suicidio generó alertaY es que en lo que va corrido de 2024, en Nariño se han registrado más de 600 intentos de suicidio. Este hubiera podido haber terminado en tragedia de no ser por la rápida acción de la rescatista, identificada como Paola Portilla.En imágenes se aprecia el momento en el que la rescatista ayuda a bajar a un joven que pensaba quitarse la vida saltando desde la vía Perimetral en Pasto. La bombera lo convenció de no cometer ese acto tras una conversación de más de dos horas y media.“Yo me acerco con mi arnés, con todos los elementos de protección personal y lo abordó. Al momento tengo que dar el paso para conseguir el consentimiento de la persona para que me permita rescatarlo. Entonces le digo ‘hola, mucho gusto, mi nombre es Paola Portilla, soy de Bomberos de Pasto. ¿Me dejas ayudarte?’. El chico estaba llorando y me dice ‘no, Paola, no te acerques, que si te acercas, yo me tiro’”, contó Paola.El apoyo de la comunidad fue fundamental para el rescate, así lo indicó la bombera: “Muchísimas gracias a ellos porque sin ellos no lo hubiéramos hecho. Entonces nos ayudó mucho. Los camiones que pasaban hicieron como una cama, una especie de colchón”.El joven que pretendía quitarse la vida se desmayó durante el procedimiento: “El señor se descompensó. Por eso realizamos una maniobra de descenso mediante un sistema con cuerdas. Yo lo sujeté y le dije ‘no te preocupes, vamos a estar bien’”.Las cifras de intento de suicidio son alarmantes en Nariño, según lo reveló el psicólogo Oswaldo Navarro: “En este primer semestre llevamos 690 intentos suicidas que han sido corroborados y 890 que no han sido corroborados. Además de esto, a lo largo de este semestre hemos identificado que hay 6 suicidios como tal”.Las autoridades de ese departamento insisten en la necesidad de priorizar la salud mental e invitan a las personas a buscar ayuda cuando lo necesiten.>>> Siga en noticiascaracol.com: Trágica muerte en Uniatlántico: egresada fallece tras caer de un cuarto piso
Este viernes, 10 de mayo de 2024, en algunas partes del mundo, auroras polares se apoderaron del cielo por cuenta de una tormenta geomagnética que expertos habían anticipado.>>> Le puede interesar: Primera tormenta geomagnética dejó resultados devastadores en la Tierra: ¿cuándo ocurrió?Una tormenta geomagnética severa había sido pronosticada tras una serie de explosiones solares y eyecciones de masa coronal que comenzaron el miércoles 8 de mayo.De acuerdo con expertos, este fenómeno podría causar problemas en las comunicaciones. En ese sentido, se dispararon alertas no solo por posibles alteraciones de este tipo, sino de sistemas de navegación y la red de suministro eléctrico.En redes sociales se evidenció la magnitud de las auroras polares (boreales y australes) en algunas latitudes del planeta. Vea aquí algunas de las sorprendentes imágenes:¿Qué es una tormenta geomagnética?Una tormenta geomagnética, también conocida como tormenta solar, es una perturbación temporal y significativa de la magnetosfera terrestre. Son causadas por una onda de choque de viento solar y/o una eyección de masa coronal (CME) que interactúa con el campo magnético de la Tierra.Las tormentas geomagnéticas se originan a partir de regiones inestables del Sol, conocidas como manchas solares, que son áreas más frías y oscuras en la superficie solar. Estas pueden producir explosiones solares y CME, que son eyecciones poderosas de energía y plasma.Lo que ocurre en una tormenta geomagnéticaCuando las CME impactan la magnetosfera, pueden causar tormentas geomagnéticas que afectan sistemas tecnológicos en la Tierra y en el espacio.Los efectos incluyen interrupciones en las comunicaciones por radio y satélite, errores en los sistemas de navegación GPS, daños a los satélites y aumentos en las corrientes eléctricas en las redes de energía, lo que puede llevar a apagones.Durante una tormenta geomagnética, las áreas más afectadas suelen ser aquellas en latitudes altas, como Canadá, Alaska, Escandinavia y Rusia, en el hemisferio norte, así como en la Antártica y partes de Sudamérica, en el hemisferio sur.Sin embargo, en casos de tormentas muy fuertes, como las clasificadas G4 o G5 en la escala de NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos), los efectos pueden extenderse a latitudes más bajas, potencialmente afectando a EE. UU. y Europa.
La Policía de Perú detuvo este viernes, 10 de mayo de 2024, a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.>>> Siga en noticiascaracol.com Dina Boluarte, en manos del Congreso de Perú por el Rolexgate: ¿la presidenta será destituida?Un equipo especial de fiscales contra corrupción "detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias", indicó el Ministerio Público en la red social X.Nicanor Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima.La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de "dádivas económicas", según precisó el poder judicial en un comunicado.Los funcionarios ejercen como representantes del Gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior.Desde sus cargos, captaban "afiliados" para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.La organización "habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte" asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial.Nicanor Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento."Niego absolutamente todo, soy inocente", dijo a los periodistas."Poder de facto"Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín.En el marco de esas acciones fueron allanados "26 inmuebles", dijo por su parte la Fiscalía.Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes.Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del "poder de facto" que le otorgó su hermana para "instrumentar las prefecturas y subprefecturas" en su beneficio.Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de "operador legal" de la red de corrupción.La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano.Dina Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo.La presidenta está bajo sospecha de "enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos".El jueves, el Gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución.La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública.En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares.A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".>>> Vea, además: Dina Boluarte calificó el allanamiento a su casa como “medida arbitraria y abusiva”
Durante la última jornada de la Asamblea Popular por la Paz y la Vida, desde las comunas 19 y 20 de Cali, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las reformas sociales que se han estancado en el Congreso de la República y aseguró que su Gobierno buscará cumplirlas a través de decretos.>>> También le puede interesar: Tutela ordena a Gustavo Petro explicar qué son las coordinadoras de las fuerzas populares“Las reformas sociales que se estancan como proyectos de ley en el Congreso de la República, en contravía de lo que gritó el pueblo de Colombia el pasado 1 de mayo, las tenemos que realizar en lo que podamos al máximo en la práctica misma. Porque la Constitución, de todas maneras, ordena el cumplimiento de los derechos, garantiza a nivel constitucional que Colombia sea un Estado social de derecho… Cuanto la orden constitucional es garantizar derechos, los decretos del Gobierno deben buscarlo”, dijo el presidente Petro.El mandatario colombiano aprovechó su intervención ante cientos de ciudadanos caleños para manifestar su repudio por lo sucedido con algunos jóvenes de la denominada primera línea en Cali, y en general en todo el país, mientras el presidente de Colombia era Iván Duque, al que llamó “terrorista”.“Quiero hablar del golpe que recibió la juventud del occidente, y especialmente la juventud caleña, cuando decidió protestar, cuando decidió expresarse libremente y tomar la palabra ante el Estado colombiano para hablar de su futuro, de su presente y abrir genuina y legítimamente las posibilidades de su propia existencia”, introdujo Petro.“La juventud de todos los colores de Cali se levantó un día y quiso ser tenida en cuenta. La imitó buena parte de la juventud colombiana. ¿Y qué le contestaron? Le dijeron que era terrorista. Más de 60 cadáveres se recogieron de esos jóvenes. Cuando mueren más de 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados y cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es: ¿entonces quién fue el terrorista? El presidente de la República tiene que decir hoy que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno del entonces presidente Iván Duque”.“Señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas, el terrorista fue usted, presidente Duque”, sentenció Petro.Sobre ese mismo tema de los jóvenes de la primera línea, el ministro de Justicia y Derecho, Néstor Iván Osuna, manifestó que intentaron "que el Congreso de la República aprobara una ley que hubiera permitido la salida de la cárcel de todas las personas que injustamente permanecen privadas de la libertad", pero no les aprobó esa ley.“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, recordó Osuna.“Ahora con la nueva fiscal (Luz Adriana Camargo Garzón) estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, concluyó el ministro Osuna.>>> También puede leer: Gobierno busca expedir directriz para que detenidos en estallido social queden libres
El Gobierno de Colombia manifestó este viernes, 10 de mayo de2024, su rechazo a un acto del embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, quien sacó una trituradora de papel en la que introdujo la carta fundacional de esta organización, pues consideró que el documento es "la piedra angular del orden internacional moderno".>>>Le puede interesar: Gobierno busca expedir directriz para que detenidos en estallido social queden libres"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su rechazo a las acciones del representante permanente de Israel..., que trituró una copia de la Carta fundacional de las Naciones Unidas", expresó la Cancillería en un comunicado.El anuncio agrega que "la Carta de la ONU constituye la piedra angular del orden internacional moderno, delinea los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y establece los principios y propósitos fundamentales que orientan la acción colectiva de la comunidad internacional hacia la paz, los derechos humanos y el desarrollo".Durante la jornada, una abrumadora mayoría de 143 estados, de los 193 miembros de la ONU, volvieron a pedir este viernes en la Asamblea General que se reconsidere la integración de Palestina como Estado de pleno derecho, una decisión que compete al Consejo de Seguridad.Solo 9 países votaron en contra (entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría y la República Checa), y 25 se abstuvieron, en esta resolución que fue copatrocinada por España, Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de 70 países.Ante esta decisión, Erdan, aficionado a los golpes de teatro, dijo que una sesión como la de este viernes significaba el fin de los principios que inspiraron la creación de la ONU, y para ilustrarlo sacó una pequeña trituradora de papel donde introdujo la carta fundacional de Naciones Unidas.En ese sentido, el Gobierno colombiano manifestó que, "ante los hechos atroces y la pérdida lamentable de vidas en la Franja de Gaza, es importante recordar que todos los Estados Miembros de la Organización, sin distinción, nos hemos comprometido a respetar la Carta, y que en virtud de este compromiso, que es en realidad un deber con la humanidad, tenemos la obligación colectiva de exigir un cese al fuego humanitario inmediato"."Que todas las partes cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional y el derecho internacional humanitario; que se dé la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, y que se garantice el acceso de ayuda humanitaria", concluyó la Cancillería.>>>Otros hechos: Condenan a exsoldado Sebastián Villegas por feminicidio de Isabella Mesa, su pareja