Evo Morales

Hace casi un año, en noviembre de 2024, el asesinato de Juan Felipe Rincón, de 21 años, captó la atención nacional. El joven recibió un disparo tras una brutal golpiza en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. Inicialmente, los presuntos agresores afirmaron que el joven era un pedófilo al que buscaban darle una lección. Sin embargo, tras la búsqueda de respuestas por parte de su padre y un equipo de investigadores criminalísticos, han salido a la luz pruebas inéditas, incluyendo fotos nuevas, videos con sonido y confesiones que aportan nuevos elementos a la investigación. Séptimo Día conoció los detalles.Juan Felipe Rincón producía contenido en redes sociales y así generaba ingresos en cuentas en las que acumulaba más de 214.000 seguidores. Tres semanas antes de su muerte, fue contactado por una supuesta seguidora, que se presentó como Mar 142318. De acuerdo con la versión del general Rincón, su hijo en realidad no estaba hablando con una niña de 10 u 11 años, sino con Katherine Sotelo, una persona de 33 años que estaba detrás de la cuenta y que creó el usuario.El padre de la víctima afirma que la edad de 11 años fue mencionada solo "para meterlo dentro de la narrativa que ya tienen creado estas personas", cuyo objetivo – asegura - era extorsionar a su hijo haciéndolo parecer un pedófilo.Según su padre, a Juan Felipe le insistieron en varias ocasiones y terminó encontrándose en un centro comercial con un joven de 15 años. Luego fueron al apartamento, donde, según el relato de la adolescente ante la Fiscalía, pasaron la noche. A la mañana siguiente, el 24 de noviembre, salieron del edificio. Recogieron al escolta de Juan Felipe, Sergio Rico Rueda, y se movilizaron en una camioneta Toyota Fortuner de la Policía Nacional, asignada al esquema del general.Pruebas inéditas: audios, disparos y agresionesLa camioneta se detuvo a las 11:18 a.m. en el barrio Quiroga. Minutos antes de la llegada de Juan Felipe, las cámaras grabaron a Katherine Sotelo y su hermano Andrés Sotelo y la pareja de este, Tatiana Vega López, esperando.Andrés Sotelo, que cuenta con antecedentes penales y era investigado por tentativa de homicidio en el mismo sector, y su pareja, Tatiana Vega López, aguardaban con un Rottweiler. A las 11:19 a.m., ambos irrumpieron en la escena y se lanzaron contra Juan Felipe. El escolta reaccionó de inmediato y en los clips se le escucha decir: "Policía, Policía, Policía Nacional".El material sonoro inédito es clave, pues permite determinar el número exacto de disparos. El escolta realizó un primer disparo de advertencia y la agresión fue inmediata: Juan Felipe empezó a ser presa de una golpiza. Un vecino lo tachaba de "violador".A pesar de las órdenes y súplicas del escolta para que cesaran, la golpiza no dio tregua. La grabación registró un total de ocho detonaciones. Los disparos provenían del arma semiautomática 9 mm de dotación del escolta. Andrés Sotelo también portaba lo que fue identificado como un arma tipo revólver, con la que golpeó a Juan Felipe.El informe de necropsia fue contundente sobre la brutalidad del ataque: el cuerpo de Juan Felipe registró "más de 12 lesiones causadas por parte de elementos contundentes, adicionalmente, mordiscos y escoriaciones (rapaduras o heridas)". Aunque la muerte fue causada por un proyectil que lesionó el pulmón izquierdo, los investigadores señalan que "todas las otras lesiones podían haberle causado la muerte".La versión de los implicadosAndrés Sotelo, de 21 años y comerciante, aseguró que su hermana le informó que su hija de 11 años estaba "entablando una conversación con una persona y se estaban mandando fotos y videollamadas". Según él, cegado por la ira, su intención al salir era "asustarlo, como reprenderlo". Afirma que tomó un arma de un vecino, un revólver de CO2, que no es letal.Sotelo sostiene que nunca creyeron que Sergio Rico fuera policía, a pesar de que este se identificó. Argumenta que nunca mostró un carné y pensaron que era solo "un amigo de él".Asimismo, niega rotundamente ser el autor del disparo fatal y culpa al escolta porque “nadie más tenía un arma de fuego”. El abogado de Sotelo, Saúl León, indicó que su cliente fue dejado libre por un juez debido a que la prueba de pólvora en sus manos salió negativa, es decir, "no se encontraron residuos".Respecto a la golpiza, Sotelo evita calificarla como tortura, indicando que "ese tema ya lo tendría que definir la Fiscalía".De otro lado, el general Rincón y su equipo afirman que la evidencia revela que, además de homicidio, hubo "una tortura y hay un concierto para delinquir". Para él, su hijo fue víctima de "un grupo delincuencial" que hace "extorsiones".La adolescente que acompañó a Juan Felipe Rincón declaró que fue engañada para llevarlo al barrio Quiroga y que "ellos planeaban extorsionarlo". Esta declaración es considerada por el general Rincón como la "prueba reina" de que su hijo estaba en manos de una organización que lo había planificado todo para extorsionarlo.Saúl León, abogado penalista y defensa de Andrés Sotelo, aseguró en Séptimo Día que el joven fallecido "era absolutamente decente, honorable, no tenía ningún cuestionamiento, menos por abuso sexual o por pedirle material pornográfico a menores, eso no es cierto".La investigación continúa abierta para determinar quién disparó contra Juan Felipe Rincón y si las personas que participaron en la agresión serán imputadas o no por el delito de tortura. El general William Rincón sostiene que su lucha busca "rescatar ya, en este momento, la dignidad de mi hijo...Quiero que mi hijo descanse en paz y este tranquilo”.

Evo Morales

Así mismo, el Gobierno español expresó su confianza en que el tema quedará zanjado y las relaciones bilaterales se mantendrán en un buen nivel.

El pasado martes, el gobierno boliviano denunció que al avión en el que viajaba el jefe de Estado le fue cerrado el espacio aéreo y le fue denegado el permiso para aterrizar en Italia, Francia, Portugal y España.

En una reunión de emergencia en la ciudad boliviana de Cochabamba para examinar la crisis abierta con Europa a raíz de este incidente, los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Ecuador, Surinam, Uruguay y Venezuela aprobaron una declaración en tal sentido.